Entendemos por VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO, a los compañeros ex presos políticos, exiliados, clandestinos, cónyuges e hijos victimizados, despedidos por razones políticas, los que no reúnen los años de trabajo para obtener su jubilación, los que no puede cobrar la PER porque han sido excluídos o porque superan el tope salarial exigido, todos los que debieron renunciar a su legítima jubilación para poder percibir la PER y en general a todos quienes hayan sido afectados por la Dictadura.

DESARROLLO DEL PLENARIO:

1ro. Informe de CRYSOL acerca de las acciones realizadas hasta la fecha en procura de la nueva Ley. (entrevistas, gestiones, reclamos en los medios, contactos con el gobierno a distintos niveles, etc, etc.)

2o. Aportes de los cros. presentes para la elaboración de un Plan de Lucha tendiente a lograr la rápida aprobación del Proyecto presentado. (Tengamos en cuenta que la iniciativa debe ser en primer lugar aprobada por el Presidente y en segundo lugar por el Parlamento).

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Si, no hacemos memoria a todas nuestras víctimas, sino persistimos en la búsqueda incesante de caminos que nos lleven a la justicia, si los que quedamos no luchamos por aquellos que ya no pueden hacerlo, si la hipocresía, si la obsecuencia, la apatía o el cansancio nos ganan, la lucha por la verdad y la justicia será una partida perdida.

ADES – FENAPES CONVOCAN A CONCENTRAR FRENTE AL MINISTERIO DE DEFENSA (Av. 8 de Octubre y Pte. Berro) EL DÍA MARTES 30 DE DICIEMBRE, 19 HS.

¡BASTA DE PACTOS CON GENOCIDAS!

¡POR VERDAD Y JUSTICIA!

¡FUERA FERNANDEZ HUIDOBRO!

ADES – FENAPES – PIT CNT.

Fuente Imagen: www.republica.com.uy 

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En la citada denuncia originariamente fue presentada en abril de 2012 ante Penal 19 Turno de Montevideo, quién la derivó a Penal 5o Turno que tampoco la asumió, delegando competencia al juzgado de Colonia quién finalmente la acepto. (Sentencia Interlocutoria No 1964 de fecha 14 de diciembre de 2012). Allí se denunciaban por parte Raúl Olivera de la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT y con el patrocinio del Dr. Pablo Chargoñia la apropiación de menores, tortura, secuestro, desaparición forzada, privación de libertad, asociación para delinquir y sustracción de menores.

Delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, por personal del Departamento III del SID de Uruguay, de la Armada uruguaya y agentes estatales argentinos integrantes del Grupo de Tareas con asiento en la Escuela de Mecánica de la Armada de la República Argentina, que actuaron en nuestro país en el período que se desarrollaron los hechos denunciados.

Observatorio Luz Ibarburu.

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El acto público tuvo lugar el martes 18 de diciembre en el Edificio José Artigas de Presidencia de la República, con la presencia del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero; la coordinadora ejecutiva de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Graciela Jorge; el coordinador del equipo de antropólogos, José López Mazz; y el representante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Eduardo Pirotto, entre otras autoridades.

El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, destacó el compromiso asumido por la Secretaría para Derechos Humanos en la tarea de investigación sobre los detenidos desaparecidos que conjuga aspectos jurídicos, políticos y humanos.

El jerarca, en la oportunidad, realizó un cálido reconocimiento a su antecesor, Alberto Breccia, por su colaboración destacada en esta Secretaría.

La coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Graciela Jorge, fue la encargada de presentar el informe detallado de la tarea realizada por esa Secretaría durante el año 2012.

La jerarca señaló especialmente su reconocimiento al ex secretario de Presidencia, Alberto Breccia, en lo que constituyó hasta hace pocos días, su calificado aporte en las diarias actividades.

