El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) se ha dedicado durante más de 20 años consecutivos, al monitoreo del sistema carcelario y de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, desde la perspectiva de los derechos humanos. Ha difundido sus informes a las autoridades pertinentes  y a la opinión pública luego de cada visita a los centros de reclusión, así como la sistematización de los resultados, a través de nuestra publicación «Derechos Humanos en el Uruguay. Informe anual sobre la situación de los DDHH en el país».

En este sentido,  lo vertido por el Relator Especial contra la Tortura de la ONU Sr. Manfred Nowak, coincide con el diagnóstico realizado por SERPAJ y otras organizaciones de derechos humanos que hacen el seguimiento al sistema carcelario uruguayo.

La actual crisis del sistema es un fenómeno complejo y multicausal que necesita  una solución estructural que incluya reformas indispensables en los ámbitos judicial, legal, administrativo, institucional, presupuestal y de recursos humanos.

En este proceso, creemos fundamental la instrumentación de medidas urgentes que apunten al cese de las graves condiciones de reclusión que existen actualmente en los establecimientos penitenciarios, provocando que la población reclusa sea objeto de violaciones sistémicas a los derechos humanos.

El hacinamiento es sin lugar a dudas, una situación que debe solucionarse inmediatamente por lo cual coincidimos con la propuesta de redistribución de las personas detenidas a otros establecimientos.

Sin embargo, ante algunas alternativas mencionadas por las autoridades, que incluyen al ex Penal de Punta Rieles, expresamos:

Dicho establecimiento fue la emblemática prisión de mujeres (presas políticas) de la dictadura cívico-militar. Punta de Rieles –tal como el Penal de Libertad en el caso de los hombres- fue pensada como lugar de destrucción física y especialmente psíquica de las detenidas.

Al finalizar la dictadura, los/as ex presos/as políticos/as y la sociedad en su conjunto demandaron la eliminación de esos centros de reclusión para recuperarlos como símbolos del terrorismo de estado.

Una forma de consolidar las memorias democráticas es promover la transformación del ex Penal de Punta Rieles como espacio y lugar para la Memoria. El primer paso debería ser transformar el sitio que fue utilizado para la represión, el horror, la tortura, la muerte y la impunidad, en un lugar donde se trabaje y eduque para  la verdad, la justicia y la memoria.

Apelamos a que esta discusión contribuya a la construcción de una política de Estado de carácter integral para el sistema carcelario, expresa SERPAJ en comunicado emitido el miércoles 1º de abril.

Fuente: Agenda Radical.

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