Intenso debate parlamentario sobre recibimiento en Uruguay de presos de Guantánamo
2 Abr '14

Sociedad Uruguaya

Intenso debate parlamentario sobre recibimiento en Uruguay de presos de Guantánamo

El pasado 28 de marzo, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes a instancias del legislador nacionalista Luis Lacalle Pou recibió a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores encabezadas por Luis Almagro, a los efectos de escuchar la postura del gobierno sobre la posibilidad de recibir como refugiados a seis reclusos que se encuentran en la cárcel de Guantánamo.

A continuación, Sociedad Uruguaya comparte algunas de las posturas de los participantes.

Lacalle Pou consultó: “Ahora, si vienen a Uruguay, ¿en qué condición lo hacen? ¿Cuál sería su libertad de movimiento, para traspasar la frontera? ¿En qué situación estarían ante un eventual pedido de extradición de un tercer Estado? ¿Cuál es la base jurídica que utilizará el Gobierno para permitir el ingreso de estos ciudadanos a nuestro país y qué régimen deberían cumplir?

Seguidamente diré algo que no es una suspicacia, sino simplemente conocimiento del modus operandi de algunos países. La mayoría de estas personas que fueron liberadas, son monitoreadas. En ese sentido, ¿quién monitoreará a estas personas para saber si se comunican con las células que, según lo que se dice, tienen cercanías? ¿La inteligencia nacional está preparada para monitorear a estos ciudadanos veinticuatro horas al día, los trescientos sesenta y cinco días del año? ¿No preocupa al Gobierno la interferencia o la acción de distintas inteligencias del mundo ante la alarma que provoque esta situación? Son abundantes las dudas que tenemos y que esperamos que el Gobierno aclare, porque a partir de sus respuestas si son satisfactorias, si convencen , tomaremos una posición final con respecto a este tema, dado que los que aspiramos a ser gobierno debemos tratar este tipo de situaciones con la mayor de las responsabilidades. Debemos entender que se ha generado alarma pública en torno a esta situación y que más allá de nuestra posición negativa o afirmativa con respecto a la recepción de esta gente, tiene que ser clara y contundente, y debemos poder explicarla en todos lados”.

Por su parte, el Ministro Luis Almagro contestó: “En referencia a la posibilidad concreta de reasentar a estas seis personas en Uruguay bajo medidas de protección complementaria se considera que podrían ingresar también como inmigrantes regulares en las condiciones establecidas por la ley nacional y ampararse en el artículo 44 de la ley de migración que reza: «Asimismo, se podrá autorizar el ingreso condicional al país de las personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales».

En el mismo sentido, el artículo 83 de la ley de migración agrega: «Las disposiciones de la presente ley en lo que refiere a la admisión, ingreso y permanencia de las personas extranjeras al territorio nacional, deberán interpretarse y aplicarse de modo compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos […]» y con el Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, con estas disposiciones también se podría recibir amparar e incluso exceptuar en el cumplimiento de algunos de los requisitos regulares a las personas detenidas en Guantánamo que viajarán a Uruguay.

En tal sentido, el Estado uruguayo tiene elementos tanto dentro de su legislación interna como en el marco de los Convenios internacionales de los que es parte para establecer un mecanismo complementario de protección absolutamente amparado en el Derecho que permita recibir adecuadamente a estas personas.

Señor Presidente: el Gobierno del que formo parte no permitirá jamás que entren a nuestro país individuos que presenten un riesgo para la seguridad nacional. El Gobierno de los Estados Unidos hizo llegar la solicitud de cooperación para el reasentamiento de los detenidos junto a la nómina de posibles candidatos. Las autoridades nacionales competentes en la materia evaluarán esa nómina a la luz de la documentación disponible y se asesoraron con servicios de otros países y de otros gobiernos. A partir de esa evaluación, se hizo una selección de aquellos que se consideraban elegibles y se concretó una entrevista personal en el centro de detención. Durante el transcurso de la entrevista, los candidatos expresaron su voluntad de recibir refugio una vez que estuvieran en nuestro país. A raíz de esa solicitud es que nuestro país propone la concreción de un acuerdo que permita llegar a esas personas a la República.

