«Mi prima Victoria Moyano Artigas viajó a Roma a escuchar la injusta sentencia. “Nos vamos como vinimos” expresó indignada. Además, descargó responsabilidades contra el estado uruguayo. Una pelea que continúa.

Frente a la sentencia del juzgado romano que absuelve a 13 de los 14 acusados uruguayos, los familiares presentes en el juicio salieron indignados y llenos de rabia. Una de ellas fue mi prima, nieta recuperada, María Victoria Moyano Artigas, que nació en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield.

En Roma se encontró con mi padre y su tío, Dardo Artigas, quien también fue víctima de la dictadura uruguaya y que comparte el dolor de no saber al día de hoy el destino de su hermana Asunción Artigas (madre de Victoria) y su cuñado Alfredo Moyano, ambos desaparecidos.

Al salir de la audiencia donde se leyó la sentencia, Victoria fue entrevistada por distintos medios internacionales, donde declaró: “Me voy completamente indignada, viajé miles de kilómetros para tener alguna respuesta y para tener condena, porque repito, mis padres están desaparecidos, yo no sé el destino de ellos. Tengo 39 años, nací en un centro clandestino y Tróccoli va a salir libre y yo no sé dónde está mi madre y dónde está mi padre, y ellos (por los militares) no tienen condena”.

La condena fue a los responsables políticos de los distintos países – como al ex canciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco o al dictador boliviano Luis García Meza – pero dejó libres y sin condena a los militares que fueron los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad. Frente a esto, un periodista italiano preguntó a Victoria Moyano si tenía pruebas contra los militares. “¿Y yo dónde nací si no soy la prueba viviente de que este señor (en referencia a Jorge Tróccoli) hizo ésto, y que era el máximo responsable” respondió.

“Porque no es necesario, a este nivel, solamente agarrar y apretar el gatillo y torturar, sino que hay que saber quiénes son los responsables de que se haya desarrollado este gigantesco sistema represivo en Latinoamérica, del que este señor era parte, este y todos los uruguayos implicados. Y no puede ser que nos vayamos así”. Victoria expresaba así la indignación de muchos familiares y víctimas que como ella buscaban una condena ejemplar, y no la encontraron en Roma, como tampoco en Uruguay.

Responsabilidad del estado uruguayo

Victoria Moyano denunció además la imposibilidad de juzgar a los represores en el Uruguay porque todavía se mantienen las leyes de impunidad que impiden su juzgamiento. “Y acá se presentó como querellante el Estado uruguayo que no condena en su país, y acá Tróccoli volvió a quedar libre. Esto es una vergüenza, y quiero repetir que veníamos a buscar condena porque en Uruguay no hay condena para los genocidas”.

En este sentido, mi prima Victoria fue directamente contra la persona del vicepresidente Raúl Sendic – también presente al momento de la lectura de la sentencia – quien deslindó responsabilidades por parte del estado uruguayo. “Acá hay que venir y decir la verdad. (Raúl Sendic) vino acá a hacer toda una representación, un teatro, cuando a nosotros no nos representa. Yo viajé miles de kilómetros para escuchar esta sentencia, y que este señor venga a decir que no puede cuestionar nada es una vergüenza. Sí, obviamente, nosotros cuestionamos que en su país hay impunidad” expresó.

Raúl Sendic había expresado a la prensa que respetaba el fallo aunque no lo compartía. “Esperábamos otra cosa. Nos sentimos defraudados… no puedo juzgar al tribunal, nosotros reconocemos la independencia de los poderes… Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo posible” declaró.

Pero esto mentira siendo que en Uruguay sigue reinando la impunidad. Al momento, y habiendo pasado más de 3 décadas desde la salida de la dictadura, solo se han juzgado a una docena de militares y civiles responsables por la tortura, muerte y desaparición de centenares de uruguayas y uruguayos, militantes políticos y sociales.

En Uruguay existe una complicidad entre el régimen político y el poder judicial para frenar (o directamente eliminar) las causas que pretenden juzgar y condenar a los responsables de estos crímenes, además de haber sostenido durante décadas la vigencia de la Ley de Caducidad que impedía directamente toda presentación judicial por parte de las víctimas y familiares.

