Se trata de Gabriel Kaplún, Paula Baleato y Daniel Lema. Lo tres candidatos propuestos son personas que han trabajado tanto desde sus organizaciones como en el marco de nuestra Coalición, en la democratización de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la creación de una ley que regula los servicios de radio y televisión.

Fuente Imagen: cainfo.org.uy

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El motivo de la entrevista, solicitada por la CCD, fue intercambiar opiniones sobre los cometidos asignados a la INDDHH en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En la reunión se nos informó que el Consejo Directivo ya está trabajando sobre varios aspectos de los cometidos asignados por la Ley, especialmente la Defensoría del Público. Para ello comenzó a analizar el perfil y los aspectos funcionales y presupuestales del Relator Especial de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Se nos adelantó que el proceso de designación del Relator será transparente y con participación de la sociedad civil.

Otro de los temas tocados fue el papel que debe jugar la institución en la elaboración de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, para lo cual será necesario coordinar acciones con otros organismos, tales como la A.N.E.P. y la Universidad de la República. La Institución buscará los asesoramientos necesarios para trabajar en estos temas, y estará abierta al intercambio con los distintos actores interesados.

También intercambiamos opiniones en relación a los cometidos asignados a la INDDHH en el artículo transitorio 198° de la Ley  hasta tanto no sea designado el Consejo de Comunicación Audiovisual.

La CCD celebra la disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos a poner en marcha todo lo que está bajo su competencia para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que significan un importante avance en la democratización de las comunicaciones en nuestro país.

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El asesinato por encargo de un periodista, es un atentado a los más básicos derechos humanos y representa una alarmante peligro para las libertades democráticas. Desde Uruguay expresamos la preocupación y el repudio de estos actos y nos ponemos a disposición de las organizaciones sociales para coordinar otras acciones de solidaridad.

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Coalición por una Comunicación Democrática

http://www.infoycom.org.uy/

Somos una coalición de la sociedad civil creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.

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La CCD considera que la sociedad uruguaya se encuentra ante una oportunidad única de democratizar los medios de comunicación y que postergar el tratamiento de la ley sería un error. En ese sentido, comparte la opinión del relator especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, quien en su visita a Montevideo el pasado lunes 7 de julio reiteró su respaldo a la ley e insistió con la necesidad de culminar con el proceso de aprobación lo más pronto posible.

La Coalición emitió una carta pública dirigida al candidato Tabaré Vázquez pidiendo la pronta aprobación. Puede leerla y adherir ingresando aquí: bit.ly/sialaLeySCA

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Según estas versiones, la bancada de senadores del FA se reunirá el próximo lunes para decidir si posterga la aprobación definitiva de la ley, que ya tiene media sanción en Diputados, para luego de las elecciones nacionales de octubre.

El motivo de la visita es solicitar a la Mesa Política que se traslade a los Senadores del FA el parecer de la mayor parte de los sectores políticos y de las bases del FA que, a través de diversas resoluciones, han establecido en forma reiterada que la aprobación de la LSCA es una prioridad política para el actual período de gobierno.

La CCD considera que la sociedad uruguaya se encuentra ante una oportunidad única de democratizar los medios de comunicación y que postergar el tratamiento de la ley sería un error. En ese sentido, comparte la opinión del relator especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, quien en su visita a Montevideo el pasado lunes 7 de julio reiteró su respaldo a la ley e insistió con la necesidad de culminar con el proceso de aprobación lo más pronto posible.

Días atrás las más de 30 organizaciones que componen la Coalición emitieron una carta pública dirigida a Tabaré Vázquez pidiendo la pronta aprobación. Puede leerla y adherir ingresando aquí: bit.ly/sialaLeySCA

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Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto la política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos, pero que hasta el momento ha cumplido parcialmente.

El texto completo de la carta es el siguiente.

Montevideo, 6 de Julio de 2014

Sr. Candidato Presidencial del Frente Amplio

Dr. Tabaré Vázquez.

c/c: Sr. Candidato Vicepresidencial del Frente Amplio.

Don Raúl Sendic.

