Sus conceptos fueron realizados en el marco de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes en la sesión del 14 de septiembre en donde se continuaba con la discusión del proyecto por el cual se declara de interés general el Tratamiento integral y rehabilitación de las personas con uso problemático de drogas imputadas por delitos relacionados o no al mismo.

Así se expresaba Sodano: “Nosotros recibimos, en una reunión del mes anterior, a varias delegaciones; por ejemplo: SAI-PPL (Sistema de Atención Integral-Personas Privadas de Libertad); ASSE; Ministerio de Salud Pública; profesionales del Portal Amarillo y de varios centros, cada uno dando su opinión sobre el proyecto anterior, que fue el que votamos para que pase a archivo. ¿Por qué se archivó ese proyecto? Porque se consideraron todas las medidas y todas las inquietudes que presentaron estas delegaciones, y en base a eso se pasó a una redacción nueva”.

Recordó que “eran tantas las diferencias entre el proyecto anterior y este, que no se pudo hacer un comparativo y adjuntar una carpeta a la otra. Por ese motivo, decidimos archivar uno y presentar otro. Se ha considerado a todos los actores que tienen que ver con el problema de adicciones, con el problema de delitos. ¡Se ha considerado a todos!”.

Según el legislador de Cabildo Abierto “este proyecto lo que ha mostrado -y este diputado también- es la voluntad de tener las puertas abiertas, para que, con la voluntad política de todos los partidos, podamos construir una política de Estado en consenso, dirigida a una problemática que tenemos instalada”.

A su entender “hoy, la realidad es que tenemos una sobrepoblación carcelaria dantesca, en un sistema calamitoso. Por delitos menores, estamos llevando a gurises a penales, por no tener una medida alternativa o por no tener un sistema real de rehabilitación, porque lo que nos falta es la rehabilitación en el sistema carcelario. No existe. ¡No existe! ASSE, responsable de las políticas de salud dentro del sistema penal, no puede cumplir con el 30 % del sistema penitenciario”.

Por tanto, “esa es la realidad, y no es la fantasía de lo que dice la ley. La ley dice que ASSE se tiene que hacer cargo del sistema penal y no se hace cargo; no puede; no tiene los recursos; no se los dan. La realidad es que podemos echar culpas para un lado y para el otro, pero no vamos a encontrar soluciones”.

Sodano puntualizó que “este proyecto apunta a que a esas personas que cometen delitos menores por problemas de adicciones, que son imputados por delito, en vez de ir dos años o un año y medio a prisión, a empeorar en un sistema que no rehabilita, sino que empeora a la gente el día de hoy, les demos la herramienta de pasar a una medida alternativa, bajo su voluntad y cumpliendo un programa”.

“El problema de fondo lo tenemos instalado. Tenemos que poner la voluntad política para trabajar en esto. Acá nos hemos comprometido a trabajar y yo, llevando la Presidencia adelante, en lo que me he comprometido he cumplido, presidenta. De esa misma manera, como me comprometo con todos los proyectos de todos los legisladores cuando tengo que discutir un proyecto en cualquiera de las comisiones -los legisladores que han trabajado conmigo saben que me comprometo con la actividad parlamentaria-, pido el mismo compromiso con este proyecto, porque para mí es personal, y no es porque sea el redactor de este proyecto”.

Es más –dijo Sodano-: “si quieren lo presento de vuelta y que lo presente otro legislador con otra firma. Le saco mi firma; me interesa el problema. A muchos nos interesa el problema. Entiendo que todos tenemos una agenda complicada, que estamos en varias comisiones, una más densa que otra; tenemos muchos temas legislativos para llevar adelante, pero creo que es de orden generar la discusión de este proyecto, empezar a ver el tema del articulado, como bien decía el diputado Cámara recién, que hacía mención a tres artículos puntuales”.

Agregó que “algo que me gustaría saber del diputado es si esos cuatro artículos que nombra tiene que estudiarlos porque le suenan o porque ve que puede tener una diferencia con lo que establecen. Es válido y es bien recibida esa preocupación. Ahora bien, de lo que vieron del proyecto -que ya lo tenemos hace un mes y medio todos los legisladores y con el compromiso de trabajar -, ¿qué devoluciones, qué posiciones o qué insumos de sus asesores han recibido sobre estos artículos? ¿Por qué motivo? Porque si no llegan las devoluciones -aludí al diputado Cámara, porque fue quien habló puntualmente de artículos y se lo agradezco-, no podemos trabajar en mejorar una redacción entre todos, una redacción colectiva”.

