“Esta conmemoración es importante para el mundo y para Uruguay, que se construyó con un aporte muy importante de la colectividad judía, de los inmigrantes y del conjunto de los diferentes”, señaló Botero este viernes 27 en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno nacional, tras la primera reunión de la Comisión Honoraria para la Conmemoración de los 75 Años de la Liberación de los Campos de Exterminio Nazis y la Memoria de las Víctimas del Holocausto.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional, la entrevistada enfatizó que recordar esos hechos “es importante frente a una nueva ola inmigratoria que nos trae el sentimiento y la necesidad de integrar a todos y de destacar el respeto al otro”. “En ese sentido es que queremos que esta conmemoración tenga relevancia en nuestra sociedad”, señaló.

Luego, informó que el secretario de la mencionada comisión es el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, y la integran, además, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, así como Pablo Atchugarry, Mariana Blengio, Gerardo Caetano, Gonzalo Camarotta, Ney Castillo, Pablo da Silveira, Oscar Destouet, Belela Herrera, Fernando Pereira, Consuelo Pérez, Josefina Plá Rodríguez, Ana Ribeiro, María Noel Ricetto y Blanca Rodríguez.

“En esta primera reunión se plantearon ideas y hubo acuerdo en la importancia de dar un énfasis muy fuerte en el sistema educativo para que durante el año se aborde el tema en los centros de estudio en todo el país mediante el Plan Ceibal”, apuntó Botero.

También “se planteó que en los espectáculos públicos, tanto en el deporte como en la cultura, y en los medios de comunicación se pueda sensibilizar sobre este terrible episodio de la humanidad en el que se instrumentó un sistema de extermino masivo de seres humanos”. Puntualizó que se trabajará con las organizaciones de la colectividad judía vinculadas a la Shoá (Holocausto) y con instituciones sociales de difusión de la memoria del pueblo judío.

Botero recordó que el 27 de enero se conmemora en todo el mundo la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, ubicado en territorio polaco ocupado por las fuerzas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Adelantó que habrá un acto oficial y una reunión de la comisión con ideas concretas para plantear un calendario de actividades a desarrollar durante el año.

El presidente Tabaré Vázquez creó la comisión a través de una resolución en la que encomendó al Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia y al Ministerio de Educación y Cultura la designación de sus integrantes.

El texto legal indica que el 27 de enero de 1945 marcó el fin de la tragedia en uno de los campos icónicos de los creados por el Tercer Reich para proceder a un genocidio étnico, político y religioso, como lo fue Auschwitz, por lo cual la Organización de las Naciones Unidas lo nombraron Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Además, dispone que la comisión establezca la articulación y orientación de los contenidos y estrategias de las propuestas formativas, así como la coordinación e instancias de difusión y sensibilización de las actividades conmemorativas, conjuntamente con instituciones de enseñanza pública y privada y con las que trabajen en temas vinculados con derechos humanos.

Fuente Contenido e Imagen: Presidencia de la República.

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http://www.sociedaduruguaya.org/2019/12/enfasis-especial-a-75-anos-de-la-liberacion-de-los-campos-de-exterminio-nazis-y-la-memoria-de-las-victimas-del-holocausto.html

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“El término diezmilpesista se acuñó en el año 2011, y su acepción simplificada se refiere a aquél que gana esa cifra o menos, en el desempeño de su trabajo.

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT introdujo el concepto en el año mencionado, al incorporar a su agenda la problemática derivada de esa situación.

Para el aludido instituto, la definición comprende a los que ganan por hora menos de lo que ganaría una persona con una semana laboral de 40 horas y $ 10.000 de sueldo líquido.

Implica lo detallado un ingreso cercano a los 60 pesos la hora y posibilita la inclusión en la clasificación de personas que ganan $14.000 al mes.

Está considerado en el concepto que el ingreso proviene de un único empleo, si bien la situación real es distinta, por razones obvias.

Se refiere además a situaciones individuales, y no al ingreso del núcleo familiar, que podría superar en su promedio el monto o, por supuesto, quedar por debajo.

Si bien entonces los ingresos familiares donde se inserta un diezmilpesista pueden por lo tanto superar ese monto, y sacar al núcleo del nivel de pobreza, el concepto grafica en forma muy aproximada la situación de una población trabajadora que representa cerca de la mitad de la totalidad.

La mitad de los ocupados del país, podríamos concluir entonces, gana menos de 60 pesos la hora.

