«Les comunicamos que los socios de CPA FERRERE, Bruno Gili y Gabriel Oddone, se retirarán de la firma el próximo 30 de setiembre. Este proceso se enmarca en nuestras políticas que establecen una edad de retiro para sus socios y un proceso regular y ordenado de formación de nuevos líderes; en este sentido, en los próximos días se anunciará la incorporación de tres nuevos socios. La meritocracia como parte del ADN de la organización le permiten continuar por el camino del crecimiento y el liderazgo, en un entorno en constante transformación.

Bruno y Gabriel fueron dos personas fundamentales en el desarrollo de CPA FERRERE y la redefinición de su modelo de negocios. Lideraron la creación del departamento de Consultoría hasta convertirlo, 20 años después, en uno de los principales jugadores del mercado local, desarrollando equipos, productos y servicios innovadores.

En nombre de los socios de FERRERE Abogados y CPA FERERE y el resto de las 1.000 personas que hoy somos en Bolivia, Paraguay y Uruguay, queremos agradecerles a Bruno y a Gabriel por su calidad humana, profesionalismo y pasión. En esta nueva etapa continuaremos apostando por el desarrollo de talentos, el dinamismo y la innovación, valores que han impulsado a la firma desde su nacimiento hace más de 25 años.

Aprovechamos para agradecerles por su confianza y quedamos a disposición».

Cordialmente,

CPA FERRERE.

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El informe fue elaborado por los profesionales, Soledad Díaz; Alberto Baroffio; Florencia Etcheverrigaray; y Agustina Rodríguez

El mismo expresa:

“Los contratos de construcción y mantenimiento suelen ser largos y complejos. Cubren en detalle muchas cosas y cada cláusula tiene su relevancia en el esquema general.

Sin embargo, hay 5 cláusulas que son claves por sus implicancias futuras al momento de elegir a conciencia qué “pelear” y qué dejar pasar en una negociación:

La obligación del contratista: Parece obvio, pero es vital determinar con precisión a qué se obliga el contratista y, como contrapartida, cuándo no responde de que algo no salga como se previó. Esta es una de las discusiones más frecuentes en disputas de proyectos. En Uruguay—y otros países latinos—doctrina y la jurisprudencia distinguen entre obligaciones “de medios” y “de resultado”: en las primeras el contratista no responde por vicios o atrasos si prueba que actuó con diligencia (o sea, siguiendo los estándares de la industria) pero en las segundas, aún actuando debidamente puede ser responsable igual si no logra identificar y probar—por ejemplo—la causa concreta por la que falló un equipo o una estructura; o si  esta causa no es fuerza mayor o responsabilidad del dueño del proyecto. Por eso, las partes deben entender y evaluar el riesgo concreto de la obligación que aceptan y si respecto a parte o todo el trabajo el contratista está en condiciones y quiere garantizar un resultado a cambio del precio acordado y reflejar el exacto compromiso que se busca asumir en la letra del contrato.

La fuerza mayor: En esencia, cuándo las partes se liberan de responsabilidad por eventos externos como pandemias, huelgas, cambios de regulación, terremotos o factores climáticos (entre otros). En estos temas—aunque la jurisprudencia ha ido flexibilizando los requisitos de la fuerza mayor—se ve aún un desfasaje entre las reglas que aplican por defecto en Uruguay y las expectativas de las partes. Los jueces y árbitros van a considerar ante todo las definiciones específicas puestas en el contrato. Por lo que es importante detenerse lo necesario en analizar cómo regular la fuerza mayor: si las partes quieren requerir de estos eventos alguna característica especial (por ejemplo, que sean “razonablemente imprevisibles” o “imprevisibles” a secas); qué efecto deben tener sobre el contrato (hacerlo más caro o directamente imposible de cumplir y en su caso qué querrá decir “imposible”); o qué están dispuestas a aceptar de ocurrir estos imprevistos (compensación de costos o extensión de tiempo, ambas cosas o ninguna).

