La COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA de la Cámara de Representantes recibió el pasado jueves 17 de julio a una delegación del Sindicato Policial Nacional, Sipolna.
La delegación estuvo conformada por Andrés Gandini, secretario general; el señor Fernando Mederos, miembro de la Comisión Directiva, y la doctora Camila Francia, asesora letrada.
¿Cuáles fueron los planteos efectuados?
FRANCIA (Camila). Nuestro Sindicato nuclea a afiliados de todas las direcciones nacionales, así como también a operadores penitenciarios. En virtud del convenio colectivo de trabajo suscrito y por ser el sindicato con mayor número de afiliados somos el interlocutor válido reconocido por el Ministerio del Interior para las relaciones laborales y las negociaciones. Hoy, comparecemos como representantes de quienes están en la primera línea del Estado: policías, bomberos, funcionarios de Caminera, guardias republicanos, funcionarios administrativos, operadores penitenciarios y funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. Se trata de mujeres y hombres que enfrentan, cada día, una realidad que muchas veces no aparece en los discursos, los titulares ni los planes estratégicos.
Hace pocos días, en esta misma Comisión, las autoridades del Ministerio del Interior hablaron de criminalidad violenta, de estafas, de narcotráfico y del colapso carcelario.
Coincidimos con ese diagnóstico: Uruguay enfrenta una crisis estructural en materia de seguridad.
Como Sindicato Policial Nacional no vemos solución posible a corto ni largo plazos si no se reconoce una verdad esencial: la Policía Nacional es una fuerza humana, con nombre, rostro y límites. Precisamente, hoy, esos límites están siendo llevados al máximo. Parece contradictorio que frente a esa crisis no se haya puesto en el centro de la estrategia al policía como sujeto a proteger y sostener. Desde el Ministerio del Interior se habló de drones, tótems, cámaras, entre otros. Sin embargo, no se mencionaron las condiciones laborales de base del personal, el estrés operativo crónico en las unidades de calle, la sobrecarga horaria en distintas unidades ni el aumento de las ausencias por problemas de salud mental. Tampoco se habló de mejorar el régimen de licencias, de las licencias especiales, de proteger al personal ni de las condiciones precarias de las comisarías del interior del país. Hoy se invierte más en sistemas que en seres humanos. Esta situación tiene consecuencias: policías desmotivados, desgastados y con un sentimiento de abandono por parte del Estado.
La tecnología, las estrategias, las reformas, los drones y las estadísticas son todos elementos valiosos, pero si no se cuida a quienes cuidan, si no se protege a quienes protegen, el sistema no se sostiene.
No venimos a quejamos. Venimos a señalar lo que no se está diciendo y a proponer lo que sí se necesita hacer según quienes conocen la calle y la celda, ponen todas sus fuerzas al servicio de la sociedad y enfrentan la violencia a diario.
Salud mental
Hoy no es un día cualquiera: es el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Sabido es que la Policía Nacional presenta una tasa de suicidios muy por encima del promedio de la población. Lamentablemente, a esta altura del año ya son cinco los compañeros que han decidido quitarse la vida. Esta situación, sin duda, nos preocupa a todos. El Ministerio del Interior entiende que la salud mental se debe tratar de diversas maneras, dependiendo de la condición específica y de las necesidades y tareas de cada policía. Se reconocen los riesgos y las situaciones de estrés que enfrentan los funcionarios, pero ¿qué medidas se toman al respecto? Se pueden escribir ríos de tinta y crear innumerables comisiones, pero, muchas veces, se olvidan de las soluciones más simples y de mejorar aspectos básicos.
Cuidar la salud mental del policía no es solo derivarlo al psicólogo y ofrecerle atención; es trabajar en la prevención al mejorar las condiciones laborales que están al alcance de las autoridades.
La prevención no siempre requiere grandes presupuestos. Sí precisa voluntad política. No se puede hablar de salud mental del policía sin hablar de salarios dignos. Un policía que no puede cubrir sus necesidades básicas, que vive endeudado, que no llega a fin de mes, que no recibe el pago de su salario en tiempo y forma, y que no tiene estabilidad laboral, llega a la calle con la mente cargada y el cuerpo agotado.
