El embajador argentino en Uruguay pidió a sus compatriotas
que permitan el paso por un puente que une a ambos países, bloqueado desde el
2006 por ambientalistas que protestan por la instalación de una planta de
celulosa en la margen uruguaya.

En un acto durante la realización de una competencia de
autos antiguos en la ciudad de Colonia, en el sudoeste de Uruguay, Hernán
Patiño Mayer envió un mensaje a los manifestantes para que «defiendan sus
intereses por otros medios, si los hay, pero que ese puente lo liberen».

El diplomático aludía al puente San Martín que une la ciudad
argentina de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos a través del fronterizo
río Uruguay.

La circulación por la cabecera del lado argentino comenzó a
ser interrumpida por piquetes esprádicos en el 2005 y está bloqueada
permanentemente desde fines del 2006 por la denominada Asamblea Ambiental de
Gualeguaychú, la cual reclama desmontar una planta de celulosa de la firma
finlandesa Botnia que opera en la ribera uruguaya.

Esa medida de bloqueo «lo único que hiere son
sentimientos, y entre hermanos los sentimientos no se pueden herir», dijo
Patiño, según un tramo de su discurso difundido por el canal 4 de la televisión
local.

El diferendo por la instalación de la planta de Botnia llegó
a estrados internacionales. Argentina denunció en el 2006 a Uruguay ante el
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, por considerar que sus autoridades aprobaron
unilateralmente la instalación de la planta en contravención del Estatuto
binacional del río Uruguay, que exige una consulta previa con su vecino.

El juicio comenzó en el 2006 y todavía está en la etapa de
presentación de cargos y descargos de cada parte.

Pero Uruguay también denunció a Argentina ese mismo año ante
un Tribunal de Controversias del Mercosur por no tomar medidas para garantizar
la libre circulación entre ambos consagrada por el Tratado fundacional del
bloque sudamericano.

Ese Tribunal reconoció que Argentina fue «omisa»
en la prevención de las protestas, pero se declaró incompetente para indicarle
conductas a sus autoridades o para imponerle las reclamaciones patrimoniales
que exigía Uruguay en su demanda.

Fuente: The Associated Press.