Presente.-

Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y activistas a título individual por la libertad de expresión y los derechos humanos, le hacemos llegar esta carta, con el afán de que reconsidere su postura hecha pública por la prensa días atrás, en el sentido de solicitarle a los senadores del Frente Amplio que posterguen la aprobación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta una vez pasada la primera vuelta de la elección nacional del mes de octubre.

Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto la política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos, pero que hasta el momento ha cumplido parcialmente.

Es cierto que la fuerza política que usted representa ha avanzado durante los dos primeros gobiernos en el respeto a los derechos humanos y en la extensión de las garantías para ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la cultura de los uruguayos y uruguayas. Pero no es menos cierto, que la LSCA es la piedra angular a la hora de promover cambios en el núcleo duro del poder concentrado y tradicional que controla desde hace décadas los medios de comunicación, bajo normas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de expresión, diversidad y pluralismo.

No es cierto, como algunos actores repiten, que las fuerzas sociales, el actual gobierno y los legisladores del Frente Amplio no hayan dado lugar a la discusión y el debate sobre este proyecto de ley central para la democracia. Por el contrario, este proyecto es el producto de varias instancias de discusión, tanto sociales, como a nivel de todos los actores (incluida la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios y el Estado) y durante los dos últimos años en el Parlamento. Si la bancada mayoritaria aprueba ahora esta ley, no estará violentando ninguna institucionalidad, sino cumpliendo con su programa y con una promesa largamente postergada por la presión de intereses corporativos: ni más ni menos que la democratización de los medios de comunicación.

La propuesta de postergar la inminente aprobación del proyecto, que ha contado con la cerril oposición de los grupos más concentrados de la comunicación y de la oposición, puede ser un entierro de lujo para este proyecto esencial. A nadie se le escapa que en octubre tendremos un nuevo mapa político surgido de las urnas y será muy pero muy difícil para un Parlamento saliente aprobar una ley que encuentra tanta resistencia de los poderosos.

Si se tratara de una ley más, no estaríamos firmando esta petición, pero se trata de una ley esencial para la consolidación de la democracia y para promover un cambio real en una legislación, y en un sector del poder, que se muestra prácticamente incambiado desde la dictadura militar.

Como destacamos a continuación, la ley es importante por muchas razones, entre otras cosas porque por primera vez en la historia se regula el trascendente tema de la publicidad electoral, algo que las democracias más viejas hacen desde hace décadas. Sin embargo, no debería ser este capítulo una razón para detener la aprobación de toda una ley, dada la falta de consenso entre los partidos políticos. Como se ha hecho con tantas leyes, bastaría con desglosar este capítulo o postergar su entrada en vigencia, sin afectar con esto la estructura central de la ley.

Por eso le reiteramos las varias razones que existen en este momento para no postergar más la concreción de este compromiso, que podría frustrarse, si no se aprovecha este momento histórico.

¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?

● Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, al entretenimiento, a la cultura, al deporte y a los contenidos más diversos para la población.

● Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.

● Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones Internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.

● Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos.

En Uruguay vivimos de las peores prácticas en torno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.

● Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior.

En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.

● Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.

● Porque vastos sectores de nuestra sociedad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTBI o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años, ni garantizar que derechos específicos sean respetados

● Porque el proyecto contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.

● La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos, prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público.

● No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.

● Porque el proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos (horario de protección a la infancia,cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias) incluidos en el proyecto de ley. Allí radica la reproducción de aquellos valores de convivencia.

● Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Unesco y Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.

● Por que el proyecto de LSCA a estudio del Senado, fue elaborado en a través de un proceso inédito y profundamente democrático, con representación de toda la diversidad de voces y actores vinculados a los medios de comunicación, incorporando de manera rigurosa todos los estándares internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión y recogiendo las mejores tradiciones de las democracias más consolidadas en el mundo, que ya hace varias décadas cuentan con legislación, institucionalidad e instrumentos de regulación democrática de sus sistemas de medios.

Firmas:

Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora y Uruguay Transparente.

