por Miguel Mieres.
El Ministerio de Defensa Nacional anunció recientemente que el Poder Ejecutivo prevé modificar la Ley de Derribo, aprobada en 2020 bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou como parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La normativa permite la interceptación y eventual neutralización de aeronaves no identificadas en el espacio aéreo uruguayo, pero ha generado resistencias por parte de organismos internacionales y obstaculizado la adquisición de tecnología militar.
La actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó que la ley será modificada “antes de fin de año” por vía de decreto, luego de una reunión mantenida junto al canciller Mario Lubetkin con autoridades del Comando Sur de Estados Unidos. Según Lazo, la medida no responde a motivaciones ideológicas, sino a una “cuestión de legalidad internacional”, ya que la legislación vigente contradice el Protocolo de Montreal, acuerdo que regula la protección de la aviación civil.
Pedido de informes anticipó controversia
El debate actual no es nuevo. En 2024, la entonces diputada y actual senadora por el Partido Colorado, Elsa Capillera, presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa, encabezado en ese momento por Armando Castaingdebat, solicitando precisiones sobre la aplicación de la Ley de Derribo, sus consecuencias operativas y su compatibilidad con acuerdos internacionales. El documento también preguntaba si se habían concretado derribos de aeronaves y si existían trabas en negociaciones internacionales como resultado de esta normativa.
Ese informe, divulgado por el semanario Búsqueda, reveló que la ley se había aplicado en 13 oportunidades, pero en ninguno de los casos se llegó a la instancia final de derribo. Se activaron únicamente los protocolos previos de advertencia e interceptación.
Restricciones en compras militares
Uno de los efectos más significativos de esta legislación ha sido el bloqueo por parte de Estados Unidos a la venta de aviones de combate a Uruguay. El propio comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Luis Heber de León, confirmó que la existencia de la ley dificultó la compra de seis aeronaves A-29 Super Tucano de la firma brasileña Embraer, operación valorada en 104 millones de dólares. Según explicó, Washington mantiene reservas desde el incidente ocurrido en Perú en 2001, cuando se derribó por error una avioneta civil con ciudadanos estadounidenses a bordo.
Debate político y nuevas estrategias
Desde filas del Partido Nacional, el senador Javier García, quien era ministro de Defensa en el momento de aprobación y reglamentación de la ley, cuestionó la decisión del actual gobierno. Afirmó que se trata de una “concesión a intereses extranjeros” y sostuvo que la normativa “no viola leyes internacionales”, recordando que países como Brasil, Argentina y Paraguay cuentan con legislaciones similares.
En tanto, la ministra Sandra Lazo subrayó que no se plantea una derogación, sino una corrección legal que permita compatibilizar la normativa nacional con los compromisos internacionales, sin renunciar al control efectivo del espacio aéreo. También adelantó que se evalúan otras herramientas como radares, sistemas de seguimiento y vigilancia, que podrían ser más eficaces que la posibilidad de derribo.
Imagen: Embraer.