Subrayó los avances alcanzados en hallazgo e identificación de personas desaparecidas en tiempos de la coordinación represiva propia del Plan Cóndor. En ese sentido, valoró el arduo trabajo de los antropólogos, la coordinación de tareas realizada por técnicos argentinos y la asistencia del Instituto Técnico Forense Uruguayo. Asimismo, se refirió al contraste de datos genéticos realizado en paralelo por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF) y el equipo uruguayo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Órganos y Tejidos.

Jorge enumeró la recuperación e identificación realizada en los casos de personas detenidas-desaparecidas: Julio Castro Pérez y Ricardo Blanco Valiente, cuerpos hallados en el Batallón 14 de Infantería; Alberto Mechoso Méndez, cuyos restos serán repatriados en los próximos días desde Buenos Aires. El ciudadano chileno Luis Guillermo Vega Ceballos, desaparecido en Argentina y cuyo cuerpo fue hallado en costas de Rocha en 1976, identificado mediante pericias dactiloscópicas, y sus restos, trasladados a Buenos Aires el pasado mes de octubre. El también ciudadano chileno, Nelson Valentín Cabello Pérez, hallado en condiciones iguales al anteriormente mencionado e identificado por pericias, no habiéndose conservado sus restos. El caso de la ciudadana argentina Laura Gladis Romero Rivera, en condiciones similares al precedente. Los ciudadanos argentinos: Horacio Adolfo Abeledo y Roque Orlando Montenegro, cuyos restos se hallaron en costas del departamento de Colonia en 1976, identificados por exámenes antropológicos y de ADN realizados por el EAAF. Asimismo, la coordinadora ejecutiva de la Secretaría informó del traslado a Argentina en la misma oportunidad, de otros seis restos óseos de idéntica procedencia, de los que no se cuenta con identificación.

Dijo también que en dos instancias se realizaron traslados a la República Argentina de pequeños restos óseos hallados en el Batallón 14, a efectos de la realización de diagnóstico de especie y acerca de los cuales no ha habido aún resultados de pertenencia.

En tal sentido, expresó que la Secretaría ha elaborado un protocolo de procedimiento en la búsqueda, recuperación y análisis de restos óseos de personas detenidas-desaparecidas, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Uruguay, con base en normas internacionales y adaptación a nuestra realidad.

Acto seguido, Graciela Jorge expresó que por mandato judicial se han realizado varias exhumaciones de fallecidos en situación de detención: Pedro Lerena, Amelia Lavagna de Tizze y, próximamente, Walter Arteche.

Destacó la coordinación con los jueces, Intendencia de Montevideo y empresas particulares en cuanto a la concreción de repatriaciones y sepelios y muy especialmente aspectos referidos al relacionamiento con los familiares.

Señaló también, el esfuerzo orientado a la creación de un banco de datos genético de familiares de personas detenidas-desaparecidas, completado en un 90%, y la firma de un convenio entre Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud Pública. Dijo que en el EAAF se encuentra la réplica de nuestro banco de datos genéticos.

Consideró la importancia del acuerdo realizado entre Pesidencia y Universidad de la República (UdelaR), que ha permitido desarrollar líneas de investigación histórica y antropológica bajo la dirección de los profesionales especialistas Álvaro Rico y José López Mazz, integrantes también de la dirección de esta Secretaría para los DDHH.

En cuanto al relacionamiento con el Poder Judicial, Graciela Jorge informó la existencia de 180 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Dijo que en estos casos, las audiencias judiciales requieren la comparecencia de representantes de esta Secretaría, y que se trabaja en forma conjunta con el grupo de historiadores cuya labor se desarrolla en el propio marco de la sede. Recordó la realización de un encuentro con jueces y fiscales realizado este año, en relación con los aspectos humanos del relacionamiento con familiares de las víctimas, de investigación histórica, antropológica-arqueológica forense y archivológica.

Jorge dio a conocer también la colaboración con organismos nacionales e internacionales, la Dirección de DDHH del Ministerio de Educación y Cultura, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Comisión de DDHH del PIT-CNT, CRYSOL, Colectivo Ex -Presas Políticas, SERPAJ , Institución Nacional de DDHH, etc.