A título individual: Gabriel Kaplún, Esteban Schroeder, Walter Tournier, Lilían Celiberti, Paula Baleato, Lilián Abracinskas, Gustavo Buquet, Edison Lanza, José Imaz, Walter Sena, Manuel Podetti, Margarita Percovich.#

#La carta quedará abierta a la firma de otros adherentes en la siguiente dirección web: http://bit.ly/sialaLeySCA

Fuente Imagen: ciro-aulainteractiva.blogspot.com

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Pese a trascendidos de prensa indicando que el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, no estaría de acuerdo en que se apruebe el proyecto durante la campaña electoral, integrantes de la bancada de senadores del mismo partido indicaron que siguen adelante con la planificación acordada y mañana miércoles 11 tienen previsto comenzar a discutir y aprobar el articulado.

De acuerdo a la información recabada, en el texto final se incorporaron varios de los cambios sugeridos por la sociedad civil y el Poder Ejecutivo en dos líneas: restablecer la figura del Consejo de Comunicación Audiovisual bajo estándares de autonomía e independencia, a los efectos de aplicar la ley, y establecer mayores garantías para el ejercicio de la potestad sancionatoria respecto a los medios.

El Frente Amplio ha puesto la aprobación de la LSCA entre sus prioridades legislativas. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados, pero de recibir cambios deberá regresar a la primera cámara.

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Coalición por una Comunicación Democrática

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Ambos aspectos fueron reclamados tanto desde organismos internacionales como desde la sociedad civil uruguaya, especialmente la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). En dos comparecencias al Senado, la CCD había advertido que otorgar las tareas de control y aplicación de la ley a un organismo que depende directamente de Presidencia, como lo es la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (URSEC), debilita seriamente el proyecto y no cumple los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto incluyendo un cambio relevante al texto enviado por el Poder Ejecutivo: eliminó el órgano de aplicación independiente y derivó la tarea a este organismo tras considerar la imposibilidad constitucional de crear cargos 12 meses antes de las elecciones nacionales.

Sin embargo, tras propuesta de la sociedad civil, la bancada del FA aceptó crear el organismo y dejar en suspenso los cargos para luego que caiga la prohibición constitucional. Por lo tanto, se restituyen las tareas del Consejo de Comunicación Audiovisual tal como estaban previstas en el proyecto original.

Otro de los cambios refiere al mecanismo aplicable en caso de que los medios incurran en violaciones a la ley y deban aplicarse sanciones graves, que pueden llegar hasta lla revocación de licencia para transmitir.

El proyecto original delegaba a los cinco miembros del órgano de aplicación de la ley la facultad de decidir pero con la nueva redacción será la justicia civil quien se expida en estos casos. La modificación busca otorgar las mayores garantías ante posibles arbitrariedades o presiones a los medios.

Según trascendió en las últimas horas se prevé que el proyecto pase al plenario de la Cámara de Senadores en el mes de junio para su aprobación. Una vez aprobado deberá regresar nuevamente a Diputados y antes de julio podría recibir sanción definitiva.

La CCD celebra esta noticia y confía en que, tal como han señalado los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero, la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se constituya en un gran avance para la democratización del sistema de medios de comunicación en el Uruguay así como una garantía para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

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Coalición por una Comunicación Democrática

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Reuniones: Sede APU, San José 1330

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Hasta este lunes, Urbana retransmitía casi toda la programación de radio El Espectador. Sin embargo, desde esta semana la retransmisión ya no se realiza. Le decisión obedece a una decisión del nuevo directorio, que asumió este mes luego de ser vendidas el 90% de la acciones de Grupo Espectador. Sin embargo, este tipo de cambios requiere la autorización e intervención de los organismos reguladores del Estado, de lo cual se sabe muy poco hasta el momento.

Al amparo de la ley Nº18.381 de Acceso a la Información Pública, la Coalición presentó pedidos de acceso a la información para conocer principalmente en qué condiciones se da el cambio de programación, y cuál es el rol que ocupa el Sr. Berch Rupenián, quien fuera condenado años atrás por el delito de evasión fiscal relacionado con maniobras impositivas realizadas desde las radios que era titular de la frecuencia.

