Decisión del gobierno cae gravemente “en discriminación por razón de conciencia, contrario a la legislación nacional e internacional”
27 Sep '18

Sociedad Uruguaya

Decisión del gobierno cae gravemente “en discriminación por razón de conciencia, contrario a la legislación nacional e internacional”

Por la Vida y la FamiliaLa polémica contramarcha del Ministerio de Turismo, y por ende, del gobierno uruguayo de quitar la declaración de interés ministerial al Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia por la presión ejercida por “grupos sociales” vinculados a la ideología de género, cae gravemente “en discriminación por razón de conciencia, contrario a la legislación nacional e internacional” y es pasible de “acciones judiciales contra el Estado uruguayo”.

De esta forma se pronunció el Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia ante la inaudita y peligrosa resolución del Ministerio de Turismo, que no conoce de antecedentes y vulnera, entre otros, el derecho a la libre expresión de organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional.

El evento se desarrollará del 22 al 24 de noviembre en Punta del Este.

El comunicado textualmente expresa:

“Dado los hechos de público conocimiento en relación al Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia deseamos informan al respecto los sucesos que obran como antecedentes del mismo:

El pasado 31 de agosto, luego de cumplir los requisitos administrativos referentes al expediente 2018-9-1-0001551, se procedió por parte del Ministerio a otorgar la  declaración de Interés Turístico Nacional, lo cual no tendría nada de particular a no ser que en los últimos días trascendidos de prensa dieron a conocer la opinión de ciudadanos integrantes de algunos colectivos -beneficiados numerosas veces  por tales declaraciones- que se oponían a la misma en relación al Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia a realizarse en noviembre en Punta del Este.

Dada la pluralidad y tolerancia que debiera caracterizar a nuestra sociedad, tales afirmaciones de quienes atacan lo que denominan a través de sus teorías e imposiciones el modelo hegemónico de familia -que no es otra cosa que la familia tradicional, como siempre la hemos conocido, referida en nuestra Carta Magna como fundamento de la sociedad- fueron tomadas por quienes organizamos el Congreso, como eso, simples declaraciones de ciudadanos que dan su parecer.

Lo que sorprende es que el Ministerio de Turismo, violentando -a nuestro entender- el Estado de Derecho y el debido procedimiento administrativo, declara públicamente en las redes sociales dejar sin efecto la Declaración de Interés Turístico para el II Congreso Sudamericano por la Vida y la Familia.

Este obrar del Ministerio, vulnera el principio de igualdad, el que constituye no solo un derecho para los ciudadanos sino también un principio general del derecho y además una de las bases fundamentales o valor supremo del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, su violación resulta inadmisible, al tiempo que expone a Uruguay al escarnio internacional una vez que se ha dado a conocer un evento que atrae como ha sido demostrado la atención de la región en materia de familia en pro del bienestar de la sociedad.

A su vez, consideramos muy negativo que nuestro país retroceda en el camino de los derechos reconocidos al sancionar leyes como la 17.814 contra la discriminación, así como la 19.584 por la cual se aprobó en nuestro país la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación y Tolerancia, cayendo gravemente en discriminación por razón de conciencia, contrario a la legislación nacional e internacional en la materia.

El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia no está en contra de nada sino a favor de la defensa del derecho a la vida y a la familia como unidad básica de la sociedad. También el congreso declara la defensa de la libertad de expresión incluida tanto en la legislación nacional como internacional.

Debemos señalar que el Congreso tanto a nivel nacional como internacional, cuenta con el apoyo y la participación de numerosas organizaciones de la sociedad civil de reconocida trayectoria -muchas de ellas registradas en la OEA- académicos, líderes sociales y políticos.

Es de esperar que las autoridades recapaciten y de acuerdo al derecho vigente, mantengan la Declaración Inicial evitando los daños y perjuicios que se van a causar con esta decisión y que lamentablemente pueden aparejar acciones judiciales contra el Estado uruguayo así como el detrimento de su imagen a nivel internacional”.

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