23 Ene '12

Sociedad Uruguaya

Diputado Bianchi: “Ahora ya es tarde”

Compartimos la opinión del diputado colorado Daniel Bianchi en el Semanario El Municipio de Carmelo
en referencia al proyecto de patente única de rodados y a la intervención del intendente de Colonia, Walter Zimmer en este tema.
Tarde, demasiado tarde, tuvo lugar la intervención del Intendente de Colonia para intentar frenar la entrada en vigencia del sistema unificado de Patente de Rodados.
En efecto, el jueves 12, el jefe comunal solicitó al Congreso Nacional de Intendentes (CNI) que postergara el cobro de la patente unificada para los vehículos usados durante un lapso de seis meses, a fin de continuar estudiando los valores a cobrar y evitar injusticias tributarias.
La tentativa fue presentada por Walter Zimmer al comprobarse, una vez más, que en los valores incluidos en el nuevo Listado de Aforo Vehicular elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y convalidado por la Comisión de Aforos de aquel organismo, se constataron serias disparidades.
Así, su intención era que se estableciera el cobro manteniendo los valores del año 2011 más el aumento por Índice de Precios al Consumo (IPC), que para el año recientemente finalizado se ubicó en el 8,60%.
En efecto, según el análisis que realizó el Departamento de Hacienda de la Intendencia de Colonia (IDC) sobre los valores del Sistema Único de Cobro de los Ingresos Vehiculares (SUCIVE) hay casos en los que se supera largamente el tope de incremento oportunamente acordado, que se había fijado en 120%.
Pero, como si ello fuera poco, se constataron serias iniquidades en varios casos, por ejemplo, en los que se cobran valores más altos a automóviles usados que a nuevos, de igual marca y modelo.
No obstante, el CNI ni siquiera llegó a votar la propuesta del intendente coloniense y, de tal suerte, la iniciativa fracasó.
Y es que, como dice el viejo refrán, “después de ahogado el niño, María tapó el pozo”. El momento para solicitar la suspensión del cobro no era ahora, cuando ya todo estaba debatido y aprobado, y la ley -que seguramente será recurrida por muchísimos vecinos debido a su inconstitucionalidad- ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico. Lo correcto hubiera sido que se intentara atemperar las gruesas desigualdades tributarias durante el discurrir de las negociaciones, cuyo origen data de octubre de 2010.
Había tiempo más que suficiente.
Como se recordará, el primer anuncio de que el Poder Ejecutivo intentaría elaborar una propuesta que finalizara con la denominada “guerra de patentes”, tuvo lugar en marzo de 2011, y fue realizado por el propio Presidente de la República, José Mujica, el padre de la criatura.
Muchos, ya en aquel entonces, advertimos que hacerlo a través de una ley significaba violar la Constitución de la República, como así también que la elaboración y ejecución de la idea implicaría numerosas arbitrariedades, en el entendido que este proyecto lejos estaba de tener como finalidad el altruista objetivo de finalizar con un problema de larga data, sino que lo que buscaba era -entre otros fines- que el resto de los departamentos subsidiara, puntualmente, a las Intendencias de Montevideo y Canelones, las dos de mayor déficit y peor administradas.
Las advertencias se sucedieron desde distintos sectores de la población, y no todos ellos políticos. La doctrina -es decir, los abogados constitucionalistas- coincidió a la hora de señalar la inconstitucionalidad de la ley.
Pero no se hizo caso; se continuó adelante.
Cuando se conocieron los montos finales, las sorpresas fueron mayúsculas, en especial para los colonienses: autos más nuevos que pagan más patente que similar marca y modelo pero de años anteriores, autos ubicados en una franja de siete años que pagan igual (por ejemplo, de 1996 con 2003), y otras irregularidades.
Seamos sensatos: no puede valer la patente de un automóvil de 1996, lo mismo que la del mismo auto pero del año 2003. Lo indica el sentido común, porque hay una depreciación de siete años en el valor del vehiculo.
Pero si hay algo que le ha faltado al actual Gobierno Nacional, es precisamente sentido común.
Las sorpresas, con todo, no terminan allí. Ahora el Gobierno Nacional admitió que deberá aportar una cifra muy superior a la prevista para que pueda implementarse la patente única. En efecto, en lugar de los 30 millones de dólares que originalmente debía destinar por vía de Rentas Generales en 2012  para garantizar a las intendencias la recaudación que obtuvieron en 2010, deberá destinar 50 millones de la divisa estadounidense.
Más y mayor injusticia.
Se ha señalado que, para intendencias como la de Colonia, el acuerdo tendrá elevados costos políticos. No lo sabemos; eso lo confirmará la ciudadanía oportunamente por la vía correspondiente.
Pero una cosa es irrefutable: tendrá elevados costos económicos para los contribuyentes.
Y eso no le gusta a nadie.
Fuente: Semanario «EL MUNICIPIO», de Carmelo – Viernes 20.01.2012.

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