La información solicitada es la siguiente:

1) ¿Se tramitó ante la Ursec y el Poder Ejecutivo, la autorización para el traspaso de la propiedad de las acciones de la mencionada emisora de Frecuencia Modulada, que emite en Montevideo en el 92:5 Mhz?

2) Se informe quién es o quiénes son los actuales titulares de las acciones de esa emisora.

3) Se informe si hubo cambios de autoridades, directores o gerentes de la emisora en el sentido que lo establece el artículo 11 del Decreto 734/78.

4) Si los titulares de la frecuencia 92.5 comunicaron a la Ursec en qué calidad actúa el Sr. Berch Rupenián en la citada emisora y en su caso quién es el director de la referida radio.

5) Existe algún impedimento legal para que el Sr. Berch Rupenián tenga vinculación con la citada emisora.

6) Se tramitó ante Ursec y el Poder Ejecutivo el cambio de programación de la citada emisora.

De acuerdo a la ley 18.381 los organismos consultados tienen 20 días hábiles para responder a la solicitud.

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La ausencia de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, cambios en aspectos como publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, accesibilidad y medidas concretas para prevenir la violencia de género en los medios de comunicación, fueron algunos de los reclamos de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática durante la segunda comparecencia del colectivo en la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores que trata el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA) .

La segunda delegación de la Coalición compareció el miércoles 9 en la referida comisión y reiteró su apoyo el proyecto de ley, remarcó la importancia de aprobarlo en esta legislatura, pero identificó algunos aspectos que deben ser mejorados y otros incluidos. Días atrás una primera delegación asistió a la comisión y defendió el proyecto, pero reclamó mejoras.

Gabriel Kaplún director del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) manifestó preocupación porque Diputados no incluyó en el texto un capítulo que contemple la creación y coordinación de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación.

No obstante ser uno de los aspectos que obtuvo mayor consenso en el seno del Comité Técnico Consultivo que entregó un informe con propuestas a fines de 2010, este tema no fue finalmente incluido en el proyecto ni por el Poder Ejecutivo, ni posteriormente en la primera cámara que lo trató.

Kaplún propuso a los Senadores incorporar a la Defensoría de las Audiencias (figura que en el proyecto recae en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo) algunas funciones relativas a este asunto.

Concretamente, el director del Instituto de Comunicación de la FIC sugirió incluir entre las competencias del defensor de las audiencias la tarea de “promover la educación de la ciudadanía para el ejercicio de la comunicación, la libertad de expresión y el derecho a la información, favoreciendo la recepción crítica y el uso inteligente y creativo de los servicios de comunicación audiovisuales”.

La propuesta encarga a la Institución de Derechos Humanos la tarea de formular e implementar un Plan Nacional de Educación para la Comunicación. Este plan, que deberá ser coordinado con varias instituciones públicas como la ANEP o el Ministerio de Industria, implica la alfabetización mediática y el desarrollo de las competencias comunicacionales de todos los ciudadanos, el estímulo al papel educativo de los medios, la formación profesional de calidad y la investigación.

“Es necesario potenciar la capacidad crítica de los receptores, es decir, que el conjunto de los ciudadanos, a la hora de mirar un programa de televisión, escuchar un programa de radio o cualquier medio de comunicación, sea capaz de analizarlo críticamente”, señaló Kaplún al argumentar la necesidad de trabajar en un plan de este tipo.

Respecto a este último punto Kaplún expresó que la idea es pensar “lo educativo desde otro lugar, desde otro espacio, por ejemplo, ligado a la ficción tanto en televisión, como en todo tipo de medios”.

Protección de niños, niñas y adolescentes

Paula Baleato representante de la organización civil El Abrojo celebró que la ley incorpore un capítulo destinado al tema protección y promoción de derechos para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, propuso algunas modificaciones específicas a los artículos 33 y 34 del proyecto.

El primero se refiere a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, el segundo a aquella protagonizada por estos. Baleato señaló que el proyecto de ley inicial “tenía 13 literales en relación a restricciones hacia la publicidad, pero en la Cámara de Representantes se aprobó una reducción y quedaron sólo seis”.