Las limitaciones de responsabilidad cuantitativas o cualitativas: Es común limitar la responsabilidad a un porcentaje del precio del contrato o excluir categorías de incumplimientos y pactar, por ejemplo, que solo se responde en caso de dolo o culpa grave. Estas cláusulas son válidas, y la jurisprudencia las acepta salvo si liberan de responsabilidad por incumplimiento intencional. Pero aún cuando su validez no se discuta, sí suelen generar controversias sobre su alcance e interpretación si no son precisas. Esto resulta en ineficiencias y conflictos mientras se está ejecutando el proyecto o—en el peor de los casos—en que finalmente no se las pueda hacer valer en caso de juicio o arbitraje.

Qué daños o penalidades se pueden reclamar las partes. En Uruguay se responde en principio por todos los daños que son la consecuencia inmediata y directa del incumplimiento (excepto si se incumple intencionalmente el contrato, en cuyo caso se amplían los daños reclamables). Pero como en otros temas, la respuesta de qué es “inmediato” o “directo” no siempre es clara o anticipable. Por ejemplo, hay jurisprudencia amparando reclamos por rubros que se parecen más a lo que internacionalmente serían “daños consecuenciales” y que se los ha considerado en Uruguay como “directos”. Por eso es importante que si se desea limitar los daños reclamables se los especifique de manera inequívoca. La práctica aún frecuente de recurrir—sin más—a las categorías domésticas de “lucro cesante” y “daño emergente” no acompaña muchas veces las expectativas de los actores de la industria. Lo mismo ocurre con la relación entre “liquidated damages” y “penalidades” que en Uruguay son dos cosas muy distintas—lo que no ocurre en otros sistemas—y que generan discusiones sobre aspectos importantes. En especial, cuando hay demoras concurrentes de contratistas que trabajan en paralelo, o si los atrasos no impactan el camino crítico o cuando se pretenden reclamar acumulativamente con otros daños.

El foro para resolver disputas: Aún regulando bien todo lo anterior, las ventajas de un buen contrato se diluyen si no prevé un adecuado mecanismo de resolución de conflictos. Una vía eficiente y acorde al tipo de contrato y proyecto y redactada de manera también clara y precisa. Así se reducen discusiones que encarecen y dilatan la resolución del conflicto. Se puede elegir entre someter la disputa a arbitraje (lo que es preferible y casi siempre elegido en contratos de construcción) o a la justicia. El arbitraje permite una resolución por árbitros especializados en construcción y familiarizados con las causas comunes de demoras o defectos, en menor tiempo y con posibilidades de incorporar prueba técnica mucho más acordes a la industria que lo que podría aceptarse en un juzgado y bajo las reglas procesales locales. A su vez, dentro de la opción por arbitraje hay cosas importantes que considerar: las reglas o institución que se elige, la sede o número de árbitros. También la manera cómo se redactará la cláusula (en general es preferible no innovar respecto de la cláusula modelo de la institución que se elige). Estos aspectos inciden no solo la calidad de la decisión que se dicte sino también en su eficiencia en términos de costos y tiempo. Además, pueden combinarse con el arbitraje otros mecanismos (mediación, determinación de expertos), cuya conveniencia hay que analizar en cada caso y en atención al proyecto. Al combinar estas opciones hay que buscar que realmente ayuden a resolver conflictos en lugar de hacer el proceso más largo: por ejemplo, por no quedar claro cuándo o quién puede pasar a la fase siguiente si una etapa no funcionó.

Asegurarse que esos pocos puntos queden bien redactados y sea claro cómo se asignó la responsabilidad y los riesgos contractuales es esencial. Entre otras razones, porque en Uruguay su regulación legal está en unos pocos artículos de un Código Civil del siglo XIX, que naturalmente no fue escrito pensando en los contratos que hoy se usan para obras de infraestructura o medianamente complejas. Pero como nuestro sistema da libertad a las partes para regular sus proyectos y los jueces y árbitros privilegian lo pactado, las empresas—si lo hacen adecuadamente y con precisión—pueden incorporar las prácticas y estándares uniformes de la industria y obtener un contrato ejecutable que esté en línea con sus expectativas y con las políticas o prácticas a las que están habituadas en otros países.

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El trabajo fue elaborado por los doctores Agustín Marchesano, Mathías Rojas, y Nicolás Espino Conti.

