Compartimos la columna de la edila colorada por Montevideo, Consuelo Pérez, titulada “Las contradicciones del oficialismo”.

Mientras el gobierno resuelve experimentar un plan para mejorar la convivencia en diversas zonas de Montevideo y Canelones, la Intendencia de Montevideo actúa en contrario, imponiendo a los vecinos soluciones que están en las antípodas del primero.

En efecto, el gobierno firmó siete convenios con las comunas de Montevideo y Canelones, y con la participación de estatales y privados intentará desarrollar el llamado Plan Siete Zonas, que supone la mejora de la infraestructura urbana en cinco barrios de Montevideo y tres de Canelones.

Cantera del Zorro, Marconi, Santa Teresa, Chacarita de los Padres, Vista Linda y Obelisco, en Las Piedras, y Villa Manuela en Barros Blancos serán el objetivo del plan.

Se trabajará también en la intensificación de la seguridad mediante patrullaje, apoyado por la Policía Comunitaria, y se trabajará en los aspectos sociales.

Se pretende potenciar la convivencia con la construcción de centros cívicos, plazas de uso comunitario y complejos deportivos.

El costo del emprendimiento será de 34 millones de dólares, y beneficiará a unas 32.000 personas.

Se apoyará la experiencia en institutos como los CAIF, de fundamental aporte a la sociedad desde su creación en 1988, para atención de la infancia y su familia.

Es de esperar y anhelar que la costosa experiencia piloto dé resultados positivos, y se logre la convivencia, el mejoramiento de las relaciones entre vecinos y el fortalecimiento social en los barrios mencionados.

Ciertamente, desconocemos la forma en que se implementarán los planes de educación cívica que suponemos están previstos, y sin los cuales no se avizora un futuro prometedor.

El deterioro en la vida de los barrios de Montevideo ha sido gradual y sostenido durante décadas, y esto vale para todos, no sólo para los más carenciados.

La convivencia se ha ido tornando problemática, y se ha hecho hasta riesgoso el usufructo de los espacios comunitarios.

Por eso es que la primera reflexión que nos sobreviene, es que el resto de los ciudadanos de la ciudad, que pagan sus impuestos y ven desde hace mucho relegadas las condiciones urbanas, sociales y de seguridad que se potenciarán en estos barrios, querrán recordar a la comuna, y al gobierno, que ellos también existen, por más que no estén en situación de crisis extrema. Y que tiene problemas de infraestructura, de limpieza y de seguridad. Y que no tienen patrullajes para generar “vías seguras”.

Éste es sólo un aspecto, que tiene que ver con el cumplimiento de las partes, en el “contrato” que hace que paguemos nuestros impuestos para recibir servicios a cambio.

Pero hay otro asunto realmente incomprensible y contradictorio entre lo actuado o resuelto por el gobierno, y la actitud de la Intendencia de Montevideo:

Ya hemos analizado en nota anterior, la forma en que la I.M. desafectó un predio utilizado por los vecinos de Las Duranas para realojar un asentamiento.

Los vecinos rechazaron la idea, no por compartir su barrio con los nuevos moradores como se argumentó desde la I.M. Rechazaron el hecho de no haber sido nunca consultados, se mostraron enojados porque no se les permitió dialogar, y fueron despojados de un espacio cultural mantenido por ellos mismos. La democracia no existió para con ellos, pues no tuvieron ni voz ni voto.

¡Y se les quitó un espacio en funcionamiento, como los que ahora se pretende construir en el plan 7 zonas!

En esta semana, la Junta Departamental volvió a actuar, y a los vecinos de Villa Teresa, los despojaron de un predio delimitado por las calles Isidro Pérez de Roxas, José de la Sierra, Tomás González Padrón y Juan Alonso Castellano, usufructuado como plaza y centro de actividades, para ser utilizado por la Cooperativa de Viviendas COVIESPE para la construcción de sus viviendas.

La plaza de Deportes Nº 14, centro del barrio en todas sus acepciones, dejará de existir.

Ciertamente, aplaudimos que la Cooperativa haya logrado al fin su predio, por el cual trabaja desde el año 2007, pero no se entiende que el sitio elegido sea una plaza con actividades sociales y deportivas, centro neurálgico de la actividad social del barrio, mantenida por los vecinos, dispuestos a encadenarse si la perdían, aspecto que ya se resolvió.

La Junta Departamental desafectó el predio, ignorando a los vecinos.

¡Se desarticula y elimina una plaza, como las que se van a construir en el Plan 7 zonas, suprimiendo el servicio a la comunidad!

Difícilmente Olesker pueda explicar el “criterio”, cuando en el marco del nuevo plan manifestó que “De nada sirve cuadruplicar los equipos sociales en el territorio si no hay una modificación en la trama urbana, que genere equipamiento social, espacios urbanos y de convivencia, que hagan posible la movilidad urbana “

Es inexplicable que en Las Duranas y en Villa Teresa los espacios de referencia mencionados por el ministro, ya implementados y en uso activo, sean desmantelados y avasallados sus usuarios.

En principio no compartimos la tesis de que este “Plan 7 zonas” viene a dar un auxilio del gobierno a la comuna canaria y, particularmente a la de Montevideo, que se ha agotado y fracasado en su gestión.

La actitud y decisiones mencionadas, dicen lo contrario”.