En tal sentido, afirmamos, con propiedad, que se recabó toda la información disponible y fue evaluado, con extremo detenimiento, por parte de los servicios técnicos correspondientes el historial de cada una de las seis personas que Estados Unidos pide que recibamos en nuestro país. En ninguno de los casos se ha comprobado riesgo alguno desde ningún punto de vista. No se trata de terroristas, ni siquiera de delincuentes comunes y, por lo tanto, no revestirían riesgo para nuestra sociedad. El mecanismo por el cual se concretaría su traslado está siendo objeto de conversaciones entre los dos países. Considero inoportuno brindar mayor información sobre estas personas, teniendo en cuenta que pueden llegar a constituirse en refugiadas y que, definitivamente, no quiero para mí ni para ninguno de ustedes la pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Considero que la enorme exposición mediática que ha tenido el caso cuando las negociaciones estaban en curso, cuando eran incipientes, ha alterado un poco los cronogramas de negociación, para atender las responsabilidades de información pública que surgieron a partir de entonces. Pido a los legisladores que reciban positivamente esta iniciativa y la evalúen como una contribución más de nuestro país a la reinserción de personas en situación desesperada y en beneficio del interés más alto que puede tener la República en el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos.

Quisiera incluir en este informe un párrafo de una carta de un líder político de nuestro país referido a la protección internacional y el refugio, que señala: «La policía Argentina ha ido a buscarme a mi casa hace unas pocas horas. Hace ya varias noches que no duermo en ella y, como le dije, buscaré ahora el amparo de la Embajada de un país cuyo Gobierno se respete a sí mismo y por ello respete y ampare la vida humana.- Cuando llegue la hora de su propio exilio que llegará, no lo dude General Videla , si busca refugio en el Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni afecto, pero le otorgaremos la protección que usted no dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando.- Wilson Ferreira Aldunate, Senador de la República Oriental del Uruguay».

No vamos a ser carceleros de estas personas. Los compromisos que asuman con nosotros serán voluntarios. No los cambiamos por los cubanos presos en Estados Unidos. Las dos posiciones de Uruguay con respecto a Guantánamo y a los presos en Estados Unidos son muy anteriores, y la solución humanitaria que se pueda alcanzar en cada caso siempre va a ser promovida por el Gobierno del Uruguay. Estamos negociando diplomáticamente con Estados Unidos. Esto no aparece en ninguna de las condiciones sobre las que estamos trabajando en el acuerdo diplomático que tendríamos con ese Gobierno.

En cuanto a la seguridad, debo decir que estas personas no van a estar sujetas a una vigilancia policial, como en otros países en que fueron recibidos de Europa y otros continentes. La contención para todos estos casos de asistencia humanitaria o refugio dependerá de la red social que se construya en su entorno, siempre y cuando obviamente no violen la ley en nuestro país. El principal interesado en temas de la seguridad vinculada a estas seis personas es el Gobierno de Estados Unidos, también por el costo político que se pagaría por cualquier error que hubiera en este asunto. Cualquier acto de esta gente implicaría un serio costo y, para ellos, significaría la imposibilidad de continuar con el proceso de cierre de la prisión de Guantánamo. Nosotros seguiremos trabajando en esa solución jurídica. Esperamos, en las próximas horas, tener las conclusiones que Acnur pueda hacer sobre este tema.

Hemos recabado todos los antecedentes disponibles de organismos internacionales y con todos los gobiernos que pueden tener información de inteligencia sobre estas personas. Nos hemos asegurado específicamente de que no tienen antecedentes penales ni revisten un riesgo para la seguridad nacional. Hemos atendido el pedido de Estados Unidos con la seriedad que correspondía, en base a principios fundamentales para la República. Asimismo, todos estos casos pasan, posteriormente, por el Congreso de Estados Unidos: surgen a partir de esa ley marco pero vuelven para ser aprobados por el Congreso. Quiere decir que, si logramos un acuerdo diplomático, va a tener que ser refrendado por el Congreso de Estados Unidos”.