El parlamentario de CA expresó que “la intención y el espíritu que hay con esto es generar una discusión entre todos y hacer una construcción colectiva. Entonces, creo que es necesario asumir lo que nosotros asumimos fuera de versiones taquigráficas y ahora sí explayarlo en versión taquigráfica y decir: «Bueno, ¿vamos a trabajar en esto o no vamos a trabajar en esto?». ¿Lo quieren pasar a archivo? Lo votamos y lo pasamos a archivo. Yo lo dije en la reunión pasada fuera de la versión taquigráfica”.

Desde su punto de vista “el tema es: yo no quiero hacer que los demás legisladores pierdan el tiempo en un proyecto que quizás hoy no consideren como emergencia o tal vez no sea esta la ruta y quieren construir otra. Es válido, y puedo trabajar en eso. Ahora, expresemos cuáles son las voluntades, para ver si yo con mi equipo, que me parece que es valioso -si yo respeto el tiempo valioso de todos, quiero que respeten el mío-, seguimos trabajando en esta redacción o simplemente la archivamos y trabajamos en cualquier propuesta que presente cualquier otro legislador, porque el espíritu sigue siendo el mismo: solucionar este tipo de problemáticas”.

Fuente Imagen: Parlamento.

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El documento de Petit contiene un diagnóstico del mismo y 20 conclusiones, 20 recomendaciones referidas a las mismas y 33 recomendaciones específicas, dirigidas a las autoridades carcelarias y varios organismos del Estado.

RECOMENDACIONES

1. Reformas en curso.

REFORMA PENITENCIARIA, ROL DEL PARLAMENTO Y TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. El sistema penitenciario todavía está lejos de ofrecer las posibilidades de reinserción y rehabilitación que puede ofrecer el Estado uruguayo, reconocido por su histórico gasto social e institucionalidad consolidada.

Seguir avanzando en la reforma penitenciaria, desarrollando y progresando en un modelo de tratamiento técnico, educativo y humanizador, es el camino para reducir la reincidencia y disminuir la violencia social. Ello requiere apoyo institucional, coordinación entre ministerios y organismos públicos, recursos humanos e inversión.

Un mejor sistema penitenciario, que baje la reincidencia al 25% (cosa posible con una mejora no demasiado costosa ni lejana de los servicios actuales) abatiría la reincidencia delictiva. El Parlamento, tanto desde la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario como en sus diversas comisiones y posibilidades de actuación, tiene un importante rol a jugar como ámbito apto para definir líneas programáticas de acuerdo que favorezcan la dotación de los recursos básicos necesarios para seguir avanzando en la modernización y eficiencia del sistema penitenciario, contando para ello con el apoyo y asesoramiento de la Oficina del Comisionado para los insumos y datos que se requieran. El avance técnico de la reforma penitenciaria requiere la conformación de grupos interinstitucionales de trabajo, con representantes de los ministerios y

organismos involucrados, de manera de definir e implementar nuevas acciones.

Recomendamos la instalación de grupos de trabajo interinstitucional, con términos de referencia que establezcan plazos para su tarea, coordinación, secretaría y presentación de informe a las autoridades, sobre temas clave de innovación pudiendo ser entre otros:

1. Regulación legal del trabajo y la actividad productiva
2. Salud mental.
3. Justicia terapeútica y consumo problemático de sustancias.
4. Medidas alternativas a la prisión.
5. Coordinación de la política penitenciaria y las políticas sociales.
6. Mujeres privadas de libertad.
7. Logros y carencias.

INSTITUCIONALIDAD Y REGLAS MANDELA. Siendo la deshumanización la fuente de la violencia intracarcelaria, la que luego circula hacia fuera de la cárcel y vuelve a ingresar en ella, solamente intervenciones técnicas son capaces de sostener una convivencia basada en la educación, el trabajo, la salud, el buen relacionamiento, el respeto a la vida y los derechos de los demás, siendo preciso fortalecer y estimular el funcionamiento de la Sub Dirección Nacional Técnica del INR, su articulación con todas las unidades para impulso de las Reglas Mandela y los diversos protocolos técnicos existentes y su relación con otras entidades públicas y privadas de manera de orientar nuevas intervenciones y fortalecer las ya existentes en el sistema. Es imprescindible seguir avanzando en la dotación de cuadros técnicos en las unidades (psicólogos, graduados en ciencias sociales, abogados, profesionales de la salud, labor terapeutas, recreadores), en la dotación de operadores penitenciarios y en el

necesario personal de seguridad para garantizar una convivencia segura.