Entre los sectores más sumergidos están el comercio, los restaurantes y hoteles, la agricultura ganadería y pesca, y los establecimientos financieros.

Si tomamos el tope de $14.000 como límite, unos 900.000 uruguayos son diezmilpesistas.

El término, que muchas veces hasta lo escuchamos utilizarse en forma impúdicamente peyorativa, comprende entonces a una porción muy importante de nuestra población económicamente activa, la que se encuentra entonces postergada.

Si bien algunos sectores, como la son la Federación del Comercio y Servicios han manifestado recientemente sus protestas y son apoyados por AEBU – en lo que tiene que ver con la posible toma de medidas en la recolección de remesas en los grandes supermercados – el hecho es que el éxito no se ha hecho presente en las negociaciones de los Consejos de Salarios, donde no hubo respuestas.

Los diezmilpesistas son ignorados y excluidos.

Toma fuerza entonces lo manifestado por el candidato Tabaré Vázquez en un reciente congreso, donde expresó que “Un país con exclusiones es una inmoralidad”.

Ciertamente, en el mismo marco manifestó que hay que tener una educación y salud mucho mejores, y también hay que resolver el asunto de la inseguridad.

No analizaremos aquí la reiteración de metas ya planteadas en la campaña del 2004, pero sí no entendemos la actitud en el tema que nos ocupa.

Porque no es un asunto que está en la preocupación del actual gobierno, a la vista de los resultados, y no sabemos si estará en el plan del médico.

Los conceptos de democratización, inclusión e igualdad reiterados y repetidos por el gobierno en sus manifestaciones mediáticas, no se aplican para los diezmilpesistas.

Refiriéndonos a los dichos de Vázquez, y compartiéndolos, es, hoy, una inmoralidad.

Como lo son los ingresos de algunos – por ejemplo profesionales de la salud y otras ramas de especialización – que por circunstancias que no son del caso analizar ahora, y que se enmarcan en las distintas políticas y realidades salariales y laborales, perciben unas 50 veces lo que percibe un diezmilpesista.

En el mismo país, con el mismo gobierno, bajo el mismo Estado.

Es muy dudoso a la luz de lo que vimos en estos casi nueve años de administración del Frente Amplio, que de ser Vázquez el próximo presidente, encuentre el camino para recuperar la salud – es “autor” del SNIS- , la educación – es ”autor” de la vigente Ley de Educación- y la seguridad, cuando lo prometido por él mismo al asumir en 2005 involucionó en sentido contrario.

Tampoco se vislumbra la intención o la propuesta concreta en su reciente promesa de “emparejar para arriba” de hincar el diente a la situación de los uruguayos excluidos por la realidad que hemos someramente descrito.

Confiamos en que el batllismo pueda recomponer su actitud de servicio y poder tener la posibilidad de empezar a apoyar el proceso de recuperación de inserción justa y postergada de los miles y miles de uruguayos comprendidos en esta realidad para la que según parece, no hay propuestas para revertirla, ni interés en atenderla.

Porque forma parte de su filosofía.

Claro, hay que trabajar mucho, ordenada y metódicamente con la sociedad.

Las soluciones o el inicio del proceso no surgen de un discurso o de una promesa.

Esperamos fervientemente encontrar el camino, en conjunto con la gente deseosa de transitarlo”.

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Mientras el gobierno resuelve experimentar un plan para mejorar la convivencia en diversas zonas de Montevideo y Canelones, la Intendencia de Montevideo actúa en contrario, imponiendo a los vecinos soluciones que están en las antípodas del primero.

En efecto, el gobierno firmó siete convenios con las comunas de Montevideo y Canelones, y con la participación de estatales y privados intentará desarrollar el llamado Plan Siete Zonas, que supone la mejora de la infraestructura urbana en cinco barrios de Montevideo y tres de Canelones.

Cantera del Zorro, Marconi, Santa Teresa, Chacarita de los Padres, Vista Linda y Obelisco, en Las Piedras, y Villa Manuela en Barros Blancos serán el objetivo del plan.

Se trabajará también en la intensificación de la seguridad mediante patrullaje, apoyado por la Policía Comunitaria, y se trabajará en los aspectos sociales.

Se pretende potenciar la convivencia con la construcción de centros cívicos, plazas de uso comunitario y complejos deportivos.

El costo del emprendimiento será de 34 millones de dólares, y beneficiará a unas 32.000 personas.