Por los desaparecidos y los hijos que faltan recuperar

Mi prima Victoria lucha desde los 9 años – momento en que recuperó su verdadera identidad – para saber qué pasó con sus padres y para que haya justicia y que paguen los responsables. Pese al resultado del fallo judicial, Victoria no bajará los brazos y ya confirmó que seguirá en la lucha.

Concluyendo sus declaraciones, Victoria expresó firmemente “voy a seguir peleando por el juicio y castigo, como lo vengo haciendo desde que recuperé mi identidad, el juicio y castigo a los militares responsables del Plan Cóndor y del genocidio de miles y miles de personas. No sabemos el destino de nuestros familiares, hay jóvenes como yo que hasta el día de hoy siguen apropiados, no tienen su identidad, como me pasó a mí que pude conocer mi identidad, pero hay otros que no. Vamos a seguir luchando como lo hemos hecho todos estos años”.

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En dicha instancia la Comisión Directiva presentará su Memoria y Balance Anual​ y la Comisión Fiscal​ su Informe Anual.

Los socios de la AAACCMUME pueden abonar la cuota social al momento de ingresar a la Asamblea o hacerlo previamente en la Cuenta Bancaria BROU (Caja de Ahorros en pesos uruguayos)​                                     ​Nº191-0338955 ​o Cuenta Bancaria BROU (Caja de Ahorros en dólares) ​                                    ​Nº191-0368316.

Aquellos compañeros que posean Caja de Ahorros en el BROU pueden hacerlo por transferencia desde cualquier cajero Brou (en ese caso enviar mail con el Nº de transferencia) o mejor aún aquellos que tengan E-Brou lo pueden hacer con mayor facilidad.

​Rogamos una vez hecho el depósito enviar mail a amigosmume@gmail.com con Nombre, Dirección y Teléfono de Contacto a la vuelta de correo les enviaremos recibo.

Los esperamos…

Fuente Imagen: disfruta.montevideo.gub.uy

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Esta nueva marca recuerda a Eduardo Mondello, fotógrafo y militante secuestrado de su domicilio y local fotográfico en la madrugada del 6 de marzo. Muerto en tortura en el Batallón de Ingenieros Nº 4 el 9 de marzo de 1976, su cuerpo fue entregado a su padre Pepe Mondello en el Hospital Marítimo con la pretensión de que fuera velado en un cajón cerrado, orden que desoyeron sus familiares y amigos.

Fue velado en la casa paterna de la calle Sanabria, soldados de particular se quedaron afuera y controlaron a las personas que asistían. El sepelio en el cementerio de Pan de Azúcar también fue vigilado y seguido desde lejos por las fuerzas represivas.

La causa judicial tramitada en busca de los responsables se halla sin acusación a pesar del tiempo transcurrido y de las declaraciones de militares reconociendo la muerte.

Estarán presentes en la actividad la Intendente de Maldonado Esc. Susana Hernández, la Directora General de Asuntos Legales Dra. Ma. del Carmen Salazar, el Dr. Juan Faroppa, Director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, autoridades departamentales y del Municipio de Piriápolis y familiares de Eduardo Mondello.

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Sobre Fernández Huidobro, los derechos humanos y la defensa.

Izquierda en Marcha expresa su profundo rechazo ante las actitudes de Eleuterio Fernández Huidobro, en particular frente a sus declaraciones referidas a la tortura y sus comentarios descalificadores de una reconocida organización defensora de los derechos humanos, dichos que han levantado reacciones adversas de todo tipo entre dirigentes como Constanza Moreira y Luis Puig, distintas organizaciones políticas del Frente Amplio y fuera de él, así como diversas organizaciones sociales.

Al manifestar nuestra posición recordamos que Fernández Huidobro ya ha tenido anteriormente expresiones y actitudes claramente violatorias de diversas resoluciones del Frente Amplio desde larga data.

Por tal motivo el recordado compañero Gral. Víctor Licandro, en setiembre de 2006, en reportaje a “Voces del Frente” realizado por Alfredo García y Jorge Lauro, ante la pregunta de estos: “¿Ha habido cambios en el Frente Amplio desde que asumió el gobierno con relación a su posición histórica sobre Defensa Nacional?”, respondió lo siguiente: “Sí, ha habido un profundo cambio. En mayo de 2004 Eleuterio Fernández Huidobro … presidente de la Comisión de Defensa, proponía que Uruguay ofreciera y mandara tropas a Irak argumentando que sería una actitud patriótica, cuando lo que se proponía era ir y apuntalar al imperio, que fue en busca del petróleo y no a otra cosa.”

