Compartimos la opinión del diputado José Carlos Mahía (Frente Amplio) y su reflexión sobre Pluna.

“En estas horas el Parlamento esta analizando el proyecto de ley que aborda la situación de Pluna S.A., que como todos saben es hoy una empresa quebrada, liquidada.

Esa es la realidad, no podemos decir otra cosa, pero esta no es una historia que tiene dos días, para entender lo que sucede hay que ir bastante tiempo atrás.

En primer lugar Pluna ente autónomo como empresa nacional que estaba al frente de la navegación aérea ya murió hace mucho tiempo, no existe como tal desde 1996 a la fecha por lo que no se trata entonces de UNA EMPRESA PÚBLICA sino de una empresa privada.

En esta empresa privada – Pluna S.A.- el Estado desde esa fecha es minoría, lo fue primero con Varig y luego a partir de 2007 con Leadgate, en un caso con un 49% y en otro un 25%. Y tanto en la etapa estatal como en esta mixta minoritaria la sociedad uruguaya ha transferido fondos sin solución de continuidad.

Pero se trata de por un lado explicar como llegamos hasta esta situación hoy y lo que es más importante cuál es el camino hacia adelante.

En 2007 la empresa Pluna S.A. estaba no sólo fundida, estaba recontra fundida: le quedaban casi dos aviones, viajaban unas 73 mil personas y nadie quería invertir un peso, con el agravante de haber hecho un calamitoso acuerdo con Varig en el cual el Estado puso el 95% de los recursos de esa nueva empresa.

Qué tiene ver la asociación de Pluna con Varig con lo que sucede hoy en Pluna S.A.: mucho, muchísimo.

La implosión de esa empresa aérea y sus colaterales generó en Brasil un juicio con sus trabajadores, hubo en todo ese proceso desde 2007 a la fecha hay una larga historia que tiene su último capítulo el 22 de junio de este año con un juicio de dos trabajadores brasileños contra Pluna S.A. por cerca de 1:500.000 dólares.

Y estudios jurídicos a los que el gobierno accedió alertaron la posibilidad de llegar a un jucio en contra de los intereses del Estado por 3500 millones de dólares.

Y a eso hay que agregarle también hay que los socios privados de Pluna S.A. no estaban dispuestos a capitalizar la empresa y por lo tanto el único camino era uno sólo: barajar y dar de nuevo.

En síntesis: una situación de insolvencia y además la amenaza de un juicio en el horizonte cercano precipitaron los hechos.

Y la respuesta del gobierno en el proyecto de ley es en primer lugar darle al Uruguay nuevamente conectividad, proteger los bienes del Estado, las fuentes laborales de los trabajadores y el legítimo derecho de los acreedores a cobrar.

Se ha dicho: le pagaron a Campiani y postergaron a los trabajadores.

Totalmente falso: a Campiani lo despide Pluna S.A. (con mayoría privada) y cobra antes que asuman las actuales autoridades el control de la empresa. No lo despide el gobierno.

Se ha dicho que no hubo controles de los representantes de la minoría del Estado.

Nuevamente falso: se controló con todos los instrumentos jurídicos disponibles tramitandose medidas cautelares ante el Poder Judicial, se opusieron a la contratación de asesores y al incremento del gasto entre otras acciones.

Se ha dicho: se posterga a los trabajadores.

Otra falsedad: por el contrario la ley en tres artículos asegura el cobro a los trabajadores como no ha sucedido con otras empresas privadas que a lo largo de los años se han fundido y sus trabajadores no fueron atendidos por una ley específica alguna.

Y la dejamos por ahí en la larga diatriba de falsedades.

Todos sabemos que el único objetivo de la derecha y algunos medios es castigar a las figuras más destacadas del Frente Amplio: Danilo Astori, Tabaré Vázquez, José Mujica y otros valiosos compañeros.

Lo demás es pura chachara.

El camino: ir a la subasta pública – con total transparencia – para recuperar la conectividad con una empresa con bandera nacional que se haga cargo de las frecuencias hoy existentes, de gran parte de sus trabajadores calificados, con seguridades jurídicas y con garantías del debido proceso.

Sólo quedan dos caminos caminos descartados, uno por inviable, el de la estatización de la Empresa, otro además por inconveniente, el de no tener bandera nacional como Paraguay que hoy pena para que Asunción sea destino de empresas aeronavales extranjeras.

Eso es también renovación ideológica: un nuevo rol del Estado, un Estado en algunas áreas con un rol regulador como ya ejerce por ejemplo en el transporte público interno, un Estado no prescindente como quiere la derecha uruguaya.

Podemos iniciar un rumbo nuevo, que busque superar el proteccionismo argentino y se inserte en primer lugar en la región y luego en conexión con otros destinos en el mundo.

El recuperar la conectividad es estratégico tanto para el Uruguay logístico como para el Uruguay turístico, en ambos casos se trata de trabajo para miles y miles de uruguayos.

Ni más ni menos”.