La estabilidad emocional es una cuestión no solo clínica, sino también económica.
Los policías no son piezas anónimas de un sistema; son madres y padres de familia, que con su salario mantienen un hogar, crían hijos y enfrentan las mismas dificultades que cualquier trabajador. Se espera de ellos templanza, entrega y valor. Lo cierto es que, muchas veces, vuelven a casa con la angustia de no saber si podrán pagar las cuentas o si podrán darles lo mínimo a sus hijos. No es necesario esperar un aumento presupuestal para empezar a actuar. Hay medidas de bajo o nulo costo que pueden implementarse de inmediato, con voluntad política.
Servicio 222
En especial, hay situaciones que nos preocupan y que abarcan a un gran número de nuestros compañeros. En primer lugar, menciono el pago del servicio por el artículo 222. Como todos sabrán, lo que en la jerga policial se llama «222», es un servicio especial por el cual los funcionarios policiales prestan servicios extraordinarios fuera de su horario habitual, por lo general, para custodiar bienes, edificios o eventos, y reciben un pago adicional por ello. Quienes contratan este servicio son instituciones públicas o privadas como, por ejemplo, bancos, hospitales, ministerios y distintas empresas. No se trata de un trabajo privado directo dado que el Ministerio del Interior administra y controla la prestación de este servicio. Además de su salario regular, el funcionario policial cobra una partida extra por este trabajo, razón principal por la cual lo realiza, ya que en muchas ocasiones -me atrevería a decir en todos los casos- este pago completa o compensa un salario insuficiente. Actualmente, la situación del pago del servicio por artículo 222 ha sido calamitosa. Si bien es cierto que la normativa que rige este servicio no establece una fecha fija de pago, en los hechos, históricamente, se manejaba un día de pago entre el 10 y el 15 de cada mes. Actualmente, la realidad es otra. No solo no hay fecha prevista, sino que cada mes el pago se demora más de la cuenta. Por lo tanto, se vuelve incierto, lo que afecta la economía familiar y, también, genera malestar, frustración y sensación de desprotección de parte del Estado.
Para muchos, el pago por el servicio 222 no es un ingreso extra: es lo que les permite llegar a fin de mes.
Realmente ha sido agotador y desgastante tener que reclamar cada mes por un trabajo ya realizado. Ahora bien, ¿cuál es la causa de este atraso? Los entes contratantes y las empresas privadas no abonan el precio por los servicios brindados, acumulando deudas millonarias. La desidia y el desinterés por brindar una solución o intimar de alguna manera a los deudores generan un impacto directo en la economía de los funcionarios policiales, quienes a pesar de haber cumplido con el servicio pactado, no cobran. Sinceramente, a nadie parece importarle esta situación. ¿Qué sucedería si esta misma ecuación de trabajar sin recibir un pago se diera en cualquier otra actividad laboral, ya sea pública o privada? En cualquier otra actividad, dejar de pagar a un trabajador sería inaceptable y escandaloso. Sin embargo, a los policías se les debe el pago por un servicio ya cumplido, que hicieron fuera de su horario, con uniforme y arma de reglamento, y con la misma responsabilidad institucional. Es más, parece naturalizarse que deban reclamarlo una y otra vez cada fin de mes. Esto no es solo una injusticia laboral; es una señal de que se exige más de lo que se está dispuesto a reconocer.
Desde el Sindicato Policial exigimos una fecha de pago determinada y que se tomen las medidas necesarias a los efectos de requerir que los entes contratantes paguen estas deudas millonarias. Además, de esta manera se evitaría pedir préstamos a Economía por parte del Ministerio del Interior para hacer frente a estos pagos, como se ha hecho habitual.