Dicha posición ha tenido confirmación en su actuación como ministro, cargo desde el que ha impulsado por ejemplo el Acuerdo Logístico con Estados Unidos -no aprobado en el Parlamento- en el que se define el apoyo logístico como “apoyo a las operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo)”.

Por tales motivos que comprometen las políticas de derechos humanos, relaciones internacionales y defensa -temas profundamente ligados entre sí- consideramos altamente inconveniente que Fernández Huidobro integre el futuro gabinete ministerial.

A la vez nos solidarizamos con lo actuado por el Cro. Luis Puig al votar contra lo resuelto por la bancada, manteniendo la misma posición de principios que hace nueve años tuviera el Cro. Guillermo Chifflet.

Reclamamos que el Frente Amplio sepa mantener una política propia, evitando plegarse a decisiones que el actual o el futuro gobierno impulsen contra las posiciones históricas de nuestra fuerza política.

Nos comprometemos a aportar en la defensa de los derechos humanos y la construcción de una Latinoamérica cada vez más libre y soberana, para lo cual creemos importante en este momento que los frenteamplistas que nos representen en estas áreas, breguen por los principios fundacionales del Frente Amplio y su programa y tengan el máximo apoyo de las organizaciones políticas y sociales.

Izquierda en Marcha.

Integrante de la lista 3311.

Frente Amplio.

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A la opinión pública.

Ante públicas y notorias manifestaciones relativas a causas judiciales vinculadas al terrorismo de Estado y la supuesta política de colaboración llevada a cabo por el titular del Ministerio de Defensa, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

No es cierto que el Ministerio de Defensa tenga una actitud de colaboración con las causas que por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se vienen tramitando ante los tribunales.

Tanto es así que -y a vía de ejemplo- en la causa que tramita ante el Juzgado Penal de 12° Turno, que reúne a más de noventa denunciantes víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes -patrocinados por nuestra institución- que estuvieron recluidos en el Regimiento de Artillería o fueron víctimas de la Operación Morgan solamente la contestación por el Ministerio de 3 oficios ha insumido más de un año. Han sido necesarias varias reiteraciones reclamando la información. También en esta causa, desde el HCFFAA (Hospital Militar) se obstaculizó al Juzgado la obtención de información acerca del estado de salud de GAVAZZO y OTROS.

Esta es solamente una de las causas que IELSUR patrocina desde el año 1984 y, en todas, desde que se han reabierto los casos, luego de declarada inconstitucional la ley de caducidad y luego de haber sido condenado el Estado en el caso Gelman, se han producido este tipo de demoras que obstaculizan la investigación y contribuyen a la denegación de justicia.

Desde la presentación de las denuncias, muchos de los denunciantes han muerto. No es una ironía afirmar que se trata de situaciones que justifican la necesidad de la pronta colaboración del Estado.

Estos son hechos que muestran que la actividad desplegada por el MDN no ha sido la de colaborar eficaz y eficientemente con la Justicia.

No es necesario torturar para obtener la información, sino simplemente someterse y cumplir con los mandatos de la Justicia cuando ésta solicita ser informada.

En un Estado de Derecho, lo que se espera de un Ministerio de Defensa en el que rija la máxima verticalidad y en el que realmente se colabore con las investigaciones judiciales es que, al menos, se cumpla rápida y eficazmente con la contestación de oficios, y no se permita que por acción o por omisión se entorpezcan las investigaciones. De otro modo, no están claras las órdenes o no se respeta el mando.

Sería mucho mejor para el país que -en lugar de descalificar instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos o sembrar elucubraciones paranoicas sobre apoyos externos- el titular de la secretaria de Estado, pusiera ese empeño en transmitir a todos los jerarcas y funcionarios de su Ministerio, que contribuir con conocer la verdad sobre el pasado reciente es un objetivo institucional y que para alcanzarlo, las órdenes de la Justicia se deben respetar y cumplir de forma rápida y eficaz.

