16 Jul '09

Sociedad Uruguaya

Senadora Percovich y el Día Mundial de la Justicia Internacional

En la hora previa de la sesión del Senado, la legisladora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) se refirió a la fecha del 17 de Julio en la cual se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional.

“Sr. Presidente:

El 17 de julio se celebra el Día Mundial por la Justicia Internacional, fecha de aprobación del Tratado fundacional de la Corte Penal Internacional.

Efectivamente, en ese día en el año 1998, culminó un largo proceso de 50 años de aspiraciones de la comunidad mundial de tener un organismo permanente con la potestad de investigar y procesar a aquellos que cometan genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

De los aproximadamente 160 Estados que se reunieron en Roma con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas que completó y adoptó el Estatuto para la Corte Penal Internacional (comúnmente llamado Estatuto de Roma), 120 votaron apoyando la versión final del mismo.

Es por ello que la Corte nace con un poderoso consenso entre los Estados constituyendo así un suceso trascendental en el avance de las reglas de juego que nos damos en esta compleja civilización humana, tan cruzada por intereses económicos, políticos y, en definitiva, de lucha entre los espacios de poder.

La complejidad de los distintos intereses y sistemas legales que contribuyeron en el proceso desde que se tocó el tema por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se discutió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dan cuenta de un avance sustantivo en la conciencia de los pueblos en relación a sus responsabilidades nacionales e internacionales.

La CPI llena un vacío importante del sistema legal internacional ya que complementa el rol de la Corte Internacional de Justicia que sólo es competente en asuntos de responsabilidad estatal. Por otra parte, mientras se llegaba a este acuerdo, se fueron creando tribunales ad hoc establecidos por el Consejo de Seguridad (como los de  Yugoeslavia  y Ruanda) restringidos  a los crímenes cometidos dentro de un conflicto específico o por un régimen específico dentro de un período de tiempo específico.

El hecho de ser una institución fundamentada en un Tratado le da a la CPI una relación única con las Naciones Unidas, pues pasa a tener una autonomía que no tienen los tribunales ad hoc. Los Estados Parte del Estatuto de Roma tienen un papel importante en la dirección de la CPI.

La puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, con una interesante  composición de magistrados de todas las regiones del mundo y con una integración que contempla a hombres y mujeres, ha demostrado que la barbarie de los autoritarismos omnímodos que someten a sus pueblos a vejaciones de todo tipo, ya no son solo un problema de esas colectividades sino que nos involucran a todos y a todas en esta aventura planetaria de mejorar las condiciones civilizatorias.

El Estatuto de Roma crea un balance óptimo entre las prioridades discutidas por los Estados durante esos 50 años de proceso que señalábamos: la necesidad de la existencia de una Corte internacional independiente, apolítica y representativa; que pudiera funcionar eficiente y efectivamente para enjuiciar a aquellos responsables por los crímenes  más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto; el derecho de los Estados de enjuiciar de manera prioritaria estos crímenes si pueden y está dispuestos; brindar adecuada compensación y reparación a las víctimas de estos crímenes; los procedimientos adecuados para la protección de las personas acusadas y el papel del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

No puedo dejar de destacar algunos de los elementos del Estatuto de Roma que todavía son  motivo de discusión entre los legisladores y legisladoras uruguayos: la activa participación a las víctimas en todas las etapas del proceso, la protección a su seguridad, identidad y privacidad. Esta participación inclusiva refleja los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Principios Básicos de la Justicia para las Víctimas del Crimen y Abuso de Poder, que se redactaron para ser implementadas por los sistemas judiciales nacionales.

Los participantes en la Conferencia de Roma cuyo aniversario estoy recordando en esta intervención, fueron particularmente sensibles a la necesidad de señalar la cuestión de género en todos los aspectos de las funciones de la Corte. Son especialmente importantes e innovadoras las disposiciones respecto del enjuiciamiento de los crímenes de violencia sexual y de género que han constituido una constante en todas las guerras y que nunca habían sido visibilizados como una profunda afrenta a la dignidad humana.

En el 2005 se constituyó el Equipo de las OSC que realizan el seguimiento de la constitución y reglamentación del uso del Fondo para la reparación de las víctimas que se establece  en el artículo 79 del Estatuto.  Están considerando el Plan Estratégico elaborado en octubre del 2008 para la aplicación de esos fondos que el Secretariado les trasladara  en consulta.  

Esta forma de trabajo sumamente transparente que mantiene la Corte a través de los responsables regionales de la Coalición de personas y organizaciones que se mantiene unida en el seguimiento de la aplicación del Estatuto, es otra fortaleza importante del sistema que, en estos 11 años que evaluamos, refuerza el respaldo a las resoluciones que se van tomando.

El Uruguay, que participó activamente de las negociaciones que culminaron con la aprobación del Estatuto de Roma en 1958, que lo firmó en diciembre del 2000 y lo ratificó por ley 17.510 en junio del 2002, lo  implementó en su orden jurídico interno por ley 18.026 en octubre del 2006, aprovechando para  cumplir con las obligaciones legislativas  algo retrasadas del derecho internacional humanitario suscrito por nuestro país y que es el relativo a los crímenes de guerra.

Nos congratulamos pues de la celebración de estos once años de un proceso que seguirá afinando y produciendo avances en la conciencia universal de las responsabilidades que nuestra humanidad enfrenta en torno a la dignidad de los pueblos y de las personas que lo integran.

Senadora Margarita Percovich.

Despacho de la Senadora Margarita Percovich.

Palacio Legislativo – Avda. de las Leyes s/n.

Telefax: 924 7645 – 203 6099.

mpercovich@parlamento.gub.uy

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