Se expresa en el mismo:

Mediante el Decreto N° 416/022 se aprobó la Resolución Mercosur N° 48/21 de Rotulado de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, que incorpora un elenco de prohibiciones y de nuevas leyendas obligatorias que expresamente deberán consignarse en el rotulado de ciertas categorías de productos.

Marchesano, Rojas y Espino Conti destacan lo principales aspectos:

Prohibiciones en materia de rotulado

La Resolución dispone que el rotulado “no debe contener nombres comerciales, marcas, imágenes, enlaces electrónicos o frases que”:

*“induzcan a error, engaño o confusión en cuanto a sus propiedades, procedencia/naturaleza, origen, composición, finalidad de uso admisible o seguridad.

*representen alegaciones terapéuticas atribuidas al uso del producto o de sus ingredientes como, por ejemplo, prevención o tratamiento de hematomas, heridas, grietas, dolores, inflamaciones, calambres, varices, pediculosis, incluida la acción de eliminación, reducción, muerte o caída de piojos y liendres o protección completa contra ellos.

*se refieran a la acción de eliminación, reducción, muerte o volteo de insectos o protección completa contra ellos.

*mencionen la propiedad desinfectante o que aludan a la eliminación completa de microrganismos.

*declaren propiedades antimicrobianas, a excepción de aquellos que, presentando sustancias con acción antimicrobiana que los diferencien de productos convencionales (no antimicrobianos), se indiquen sólo para las finalidades establecidas en la Resolución GMC Nº 110/94 y para su aplicación en manos, cavidad oral, áreas axilares y pédicas, o declaren una finalidad exclusiva de higiene y/o desodorización (por ejemplo, jabones, toallas humedecidas, desodorantes), o se indiquen para piel con tendencia acneica. Esta prohibición incluye los productos de uso íntimo y capilares, excepto los anticaspa”.

Por tanto, según la norma, el Ministerio de Salud Pública no autorizará el registro de estos productos cuando su rotulado infrinja alguna de las prohibiciones antes detalladas.

Leyendas obligatorias en el rotulado.

La Resolución incorpora nuevas categorías de productos respecto a las cuales deberán incluirse leyendas obligatorias en su rotulado.

Categoría   Leyenda obligatoria

Tintura para pelos/vellos corporales

CUIDADO. Puede causar irritación de la piel o reacción alérgica. Antes de usar, hacer prueba de toque (describir).

No aplicar si la piel está irritada o lesionada.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua en abundancia.

Respetar el tiempo de contacto del producto con la piel. Luego, lavar la zona con abundante agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de irritación de la piel lavar con abundante agua y evitar la exposición al sol.

No usar en pestañas ni pelos pubianos.

Agentes blanqueadores de pelos/vellos corporales

No aplicar si la piel está irritada o lesionada.

Respetar el tiempo de contacto del producto con la piel. Luego, lavar la zona con abundante agua.

No aplicar el producto y exponerse al sol simultáneamente.

En caso de irritación de la piel lavar con abundante agua y evitar la exposición al sol.

No usar en pestañas y vello pubiano.

Autobronceantes / Simuladores de bronceado

Atención: no protege contra la acción solar.

Activadores/aceleradores del bronceado

Este producto no es un protector solar.

Productos para el cuidado bucal adecuados para dientes sensibles

Ante la persistencia de sensibilidad dental por más de 4 semanas, suspender el uso del producto y consultar a su odontólogo.

Evitar la ingestión del producto.

Productos hipoalergénicos

Este producto ha sido formulado de manera que minimice la posible aparición de alergia.

Productos para la higiene íntima

Aplicar sólo en los órganos genitales externos.

El uso excesivo del producto puede ser una fuente de irritación genital.

El control de estas leyendas se realizará previamente a la comercialización, en ocasión del trámite de registro de los productos.

Datos obligatorios a consignar en el rotulado para ciertas categorías específicas de Productos

Se introducen una serie de novedades respecto a cómo se deben incluir los datos e información obligatoria (nombre, origen, n° de registro, fabricante, importador, advertencias de uso, etc) en el rotulado de ciertos productos.

