Ante el pedido de renuncia de la Ministra Daisy Tourné por el Partido Nacional a través de Lacalle y Larrañaga el Partido Socialista formula la siguiente declaración pública.

 

PRIMERO. Las causas del dramático hacinamiento carcelario en Uruguay no son recientes sino de dos tipos. Provienen de las últimas décadas y obedecen a las políticas de gobierno desarrolladas desde la década del 90 y que llevaron a la crisis de 2002.

La primera causa es el incremento gradual del número de delitos menores y en  particular de los hurtos y rapiñas asociados, desde 2002, a la explosión del tráfico y el consumo de pasta base. Este Gobierno combate sin descanso y sin cuartel golpeando como nunca en el pasado al gran narcotráfico y a las bocas de pasta base, alcanzando incautaciones récord en la historia del país. Pero el proceso asociado al tráfico y consumo de pasta base está en la base del aumento de la inseguridad, de la gravedad de los delitos y del número de los delincuentes.

La segunda causa del hacinamiento carcelario es el endurecimiento de la legislación penal sin capacidad locativa ni inversión en establecimientos penitenciarios.

En efecto, a partir de la aprobación parlamentaria de la ley de seguridad ciudadana de 1995 incorporada al Código Penal e impulsada por los partidos Nacional y Colorado se incrementaron los procesamientos sin la previsión de las plazas necesarias ni las inversiones para cubrirlas. En los hechos los infractores iniciales sin antecedentes penales son procesados y enviados a los mismos centros de reclusión de los delincuentes con graves antecedentes penales en contextos de socialización que incrementan la delincuencia aumentando su número.

En suma, el incremento de los pequeños delitos así como de las rapiñas asociado a la explosión de la pasta base de 2002 y el agravamiento de las penas hijo de la ley de seguridad ciudadana están en la base del aumento de la inseguridad ciudadana y del aumento de la población reclusa.

 

SEGUNDO. El Partido Nacional, Lacalle y Larrañaga son socios, promotores y Padres de las políticas estructurales que llevaron al agravamiento del número y tipo de los delitos, que multiplicaron el número de los delincuentes menores y provocaron la explosión de la pasta base. Antes tiraron la piedra y ahora esconden sus manos pidiendo la renuncia de nuestra compañera Ministra del Interior. El Partido Nacional, con Lacalle y Larrañaga a la cabeza es el Padre de las leyes y cambios legales que agravaron las penas convirtiendo a los infractores iniciales en delincuentes experimentados.

El Partido Nacional es el Padre del Hacinamiento Carcelario que nuestro Gobierno está disminuyendo y cambiando en profundidad y en serio para crear un sistema penitenciario justo, humano y orientado a cumplir sus verdaderas funciones de rehabilitación. Los padres del Uruguay de la Pasta Base y del Uruguay de 2002 no pueden ahora convertirse en profesores de la rehabilitación, la seguridad ciudadana y la humanización carcelaria.

 

TERCERO. El Gobierno y el Ministerio del Interior en las gestiones de José Díaz -con la ley de humanización carcelaria, feroz y mezquinamente enfrentada entonces por el P.Nacional que ahora derrama lagrimas de cocodrilo por la situación de las cárceles – y de Daisy Tourné comenzaron a cambiar la situación inhumana y vergonzosa de las cárceles. En marzo de 2005 cuando asumió nuestro Gobierno la densidad penitenciaria llegó a alcanzar los 181 presos cada 100 plazas, en 2009 la tasa de densidad penitenciaria ha descendido a 132 presos cada 100 plazas por las obras de ampliación de capacidad locativa. Son cifras igualmente dramáticas pero que muestran el resultado concreto de los esfuerzos del Gobierno.

En relación a 2004 se duplicó el número de personas privadas de libertad en plazas educativas, ingresaron 500 funcionarios/as penitenciarios/as y se duplicó el número de personas privadas de libertad en plazas laborales (trabajan y redimen pena).

 

CUARTO. El Gobierno Nacional solicitó a las Naciones Unidas la realización de un Informe sin concesiones sobre la dramática situación heredada y actual del sistema penitenciario del Uruguay. El Gobierno del Frente Amplio y nuestra compañera Ministra del Interior, Daisy Tourné, defienden la mayor publicidad y transparencia ante el mundo en la certeza de que sólo la máxima transparencia e informes imparciales garantizan la toma de las mejores medidas de gobierno para mejorar todos los aspectos de la vida del país y en especial las condiciones de vida de nuestra población reclusa.

El cambio es estructural. De las casi 1000 recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario desde su creación se han cumplido el 95%. Sin embargo la situación de algunos establecimientos como la Cárcel de Libertad sigue siendo dramática y ello debe motivar la responsabilidad de todos los actores políticos y sociales del país para formular propuestas concretas.

El Ministerio del Interior ha llamado a licitación para la construcción del Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad cumpliendo con las disposiciones de la ley y dotado de todas las condiciones de habitabilidad dignas y de infraestructura de calidad, así mismo está en marcha la ampliación sustancial de la capacidad locativa de la Cárcel de Rivera. Sin perjuicio de estas medidas el Gobierno cumplirá todas las recomendaciones de Naciones Unidas y adoptará todas las soluciones prácticas vengan de donde vengan para asegurar el éxito en su labor en bien de la ciudadanía y la afirmación de la vigencia de los derechos humanos.

 

QUINTO. El Partido Socialista apoya los esfuerzos integrales del Ministerio del Interior, en particular la Ministra Tourné, del Gabinete de Seguridad, y del Presidente de la República en pos de solucionar los graves problemas de la ciudadanía, y repudia el uso demagógico y electorero de quienes, carentes de visiones integrales del problema, y padres indiscutidos de la situación actual, no vacilan en medrar irresponsablemente ante el conocimiento de un informe que jamás se produjo cuando ellos gobernaban, porque le temían a la transparencia y al debate público.

Martes 31 de marzo.