7 Abr '08

Sociedad Uruguaya

Hackenbruch acusa a Carámbula de “persecución política”

Al
hacer uso en la media hora previa de la Cámara de Representantes el pasado 1º de abril de
2008 el diputado colorado por Canelones, Tabaré Hackenbruch la embistió contra
la administración del intendente Marcos Carámbula acusándoles de persecución política
e ideológica a funcionarios municipales.

Transcribimos
textualmente el planteo efectuado:

«Voy a
distraer la atención del Cuerpo refiriéndome a la sistemática violación de los
derechos humanos que practica la Intendencia Municipal
de Canelones contra muchos de sus funcionarios.

Más de
mil empleados han sido despedidos en forma ilegítima, y otros tantos sufren
traslados arbitrarios, sanciones infundadas, amenazas y una presión permanente.
Este accionar ha sido utilizado como instrumento de persecución política e
ideológica y como forma de liberar posiciones clave de la estructura municipal.

Tengamos
en cuenta que el 23 de octubre se destituyó a cinco funcionarios de carrera de la Dirección de Hacienda, a
pesar de que el Tribunal de Cuentas había observado que los sumarios no
cumplían con las garantías del debido proceso. También la Asesoría Letrada
de la Junta
Departamental y ADEOM se pronunciaron en términos similares.
Sin embargo, el Intendente mantuvo su arbitraria decisión, echando a casi todo
el nivel gerencial de esa dependencia.

Sin
controles técnicos experimentados, el Intendente llevó adelante la gestión de
Hacienda mediante la contratación de amigos, correligionarios y familiares.

Más
allá de los cuestionamientos éticos que podamos formular, lo importante es que
esto ha originado una situación de caos en la Administración. Varias
son las irregularidades en el área financiera de la Intendencia Municipal;
una de las más recientes es la falta de rendición de cuentas por un importe de
$ 33:997.006, correspondientes a gastos realizados por jerarcas, algunos
de los cuales llevan dieciocho meses de atraso en sus rendiciones.

El
Tribunal de Cuentas también ha advertido anomalías en los procedimientos de
compra de la
Administración, tales como publicaciones incompletas,
violaciones al principio de igualdad de los oferentes, contrataciones y
principio de ejecución sin intervención previa del Tribunal, solicitud de
cotizaciones que no figuran agregadas a los expedientes, facturas emitidas con
anterioridad, algunas al acto de apertura de la licitación y a la adjudicación,
contratos que violan los ar­tículos del pliego de condiciones, prórroga de los
contratos más allá de su vencimiento sin autorización del ordenador,
contratación de profesionales que no acreditan su inscripción a la Caja de Profesionales y a la Dirección General
Impositiva, entre otras. Asimismo, se han detectado gravísimas irregularidades
en distintas áreas de la nueva Administración, sobre las que no se han adoptado
medidas, y, sorprendentemente, algunos de los responsables han sido premiados
con nuevos destinos.

El
rigor con que se juzga a los funcionarios no es el mismo cuando se trata del
personal de confianza del actual Intendente que si son empleados que actuaron
en cargos de confianza de la anterior Administración del Partido Colorado.

Funcionarias
que trabajaron directamente con el Intendente Hackenbruch han sido víctimas de
un cruel hostigamiento. Se les ha sometido a procesos viciados por abuso de
derecho, prejuzgamiento, falta de notificación de los actos administrativos,
ausencia de motivación, excesiva demora en las diligencias, abuso del derecho a
la información, presión a testigos, amenazas, interminables audiencias,
violaciones al principio de razonabilidad e imparcialidad, etcétera. Una de
ellas es la doctora Marianella Medina, ex Secretaria General, funcionaria de
carrera, con más de veinte años de antigüedad, quien en casi tres años que
lleva este Gobierno ha estado la mayor parte del tiempo separada del cargo. A
vía de ejemplo, la primera sanción que recibió fue por archivar la sugerencia
de amonestar a una funcionaria. No es un dato menor que, después de un año de
instrucción sumarial, la sanción le fuera notificada al día siguiente de la
comparecencia del Intendente a la Junta Departamental,
en virtud de un llamado a Sala que formulara la oposición. En otro de los
procesos, por el cual también estuvo separada del cargo durante seis meses, se
le imputa autorizar la licencia médica de una funcionaria y un error en el pie
de firma del informe que dispone el archivo de dichas actuaciones, y de no
adoptar medidas ante las observaciones del Tribunal de Cuentas. Estas completan
el insólito elenco de las acusaciones.

Similares
procesos enfrenta Carmen Lugano, quien cuenta con más de quince años de
antigüedad e integra el personal de carrera. Al asumir el nuevo Gobierno
desempeñaba funciones en la Secretaría General, y es acusada de archivar
expedientes en los días anteriores a la asunción del Intendente Carámbula, sin
considerar que esa decisión obedeció a un expreso pedido de los nuevos
jerarcas. Además, fue separada del cargo durante seis meses por solicitar
telefónicamente el expediente de la licencia médica antes referido.

Se
trata, en definitiva, de meras cuestiones burocráticas que ni siquiera podían
categorizarse como faltas y que no ameritaban la severidad con que fueron
tratadas.

Otro caso
ilustrativo es el de la venia que fuera votada por los Ediles del oficialismo
para destituir a la funcionaria Liliana Britos por errores menores en la
tramitación de expedientes. Muchos admitieron que levantaron su mano sin haber
leído las actuaciones, por lo que debemos inferir que tan drástica medida solo
respondió a motivos políticos.

Este
dantesco escenario se complementa con la nueva estructura que Carámbula creó en
el Área Jurídica a través de la sustitución de los Gerentes de carrera por
funcionarios de confianza, comprometiendo la imparcialidad que debe regir las
funciones de esa dependencia. En esta misma línea, los sumariantes son
alentados con importantes compensaciones, extremo que pone en duda su autonomía
técnica, más aún cuando las mismas se renuevan cada tres meses según el
desempeño.

La Intendencia Municipal de Canelones continúa desconociendo
el derecho a la igualdad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la
integridad física y moral, a la seguridad, al trabajo, a la dignidad y al
honor, violentando las normas constitucionales y legales que los consagran e ignorando
las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

Solicito
que la versión taquigráfica de esta exposición sea remitida a la Suprema Corte de
Justicia, a los diecinueve Intendentes Municipales, a la Comisión de Derechos
Humanos de esta Cámara y del Senado, a los medios periodísticos de circulación
nacional y del departamento de Canelones, así como a la Presidencia de la República, a la Oficina Nacional
del Servicio Civil, a la
Mesa Política del Frente Amplio, al Honorable Directorio del
Partido Nacional y al Comité Ejecutivo del Partido Colorado».

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