La representante del Abrojo propuso volver a incorporar prohibiciones respecto a que la publicidad dirigida a niños niñas y adolescentes no podrá incitar a la violencia, la comisión de actos delictivos, el consumo de drogas legales e ilegales o a cualquier forma de discriminación.

Propuso agregar al proyecto que los productos o servicios especialmente dirigidos a este público, como los juguetes, “no deberán discriminar ni promover valores o roles estereotipados que fomenten la discriminación por género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otro tipo”, entre otras varias recomendaciones que fueron excluidas del texto aprobado en Diputados.

Baleato propuso crear un ámbito institucional específico para trabajar los temas del vínculo entre las infancias, las adolescencias y los medios de comunicación audiovisual. Hay que “tener presente el peso socializador que tienen los medios en relación con niños y adolescentes” señaló al argumentar.

“Los medios de comunicación son una institución socializadora tan importante como la familia o el sistema educativo, debemos tomar en cuenta este nuevo actor y este escenario de formación como un espacio muy importante que requiere la participación de distintos actores institucionales”, finalizó Baleato.

Accesibilidad para la inclusión

Soledad Fontela de la Red Especial Uruguaya remarcó la importancia que significa que el proyecto de ley incluya un capítulo destinado a la accesibilidad para las personas con discapacidad.

“Debido a la inaccesibilidad edilicia, tanto en ciudades como en pueblos, los medios de comunicación se transforman, a veces, en el único vínculo que tienen estas personas con la educación, con la información general y con el entretenimiento”, recordó.

La representante de Red Uruguaya también hizo énfasis en la imagen que los medios transmiten de las personas con discapacidad: “A nivel de la sociedad, los contenidos en general de los medios de comunicación dan una visión muy negativa de las personas con discapacidad, mostrándolas siempre como personas dignas de lástima y nunca desde sus propias capacidades”.

En este sentido, retomó la idea de Kaplún y apuntó a la necesidad de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación. “Se necesita mucha educación a nivel del lenguaje; la persona discapacitada no es `el discapacitado` sino que, primero, es persona”, dijo la representante de Red Especial Uruguaya. Finalmente advirtió que tanto este tema como el de la protección a la infancia deben ser resueltos en la ley mediante la educación.

No discriminación

Lilián Celiberti de Cotidiano Mujer expresó la necesidad de incorporar al proyecto referencias directas a leyes que ya fueron promulgadas en el país respecto a la igualdad en términos de consideración, a la no discriminación de género, a la ley sobre violencia doméstica, entre otras.

Las incorporaciones planteadas respecto a la igualdad y la no discriminación van en la línea de luchar contra una tendencia “a estereotipar, no sólo a las mujeres, sino también a los hombres; estereotipos que ubican determinados comportamientos en unos y otros”.

El problema no se salva exclusivamente con prohibiciones, sino también con educación. Celiberti ejemplificó: “No puede haber una legislación que prohíba el programa de Tinelli, pero quiero una sociedad que no lo mire”. Este tipo de programas “cosifica a las mujeres en relación a su cuerpo y no las considera en su integralidad”, opinó.

Por último advirtió que el artículo 28 que previene ante formas discriminatorias sufrió “recortes” y tiene “ausencias” luego de haber sido aprobado en Diputados. Celiberti propuso que el artículo diga: “Los servicios de comunicación audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y la violencia a través de mensajes que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad”.

Eliminación de CCA debilita el proyecto

La eliminación en Diputados del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y la asignación de todas las competencias previstas a la URSEC volvió a ser centro de críticas.

“Cuando se trabajó el proyecto en la comisión de Diputados insistimos en la necesidad de que el CCA tuviera independencia del Poder Ejecutivo; parecía que eso se había logrado porque llegamos a ver una redacción que iba en este sentido pero lo cierto es que se volvió a cambiar a último minuto”, lamentó Gabriel Kaplún.

En reiteradas ocasiones tanto la Coalición por una Comunicación Democrática como organismos internacionales de derechos humanos manifestaron la necesidad de crear un organismo de aplicación de la ley que sea independiente del Poder Ejecutivo. Tal no es el caso de la URSEC.

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