Una delegación de la Asociación de Funcionarios de la Seguridad Social integrada por Daniel Villar, Alejandro Pérez y Karina Sosa expresaron en el Parlamento la necesidad de mayor personal para el organismo, fundamentalmente en el interior del país, y afirman que “las licitaciones son una forma de precarización laboral”.
SOSA. Hay tres puntos concretos que vamos a detallar y les vamos a dar una explicación muy sucinta de cada uno. El primero tiene que ver con algo que establece la Ley n.º 20130, la reforma jubilatoria del año 2023, que obliga a que el Banco de Previsión Social se haga cargo, con un costo de más de USD 10:000.000, de implementar un nuevo sistema informático para la distribución de los aportes de los trabajadores a partir del 1/12/2023 –por estar obligados a ingresar al sistema mixto– para todas las cajas estatales y paraestatales. Entendemos desde ATSS, luego de haber revisado el presupuesto prácticamente sin tiempo, porque se nos entregó dos días antes de su envío al Parlamento, que ese costo no lo debe asumir el Banco de Previsión Social como propio; que en realidad es algo que amerita un análisis más profundo; que esos más de USD 10:000.000 para gastar en dos años –2025 y 2026– tienen que provenir de Rentas Generales en todo caso, que es como se ha estado haciendo en base a la norma. Se trata, insisto, de reponer este 5 % a todas las cajas que entraron en el sistema desde Rentas Generales para que no vean menguados sus ingresos. No tenemos por qué desde el BPS hacer el trabajo de forma gratuita con los pocos funcionarios que tenemos y además resignar dentro del presupuesto USD 10:000.000, que no es poca cosa.
Pases en comisión
El segundo punto es el tema de pases en comisión. Tenemos casi setenta pases en comisión y creemos que la pata política tiene que hacerse responsable de que no solo no nos asigna presupuesto para los funcionarios que necesitamos, sino que además se lleva a los mejores, porque no es que se lleva a cualquier funcionario en pase en comisión. Se llevan a los que tienen más capacidad, más conocimiento; a los que son mejores en el área, y a nosotros no nos reponen esas vacantes, obviamente porque ese puesto está ocupado. Hay que entender, en el juego político, que nosotros veníamos con 173 vacantes cuando ingresó el nuevo Gobierno, nos repusieron 100 y nos eliminaron 73. Esto es producto de los cambios que hizo el Gobierno anterior, porque en lugar de que se fueran tres y reponernos dos, como hacía el otro Gobierno, nos cambiaron la pauta y nos reponían solo uno de cada tres funcionarios que se jubilaban o renunciaban. Esta es una clara forma de recortar personal en uno de los organismos de mayor importancia para este país.
Licitaciones
El tercer punto tiene que ver con las licitaciones en general, pero trajimos una en particular que nos parece una vergüenza, y hay que decirlo de forma clara. Se trata de una licitación para servicios informáticos de 18.000 horas –6000 horas por año–, con un costo aproximado de USD 1:500.000. Lo paradójico de esto es que tres funcionarios –hablo de personas jóvenes, con capacidad, con impronta, con conocimiento técnico– renuncian al BPS y se abren una unipersonal, porque son contratados por la empresa que ganó la licitación. ¿Cuál es el resultado de esto? Que a nuestros funcionarios no les dimos la importancia que tenían, no les asignamos partidas o lo que correspondiera para retener ese capital técnico, y ahora estamos pagando en forma tercerizada USD 14:000 por unidad, de los cuales el trabajador se queda con USD 2.000 en la mano. Eso después lo capitaliza la empresa que contrataron. Por tanto, creo que hay que poner las barbas en remojo.
Las licitaciones son una forma de precarización laboral –lo hemos dicho, lo decimos y lo diremos–, y entendemos que en ese marco se podrían resolver problemas que están estructurados dentro del Banco de Previsión Social. Creo que es de público conocimiento el gran atraso que tienen las jubilaciones y pensiones, las medidas que tomó el nuevo Gobierno para poder agilizar los trámites y que en el interior somos cada vez menos funcionarios.
En una plantilla de unos 3000 funcionarios, menos de 800 son del interior. El resto están todos en Montevideo y hacen cada uno una tarea. En el interior, en una oficina alejada de las capitales departamentales, hay uno, dos o tres funcionarios para todas las tareas del BPS. Y eso requiere análisis y tomar en cuenta que no se está respetando tampoco la seguridad, la salud ni la prevención en el ámbito laboral. Esta es una cuestión que se agravó muchísimo en el período anterior de Gobierno, porque la dinámica del directorio anterior era gobernar con directrices que no eran claras. Un día la norma decía algo y se mandaba el decreto reglamentario, y en dos horas había que aplicarlo, sin ninguna capacitación previa. Se cometieron muchos errores en jubilaciones, pensiones y demás, que vamos a tener que afrontar los funcionarios en este momento. Y también enfrentamos situaciones de violencia continuamente por esos errores de gestión que hoy dan cuenta de lo que está pasando. Quienes damos la cara a la población no podemos seguir en esta sintonía de trabajar para enfermarnos. Tenemos que tratar de resolver ese problema.
Convenio colectivo
Nosotros estamos negociando en este momento, en forma bipartita, con la administración del BPS un convenio colectivo en el que hay muchísimas cosas que no son de carácter salarial y otras que sí. Y entendemos que esos más de USD 10:000.000, conjuntamente con ese USD 1:500.000 que se deriva para informática, así como otras tercerizaciones y todo ese tipo de cosas, requieren de una clara revisión por parte de las autoridades de este país. Eso daría solución a muchos de los problemas de los uruguayos y las uruguayas.
VILLAR. En el interior del país enfrentamos un gran problema, en el sentido de que se han ido 800 funcionarios y hay 511 que hoy tienen causal jubilatoria. Esto quiere decir que si esos funcionarios se van, provocarían un verdadero caos en la atención del Banco de Previsión Social. Actualmente el BPS, que tiene una jurisdicción nacional, cuenta con menos personal que algunas de las intendencias del interior, que tienen una jerarquía y una jurisdicción departamental. Tenemos 90 oficinas. En el interior del país hay poblaciones que tienen entre 60.000 y 90.000 habitantes, sobre todo en las capitales departamentales. Tenemos falta de personal, y los sistemas implementados, según los cuales se retira la mitad del personal de atención al público hacia una atención interna, hace que algunos compañeras y compañeros a veces no puedan pedir días de licencia porque recargarían más a los compañeros que quedan. Pensamos que solucionar el tema de la falta de personal es esencial, porque el BPS ejerce un rol fundamental en la vida del país. No solamente cumplimos trámites a nivel de Uruguay, sino que atendemos trámites en base a convenios internacionales. Esa es la situación que estamos enfrentando, y no solamente redunda en la calidad laboral del funcionario, sino en la calidad del servicio, en lo que nosotros brindamos hacia afuera. Hemos enfrentado situaciones de violencia porque las personas ven muy demorados sus trámites y ejercen reclamos frente al funcionario que ven en ese momento.