Finalmente, IELSUR expresa su solidaridad y apoyo a SERPAJ (UY).

Fuente Imagen: Twitter.com

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Cerramos, con la NoTeOlvides Nº 21, el quinto año de la Revista!

Todo un logro!

Como siempre, lo primero es agradecer vuestro apoyo a este proyecto que se ha ido afirmando en su permanencia.

Con un tiraje de 1000 ejemplares cada vez, año tras año hemos ido aumentando  ​​esfuerzos para​ tener más llegada a otros ámbitos y departamentos del país.

​Una vez má​​s​ los alentamos a hacernos llegar sus opiniones y sugerencias, muy necesarias​,​ para evaluar estos 5 años de trabajo y pensar su continuidad.

El precio del ejemplar para los no suscriptores es de $ 140.00 y la pueden encontrar en el​ MUME  Instrucciones 1057 esq Propios, Banda Oriental Hall del Teatro El Galpón, y SERPAJ J Requena 1642 o solicitarla al correo: amigosmume@gmail.com con el nombre y la  dirección donde quieren recibir la revista, y teléfono de contacto para coordinar la entrega.

Como cada 10 de diciembre, D​ía I​nternacional de los DDHH, los ​​​esperamos en el MUME, para celebrar los 7 años de existencia​ del mismo​ y el 12 en la N​oche de los M​useos, están todos invitados, a las18:00 horas, al Acto de Entrega a la RED LAVALLEJA, de la Casa Rosada, (antiguas Caballerizas de la  Quinta de Santos) para la concreción de un espacio sociocultural.

Asociación de Amig@s del Museo de la Memoria.

Fuente Imagen: www.uniradio.edu.uy

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Invitamos a la inauguración de la exposición «ANA, DESDE URUGUAY A NORUEGA… ¿QUÉ PASO CON LOS DERECHOS HUMANOS?» de Ana Isabel López Taylor y documental “EL ALTILLO DE ANA”

Dirección Maru Sánchez López.

Sábado 15 de noviembre a las 17:00 horas.

UNA HISTORIA DE VIDA

Ana Isabel López Taylor (nacida el 14 de julio de 1953 en Castillos, Rocha, Uruguay) estuvo más de 3 años en prisión cuando la dictadura militar. Llegó a Noruega como refugiada política desde Uruguay, a través de Brasil. Se formó como maestra en el Instituto Magisterial de Maldonado. En Noruega estudió licenciatura en Educación Especial y además de Derechos Humanos, comprensión multiétnica y resolución de conflictos. En el año 1997 es inscripta en el Directorio Nacional de la Alianza Electoral Roja. En 1999 fue elegida edil de la comuna de Kongsberg por ese partido. En 2006, durante el Congreso Nacional del partido, fue elegida Vicepresidenta del mismo. Al año siguiente se transforma en el Partido Rojo y Ana continua como su Vicepresidenta hasta el año 2012. En enero de 2001 se radica en Langesund donde se desempeña como edil en el período 2007-2011.

Está casada con Hans Odergärd, reconocido líder sindical y también militante del Partido Rojo. Ana ha hecho una destacada tarea en diversas ONG relacionadas con la integración socioeconómica de los extranjeros, así como de las personas minusválidas.

Ana tiene dos hijos y una nieta.

Después de los acontecimientos del 22 de julio de 2011 en la isla de Utoya, cuando fue atacado a balazos el campamento de verano de las juventudes del Partido Laborista de Noruega, donde participaban cientos de jóvenes, con un saldo de 77 jóvenes muertos y cientos de heridos, Ana decidió hablar de su lucha durante la dictadura en Uruguay y como refugiada política en Noruega. La exposición y el documental cuentan esta historia de Ana.

«ANA, DESDE URUGUAY A NORUEGA…¿QUÉ PASÓ CON LOS DERECHOS HUMANOS?» se podrá visitar hasta el sábado 29 de noviembre de 2014.

Centro Cultural y Museo de la Memoria

Avda. de las Instrucciones 1057, casi Bvar. José Batlle y Ordoñez.

Tel. (+598)  2355 58 91

museodelamemoria@imm.gub.uy

http://museodelamemoria-montevideo.blogspot.com

www.mume.montevideo.gub.uy

Líneas de ómnibus:

Por Avda. de las Instrucciones 149

Por Millán  148, 151, 526, 582

Por Bvar. Batlle y Ordoñez  2, 145, 150, 195, L29, 522.