En cuanto al relacionamiento internacional, destacó los vínculos existentes con Argentina, Brasil,Chile y otros países, en un marco de colaboración recíproca, habiendo tenido esta Secretaría participación en relevamiento de archivos a nivel del MERCOSUR. Señaló el trabajo realizado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la elaboración de un Memorando de Entendimiento entre Argentina y Uruguay sobre graves violaciones a los derechos humanos, recientemente firmado por ambos cancilleres.

Dijo que se avanza en la organización el Archivo de la Secretaría, con los documentos producidos por la Comisión para la Paz, los emanados en el seguimiento de esta y nuevos aportes recibidos y también el avance en la construcción del banco de datos unificado de los casos de uruguayos que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos.

Señaló que por resolución presidencial se creó el Comité Uruguay para Memoria del Mundo en conmemoración de los veinte años del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. A tales efectos, recordó el recibimiento en un acto realizado en la Secretaría, a la directora general de UNESCO, Irina Bokova, en setiembre pasado en el marco de un encuentro archivístico con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Expresó también la jerarca que, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso de la familia Gelman versus Uruguay, se realizaron este año dos actos reparatorios: descubrimiento de placa en la ex sede del Servicio de Información de Defensa (SID) y acto público en reconocimiento de responsabilidad del Estado, en el referido caso, que se cumplió en el Palacio Legislativo.

La coordinadora ejecutiva dio cuenta acerca de la elaboración de un informe de la Secretaría, a efectos de ser incluido en la Memoria Anual de Gestión del Gobierno Nacional, el que se entregará en los próximos días. Asimismo un informe especial ante el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas. El mismo, relativo a las medidas adoptadas por el Estado Uruguayo para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para protección de personas contra desapariciones forzadas y la presencia de la Secretaría en la Consulta Regional realizada en Bs As hace pocos días del Relator Especial para UN para la promocion de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Por su parte, el coordinador de antropólogos, José López Mazz, puntualizó que los objetivos de su equipo de trabajo en búsqueda, localización y recuperación con integridad de restos óseos y e identificación de personas detenidas desaparecidas.

El antropólogo informó que se han desarrollado pericias sobre cuerpos de personas que, durante la dictadura, fueron entregados a sus familias en urnas selladas con la imposibilidad de ser examinados. Dijo que en lo próximo, al habilitarse la página web de la Secretaría, se facilitará el intercambio de información.

Como desafío para el 2013, López Mazz indicó que ya finalizan las investigaciones del Batallón 14 y están comenzando las excavaciones en el Batallón 13, lugar donde abundan las contradicciones, en los informes oficiales que precedieron a los actuales.

El coordinador de historiadores, Álvaro Rico, manifestó que el trabajo de antropólogos e historiadores se realiza mediante un convenio firmado por la Universidad (UdelaR)y la Presidencia de la República en el año 2005. En este sentido, indicó que el acuerdo se extenderá por los años que sean necesarios, en relación con la búsqueda de desaparecidos y el logro de la verdad.

El investigador señaló que durante el transcurso de estas labores, se trabajó en coordinación con distintos Archivos de Memoria de provincias de la República Argentina. Señaló que los juzgados penales del país, hasta el momento, han enviado a la Secretaría 48 oficios como respuesta a la búsqueda de documentación relacionada con violaciones a los derechos humanos.

El equipo de historiadores incluye a ocho investigadores universitarios más el coordinador, y trabaja en forma cercana con el equipo de antropólogos y archivólogos. En este período, según dijo Rico, se rinde cuentas de todo lo investigado y, por lo tanto, la labor del equipo -luego de revisar un total de veinticinco repositorios, desde el año 2005- se ha concentrado en el estudio de ocho archivos.

Se trata en estos casos de archivos relativos a Sanidad Militar, del Ministerio de Defensa y rollos microfilmados en custodia de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, material entregado por el Ministerio de Defensa Nacional, con diecisiete DVD.