Productos Importados:

Cuando los productos en su rotulado original no contengan toda la información y datos obligatorios exigidos por la legislación uruguaya, se aceptará la utilización de etiquetas u otros medios que contengan tal información. Sin embargo, no podrán ser “medios” digitales (ej. Código QR).

Asimismo, la Resolución admite que la información faltante se podrá colocar en origen o en destino.

Productos ofrecidos en envoltorios o estuches transparentes:

Los envoltorios o estuches transparentes estarán exentos de las colocación de los datos e información obligatoria de los productos, siempre y cuando permitan una correcta visualización de los datos e información obligatoria en el envase primario o secundario.

Productos ofrecidos a través de Kits:

Se admite que los productos sean comercializados a través de la modalidad de Kits, aunque, en dicho caso, en el envase secundario se deberá consignar el plazo de validez del producto con menos vida útil.

Productos de demostración/tester:

Se define al “producto de demostración/tester”, como aquel “producto de demostración regularizado que se exhibe en el punto de venta, cerca del respectivo producto de venta, con el único propósito de experimentación de su uso por parte del consumidor”.

Si bien este producto no es comercializado a los consumidores, la Resolución opta por regular la incorporación de ciertos datos obligatorios a su rotulado (nombre del producto y grupo, marca, lote o partida, advertencias y restricciones de uso, fecha de vencimiento y la leyenda “venta prohibida).

Fuente Imagen: www.revistalideres.ec

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Será el jueves 23 de junio a la hora 10.30 de Uruguay.

Participarán:

Marianna Acquarone, socia de Panaxia.

Francisco Bonino, CEO de Agroempresa Forestal.

Jorge Cantuarias, fundador y gerente general de Bosques Amazónicos BAM.

Álvaro Pérez del Castillo, director ejecutivo de Carbosur.

Modera:

Guillermo Jover, consejero de Ferrere Paraguay.

Apoyan:

Pacto Global Red Uruguay.

Pacto Global Red Paraguay.

Consejo Empresarial B.

Deres. Empresas por el Desarrollo Sostenible.

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Durante su exposición, Tosar explicó ante más de 300 integrantes de la firma que “las vacunas contra el COVID-19 generan respuestas inmunes mucho más potentes que las que se ven entre las personas que ya cursaron la enfermedad” y que “la gran ventaja de vacunarse, frente a cursar el coronavirus, es que la vacuna genera una respuesta inmune mayor y nos evita los efectos secundarios y a largo plazo que puede presentar la enfermedad”.

El científico aseguró, asimismo, que “se han administrado 400 millones de vacunas contra el COVID-19 y no se ha confirmado ninguna muerte debido a las mismas”.

Sobre las enfermedades crónicas, indicó que las más frecuentes “fueron contempladas en los ensayos clínicos de efectividad de las vacunas y se sigue viendo en todas las poblaciones que ya se han ido vacunando”.

La firma realizará a lo largo del año diversas charlas con el afán de brindar su aporte desde distintas aristas al bienestar personal de todos sus integrantes. “Dada la situación sanitaria en la que nos encontramos como país, decidimos iniciar el ciclo con una charla relacionada con las vacunas, su importancia, las cepas nuevas y su eficacia”, señaló Leonardo Isoardi, socio de CPA FERRERE.

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Las modificaciones sustanciales son las siguientes:

• Aumentar los valores de sodio, azúcares, grasas totales y grasas saturadas en el caso de alimentos sólidos
• Excluir a la lactosa del concepto de azúcares a los efectos de realizar los cálculos.
• Aclarar que se descontarán los azúcares presentes en las frutas y verduras utilizadas como ingredientes en los alimentos.

Por último, se establece que la entrada en vigencia de este Decreto será a partir del 1º de febrero de 2021.

Adjuntamos link al mencionado Decreto.

El trabajo fue elaborado por los profesionales Agustín Marchesano, Mathías Rojas; y Josefina Sanguinetti.

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Ferrere Abogados nos explica el alcance del cambio proyectado.

¿A que trabajadores y sectores comprende?

Están alcanzados los trabajadores dependientes y las empresas de todos los grupos y subgrupos de actividad.

¿En qué situaciones se permite?