Policías eventuales
El segundo punto a considerar es la situación de los policías eventuales. Tal vez para muchos sea desconocido este término o este tipo de contratación. Los policías eventuales son funcionarios contratados por el Ministerio del Interior de forma temporal y en régimen especial, que no gozan de los derechos ni de la estabilidad laboral de un policía efectivo. No son funcionarios de carrera, ya que por la normativa que rige su tipo de vinculación, tienen expresamente impedida la posibilidad de realizar la carrera funcional. Son contratados exclusivamente para tareas específicas como vigilancia de organismos públicos y privados, y custodia de locales, bienes o personas. Reciben la misma formación en la Escuela de Policía, prestan servicio con uniforme y armamento, y están bajo mando policial. Sin embargo, sus condiciones laborales son inferiores y tienen acceso muy limitado a los beneficios sociales. Su contratación es regulada, por lo general, por resoluciones internas del Ministerio del Interior.
Como sindicato hemos denunciado la precariedad de este tipo de contratación, ya que estas personas no tienen estabilidad laboral ni carrera funcional.
Por ley, su contrato debe ser de un año, renovable un año más. Luego de eso, teniendo en cuenta la situación de cada uno, la antigüedad, la lista de prelación y las vacantes que existan, deben ser presupuestados. En los hechos se dan varias irregularidades con este tipo de contrataciones. La más explícita e ilegal por exceder lo establecido en las normas reglamentarias es la permanencia en calidad de eventual luego de pasados los dos años de contratación. Es más: pasan cinco, seis y siete años sin acceder a la presupuestación, sin poder realizar una carrera funcional, sin saber si ese trabajo va a continuar. Esta inestabilidad laboral genera incertidumbre en los funcionarios, quienes no saben a ciencia cierta qué pasará con ellos y hasta cuándo el ente contratante requerirá sus servicios. Digo esto ya que una vez finalizado el contrato sin haber sido presupuestado el destino mas probable es la baja en la función Esto genera desgaste a nivel de los funcionarios. También provoca una mala utilización de los recursos humanos y económicos, ya que en virtud de la necesidad de más personal se realizan nuevos llamados en vez de captar a quienes tienen experiencia en la función. Desconocemos las razones del desorden respecto a estos funcionarios. No existe una lista de prelación ni un criterio de presupuestación; tampoco la seriedad del caso ante compañeros que hace casi diez años que permanecen en esta situación irregular. En la comparecencia de las autoridades del Ministerio del Interior ante esta Comisión se remarcó la necesidad de contar con más funcionarios policiales. Se destacó la necesidad de tener policías ejecutivos y se habló de la existencia de mil vacantes de presupuestados, que hay que llenar en 2025.
Estimamos que, al momento, hay, aproximadamente, ochocientos policías eventuales; aclaro que son menos los que están en condiciones de ser presupuestados. Por tanto, de existir voluntad y un examen serio del asunto, se podrían completar con creces las vacantes existentes y se daría a estos compañeros la seguridad y la certeza de un trabajo estable y sobre todo, la posibilidad de iniciar una carrera policial, que con tanto esmero y vocación decidieron abrazar. No obstante, para la Administración, los policías eventuales no tienen prioridad porque no solo no se realiza un estudio concienzudo para su incorporación a las filas policiales, sino que tampoco tienen prioridad para completar las vacantes existentes. Lo peor es que por parte del Ministerio del Interior se sigue fomentando este tipo de contratos precarios al continuar realizando llamados para policías eventuales. Exigimos, por tanto, que aquellos funcionarios eventuales que han completado los dos años de contratación y se encuentren en condiciones sean presupuestados en virtud de la existencia de mil vacantes para policías ejecutivos, declarada por el propio Ministerio.
Condiciones en INR
El tercer punto que queremos mencionar es la situación de los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR. Me refiero tanto a los policías como a los operadores penitenciarios. Hace un año nos presentamos ante la Comisión de Seguimiento Carcelario para exponer las mismas dificultades y carencias que existen en la actualidad respecto a los funcionarios que allí se desempeñan. Como alguien expresó, una imagen, vale más que mil palabras. Por eso, les solicitamos que se proyecte el video que trajimos. (Se proyecta un video).