Se apoyará la experiencia en institutos como los CAIF, de fundamental aporte a la sociedad desde su creación en 1988, para atención de la infancia y su familia.

Es de esperar y anhelar que la costosa experiencia piloto dé resultados positivos, y se logre la convivencia, el mejoramiento de las relaciones entre vecinos y el fortalecimiento social en los barrios mencionados.

Ciertamente, desconocemos la forma en que se implementarán los planes de educación cívica que suponemos están previstos, y sin los cuales no se avizora un futuro prometedor.

El deterioro en la vida de los barrios de Montevideo ha sido gradual y sostenido durante décadas, y esto vale para todos, no sólo para los más carenciados.

La convivencia se ha ido tornando problemática, y se ha hecho hasta riesgoso el usufructo de los espacios comunitarios.

Por eso es que la primera reflexión que nos sobreviene, es que el resto de los ciudadanos de la ciudad, que pagan sus impuestos y ven desde hace mucho relegadas las condiciones urbanas, sociales y de seguridad que se potenciarán en estos barrios, querrán recordar a la comuna, y al gobierno, que ellos también existen, por más que no estén en situación de crisis extrema. Y que tiene problemas de infraestructura, de limpieza y de seguridad. Y que no tienen patrullajes para generar “vías seguras”.

Éste es sólo un aspecto, que tiene que ver con el cumplimiento de las partes, en el “contrato” que hace que paguemos nuestros impuestos para recibir servicios a cambio.

Pero hay otro asunto realmente incomprensible y contradictorio entre lo actuado o resuelto por el gobierno, y la actitud de la Intendencia de Montevideo:

Ya hemos analizado en nota anterior, la forma en que la I.M. desafectó un predio utilizado por los vecinos de Las Duranas para realojar un asentamiento.

Los vecinos rechazaron la idea, no por compartir su barrio con los nuevos moradores como se argumentó desde la I.M. Rechazaron el hecho de no haber sido nunca consultados, se mostraron enojados porque no se les permitió dialogar, y fueron despojados de un espacio cultural mantenido por ellos mismos. La democracia no existió para con ellos, pues no tuvieron ni voz ni voto.

¡Y se les quitó un espacio en funcionamiento, como los que ahora se pretende construir en el plan 7 zonas!

En esta semana, la Junta Departamental volvió a actuar, y a los vecinos de Villa Teresa, los despojaron de un predio delimitado por las calles Isidro Pérez de Roxas, José de la Sierra, Tomás González Padrón y Juan Alonso Castellano, usufructuado como plaza y centro de actividades, para ser utilizado por la Cooperativa de Viviendas COVIESPE para la construcción de sus viviendas.

La plaza de Deportes Nº 14, centro del barrio en todas sus acepciones, dejará de existir.

Ciertamente, aplaudimos que la Cooperativa haya logrado al fin su predio, por el cual trabaja desde el año 2007, pero no se entiende que el sitio elegido sea una plaza con actividades sociales y deportivas, centro neurálgico de la actividad social del barrio, mantenida por los vecinos, dispuestos a encadenarse si la perdían, aspecto que ya se resolvió.

La Junta Departamental desafectó el predio, ignorando a los vecinos.

¡Se desarticula y elimina una plaza, como las que se van a construir en el Plan 7 zonas, suprimiendo el servicio a la comunidad!

Difícilmente Olesker pueda explicar el “criterio”, cuando en el marco del nuevo plan manifestó que “De nada sirve cuadruplicar los equipos sociales en el territorio si no hay una modificación en la trama urbana, que genere equipamiento social, espacios urbanos y de convivencia, que hagan posible la movilidad urbana “

Es inexplicable que en Las Duranas y en Villa Teresa los espacios de referencia mencionados por el ministro, ya implementados y en uso activo, sean desmantelados y avasallados sus usuarios.

En principio no compartimos la tesis de que este “Plan 7 zonas” viene a dar un auxilio del gobierno a la comuna canaria y, particularmente a la de Montevideo, que se ha agotado y fracasado en su gestión.

La actitud y decisiones mencionadas, dicen lo contrario”.

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“En sesión del día 22 de agosto, el Frente Amplio votó en la Junta Departamental de Montevideo el realojo de parte del asentamiento Las Duranas y su traslado a un predio del espacio cultural “la Criolla – Paso de Las Duranas, ubicado en Pedro Trápani y Bayona.