La norma dispone que se habilita la posibilidad de adelantar el goce de la licencia generada en el año 2020, únicamente en situaciones de emergencia sanitaria y siempre que redunde en beneficio de ambas partes de la relación laboral.

¿Qué requisitos deben cumplirse?

– Tiene que documentarse a través de un acuerdo escrito, donde se deje constancia del consentimiento de ambas partes de la relación laboral.

– Debe invocarse la causa sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo.

– Se debe de otorgar la totalidad de la licencia generada o la fracción convenida previamente, no pudiendo ser menor a 10 días.

– El pago de la licencia y del salario vacacional correspondiente deberán abonarse según la normativa laboral.

– El acuerdo escrito celebrado entre las partes de la relación laboral, debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, con el fin de que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social tome conocimiento.

Firman el informe por Ferrere Abogados, Verónica Raffo, Alberto Baroffio, Cristina Muñoz, y Felipe Lasarte.

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Así lo da cuenta con la firma de los profesionales Carolina Piacenza y Manuel Lecuona.

“El pasado 23 de diciembre el Poder Ejecutivo reglamentó el Título II la ley de para el fomento del emprendedurismo (Ley No. 19.820 del 18 de diciembre de 2019) que creó el nuevo tipo social: Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS): Decreto 399/2019. Establece, entre otras cosas, un régimen transitorio a la espera que los organismos del estado involucrados se adecúan a lo que se denomina “SAS Digital”. El Decreto también regula la conversión de empresas unipersonales en SAS, el capital, la fiscalización y controles que tendrán dichas sociedades, así como normas tributarias.

1. SAS Digital

Se crea el proyecto SAS Digital, en el que tendrá un papel preponderante la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) en la implementación de una plataforma tecnológica para los tramites de constitución y registro de las SAS de forma totalmente digital. También se crea un Comité de Dirección formado por representantes de todos los organismos públicos involucrados en este tipo de entidad (MEF, DGI, AIN, Transforma Uruguay, DGR, BPS y AGESIC) para que, en un plazo de 120 días defina los procedimientos y adecuaciones mínimas necesarias para los tramites de constitución y registro en las instituciones involucradas.

2. Régimen Transitorio

Hasta tanto no se encuentre operativo el proyecto SAS digital, se regula un régimen transitorio de constitución de SAS, y conversión de empresas unipersonales en SAS, procurando la constitución en el menor tiempo posible.

2.1. Inscripción: tanto el control de homonimia como la calificación de estatutos lo realizará el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio, dentro de. los 5 días hábiles siguientes a su presentación, en caso que se empleen modelos de estatutos que se pondrán a disposición en la web de la Dirección General de Registros (www.dgr.gub.uy).

2.2. RUT: para la constitución de la SAS no será necesario concurrir en forma previa a la DGI para la obtención del número de RUT. El procedimiento consistirá primero en la presentación de la documentación al Registro para que luego este -vía electrónica- notifique a DGI las denominaciones de las SAS que requieren de la designación de un RUT. Cumplido esto, la sociedad deberá culminar el trámite de inscripción en el RUT acreditando los datos de inscripción en el Registro. Ante tal solicitud, la DGI remitirá al Registro, en forma diaria y vía electrónica, los números de inscripción en el RUT de las SAS de modo de que el Registro culmine el procedimiento y otorgue la inscripción definitiva.

Las empresas unipersonales que se conviertan en SAS, tendrán un nuevo número de RUT.

2.3. Modelos de Contrato Social: el Registro pondrá a disposición modelos de contrato social que podrán ser empleados en forma facultativa por los interesados. La utilización de tales modelos, sin modificaciones, garantizará la calificación registral en el plazo de 5 días hábiles.

3. Conversión de empresas unipersonales en SAS

Tal como lo dispuso la Ley, los titulares de empresa unipersonales que combinen capital y trabajo para producir un resultado económico, así como las de personas físicas que prestan servicios personales fuera de la relación de dependencia, podrán transferir su giro, en un solo acto (total o parcialmente) a título universal a una SAS.

Para ello será necesario que el titular de la empresa unipersonal sea el único accionista de la SAS al momento de la conversión, y que los bienes que se transfieran se encuentren afectados integra y exclusivamente al giro de la empresa unipersonal. No se considerará conversión la transferencia o integración de giro de una empresa unipersonal con posterioridad a la resolución de conversión a SAS.