Sin duda, las imágenes son muy difíciles de ver. Esconden lo más duro de nuestra sociedad, lo que nadie quiere ver. La realidad de las cárceles es crítica. El sistema penitenciario es sostenido por funcionarios y operadores que cumplen su labor, aun al borde del colapso físico y mental. En los pasillos que hemos visto trabajan nuestros compañeros.
El sistema penitenciario está colapsado no solo por el número de internos, sino también por las condiciones laborales extremadamente riesgosas que vive a diario el personal a cargo que, además, es escaso y absolutamente insuficiente.
Los lugares de higiene y descanso carecen de una infraestructura adecuada, exponiendo a los funcionarios a riesgos sanitarios. Dada la exposición a la violencia que generan eventos como los acontecidos en el Módulo 11, el personal se encuentra en riesgo permanente. Debe acudir a estas situaciones extremas con poca o nula preparación y elementos de seguridad. No se puede hablar de rehabilitación con operadores agotados ni de seguridad con funcionarios a los que nadie cuida Detrás de cada celda controlada hay un funcionario que arriesga su vida sin reconocimiento, sin respaldo y muchas veces, sin descanso. Realmente esa es una actividad insalubre, riesgosa y poco reconocida.
Les solicitamos a ustedes, que se creen por ley una partida compensatoria y un beneficio a los efectos jubilatorios para quienes desempeñan sus funciones en los establecimientos carcelarios.
Fondo de Vivienda
Un último punto, pero no por eso menos importante, es el destino del 1% descontado a los policías por el Fondo de Vivienda. Como Sindicato Policial Nacional reclamamos la creación de convenios con otros organismos, que permitan al funcionario acceder a prestamos de viviendas para comprar un inmueble digno y que esté lejos de las zonas rojas, donde los funcionarios deben convivir con la criminalidad, poniendo en riesgo su propia integridad y muchas veces, la de su familia. Eso fue lo que sucedió el pasado domingo en el evento de público conocimiento, en el que uno de nuestros compañeros abatió a un delincuente en el marco de una rapiña. 6 No se puede seguir exigiendo a la Policía más eficacia sin más protección. No se puede invisibilizar al policía como sujeto de derechos como trabajador.
Desde el Sindicato no venimos a victimizar al policía; venimos a humanizarlo.
No se puede hablar de estrategia nacional sin contar con los que están en primera línea, al frente del conflicto cada día, cada noche, en cada barrio y en cada zona del país. En su discurso de despedida, quien fuera director de la Policía Nacional, el inspector principal Julio Guarteche, dijo: «La Policía Nacional es una institución fundamental. ¿Creemos esto? ¿Estamos seguros? ¿Podemos defender en cualquier foro esta posición? ¿Estamos conscientes del valor de nuestro trabajo? La Policía Nacional […] es una institución de servicio, cumple un rol fundamental en el orden, la seguridad y la paz pública […] Cuando nos preguntan dónde trabajamos respondemos soy policía. No decimos trabajamos en la Policía. Eso dice mucho de cuán profundo es el sentimiento de un policía. Eso tiene muchas ventajas para la institución y en muchas ocasiones desventajas personales […] Somos espectadores y actores de primera línea de, casi siempre, el acontecer más oscuro de la sociedad […] Somos los que ayudamos a tratar las enfermedades sociales que no provocamos, pero de las que frecuentemente se nos hace únicos responsables. Pero todo esto tiene un costo en salud física, psicológica, emocional; en la calidad de las relaciones familiares, etcétera, etcétera, que cada vez más tenemos la necesidad de entender y atender». Hoy no vinimos a pedir privilegios. Vinimos a exigir, como mínimo, condiciones dignas y compromiso con quienes sostienen la seguridad del país.
Si realmente queremos una política de seguridad duradera y humana, el primer paso es dejar de mirar a la Policía como un gasto y empezar a verla como una prioridad nacional.
Dejamos en sus manos, como legisladores, la posibilidad de actuar para crear, modificar y mejorar las normas que puedan causar un impacto positivo y real en la vida de nuestros compañeros de la Policía Nacional. Eso, sin duda, redundará en beneficio de toda la sociedad.