Finalmente, Rico expresó que en tarea conjunta con la Dirección de Migraciones, se están revisando los libros de entrada y salida al país por 18 puntos cardinales desde 1973 a 1985. Asimismo, con la Dirección Nacional de Policía Técnica se investigan los expedientes del Supremo Tribunal Militar sobre actuaciones de determinados ciudadanos uruguayos en la etapa previa y durante la dictadura.

Fuente: MPP: http://mpp.org.uy

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Sumario

Sentencia dela CIDH. Comorespondió el estado uruguayo. Fabiana  Larrobla/Jimena Alonso

“…que no me olviden.” Alicia Cadenas

Magistrados rigurosamente vigilados. Samuel Blixen

Infancia y mundo de hoy. Marcelo Viñar

Cuando lo obvio no se quiere ver. Lilián Abracinskas

Repaso histórico de una educación en crisis. Marcos Rey

Entrevista a Olga Ramos. Adriana Cabrera Esteve

La negritud uruguaya. Entre la comparsa y la discriminación. Daniel Vidart

Avances y retrocesos del derecho humano al agua en Uruguay. Jose Elosegui

Los gobiernos progresistas en América Latina. Antonio Elías/Enrique Oreggioni

Contáme como era. Magdalena Figueredo

Universidad y sociedad. En busca de una interacción necesaria. Isabel Trivelli

Enredados-La mordaza y los demonios. Marcos Rey

Bolivia. La revolución asediada. Jorge Lewinger

Voces de Jenin. Ana Luisa Valdés/Cecilia Parsberg

Democracia protegida en Bagdad. Ana Luisa Valdés

Antígona oriental- Ana Demarco

Objeto. Los cassettes. Amparo Delgado

Deportados en el MUME. Ma. Eugenia Grau

Nino Patrone en el MUME. Un impulso interior. Azul Cordo

Gato peludo. Mateo Magnone

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Asociación de Amig@s del Museo dela Memoria.

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El Poder Ejecutivo anunció en la Torre Ejecutiva, que se revocarán los más de 80 actos administrativos que se encuentran amparados por la Ley de Caducidad para que se continúe con las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

En ese marco, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros decidieron dictar una resolución que, por razones de legitimidad, revocará los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo -en aplicación del Artículo 3º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986- que consideró que los hechos denunciados se comprendían en las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 15.848.

Explicó que la resolución se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación.

Asimismo, recordó que nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15.737 del 8 de marzo de de 1985), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (24 de octubre de 1986) y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (21 de setiembre de 2001), así como también la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.

Por su parte, en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República se conformó una comisión ad hoc, integrada por la Dirección de Derechos Humanos y Cancillería, la cual trabaja en el análisis exhaustivo de la sentencia dictada por la CIDH a los efectos de su cumplimiento.

En ese ámbito se incrementarán las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) y se apostará a la conformación de una comisión interministerial en la materia. Además, promueve el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en materia de reparación económica a la familia Gelman.

Breccia resaltó que la resolución solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad. Una vez promulgado el Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes.

Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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El Presidente de la Asamblea General, Cr. Danilo Astori abrió el Acto recordando que: “Uruguay el 24 de diciembre de 2008 se promulgo la Ley Nº 18446,  que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos  con el cometido de trabajar en la defensa,  en la protección y promoción en toda su extensión de los derechos humanos a la luz de lo que establece el Derecho Internacional y la Constitución de la República. Nuestro país dejaba así de ser uno de los pocos países de América Latina que carecía de una institución de este tipo. Nació como una Institución autónoma e independiente que sobre la base de su independencia podrá en la concepción de la ley, trabajar con mucha eficacia para cumplir sus cometidos y con influencia para alcanzar los mejores resultados posibles.”