Esta acción se enmarca en el Programa de Realojos, un instrumento que mediante acuerdos entre la Intendencia de Montevideo y el MVOTMA propicia la reubicación de familias con bajos recursos que se encuentran en suelos fiscales no aptos para vivienda y que cumplen con la condición de contaminados e inundables.

El espacio cultural mencionado cuenta con el escenario Pablo Estramín, zonas de juegos para niños, equipamiento para mayores, y una serie de mejoras urbanas conseguidas y materializadas por los vecinos, y mantenidas con su propio esfuerzo.

La I.M. afectará tres padrones contiguos a este centro, con un área total de unos mil metros cuadrados para reinstalar a unas dieciséis familias, en viviendas a construirse que les serán entregadas a las mismas.

Los hábitos sociales de las familias a insertarse son muy distintos a los de los trabajadores de la zona, pues provienen de asentamientos donde el reciclaje de basura es una de las características de su actividad.

Éste ha sido el argumento esgrimido por las autoridades y sus “seguidores conceptuales”, atribuyendo a los vecinos, legítimos dueños de su entorno, actitudes individualistas y egoístas, en una actitud injusta, y alejada de la realidad.

Si bien es indudable el contraste de la condición social y las costumbres de los futuros habitantes con los actuales, no es éste el principal problema en esta infeliz gestión:

El hecho principal es que la I.M. y toda su maquinaria burocrática nunca se han interesado en la opinión de los vecinos. Nunca se han reunido con ellos para interiorizarse de las actividades del barrio, de su forma de vida.

Nunca les han importado sus legítimos derechos, por el simple hecho de que los ven como contribuyentes –un número- y no como personas o como ciudadanos que además, pagan sus impuestos.

En su oportunidad, reunidos en asamblea, los vecinos ahora despojados de sus derechos manifestaron su indignación con la I.M., con el Municipio C y con la directora Eleonora Bianchi, responsable del Departamento de Acondicionamiento Urbano de la comuna.

Se les prometió entonces un ámbito de negociación para dialogar y acordar, entre la I.M. y una comisión designada y conformada a tales efectos, pero esto nunca se concretó, y no por culpa de los ignorados ciudadanos.

Los vecinos insistieron en que la acusación del oficialismo en que ellos asocian “la pobreza con la delincuencia” es falsa, y que en realidad lo que pretenden es que no se destruya el entorno logrado con sacrificio propio, y además, autoritariamente y sin diálogo previo que pudiera conducir a soluciones más equitativas o adecuadas.

Es que en experiencias similares –asentamiento de Candelaria- las viviendas se entregaron sin terminar en lo concerniente a sus cerramientos exteriores. Fácil es imaginarse el estado general del conjunto, en el que sus ocupantes, más allá de no pagar nada por lo que les fue entregado, han incidido negativamente en ese aspecto, pues no existe ni el orden ni la prolijidad ni el interés por el entorno en la “terminación” de las unidades.

La problemática que estamos exponiendo fue analizada y expuesta en ámbitos democráticos, como lo son la propia asamblea de vecinos, la presentación de 800 firmas, los planteos en la Junta Departamental de ediles de “la oposición”, la divulgación en medios de prensa, y todo mecanismo al alcance de los ciudadanos, legítimos dueños de la ciudad, para lograr al menos, ser escuchados.

Todo fue inútil.

La Intendencia de Montevideo, con el visto bueno y los votos incondicionales del oficialismo, “colonizará” la zona, plantará su bandera de autoritarismo, y seguirá ignorando a los vecinos, a los que trata, como dijimos, como un número, como “un contribuyente”. Sin derecho a opinar.

Es de orden mencionar que en la instancia de la votación en la Junta Departamental, los vecinos presentes en las barras reclamaron, se indignaron, lloraron, exigieron y luego insultaron a los ediles del Frente Amplio.

Fueron retirados de inmediato por la fuerza pública, como corresponde en todo régimen o sistema ‘democrático’”.

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“Los procedimientos, mecanismos y decisiones que se implementan o manifiestan en el ámbito de nuestra Democracia, generan a veces situaciones en las que sentimos que nuestros representantes dejaron de serlo.

En efecto, la consabida “disciplina partidaria”, el cambio de pensamiento una vez sentado el representante en los sillones de los que el ciudadano es legítimo dueño, y otras actitudes cuestionables, hacen con razón pensar al elector que “eso” que se está votando, no fue lo que se le prometió en otros tiempos previos.