3. El trabajo técnico y educativo.

PLANES DE REORGANIZACION.

Las peores condiciones de reclusión, que son las que registran mayores índices de violencia y de reincidencia, pueden ser revertidas, como han mostrado muchas buenas prácticas realizadas, a partir del trabajo orientado en las unidades donde los equipos técnicos y de operadores penitenciarios cumplen un rol central para sostener una convivencia positiva donde puedan desplegarse las acciones educativas, culturales, deportivas, sociales,

sanitarias. Estas experiencias también muestran que la transformación de las peores condiciones de reclusión requiere de Planes de Reorganización de la gestión, conformación de equipos de dirección con técnicos, dotación de operadores penitenciarios y personal de custodia, descentralizando unidades o sectores y con recursos suplementarios para revertir las malas condiciones edilicias y sus contextos.

4. Imperio de la ley y derechos humanos.

DERECHOS HUMANOS Y FISCALIA PENITENCIARIA. Continuar difundiendo la perspectiva de derechos humanos en todo el sistema, continuando la jerarquización del personal penitenciario en sus diversos roles con capacitación permanente, salud laboral y revalorización social.

La violencia interna de algunas unidades requiere la instalación de video cámaras, instalación de escáneres, refuerzo del personal.

El esclarecimiento de muchos delitos que ocurren en las unidades, incluyendo homicidios, requiere la creación de una Fiscalía Penitenciaria Especializada, de manera de disminuir, con una sede que acumule conocimiento e información del área, el bajo esclarecimiento que tienen los delitos intracarcelarios.

5. Experiencias de referencia.

APOYAR LAS BUENAS PRÁCTICAS. Es pertinente que las unidades que han logrado muy buenos resultado de educación, convivencia y rehabilitación e inserción –muy en particular Punta de Rieles Unidad No. 6, el Polo Industrial, Artigas, Salto, Artigas- y la Dirección Nacional del Liberado (DINALI) sigan siendo apoyados y usadas sus experiencias como referencias a multiplicar en otros centros, de manera de traccionar a todo el sistema hacia mejores logros e innovaciones en la generación de buena convivencia.

6. Transformación.

NUEVO COMCAR. Los cambios en curso en la Unidad No. 4 COMCAR, tendientes a conformar un complejo de varias unidades con una coordinación central, llevados adelante con gran esfuerzo aunque no todos los recursos necesarios, marcan un camino a seguir y profundizar de gran impacto en todo el sistema dada la cantidad de población internada allí, siendo fundamental seguir apoyando estos avances, tanto institucionalmente como con recursos que consoliden y amplíen las transformaciones en curso y permitan cambiar los sectores de la unidad que todavía presentan muy serios problemas y muy malas condiciones de reclusión.

7. Violencia.

INTERVENCIONES URGENTES Y FISCALIA ESPECIALIZADA. El

circuito de violencia existente en varios penales requiere de intervenciones urgentes de refuerzo del personal educativo, técnico y de seguridad y adecuaciones edilicias. En necesario estudiar incluso la viabilidad de algunos sectores del sistema, totalmente inadecuados ediliciamente para funcionar adecuadamente debido a críticas condiciones físicas, como el Módulo 2 de Canelones, o por la obsolescencia de su diseño, como el Módulo 1 de Libertad.

La lucha contra la opacidad y la impunidad dentro de la cárcel, requiere contar con una Fiscalía Especializada Penitenciaria, de manera de tener mayor eficiencia en el esclarecimiento de los ilícitos.

8. Salud.

PLENA COBERTURA DE ASSE. La Administración de Servicios de SALUD DEL Estado (ASSE) debe asumir la totalidad de la cobertura del sistema penitenciario, tomándose medidas presupuestales inmediatas con los refuerzos del rubro correspondientes para desplegar los equipos médicos, de enfermería, administrativos y equipos necesarios.