También realizó su aporte el subsecretario Luis Porto: “En cuanto al régimen de convivencia de los eventuales refugiados esto está vinculado con alguna de las preguntas formuladas por el señor Diputado Lacalle Pou; digo eventuales refugiados porque aún no se ha hecho el análisis que se debe realizar para ver si respetan las cláusulas de inclusión o exclusión , debo decir que son cometidos de la Comisión de Refugiados coadyuvar a la búsqueda de implementación de soluciones duraderas para los refugiados. Para esto, dentro de la Comisión de Refugiados hay diferentes instituciones, entre ellas, representantes de Organizaciones no Gubernamentales, como el servicio ecuménico vinculado al asentamiento de los refugiados, que en general es la que históricamente ha tenido los recursos y capacidad para apoyar el asentamiento de los eventuales refugiados insisto en Uruguay.

Por lo tanto, el régimen con el cual estarán será el de convivencia con los connacionales, con el apoyo que la Comisión de Refugiados les brindará para que aprendan o profundicen el aprendizaje del idioma español la información que tenemos, que se puede confirmar, es que muchos de ellos están aprendiendo español desde hace algunos meses , y también buscar los elementos para que recuperen las capacidades laborales, teniendo en cuenta las condiciones inhumanas con las que han estado recluidos durante todo este tiempo situación que, inclusive, a algunos les ha generado deficiencias físicas. Esto significa que deberán contar con un apoyo particularmente especial para su inserción en una actividad laboral normal.

Creo que con estos marcos normativos que estamos analizando, en particular con el de la Comisión de Refugiados, se responden varias de las preguntas, pues queda claro que cualquier refugiado tendrá todos los derechos que tiene cualquier ciudadano de Uruguay, es decir, moverse libremente, reinsertarse en la sociedad, tener un documento de identidad e, inclusive, un documento de viaje. Por lo tanto, todo lo que hagan los refugiados será en términos de comportamiento absolutamente voluntario, si es que la Comisión determina la categoría de refugiados”.

El legislador Iván Posada (Partido Independiente) hizo mención en forma reiterada “a lo que dijo el señor Subsecretario, que me parece que, en todo caso, se debe tener presente respecto a cualquier valoración futura de una solicitud de refugio. Me refiero al artículo 20 de la Ley N° 18.076, que establece: «El Estado debe garantizar a los refugiados y solicitantes de refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la persona humana reconocidos a los habitantes de la República […]». En consecuencia, no se puede establecer ningún tipo de solicitud por parte del Estado uruguayo en cuanto a la eventual situación de habitar en el país durante dos años. Digo esto, porque me parece que es un elemento importante a tener en cuenta en cualquier situación futura”.

Para el colorado Juan Manuel Garino “aquí, se dice que estas personas van a venir en un régimen de puertas abiertas, donde no van a ir a prisión, pero tampoco van a poder salir, porque vendrán por orden expresa después de una negociación con Estados Unidos, pero sin tener en cuenta las personas que vienen, que se dice que son de Yemen, Afganistán, Siria, Kuwait y otros lugares. Por lo tanto, nos volveremos un país totalmente violatorio de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en sus artículos 9º, 10 y 11 se establece que debe haber una sentencia judicial? ¿Cómo vamos a contemplar la actitud que está tomando hoy el Estado uruguayo con el Estatuto de Roma, cuando en su artículo 55 hace referencia al derecho a la defensa y a la asistencia con un abogado ante una justicia imparcial? Es absolutamente contradictorio afirmar que hacemos esto por los derechos humanos, cuando precisamente nos vamos a volver cómplices de una situación totalmente anómala, ajena a Uruguay, por fuera del instituto del refugio. De esta forma, vamos a estar ratificando la violación de los derechos humanos que ha hecho Estados Unidos”.

Certeza jurídica

Desde el Frente Amplio, José Carlos Mahía “en cuanto a lo que se ha afirmado de que no se habría actuado conforme a derecho, creo que luego de las intervenciones del señor Ministro y del equipo asesor que lo acompaña en particular el señor Subsecretario queda muy claro que acá se ha actuado con total certeza jurídica en la etapa en la cual se está informando al Parlamento. Hoy, el Parlamento uruguayo está recibiendo información institucional, y no a dos o tres meses de haberse conocido los hechos a través de los medios, sino a los pocos días ya se está dando una respuesta. Todos sabemos que el señor Ministro tiene inhibiciones a la hora de dar determinadas respuestas por ser un tema delicado y por un mandato legal expresamente votado creo que por unanimidad de la Cámara en el período pasado. Por lo tanto, no se puede decir aquí que el Ministro no quiso responder algunas preguntas; a mi modo de ver, se debe decir que el señor Ministro está inhibido de dar determinadas respuestas en función de limitaciones legales tratándose de temas absolutamente reservados y de naturaleza muy delicada”.