Sin llegar al extremo de considerar alguna insólita iniciativa de ciudadanos indignados, de limitar el número de representantes nacionales a dos por partido político – un diputado y un senador- en el escenario de que los partidos “votan en bloque”- hay decisiones que hacen al entorno físico, que se disciernen en las Juntas Departamentales, que son, al menos, reprobables, y que deberían llamarnos a seria reflexión, por lo que implican.

La actuación en el entorno, sea éste urbano o rural, genera concreciones físicas que en general son irreversibles. De ahí la importancia de que las intervenciones estén respaldadas no sólo por los reglamentos y normas, sino por los especialistas técnicos del caso en los proyectos o decisiones a implementarse.

Vivimos entre las realidades urbanísticas que se corresponden con lo resuelto en el pasado, y muchas veces los errores nos abruman. Pero los que se cometen aún ante la advertencia, los informes en contrario y contraviniendo la norma –o modificándola para proceder en consecuencia – son incalificables.

Nuestra ciudad y nuestro entorno natural han sido víctima de muchas impericias, en todos los tiempos. Nos referimos aquí sólo a algún caso reciente que se concretó o que va camino a hacerlo, porque son ejemplo de lo antedicho, y se materializarán –o materializaron- en realidades físicas irreversibles. Para siempre o no, pero a un costo indefendible en la última hipótesis.

La nueva Cárcel de Punta de Rieles se construirá, a pesar de que se han opuesto miles de vecinos, de que altera con su ubicación un entorno natural protegido –bañados de Carrasco- y de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la Intendencia de Montevideo, lo prohíbe expresamente.

En efecto, la referida norma, burlada con la implantación, no permite la ubicación de asentamientos humanos en la zona.

La nueva cárcel tendrá lugar para 2000 reclusos –asentamiento humano- y costará 80 millones de dólares.

Generará además un movimiento de personas –visitas- y servicios que hacen improbable cualquier emprendimiento en la zona, como los que están desde hace décadas, que son agropecuarios –como lo define el P.O.T.-, fundamentalmente viñedos.

En Maldonado se ha modificado recientemente la Ordenanza Municipal para autorizar la construcción de edificios en la zona comprendida entre la Laguna del Diario y Punta Ballena, sin argumentos técnicos, sin estudios previos, con los votos a favor del oficialismo en bloque –a pesar de estar muchos en contra- y con los votos en contra de toda la oposición.

Por supuesto que la insólita decisión dará muchísimo más valor inmobiliario (sic) a los predios involucrados, y cambiará para siempre el paisaje del que hoy disfrutamos – pues permite en la faja costera la construcción de edificios de cinco pisos de altura- patrimonio de todos los uruguayos, y de los habitantes del mundo que nos visitan.

El novel Corredor Garzón de nuestra maltratada Montevideo ha demostrado ser el paradigma de la improvisación, la falta de planificación, y un costoso ejemplo – 40 millones de dólares- de cómo se hace una obra sin considerar a los usuarios, a los técnicos especialistas y a quienes argumentaron aspectos negativos, antes de que se concretaran.

La corrección de errores, en caso de ser posible, sólo es atribuible a un infeliz proyecto, concretado y materializado, entre otras cosas, gracias a las mayorías – impertérritas en este caso- que supone la Junta Departamental.

El Corredor Garzón no mejorará aunque la Intendenta Ana Olivera admita que se ha equivocado en la gestión.

Claramente podrá apreciarse que en ninguno de los tres casos mencionados alcanza con pedir perdón, o asumir la responsabilidad “administrativa” una vez concretado el ultraje.

Las ocasionales mayorías junto a los Administradores correspondientes han incidido en nuestro entorno, y todos pagaremos las consecuencias».

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La primera presentación, «3 Mujeres judías, 3 Historias de integración», tendrá como orador al ministro Ricardo Ehrlich.

Participarán como panelistas la asesora de Equidad y Género del MEC, Glenda Rondán; edila Consuelo Pérez; Esc. Inés Pacciarz; O.T. Estela Jinchuk; yla Dra. Doris Cwaigenbaum de Hoffnung

La actividad se realizará el jueves 15 de marzo, a la hora 12, en la sala Alba Roballo del MEC -Reconquista 535, piso 9-.

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. www.mec.gub.uy

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