Asociación Uruguaya de Educación Católica es contraria a la pesificación de los convenios
14 Nov '20

Sociedad Uruguaya

Asociación Uruguaya de Educación Católica es contraria a la pesificación de los convenios

Una delegación de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) manifestó sus reparos  a la pesificación de los convenios que mantiene con las instituciones del Estado como el INAU o el Mides.

La misma estuvo integrada por Adrián Arias y Cristina Pascual, quienes concurrieron el pasado 6 a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

“Quizá seamos más conocidos por representar a los colegios católicos, que son más de ciento cincuenta en el Uruguay, pero, en realidad, también representamos más de ciento setenta proyectos socioeducativos en todo el país, la mayoría de ellos en convenio con INAU. Específicamente, por esa realidad venimos a la comisión, para plantearles algunas inquietudes y preocupaciones”, dijo Arias.

Durante todo este período de pandemia, expresó, “nuestros proyectos han seguido funcionando, sobre todo en los momentos más críticos de la cuarentena; nunca se cerraron, siempre siguieron operando.”

Agregó que “los proyectos de cuatro horas diarias, que son CAIF, Club de Niños y Centros Juveniles, se organizaron para entregar viandas, acompañar, llamar a las familias. Eso constituyó una trama prestacional esencial en los momentos críticos de la paralización que provocó la pandemia. Estos equipos fueron fundamentales también para detectar situaciones de violencia intrafamiliar y para acompañar situaciones de crisis de niños y adolescentes.”

Además de estos proyectos, dijo Arias, “nosotros también representamos a varios convenios de 24 horas; me refiero a hogares que atienden, desde hace muchísimos años, la situación de los niños que por algún motivo están desvinculados de sus familias de origen. Estos equipos no admitieron suspensión de ningún tipo, por lo que trabajaron sin importar la situación de la crisis sanitaria. Se trata de un servicio en el cual está en juego el cuidado de quienes han perdido los cuidados parentales.”

Por ello, “muchas de nuestras organizaciones han tenido que poner fondos propios o acudir a donaciones para llevar adelante estas políticas públicas que, a veces, nos olvidamos de incluir dentro de los servicios llamados esenciales”.

Consideraron que “no hubo para nosotros aporte del Fondo Coronavirus. Desde la sociedad civil se hizo frente a la falta de transporte, a los protocolos sanitarios y a las certificaciones de la población de riesgo –de los mayores de sesenta años– sin contar con ningún refuerzo presupuestal”.

Asimismo, señalaron: “ahora vemos cuál es la situación del INAU frente a los contagios: tuvo que contratar personal. Nosotros no tenemos una partida extraordinaria; en el caso de que aparezca tiene que salir de las partidas que recibimos.”

“Es importante entender el verdadero significado de lo que estamos planteando. La sociedad civil atiende al 82 % de la población atendida del INAU. Estamos hablando de más de noventa mil niños que son amparados a través de esta modalidad,” agregan.

Además de la situación de la pandemia, “nos preocupa que en los últimos tiempos hayan aumentado las tareas y las responsabilidades que se transfieren a los convenios. Especialmente el INAU ha trasladado a los convenios algunas actividades que antes realizaban sus propios equipos, fundamentalmente vinculadas a situaciones de judicialización”.

Señalan que “la denuncia de diferentes casos de violencia está a cargo de los propios proyectos así como los informes al juez; el acompañamiento de la familia se debe denunciar a la vez que se sigue trabajando diariamente con los involucrados, lo que requiere diferentes roles e intervenciones”.

Otro tema que se ha depositado en los convenios “ha sido todo el acompañamiento de lo que son los proyectos de acogimiento familiar. Este es uno de los lineamientos estratégicos que nosotros acompañamos; es fundamental desarrollar el derecho de vivir en familia, pero desde la sociedad civil estamos convencidos de que se requiere capacitación y más horas de trabajo para que los equipos puedan evaluar y presentar cuidadores cuando las figuras parentales no pueden hacerlo. Es una tarea que implica mucha responsabilidad y formación”. Además del proceso previo, “luego se  acompaña y monitorea el rol del nuevo cuidador”.

Línea Azul

Otro de los servicios que pasan a estar bajo la responsabilidad de los convenios, en caso de ser niños que pertenecen al sistema INAU, es Línea Azul; es uno de los servicios de INAU más conocidos por los uruguayos. Antes, desde el INAU se trabajaba en equipos especializados en violencia, maltrato y abuso, que daban respuesta y evaluaban las llamadas”.

Arias indicó que “hoy en día estos equipos se limitan a la atención de los niños que no están en ninguno de los proyectos del INAU. Si el niño acude a un CAIF, a un club de niños o a un centro juvenil, la denuncia es derivada a los centros en convenio de territorio. O sea que ante un niño que está siendo víctima de una situación de violencia, la atención pasa a ser del propio equipo que no está especializado ni cuenta con las horas para poder hacerlo”.

AudecFundamentalmente “respecto al tema del presupuesto y a las crecientes demandas que estamos teniendo, obviamente agravadas por la situación asociada a la pandemia, nos preocupan dos aspectos puntuales del proyecto de ley de presupuesto. Desde nuestra asociación queremos compartir que nos preocupa particularmente la población relegada desde hace años, los adolescentes. Los datos del presupuesto parecen no tener énfasis en este sector desde los proyectos del INAU, ni del Mides y tampoco del Inisa”.

Por último, “queremos plantear una gran preocupación que compartimos con toda la sociedad civil que atiende convenios, que tiene que ver con la redacción normativa contenida en el artículo 542 del proyecto de ley de presupuesto, que prevé la sustitución del artículo 709 de la Ley n.º 18719”.

En el primer inciso “se añade la posibilidad de que las partidas para la financiación de los convenios del INAU con organizaciones de la sociedad civil se fijen en pesos uruguayos o unidades reajustables. No estamos de acuerdo con este punto que ni siquiera garantiza la forma de indexación en caso de que se establezca en pesos uruguayos, a la vez que se vuelve a plantear algo discutido hace años”.

Por ello, “vemos con gran preocupación este artículo que podría llegar a tornar los proyectos insolventes. Le sumamos a este artículo que el instituto no debería fijar solo los nuevos montos ya que creemos que por el camino recorrido debería incorporar previa participación de la sociedad civil”.

En síntesis, “solicitamos que se pueda asegurar que el presupuesto que se transfiere a los proyectos en convenio garantice el cumplimiento de los objetivos y que refleje la responsabilidad que la tarea implica”.

Redoblamos nuestro compromiso, “convencidos de que muchos niños, niñas y adolescentes merecen recibir la adecuada atención en este tiempo. Eso solo es posible con un Estado que acompañe, impulse y garantice condiciones para quienes están dispuestos a trabajar en este sentido”.

Por eso, “queremos decir que nos preocupa mucha esta situación de la pesificación de los convenios. Es una situación que realmente pone en riesgo el sostenimiento del servicio. Más del 80 % de lo que se nos transfiere se va en sueldos; el resto, tiene que ver con todo el sostenimiento de la propuesta”.

Dejaron en claro que “ya lo hemos conversado en la Cámara de Representantes y también lo hemos dialogado con el INAU”.

Por otro lado, “sostenemos que frente a la creciente situación de vulnerabilidad que viven muchos niños, agravada por esta situación, es necesario redoblar esfuerzos para invertir especialmente en las adolescencias, que aparecen bastante invisibilizadas en este presupuesto”.

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