Su correligionario Daniel Payssé expresó que “no estoy violando ninguna confidencialidad por mencionar las tres vertientes por las cuales se puede acceder al refugio: que habitantes del mundo puedan solicitar refugio a nivel individual, por las causas que establece la ley que presumo todos los legisladores conocen ; que las personas sean perseguidas en su país de origen y también en otros, y no encuentran un lugar donde poder habitar, y la planificación de los asentamientos o de los reasentamientos de personas vinculadas a situaciones particulares. A ese respecto, nosotros tenemos un plan de asentamiento por el cual podemos albergar hasta a cuarenta y cinco personas, con algunas condiciones. Seguramente, los va a sorprender mucho más que la situación de estos prisioneros que hace doce años están padeciendo violaciones a los derechos humanos, la del plan de asentamiento vinculado a personas colombianas, que fue tratado con total discreción, y sobre el que no ha habido por parte de quienes integramos esa comisión detallados en el artículo 24 de la ley ninguna transgresión a la confidencialidad. Por encima de todas las cosas ha primado la protección de los derechos humanos de estas personas, en función no solo de la situación que tienen, sino de lo que mencionaba el señor Diputado Garino Gruss, que tiene que ver con la persecución y con todo lo vinculado a la discriminación. En este país tenemos niños que concurren a las escuelas, hijos de refugiados, que nadie sabe que lo son. Siguiendo el concepto de protección de la integralidad de los derechos humanos, la sociedad no sabe que son refugiados; esa confidencialidad forma parte de la protección de esas personas. Eso es la confidencialidad y lo que vamos a tener que seguir defendiendo. Sería horrible que un niño llegara a la escuela y le dijeran: «Ahí viene el hijo del refugiado». Ello atentaría contra los derechos humanos”.

En tanto, el diputado Felipe Michelini (FA) sostuvo que “el Ministro ha aclarado en forma inequívoca es que no son presos; no vienen por un intercambio de prisioneros, situación que podría darse, por ejemplo, cuando un ciudadano uruguayo debe cumplir una pena en el extranjero y se pide que la cumpla en nuestro país, de acuerdo a tratados y a prácticas establecidas internacionalmente. No vienen en esa condición.

Entonces, si vienen, lo hacen por su voluntad y no son presos. Si vienen en carácter de refugiados, ¡bienvenido sea!, porque tenemos un esquema claro, predeterminado, reglado, que nos permite acogerlos. Naturalmente, necesitamos el apoyo de Acnur para que encuadren en esta situación. El Ministro ha adelantado algo que me parece muy interesante: inclusive en la situación hipotética de que no puedan encuadrarla allí, estamos dispuestos a analizar otro marco. Sin duda, prefiero el de refugiado, teniendo en cuenta que la ley sobre los refugiados fue votada por la unanimidad de los partidos políticos en el Parlamento”.

Responsabilidad política

Según Jaime Trobo (PN) “acá la cuestión no es eludir la responsabilidad política de este tema, justificando el hecho de que a ciertas personas se les conceda el refugio. Me ha llamado especialmente la atención que el Ministro invoque la ley sobre información pública para no informar al Parlamento. Invocar la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública que tiene como único propósito dar a los ciudadanos la posibilidad de conocer lo que ocurre en las entrañas del Estado para negar información al Parlamento es tergiversar el espíritu de la ley y no asumir la responsabilidad política de decir acá lo que debe decir. Si el Gobierno está resuelto a llevar adelante esto desde hace cuatro meses, desde cuando lo viene negociando con el Gobierno de los Estados Unidos dicho sea de paso, un Gobierno execrable para la izquierda de nuestro país en muchas circunstancias de la historia e, inclusive, ahora, para cierta izquierda de nuestro país , tiene que asumir esa responsabilidad y no escudarse en la ley de información pública para que un funcionario público de la jerarquía política de un Ministro de Estado venga al Parlamento a decir que no informa porque las cuestiones de política exterior están guardadas por dicha ley. Esa es una falta de responsabilidad política y una señal clara de hasta dónde el Ministro quiere asumir responsabilidades en estas cuestiones. Menciono al Ministro porque el responsable de la política exterior ante el Parlamento es el Ministro del ramo, en este caso, de Relaciones Exteriores.