Fuente Imagen: www.espectador.com

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y Defensoría del Pueblo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010,

(Resolución 65/209), declaró el 30 de agosto como el día internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse desde 2011, para poner de relieve la necesidad de eliminar esta práctica violatoria de los derechos humanos, que la comunidad internacional ha calificado como un delito contra la humanidad, y por lo tanto imprescriptible.

La INDDHH adhiere a esta conmemoración, en cumplimiento de su mandato de promover la efectiva vigencia de los derechos humanos consagrados por la Constitución y el Derecho Internacional.

En nuestro país, más allá de los avances normativos verificados y de las

instancias administrativas creadas en el ámbito del Poder Ejecutivo para

contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, todavía hoy, a treinta años de

reinstalada la democracia, hay cientos de ciudadanas/os uruguayas/os

desaparecidas/os víctimas del terrorismo de estado, cuyo destino no ha podido ser aclarado y sus familiares deben seguir enfrentando obstáculos, a veces insalvables, para conocer la verdad y acceder a la justicia.

La caracterización de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, y la obligación de todos los Estados de investigar los hechos, enjuiciar a los culpables y reparar a las víctimas, derivan de normas de orden público internacional, por lo que no puede alegarse la ratificación posterior de las Convenciones que tipifican el delito y no le resultan aplicables las normas internas sobre prescripción.

Pese a ello, la investigación y sanción penal de los delitos de desaparición

forzada, ha encontrado en la práctica obstáculos significativos, derivados

fundamentalmente de la posición de los jueces/zas, que a la hora de tipificar las conductas ilícitas cometidas no las caracterizan como delitos de lesa humanidad, de carácter permanente y pluriofensivo, sino que desnaturalizan la figura antijurídica catalogándola como homicidio. Esta errónea caracterización tiene implicancias sobre la prescripción, y pone en entredicho la existencia de una práctica sistemática estatal.

La ley No 18.026 de 25 de setiembre de 2006 tipificó en la legislación nacional los delitos de lesa humanidad, y entre ellos la desaparición forzada de personas, reproduciendo casi textualmente el artículo II de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada.

Especificó que el delito tiene carácter permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la persona desaparecida, prohíbe las amnistías y reconoce el derecho de las víctimas a una reparación integral.

Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha entendido mayoritariamente que la norma solo surte efectos hacia el futuro.

La Ley N° 18.831 de 27 de octubre de 2011 restableció el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos por sus agentes durante la dictadura, declarándolos de lesa humanidad, y dispuso que no se computarán los plazos procesales de prescripción o caducidad entre el 22 de diciembre de 1986 y 27 de octubre de 2011.

La Suprema Corte de Justicia por Sentencia No 20/2013, declaró la

inconstitucionalidad de dicha ley en lo que refiere a los plazos de prescripción y a la caracterización de los delitos como de lesa humanidad. Si bien la sentencia tiene efectos solo para el caso concreto, la posición de la Suprema Corte de Justicia impactó en el avance de las causas ante la Justicia. Asimismo, constituye una orientación de política judicial que contraviene compromisos asumidos por el Estado frente a la comunidad internacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman vs. Uruguay11, estableció que dicha sentencia de la Suprema Corte “no está en consonancia con la evolución del Derecho Interamericano y Universal de Derechos Humanos”. Y que el Estado debe: “garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, y de otros hechos similares ocurridos en Uruguay; implementar, con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay; adoptar las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.

El Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en sus

Observaciones Finales al informe presentado por Uruguay (4o período de

sesiones, 8 – 19 de abril de 2013), expresó que el Estado debe “asegurar que las desapariciones forzadas sean investigadas como tales y los responsables sancionados por este delito independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de la conducta delictiva”. Asimismo, “a asegurarse que todas las medidas que adopte, sea de la naturaleza que sean y emanen del Poder que emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos internacionales”.