Continuó enfatizando en celebrar lo que la ley estableció y dijo que :” la naturaleza que le dio a esa Institución de derechos humanos que  hoy el país tiene,  habrá de trabajar en materia de políticas públicas con referencia a todos los procesos que desarrolla las políticas públicas desde su concepción  en cuanto a la finalidad que se persigue, a la definición de los instrumentos que se utilizan a la estrategia que se va a recorrer y hasta su aplicación en la práctica”. 

Astori dijo que  una Institución de este tipo además de asumir su papel de defensor del pueblo podrá inspirar con el paradigma de los derechos humanos a todas las etapas, desde la definición hasta la implementación. Culminando su intervención enfatizó en que “será fundamental  el enfoque moderno de las políticas sociales,   en el que el país está empeñado entre muchos criterios, que es  la mirada de derechos  para poner en práctica la política social para asistir a determinado grupo de la sociedad que tiene derechos  a recibirla.”

Además hizo uso de la palabra la Sra. Susan McDade, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay y el señor Américo Incalcaterra, Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

          La primera mesa de debate estuvo integrada por el Dr. Javier Miranda, Director de la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Uruguay; Sr. Ricardo Vargas, Defensor del Pueblo de Panamá; Sr. Carlos Constenla, Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman;  Sr. Manuel Aguilar, Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de España y el Sr. Álvarez Icaza, ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.

         En la segunda etapa de la jornada tuvo lugar la mesa  legislativa, a cargo de los Senadores José Amorín (Partido Colorado) y Sergio Abreu (Partido Nacional) y los Diputados Daniela Payseé (Frente Amplio) e Iván Posada (Partido Independiente).

Departamento de Relaciones con la Comunidad: e-mail prensacss@parlamento.gub.uy

Tel: (0598  2) 924 95 72 Telefax: 401 61 51

Web del Parlamento: www.parlamento.gub.uy

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Lugar de Concentración: Rivera y Jackson hasta Plaza Libertad por Avenida 18 de Julio

“El pasado 25 de octubre los uruguayos tuvimos la oportunidad de poner nuestro granito de arena en pos de la Justicia, la Verdad y el Nunca Más. A pesar de no haber ganado el plebiscito, más de un millón de personas dijimos SÍ. Este 20 de mayo es un nuevo momento para pronunciarnos, y demostrar que la lucha sigue.

Este años más que nunca debemos acompañar como hace ya 15 años a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, marchando en silencio recordando a nuestros desaparecidos y exigiendo: Verdad, Justicia y Nunca Más!

La consigna para este año será:

Sin la verdad y sin la justicia, no hay reconciliación”.

Fuente: http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=123578117656465

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La decisión de la jueza en lo penal de Octavo Turno, Graciela Eustachio, se refiere al caso de Héctor Castagnetto, un militante de izquierda que continúa desaparecido, y comprende también a otro indagado, Pedro Fleitas.
La magistrada desestimó además los cargos por “asociación para delinquir” así como los homicidios de otras dos personas y absolvió de todas las imputaciones a otro acusado, Washington Grignoli.
La defensa de Bardesio, a cargo de Aníbal Martínez Chaer, afirmó que apelará el fallo, que puede comportar una pena de entre 20 y 30 años, que en su caso representaría en la práctica cadena perpetua.

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A cargo de Roger Rodríguez, (Periodista de “La República”)

Disertante: Periodista Roger Rodríguez destacado profesional, riguroso investigador y analista del tema de los Derechos Humanos, sus aportes se han convertido en piezas fundamentales para descorrer el velo de la impunidad que protege a los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura uruguaya.

Conozca lo que sucedió en Uruguay, para decir “nunca más” a TODOS los terrorismos de Estado.

Sábado 15 de agosto a las 18 horas.

SEDE: Centro Nacional Armenio (Hai Guetrón).

Duvimioso Terra 2269 entre Amézaga y Cagancha.

.ORGANIZAN: Asociación Cultural Uruguay – Armenia (ASCUA)  y  Centro Nacional Armenio del Uruguay.

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