9. Salud Mental.

NUEVOS SERVICIOS DE ASSE. Es necesario ampliar la atención de salud mental en las unidades con mayores aportes de recursos humanos de ASSE de manera de contar no solo con intervenciones puntuales y acotadas, sino también con tratamientos continuados y sostenidos y más cantidad de grupos de convivencia o terapeúticos, que cuando se realizan tienen muy buenos resultados. Asimismo, ASSE a nivel central debe impulsar la creación de servicios aptos para la atención de personas con su salud mental afectada pero que no pueden estar en un contexto carcelario.

10. Intentos de autoeliminación.

PROGRAMA Y PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. Definir e implementar urgentemente un Programa de Atención a los Intentos de Autoeliminación (IAE) con un Protocolos de pasos concretos para la intervención inmediata de los funcionarios cuando se detectan conductas de riesgo.

11. Consumo problemático (adicciones).

JUSTICIA TERAPEUTICA Y PROGRAMAS. Acuerdos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deberían propiciar la creación de un sistema de Justicia Terapeútica, muy exitosa en muchos países para el tratamiento y la reducción de los delitos, en la que los autores de delitos causados por el consumo problemático o las adicciones permita la derivación a un centro especializado en adicciones y salud mental y no a una unidad carcelaria. A la vez ASSE debe reforzar los trabajos y opciones dentro del sistema para quienes solicitan tratamientos, favoreciéndose también el trabajo de organizaciones de sociedad civil en el tema.

12. Familia y entorno.

PRESENCIA DEL MIDES. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) debe desplegar dentro del sistema penitenciario, donde tiene una enorme oportunidad de intervención estratégica, sus diversos programas de asistencia, en particular aquellos vinculados a la asistencia familiar y los generadores de oportunidades de desarrollo para las personas.

13. Sin defensa.

PRIORIDAD DEL PODER JUDICIAL. Atendiendo el crecimiento de la población penitenciaria, el Poder Judicial debe reforzar los recursos destinados a la Defensa Pública, de manera de asegurar la eficiencia del derecho a la defensa de todas las personas, facilitando el acceso a sus defendidos con refuerzos de recursos humanos y logísticos que aseguren el derecho humano a la defensa.

14. Poder Judicial.

RECOMENDACINES DE JUECES DE EJECUCION. La presencia de los Jueces de Ejecución y Vigilancia en las unidades penitenciarias generan múltiples recomendaciones para mejora del sistema. Es pertinente mantener reuniones periódicas de seguimiento de esas recomendaciones entre los jueces de ejecución y los organismos de monitoreo, en particular con la Oficina del Comisionado Parlamentario como organismo parlamentario especializado en el tema, de manera de mantener tener día el avance de la implementación de esos señalamientos. Asimismo, puede ser muy positivo realizar visitas conjuntas con los Jueces de Ejecución para verificar situaciones, realizar recomendaciones o analizar situaciones estructurales.

15. Educación y capacitación.

CODICEN Y ESCUELAS DE OFICIOS. El Codicen debe reforzar su presencia educativa, asegurando la universalidad del acceso a la educación y proceder a la elaboración de un programa específico de formación para personas privadas de libertad que les permita terminar los ciclos educativos con contenidos adecuados, tiempos cortos y acceso a conocimientos prácticos. También se debe proceder a instalar Escuelas de Oficios en las unidades penitenciarias aumentando las instancias de capacitación profesional actualmente existentes. Es importante que también continúe avanzando la presencia de los programas de educación no formal del Ministerio de Educación (Programa PAS) y las Universidades, en particular la Universidad de la República en todas sus funciones (educación, investigación, extensión).

16. Trabajo.

EMPRENDURISMO, REGULACION LEGAL Y TRABAJO DIGNO.

Favorecer la realización de emprendimientos individuales o grupales de los internos, en particular emprendimientos productivos, de manera que puedan egresar con una actividad redituable en el mercado. Asimismo, debe asegurarse que los internos tengan los debidos elementos de seguridad laboral, certificación y retribución cuando realicen trabajos en las unidades, en especial aquellos que son esenciales para el normal funcionamiento de los centros, evitándose los abusos laborales de hecho que comete el Estado con estas omisiones.

17. La sociedad civil.

INTEGRAR ORGANIZACIONES PRIVADAS. Favorecer el ingreso al sistema penitenciario de organizaciones de sociedad civil y entidades privadas, con acuerdos de trabajo que contengan objetivos, metodologías, resultados esperados, presupuestos y mecanismos de evaluación, de manera de incorporar actores capaces de realizar intervenciones educativas, culturales, sociales, de capacitación profesional o de asistencia.