En consecuencia, en este día, en ejercicio de las potestades que nos confiere la Ley, recomendamos al Estado (y a todos los Poderes que lo integran) instrumentar medidas eficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionalmente asumidas, y que se traduzcan, en el ámbito interno, en el efectivo esclarecimiento de los hechos, la determinación de los responsables y la reparación integral de todas las víctimas. También lo exhortamos a redoblar esfuerzos e implementar acciones para que la práctica de la desaparición forzada no vuelva a repetirse en el país.

Asimismo, entendemos que la conmemoración de este día debe constituirse en un homenaje a todas/todos y cada una/uno de los familiares de las víctimas, que inicialmente en forma individual, luego colectivamente conformando distintas asociaciones de familiares en cada país y después traspasando fronteras, enfrentaron el terrorismo de estado afrontando graves riesgos, lucharon y siguen luchando incansablemente para acceder a la justicia y conocer la verdad de lo sucedido. Y a quienes la sociedad les sigue negando, treinta años después, el derecho de enterrar a sus muertas/os, o de conocer a sus familiares cuando los desparecieron siendo niñas/os.

Convocamos pues, a todas y todos, a participar en el acto central organizado por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para la ocasión, que se realizará en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales el 30 de agosto a las 18.30 horas.

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“Las organizaciones convocantes a esta concentración, se dirigen al Pueblo Uruguayo, a los efectos de señalar su más enérgica protesta ante el nuevo fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones, que dispuso la libertad del ex-Policía Ricardo Zabala, quien secuestrara al Maestro Julio Castro el 1ro. de Agosto de 1977.

En esta instancia, y con argumentos poco convincentes, el órgano judicial libera de culpas a quien secuestra a un ciudadano en la calle, con el pretexto de actuar en cumplimiento de órdenes superiores, secuestro que inicia el proceso de detención, tortura, y asesinato del mismo.

Como se señaló en este mismo lugar el pasado 15 de marzo del año pasado:

“Todavía está presente, el impacto, el horror y la consternación que generó en nuestra sociedad la aparición de los restos de Julio Castro, es un ejemplo emblemático de las mentiras de la dictadura, de las mentiras de los asesinos impunes, y de quienes hacen posible la impunidad. Mintieron en dictadura, cuando dijeron ante organismos internacionales que Julio había escapado a Buenos Aires, mintieron, cuando el 27 de noviembre de 1977, dos meses después de ejecutarlo, las Fuerzas Conjuntas publican un anuncio de “persona buscada”, mintieron e hicieron mentir a la Comisión para la Paz cuando dijeron que había fallecido porque no soportó las torturas, es mentira, lo ejecutaron de un balazo en la nuca después de tenerlo colgado varios días con los brazos por la espalda. Mintieron cuando dijeron a toda la familia y a todos nosotros que habían quemado y lanzado sus restos al Río de la Plata. Mienten también cuando sostienen que el responsable del secuestro y ejecución está muerto, los responsables están vivos y varios de ellos siguen caminando libremente entre nosotros, pero ahora quieren liberar al único que confesó haberlo secuestrado. Nos avergüenzan, nos avergüenzan ante nuestros hijos y el mundo”

El fallo del Tribunal de Apelaciones es un claro retroceso en el esclarecimiento del secuestro, tortura, asesinato del Maestro Julio Castro.

Todos estamos comprometidos con la verdad, para hacer justicia, en cada uno de los asesinatos cometidos por la Dictadura Militar.

En el caso del Maestro, después de la aparición de sus restos, es una TAREA PENDIENTE para todos los Educadores:

NOS FALTA LA VERDAD.

NOS FALTA LA JUSTICIA.

Fieles al pensamiento del Maestro JULIO CASTRO, expresando una auténtica correspondencia entre su vida, su obra y su muerte, defendamos la vigencia real de los DERECHOS HUMANOS, de todos los niños, mujeres y hombres del mundo, en especial de los más pobres”.

Montevideo, 29 de mayo de 2014.

ADEMU – MONTEVIDEO

FEDERACIÓN URUGUAYA DEL MAGISTERIO-TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

SERPAJ

FUNDACIÓN MARIO BENEDETTI

MOVIMIENTO DE EDUCADORES POR LA PAZ

PIT/CNT

Fuente Imagen: www.4shared.com

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Viernes 7 de marzo – hora 11:00.

Lugar: Hall del Palacio de Correos (Buenos Aires 451 esquina Misiones).

Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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