Compartimos un resumen de la participación del Senador Jorge Larrañaga en el Seminario de la Cámara Inmobiliaria de Colonia del Sacramento.

«El futuro del sector inmobiliario depende en buena medida de la ratificación o no del acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina.

El país tiene que tener rumbo, saber adónde se va. Yo no estoy de acuerdo con este tratado. No voto el acuerdo tributario con Argentina; sería de los peores errores estratégicos que el país puede cometer.

No lo voto por tres motivos: por principios, por desconfianza y por prudencia.

Sí queremos ser un País de primera lo que tenemos que hacer no es hacer mandados, hay que ser serios.

Un país es serio por su respeto al Estado de Derecho, por la calidad de sus Instituciones, por la educación que ofrece, y por los valores democráticos y sociales que la definen.

No pienso caer en la vulgaridad de asumir que los que invierten en Uruguay lo hacen en base a evasión fiscal. Eso sería faltarle el respeto a los inversores cuyos proyectos se traducen en trabajo para los uruguayos.

En segundo lugar, no votaré este tratado porque el actual gobierno argentino encabezado por Cristina Fernández no brinda garantías de confianza. Con esto no me refiero a Argentina como Nación ni a los argentinos, me refiero al gobierno de Cristina Kirchner que se ha caracterizado por implementar cualquier tipo de medidas intromisivas.

Desde octubre de 2011 son 25 las medidas de cepo cambiario que el país aplicó para evitar la salida de divisas, afectando progresivamente la obtención de moneda extranjera en varios niveles. Esto va a golpear al turismo. A Uruguay vienen alrededor de 2.960.155 visitantes, 10% de los cuales eligen a Colonia como destino. En promedio aquí en Colonia gastan 95 dólares por día.

Estas 25 medidas se suman a las restricciones al comercio exterior. Las exportaciones hacia Argentina cayeron en los últimos doce meses 7%. Hoy ascienden a 544 millones de dólares.

 

En estas condiciones no se puede acordar

El gobierno argentino no va a respetar en lo más mínimo las cláusulas de salvaguarda ni de no retroactividad, y no hay garantía alguna de que no persiga de cualquier manera a los argentinos que han invertido en nuestro país. A un gobierno que no garantiza el respeto a la ley no se le puede facilitar un instrumento de este tipo.

En tercer lugar, no votaré este acuerdo por prudencia. Analicemos por un instante el mundo económico y las perspectivas para Uruguay. Será sencillo concluir en que no es tiempo para improvisar ni para innovar.

La economía uruguaya comienza a mostrar síntomas de desaceleración. No es para ser dramáticos ni nada por el estilo. Al menos por ahora.

A nivel regional la crisis también se ha sentido, Brasil, México y Argentina cayeron en sus niveles de crecimiento pasando de 7,5%, 5,6%, 9,2% en 2010, esperándose para 2012 tasas de 2%, 4%, 1% respectivamente.

La obtención por parte de Uruguay del grado inversor, las tasas de interés de referencia –alta por inflación-, y los controles que otros emergentes han impuesto al ingreso de capitales especulativos hacen de nuestro país un lugar más que atractivo. Con esto hay que tener cuidado.

También se abre una oportunidad para el ingreso de capitales bajo la forma de inversión directa o bien financiamiento para el desarrollo. Esa es una oportunidad para ser aprovechada por el instrumento de la participación público privada como dinamizador de la construcción. Tengamos presente que la Inversión Directa en 2011 ascendió a 2.614 millones de dólares, de los cuáles el sector construcción captó casi el 30%.

Las objeciones al Tratado no son jurídicas, son políticas y de oportunidad…

Alguien tiene duda que no respetarán el tratado, que no van a usar la información contra sus adversarios, o retroactivamente, Por más obstáculos jurídicos que se pongan.

ARGENTINA HOY NO BRINDA GARANTIAS JURIDICAS, Y ESE PROBLEMA NO LO PODEMOS IMPORTAR MEDIANTE ESTE TRATADO

En el último tiempo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina denunció varios tratados para evitar la doble tributación con Chile, España y México, por considerar que empresas radicadas en la Argentina los usan para maniobras de elusión fiscal en los Impuestos a las Ganancias y en Bienes Personales.

¿Por qué hace dos años que la Fincen, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que maneja información financiera sobre operaciones “sospechosas” no colabora con la unidad antilavado de Argentina?

Es por temor a que usen la información con fines políticos, como lo hicieron con De Narvaez en 2009.

Las propias autoridades reconocieron la filtración, aunque no saben si ocurrió en la unidad de información financiera –Uif- o a través de la Side -la Secretaría de Inteligencia.

No podemos ser omisos en la defensa del interés nacional.

Exigimos al gobierno FIRMEZA y sentido de Republica. Los partidos políticos son la República entera. Con la Republica entera nadie puede».

(Jorge Larrañaga es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, donde está en consideración el Tratado de Intercambio de Información Tributaria entre Uruguay y Argentina).