18. Tecnología ausente.

INFORPORACION TECNOLOGICA. Promover el uso adecuado de tecnología para mejorar la gestión, la convivencia y las oportunidades de educación dentro de las cárceles, promoviendo la existencia de infocentros, la alfabetización digital y la entrega de laptops con programas y aplicaciones de inserción social para quienes egresen del sistema.

19. Trabajo post penitenciario.

DINALI COMO PIVOT DE LA INSERCION.

Continuar fortaleciendo el rol de la DINALI como sistema de apoyo a quienes egresan de la cárcel, e instancia de capacitación y en especial plataforma articuladora para derivación de los egresados a los múltiples servicios sociales de asistencia, orientación y capacitación existentes, públicos o privados, dotándola de la necesaria descentralización para sus funciones.

20. Alternativas.

SISTEMA SOLIDO Y CREIBLE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS.

Fortalecer y ampliar con programas consistentes, variados, asistenciales y terapeúticos, de manera de responder de manera creíble y transparente a la Justicia y a la opinión pública, un sistema de medidas alternativas que genere un circuito de rendición de cuentas, rehabilitación y prevención de la violencia que evite la prisionización y el contagio carcelario de la violencia.

Asimismo, formulo las siguientes RECOMENDACIONES ESPECIFICAS para la gestión penitenciaria en sus diversas dimensiones:

1. Ciudad y cárcel. Adecuar los espacios internos de las unidades a un funcionamiento social que refiera a la vida en libertad, generando espacios de uso común, plazas, calles, expresiones culturales, realizando para su construcción convenios con las Intendencia Municipales.
2. Cercanía a la comunidad. Establecer lazos con las autoridades locales, en particular las empresas públicas, Intendencias Departamentales, empresas privadas, sindicatos y referentes sociales, de manera de incorporar la cárcel nuevos actores y posibilidades de recuperación de espacios y actividades
3. Visita. Reformar los espacios de ingreso a las visitas, en especial en los macro penales, haciendo más eficiente el ingreso y generando lugares amigables para los niños y las familias con servicios adecuados (baños, guarda bultos, espacios infantiles, refugios peatonales, información y orientación adecuada).ealizar obras, generar actividades y favorecer integración de los internos.
4. Cursos de pre egreso con redención de pena. Adecuar la reglamentación de la redención de pena por trabajo y estudio de manera que las participación en “curso de pre egreso”, realizados por INR y DINALI, encuadren dentro de las previsiones existentes para este beneficio excarcelatorio, dado que el involucramiento en planes de este tipo es un indicador de fuerte voluntad de re inserción.
5. Entrevista obligatoria. Establecer como obligatorio que todo director de una unidad de internación deberá tener al menos una entrevista con cada interno que llega a su establecimiento a los efectos de conocerlo y transmitirle las pautas generales de funcionamiento.
6. Derechos y obligaciones. Entregar a cada interno/a que ingresa a una unidad y a sus familias una Guía informativa de derechos y obligaciones y recursos sociales a tener en cuenta durante la privación de libertad.
7. Call center. Crear un centro de atención telefónica (call center) para informar a las familias sobre emergencias ocurridas a sus allegados (traslados), su situación, trámites, requisitos para la visita y otros aspectos que hoy implican largas gestiones.
8. En hospital. Establecer un dispositivo para que las familias que se enteran que un familiar ha sido derivado de una cárcel a un hospital, ya sea por enfermedad o por agresiones sufridas, puedan tramitar eficientemente su visita a los nosocomios, teniendo presente las características médicas y de seguridad de cada situación.
9. Autolesión y sanciones. Explicitar a todas las unidades que las autolesiones de los internos, según la normativa vigente y salvo prueba en contrario ante situación singular, no deben ser motivo de sanción sino de atención socio educativa ya que las mismas son expresión de un mal estado de salud mental, dificultades de relacionamiento o de estrategias extremas para obtener mejoras en su situación, todo lo cual debe ser canalizado por los servicios de atención establecidos.
10. Desarme. Favorecer acciones de desarme voluntario en las unidades como parte de los planes de pacificación, realizando acciones simbólicas como la destrucción masiva de las armas y cortes incautados y el uso de las mismas en objetos culturales que favorezcan el cuidado de la vida y la negación de la agresión como forma de resolver conflictos.
11. Preventivas. Asegurar a las personas con prisión preventiva un mínimo de actividades –aunque no estén todavía condenados- que asegura una dignidad básica en su detención.
12. Quejas, denuncias y trámites. Distribuir formularios entre los internos para la presentación de quejas, denuncias y trámites, de manera de mejorar la llegada de sus planteamientos a las autoridades de cada unidad, colocándolos de manera accesible en los diversos sectores del centro y asegurando su tramitación administrativa.
13. Requisas y motines. Capacitar de manera permanente al personal encargado de las requisas y al personal encargado de actuar en caso de hechos violentos, de manera de asegurar un uso de la fuerza según pautan las normas vigentes.

