16 Feb '12

Sociedad Uruguaya

Mieres: U$S 140 millones ¿sobran o faltan?

En el partido de gobierno y en diversas esferas gubernamentales se ha instalado un debate sobre qué destino tendrán U$ 140 millones de dólares que, según la cuenta del MEF, han quedado por encima del déficit fiscal proyectado para el año 2011.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que estos 140 millones de dólares no sobran, ni constituyen un superávit del Estado. Por el contrario, estos 140 millones que el Estado uruguayo ingresó, por concepto de una mejor recaudación, por encima del déficit fiscal proyectado, indica que el resultado final disminuya el déficit en tres décimas. Es decir que, en vez de que el déficit, al final del ejercicio, se ubique en el 1.1% del PBI, se ha situado en el 0.8%.

“En buen romance”, el resultado final sigue siendo deficitario, aunque por debajo de las cifras proyectadas por el gobierno. No debe olvidarse que este resultado, menos deficitario de lo esperado, se produce en un momento espectacular de nuestra economía, sin embargo, aun en tal contexto, el Estado continúa exhibiendo cifras deficitarias.

Es entonces que surge el dilema sobre el destino de los 140 millones de dólares. Algunos especialistas reclaman que, en la medida que el resultado sigue siendo deficitario, estos montos se destinen a generar un ahorro de recursos que permita dar a la administración un desahogo mediante la creación de “fondos de contingencia”, actuando en forma anticíclica.

El gobierno ya ha manifestado que no hará tal cosa y que utilizará esa cantidad para aumentar el gasto proyectado anteriormente. Dejamos, nuevamente, la constancia de que la puesta en práctica de una política anticíclica en tiempos de expansión sigue siendo una “asignatura pendiente” en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. La consigna dominante en la conducción económica del gobierno sigue siendo: “tanto tengo, tanto gasto; todo lo que crezco me lo gasto”, sin tomar en consideración la necesidad de hacer las previsiones financieras y económicas correspondientes, para afrontar en mejores condiciones un eventual cambio de las condiciones positivas del escenario económico.

Pero la decisión del gobierno ya ha sido expresada y, entonces, la discusión se dirige inmediatamente a la “pugna” por los mencionados recursos entre las diferentes reparticiones del Estado. El MIDES reclama 100 millones, Defensa también reclama una parte de esos recursos y otros sostienen que el destino debe ser AFE.

Preocupa mucho que el MIDES solicite más recursos para seguir profundizando una línea asistencialista, que no ha construido un sistema de contrapartidas y condicionalidades que permitan promover o favorecer un auténtico proceso de integración social de sus beneficiarios. El enfoque asistencialista fundado en prestaciones pecuniarias o en especie, sin ningún tipo de contraprestación, es muy cuestionable y su demanda por mayores recursos genera una enorme preocupación.

Por el contrario, si se insiste en convertir el ahorro generado en nuevo gasto público, nos permitimos señalar que hay algunas prioridades insoslayables que están directamente vinculadas al modelo de país que se quiere construir.

Si queremos mejorar las condiciones de dignidad en que vive un importante número de uruguayos, debemos ser capaces de erradicar la situación horrenda, inhumana e indigna en que viven casi todos los ciudadanos que están institucionalizados en el Estado. En efecto, las cárceles, los hospitales psiquiátricos y las residencias para personas no válidas que administra el Estado uruguayo muestran la peor cara de nuestra institucionalidad pública.

Es inadmisible que un país que figura en la categoría de “desarrollo medio-alto” presente la escandalosa situación de nuestras cárceles, hospitales y hospitales psiquiátricos. No solo tenemos que hacer una inversión importante para generar las condiciones mínimas de dignidad para la reclusión de los menores infractores; también debemos ser capaces de alojar a nuestros enfermos psiquiátricos y de menores ingresos en instituciones que los alojen en condiciones mínimas de dignidad y decoro.

Hace muchos años que nuestro país asiste pasivamente al creciente deterioro de su capacidad de atender a los ciudadanos que quedan bajo su cuidado (presos, enfermos, discapacitados y menores). Hace demasiado tiempo que aceptamos sin discutir que nuestras cárceles, hospitales y sanatorios psiquiátricos se conviertan en verdaderos infiernos indescriptibles.

No podemos seguir aceptando pasivamente que se señale a nuestro país como uno de los peores en el mundo para el trato de sus presos. No podemos seguir viendo cómo los pacientes de un hospital público desaparecen sin que ello represente un llamado de atención y aparezcan fallecidos un par de días después en un patio del hospital.

Estas también son políticas sociales y también definen el grado de “humanidad” de una administración. Seguramente tendrán menor rédito político inmediato, pero dicen mucho sobre el tipo de desarrollo social que queremos impulsar. Seguir promoviendo programas asistencialistas fundados en el otorgamiento de beneficios pecuniarios incondicionados o transformar con determinación ciertas realidades oprobiosas que no son dignas de un país civilizado.

La opción en este sentido, además, también está vinculada a la capacidad de recrear nuevas condiciones de integración de nuestra sociedad, que es, además, un fundamento básico para recuperar la seguridad pública reclamada.

Fuente: www.partidoindependiente.org.uy

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