La conversión debe documentarse en declaratoria en escritura publica o en documento privado con firma certificada, según corresponda, conteniendo el texto del estatuto que habrá de regir a la SAS y deberá seguirse el trámite antes mencionado de inscripción y obtención de RUT. Tal documentación será acompañada de un inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones objeto de la transferencia, debidamente protocolizado. Los bienes o derechos registrables que se transfieran con la conversión se registrarán en los registros respectivos, cumpliendo con las formalidades y controles que correspondan a dichos bienes o derechos.

La SENACLAFT podrá establecer requisitos adicionales de información para aquellas empresas unipersonales que transfieran activos no dinerarios por un valor superior a las 2.5 millones de UI.

4. Capital

Se disponen algunas normas relativas al capital social, suscrito e integrado que resultan aclaratorias de lo establecido en la ley. A modo de ejemplo:

4.1. En casos de aumentos de capital, no serán de aplicación los requisitos de integración de un mínimo del 10% del capital social (si la integración fuera en dinero), o del 100% (si fuera en especie), ni el plazo para la integración total de las acciones de máximo 24 meses.

4.2. No será obligatoria la reducción de capital autorizado en caso de que el capital integrado quedara reducido a una cifra inferior al 25% del capital autorizado (no es de aplicación el art. 290 de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 16.060).

4.3. Aportes irrevocables a cuenta de futuras integraciones: se establece que tales aportes conformarán el patrimonio social (es decir, no se considerarán un pasivo con el accionista), desde la resolución del órgano de administración que los acepte como tales y hasta que se cumpla el plazo máximo de 24 meses. Estos aportes deben documentarse indicando: datos de los aportantes, indicación de calidad de tercero, accionista o de su controlante o controlada, características y monto del aporte, plazo para la capitalización (nunca mayor a 24 meses).

El órgano de administración deberá recabar de la asamblea de accionistas (o quien haga sus veces conforme a los estatutos) la aceptación para capitalizar el aporte irrevocable, en un plazo no mayor a 24 meses. El aportante tiene derecho a que tal consideración se incluya en el orden del día de las asambleas que se celebren hasta el vencimiento del plazo o su restitución.

En caso de no contar con la aceptación de la asamblea en el plazo indicado, el aporte debe ser restituido al aportante, en principio sin intereses, o deberá ser mantenido como un pasivo social.

5. Controles

La ley dispuso que solo aquellas SAS que al cierre de ejercicio tuviese ingresos anuales que superen las 37.500.000 UI (aproximadamente USD 4.300.000), quedarían sometidas a la fiscalización de la Auditoria Interna de la Nación (AIN) en los mismos términos previstos para las S.A. (salvo respecto a la constitución y modificación de los estatutos). El Decreto amplía tal fiscalización disponiendo que la AIN fiscalizará:

los aumentos reales de capital, las reducciones o reintegros de capital

los supuestos en los que se genere derecho de receso cuando el receso pudiera derivar de alguno de los casos antes mencionados.

6. Otras disposiciones

Finalmente, el Decreto contiene varias normas tributarias que serán analizadas oportunamente por el equipo de FERRERE, especialistas en la materia”.

Firman por Ferrere los profesionales, Carolina Piacenza y Manuel Lecuona.

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Se analizarán las principales obligaciones de acuerdo a la reciente normativa y en particular:

– Pago de remuneraciones, honorarios profesionales y no profesionales

– Pago por la venta de bienes o prestación de servicios

– Compraventa de inmuebles y automotores

– Pago de arrendamientos

– Pago de tributos

– Proveedores del Estado.

Miércoles 4 de noviembre, 8,30 horas en Auditorio del Edificio Ferrere (Juncal 1392).

Participarán: Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas; por FERRERE los abogados Diego Rodríguez, Julie Rothschild y Alberto Baroffio.

Solicitamos confirmar asistencia a través del e-mail: eventos@ferrere.com  .

Por consultas, llamar al 2900 1000 interno 0.

Fuente Imagen: www.mec.gub.uy

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