Estadística

14. Indicadores. Mejorar la definición de los diversos indicadores estadísticos dentro de las unidades e incorporar nuevos indicadores: personas con y sin visitas, incidentes con heridos, heridos atendidos.
15. Reincidencia. Implementar un protocolo para medir, en acuerdo con el Poder Judicial, la real reincidencia de los liberados.

Área Formación

16. Mediación. Preparar en la Escuela Penitenciaria a mediadores penitenciarios e iniciar en las unidades programas de mediación para disminuir los enfrentamientos individuales o grupales en caso que existan.
17. Traslados. Dado el enorme volumen de casos que deben atender, fortalecer la tarea de la Junta Nacional de Traslados, reforzando su mirada técnica sobre todos los factores que inciden en la actitud de los internos frente a las respuestas institucionales, estableciendo mecanismos de revisión y discusión técnica de casos, asegurando que las lógicas del tratamiento (cercanía familiar, acceso de actividades, visitas, salud) sean valoradas junto a los componentes del factor seguridad.

Salud

18. Salud. Establecer mecanismos de trabajo, con reuniones periódicas y acuerdos de resultados, entre la dirección de las unidades y los responsables de los centros de salud, de manera de atender toda el área sanitaria, incluyendo alimentación, condiciones de alojamiento, ventilación, clima general.
19. Historia clínicas y medicación. Verificar siempre que en caso de traslado la historia clínica llegue inmediatamente a la nueva ubicación y que al interno lo acompañe la mediación que está tomando y su indicación.
20. Odontólogo. Proveer de tratamiento odontológico a todas las unidades, incluyendo tratamientos preventivos y restauraciones.
21. Coordinaciones. Tomar medidas urgentes, tanto en la administración penitenciaria como en los servicios de salud, para corregir el incumplimiento de coordinaciones médicas externas, cuya no realización genera pérdida de recursos y acarrea problemas de salud.
22. Medicación. Verificar que la entrega de medicación psiquiátrica sea efectuada de manera personal e in situ (entrega “en boca”).
23. Primeros auxilios. Promover la realización de cursos de primeros auxilios en las unidades para los internos y los funcionarios, realizados por los servicios de salud con apoyo externo, como buena práctica compartida de sensibilización sobre la protección de la vida.

Educación y formación

24. Promotores de derechos humanos y monitores. Favorecer la capacitación de internos como delegados, como monitores educativos y como promotores de derechos humanos, de manera de que puedan trabajar de manera sana y autónomo sobre problemas que puedan detectar y que pueden ser atendidos in situ, recurriendo a capacitadores del Centro de Formación Penitenciaria o de instituciones externas.
25. Trabajo interno de derechos humanos. Incorporar como trabajo de los internos con la consiguiente redención de pena, de la tarea de promoción de los derechos humanos, requiriendo para la misma acreditación de un mínimo de horas de formación por parte de oficina o institución reconocida.
26. Información y cultura. Favorecer el acceso en todas las unidades a materiales informativos y culturales, facilitando la instalación de bibliotecas bien provistas, la circulación de libros y estimular la lectura.
27. Horas docentes. Aumentar las horas docentes disponibles en el CODICEN para la administración penitenciaria.
28. Escuelas de oficios. Promover la instalación de escuelas de oficios en los macro penales metropolitanos para favorecer la integración laboral, recurriendo a instituciones privadas que deseen instalarse en el sistema penitenciario.

