4 Abr '09

Sociedad Uruguaya

OCDE retiró a Uruguay de lista de países «no colaboradores»

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció ayer (viernes 3 de abril) haber cometido un «error de interpretación» al incluir a Uruguay en la nómina de países no comprometidos con el cumplimiento de los estándares internacionales de intercambio de información.

A solicitud del G-20, que se reunió el pasado jueves en Londres, la OCDE divulgó una nómina de países «no comprometidos en intercambiar información tributaria», es decir que no respetaban las normas internacionales en materia fiscal. En esa lista estaba Uruguay, junto a Costa Rica, Malasia y Filipinas.

Pero en ningún momento se habló de una «lista negra», calificativo que no existe en la nomenclatura de la OCDE. Sin embargo, varios medios de prensa, tanto nacionales como extranjeros, insistieron en hacer referencia a dicho concepto «erróneo», inclusive se siguió manejando ayer el calificativo, aun más erróneo, de paraíso fiscal.

«Varios medios de prensa han señalado que Uruguay ha sido incluido en una denominada «lista negra» de la OCDE. El gobierno rechaza enfáticamente ese intento descalificativo de connotación discriminatoria, que nada tiene que ven con los criterios descriptivos aplicados por dicho órgano», aclaró ayer el Ministerio de Economía a través de un comunicado de prensa.

De todas maneras, la decisión del organismo internacional provocó la inmediata reacción del gobierno y particularmente del ministro de Economía y Finanzas, Alvaro García, quien se puso en contacto con el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, para conocer el por qué de la decisión de incluir a Uruguay entre los países no cooperantes, cuando el organismo dispone de información sobre el proceder de Uruguay, que determina su grado de compromiso con las normas internacionales. El ministro García recordó ayer, en conferencia de prensa, que en el marco de las acciones adoptadas para fortalecer el intercambio de información tributaria a nivel internacional, la OCDE está desarrollando un conjunto de acciones tendientes a impulsar ese proceso, que incluye una nueva forma de categorización de las distintas jurisdicciones, de acuerdo a su grado de cumplimiento en la materia.

En ese contexto, como informara ayer LA REPUBLICA, Uruguay comunicó formalmente el pasado lunes 30 de marzo a la OCDE «su firme compromiso al respecto, basado en la extensión de la red de tratados para evitar la doble imposición, y en la aplicación de los estándares de la OCDE sobre intercambio de información, particularmente contenidos en el artículo 26 del modelo del organismo de 2005».

Ante la inclusión de Uruguay en la categoría de «jurisdicción no comprometida con los estándares internacionales en materia de intercambio de información», que a juicio del gobierno «no refleja adecuadamente las prácticas y compromisos asumidos por Uruguay», es que Economía realizó gestiones a fin de superar, mediante las aclaraciones formales, los aspectos que pudieran haber ameritado la categorización».

Según García, dichas gestiones culminaron «exitosamente», por lo cual la OCDE terminó reconociendo en Uruguay «la condición de país comprometido con el cumplimiento de los estándares internacionales de intercambio de información. Tal comunicación determinará seguramente la ubicación de Uruguay en un estatus similar al de Chile».

A la vez, el gobierno reiteró su compromiso de «cumplir con los criterios de transparencia requeridos por las normas vigentes de acuerdo a los estándares más exigentes, compromiso cuya garantía fundamental está constituida por una línea de conducta largamente sostenida, que ha servido de base para la consolidación de un prestigio que nos distingue en el ámbito internacional».

García dijo que Uruguay tiene una conducta sostenida tendiente a ser un país serio y responsable que cumple los contratos, «porque necesita recibir inversiones para fortalecer su crecimiento económico».

Convenios con varios países

En ese sentido, Uruguay tiene tratados de promoción y protección de inversiones con diferentes países, los cuales implican acordar determinados criterios para que los uruguayos puedan invertir en esos países y viceversa. Por ello muchas veces esos tratados son reforzados con acuerdos para evitar la doble imposición, esto quiere decir que aquel inversor que es originario de un país e invierte en otro no pague dos veces impuestos.

«Evitar la doble imposición mantendrá al Uruguay como país transparente, con seriedad en su sistema político, los índices de corrupción y de libertad económica, puntos en los que Uruguay está muy bien posicionado», señaló.

Los ejemplos de acuerdos para evitar la doble imposición son los tratados firmados con Alemania y Hungría, pero con Portugal, España, México, Chile, e India aún son convenios que deben ser perfeccionados.

Con tales países, el Uruguay debe aplicar aún las normas de «intercambio de información» a las que se refiere al artículo 26 del tratado de OCDE, y eso es parte de los datos complementarios que el pasado jueves proporcionó García a Gurría.

Esto implica la «obligación mutua de los países signatarios de intercambiar información tributaria ante el requerimiento de la otra parte a nivel administrativo». Las administraciones tributarias del país signatario pueden pedir, a su par de otro país signatario, información con respecto a residentes en una u otra nación.

El secretario de Estado dijo que no podía adjudicar el error de la OCDE a una falla administrativa. Al ser consultado acerca de si esa inclusión en la nomina podía responder a un móvil político de algunas de las naciones participantes, por ejemplo Argentina, dijo no disponer de «elementos para afirmar eso».

Gestiones

La elaboración de las listas y las calificaciones de la OCDE tienen un componente técnico, pero también un alto grado de influencia política.

La OCDE, compuesta por 30 países desarrollados, maneja sus calificaciones y listas de una manera muy particular.

El gobierno uruguayo, en conocimiento de que existía la posibilidad de un manejo equivocado en la OCDE, inició gestiones hace varios días a nivel de Cancillería, del Ministerio de Economía y del propio embajador en Francia, Jorge Lepra. En ese marco se produce una llamada, hace pocos días, del ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, a un alto funcionario del gobierno para advertirle de la posibilidad de un pronunciamiento adverso de la OCDE.

Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a LA REPUBLICA, el funcionario que recibió la llamada le agradeció a De Posadas y le informó que ya estaban en conocimiento de la situación y que la Cancillería estaba trabajando.

El propio De Posadas reconoció ayer que al comunicarse con el Secretario General de la OCDE, éste le había confiado que la decisión era política, a pesar de la información que brindara Uruguay.

El gobierno uruguayo gestionó, habló y presentó la información en tiempo y forma; pero, según las fuentes, «lo que es más importante es que actuó seriamente y con responsabilidad en el terreno de la realidad, no sólo de las declaraciones».

Cabe recordar que Andorra, Suiza y Luxemburgo se apresuraron a emitir «declaraciones» para evitar ser «condenados» por la OCDE.

Fuente: Diario La República. http://www.larepublica.com.uy

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