5 Mar '11

Sociedad Uruguaya

Bordaberry acusó de “arbitrario y antijurídico” decisión del gobierno que afecta salarios de miembros del TC, SCJ y Corte Electoral

En su columna titulada “Arbitrario” el senador coloreado Pedro Bordaberry cuestiona al gobierno por su interpretación de la norma que afecta salarios de miembros del TC, SCJ y Corte Electoral.

“Hace muchos años en Postdam, un pueblo de la Prusia de Federico II, vivía un molinero de nombre Johan Arnold. Este era propietario de un molino que funcionaba por la corriente de un arroyo que cruzaba su propiedad.

Un día el vecino aguas arriba de Arnold, para desarrollar un vivero, desvío el curso de agua dejando al pobre molinero sin agua y sin posibilidad de hacer funcionar su molino.

Arnold le hizo un juicio. Pero en el sistema legal prusiano no estaba previsto el abuso de derecho por lo que el Juez de primera instancia rechazó su pretensión. Los Tribunales superiores a los que acudió después confirmaron que Arnold no tenía derecho a pedir que el vecino restituyera el curso de agua porque este podía dar a lo que le pertenecía el uso que quisiera.

Como al molinero le iba la vida, terminó yendo a ver al monarca y le planteó a este el problema. Federico II se horrorizó con lo que habían hecho los jueces, mandó por si y ante sí restituir el arroyo a su cauce original y metió presos a los Magistrados que habían dictado esa sentencia.

Este hecho es citado por Recasens Siches en su Tratado General de Filosofía del Derecho (Ed. Porrua, Méjico, 1986) para explicar la diferencia entre el mandato jurídico y el arbitrario. El jurídico, propio del Estado de Derecho que rige en nuestro país, responde a una norma preestablecida. El arbitrario no responde a ello sino a un porque sí, dictándose al margen de la norma.

El mandato que emitió Federico II pudo haber sido justo pero fue arbitrario y no jurídico. Si la ley establecía que el vecino podía desviar el arroyo, lo que el monarca tendría que haber hecho es modificar la ley. No podía pasar por encima de ella y menos aún meter presos a los Jueces que aplicaron lo que era la legislación vigente.

Resulta obvia la necesidad de que los mandatos sean jurídicos y no arbitrarios puesto que de lo contrario el jerarca de turno podría decidir lo que quiera y eso llevaría al caos, además de afectar los derechos de los ciudadanos.

En nuestro país las leyes las aprueba el Poder Legislativo, en algunas ocasiones a propuesta del Poder Ejecutivo. La independencia de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial (que interpreta y aplica las normas al caso concreto cuando le es requerido) es la base de nuestro sistema constitucional.

Ello garantiza que los mandatos que se emiten sean jurídicos y no arbitrarios de quienes ejercen el poder.

Esta semana que termina el gobierno del Frente Amplio emitió un mandato arbitrario, violando la Constitución y pasando por encima del Poder Legislativo. Además, al hacerlo, mantiene una indebida presión sobre quienes ocupan los cargos de Ministros del Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia y la Corte Electoral. Organismos que son independientes y que deben muchas veces fallar en casos en los que el Poder Ejecutivo está involucrado, juzgándolo.

La ley de Presupuesto Nacional estableció un aumento de los salarios de los Ministros que integran el Poder Ejecutivo. Los integrantes del Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte y la Corte Electoral tienen sus salarios regulados en un porcentaje del de los Ministros de Estado.

Por ende, el aumento también les alcanzó.

Pues bien, pese a que la norma es clara el Poder Ejecutivo acaba de decir que “no interpreta que la norma alcanza a quienes no son Ministros de Estado” y además anunció el envío de una minuta de aclaración al Poder Legislativo.

Doble error. O triple. En primer lugar no es el Poder Ejecutivo quien tiene que interpretar esto puesto que la Suprema Corte, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas no están ni pueden estar tutelados por ese Poder del Estado. En segundo esto no se puede arreglar con una minuta puesto que eso se da cuando en el Presupuesto hay errores u omisiones numéricas o formales. En este caso se trata de una norma legal aprobada por el Parlamento que no puede ser modificada de esa forma.

En tercer lugar – y lo más grave – es que esto es una injerencia en la independencia y voluntad de los organismos mencionados. Una presión indebida.

Si el Poder Ejecutivo no esta de acuerdo con lo que aprobó el Poder Legislativo tendría que haber vetado la norma o promover su derogación. Pero no decidir por si y ante si. Eso es arbitrario y antijurídico.

Además de injusto que beneficie a los Ministros y Subsecretarios (a los que el MPP les retiene gran parte de sus salarios para financiar el sector) lo increíble es que de esa forma afecta las retribuciones de los miembros de los Organismos que lo controlan. Es de esperar que la motivación no sea la gran cantidad de observaciones que ya le ha hecho el Tribunal de Cuentas al gobierno de José Mujica en su primer año de gestión.

Pero sobre todo es de esperar que recapacite y que no proceda como Federico II en el caso de Johan Arnold, el molinero de Postdam cuyo caso pasó a la posteridad como una muestra de mandato arbitrario”.

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