Trabajo

27. Certificación laboral. Certificar la idoneidad para diversas tareas y oficios que realizan los internos en múltiples áreas de las unidades y que aseguran su normal funcionamiento (cocina, limpieza, mantenimiento, jardinería, tratamiento de residuos, etc).
28. Riesgo laboral. Relevar y corregir las condiciones de trabajo insalubre y de alto riesgo que realizan internos en algunas unidades.
29. Emprendurismo. Capacitar a los internos y a sus familiares para llevar adelante emprendimientos productivos, laborales o de servicios, individuales, grupales o cooperativos, de manera de apoyar sus procesos de ingtegración.

Sociedad civil y acumulación científica

30. Fondo concursable. Impulsar la presencia de la sociedad civil dentro del sistema penitenciario desarrollando actividades socioeducativas o culturales, mediante convenios y acuerdos de trabajo con resultados evaluables, creando un Fondo Concursable anual para el Desarrollo Socioeducativo dentro del sistema penitenciario, donde se puedan elegir bi anualmente proyectos de intervención.

Trabajo post penitenciario

31. Red de acuerdos. Impulsar desde la DINALI una red de acuerdos con instituciones públicas y privadas que puedan generar una “red de asistencia” a los egresados especialmente vulnerables del sistema que no tienen referentes familiares, vinculares o comunitarios, de manera de tener alojamiento al egresar y elementos básicos para afrontar los primeros tiempos en libertad.
32. Conexión y seguimiento. Detectar los casos que requerirán especial apoyo al egresar, en particular los casos de salud, salud mental y carencia extrema de recursos sociales, de manera que al egresar la persona tenga continuidad en sus tratamientos médicos y en la asistencia social que tiene derecho a recibir.
33. Tablets de orientación y apoyo. Implementar un programa de entrega de tablets a los internos que estén prontos a egresar o al momento del egreso, en el que cuenten con información, orientación y aportes para su vida en libertad (servicios médicos, bolsas de trabajo, atención psiquiátrica, orientación legal y familiar, documentación, etc).

Fuente Imagen: carve850.com.uy

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Será a las 19:30 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales (Sala de conferencias, Salón L5. Constituyente 1502).

La apertura está a cargo de Andrés Lannane por Universidad CLAEH y Martín Ibaruboure por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Luego, la especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Beatríz Abizanda, brindará un panorama general del tema, basándose en experiencia comparada y delineará algunos aspectos para mejorar la reinserción de las persoans liberadas del sistema carcelario.

Está previsto un panel central integrado por Ana Juanche (Instituto Nacional de Rehabilitación); Jaime Saavedra (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado), Luis Parodi (Director de la Unidad 6 de la cárcel de Punta de Rieles), Juan Miguel Petit (Comisionado Parlamentario Penitenciario) y Richard Read (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida).

La moderación estará a cargo del periodista Gabriel Pereyra.

El cierre y las conclusiones estarán a cargo de Adolfo Garcé y María Dolores Benavente (Academia Nacional de Economía/Pharos).

Jueves 5 de diciembre  – 19:30 horas.

Sala de conferencias Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 15

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Nos acompañarán equipo Nada Crece a la Sombra, el licenciado Gonzalo Larrosa director del COMCAR y Gonzalo Parodi, educador social y director de la Unidad Punta de Rieles del INR.

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Durante la sesión de la Cámara de Senadores del martes 13 de julio que aprobó recursos especiales para el Ministerio del Interior, el senador Gustavo Penadés afirmó que es hora de que el tema carcelario sea tomado en serio.

Más tarde agregó que este Gobierno estaba en la buena dirección al enfocarse en el problema central, esto es, la falta de lugares para albergar a  los reclusos, mientras que, por el contrario, el gobierno del Dr. Vázquez no tuvo la valentía de enfrentar la emergencia carcelaria con decisión.

En referencia al alojamiento de presos en locales de las  Fuerzas Armadas, el legislador dijo que esperaba que esa medida se terminara en dos años tal como lo prevé la ley. Señaló que, la guardia perimetral de las cárceles que hoy tienen a cargo las Fuerzas Armadas tiene ya más de “diez años”, mientras que en su momento se había dicho que iba a ser una solución transitoria.

El senador blanco concluyó señalando que esperaba que se tomara el tema con la seriedad que merece, y que se lo empiece a solucionar, para que no haya que estar en pocos meses mas lamentando otra tragedia y escuchando hablar de la emergencia carcelaria.

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