No admito que se diga en el Parlamento que hay leyes que a los funcionarios del Gobierno con responsabilidad política les impiden decir lo que ocurre, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer; no lo admito. No lo admitiría ningún legislador ni de la oposición ni del Gobierno que se precie de tal de Representante de la ciudadanía , que viene aquí para preguntar, no para utilizar la información; viene para conocerla. Hay múltiples mecanismos en el funcionamiento parlamentario a los efectos de hacer operar seguros y resguardos para el manejo de cierta información. Pero si se duda sobre la capacidad política que tiene el Parlamento para conocer un tema de estas características un tema de política exterior no del Gobierno, sino del Uruguay, profunda diferencia que tenemos con el actual Gobierno y con la política que conduce el Canciller Almagro , quiero decir que la política no es la del señor Mujica ni la del señor Almagro, sino que es la que tiene consecuencias sobre nuestro país, sobre toda su dimensión, la nacional y la exterior.

La diputada Orquídea Minetti (FA) indicó que “se ha dicho que estas personas deberían tener un monitoreo, un seguimiento de Inteligencia, etcétera, cuando lleguen a nuestro país. Tengo entendido que estas personas han estado recluidas sin un procesamiento, o sea que si en más de diez años no encontraron un motivo para procesarlas, estas personas no significan un riesgo en ningún país que las reciba.

Tengo la certeza de que no es el Presidente de la República ni su Canciller quien resuelve dar refugio o no a las personas en este caso, estas personas que ya aceptaron venir a Uruguay , sino que es la Comisión, es la CORE que lo hace, pero yo igual quisiera dejar una pregunta pendiente para que sea contestada por el señor Ministro”.

Para el senador Roberto Conde (FA) “sin entrar en ningún debate, quiero decir que no se puede, casi al pasar, reprocharnos que estamos siendo cómplices de alguna conducta atentatoria de Estados Unidos frente a derechos de otras personas o de otras naciones. Nosotros no estamos siendo cómplices de los Estados Unidos en nada; este caso no cambia el balance histórico que tenemos respecto de la conducta de Estados Unidos, fundamentalmente en relación con América Latina y su política colonialista brutal a lo largo del siglo XX. No estamos poniendo en juego algo que tampoco es patrimonio de las posiciones políticas de la izquierda latinoamericana ni de la izquierda uruguaya, como ha dicho aquí algún señor Diputado. La conducta internacional de Estados Unidos y sus relaciones con América Latina ya son patrimonio de la historia y de los historiadores, y no son una simple posición política. Cuando se quiera constatar lo bueno y lo malo que esas relaciones han tenido, se puede recurrir, incluso, a los propios documentos desclasificados del Departamento de Estado de dicho país. De modo que no vamos a entrar en ese simplismo; no vamos a contestar ese reproche cuasi demagógico. A los Estados Unidos le reclamamos lo que tenemos que reclamar y, si es posible cooperar en algo, en bien de la humanidad y de nuestras relaciones, vamos a hacerlo. No es por anteojeras ideológicas que regulamos nuestras relaciones con Estados Unidos; es en función de nuestros principios de nación soberana y del derecho internacional”.

La diputada Quintana (FA) afirmó que “Uruguay es un ejemplo en América Latina de ser un país solidario en la discusión de los derechos humanos y de lo que vamos a hacer con la gente que está en Guantánamo. Lo que sí me queda claro es que hay una intencionalidad política de que se diga algo que no es. No sé dónde los legisladores que hablaron anteriormente han encontrado o leído y dan por cierto que esto es un intercambio de favores y que hay algo a nivel institucional que dé fe de eso. Si es así, yo lo desconozco”.

Fuente de Imagen: www.elmundo.es

 

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