El tema fue abordado este martes 20 de mayo al analizar la oportunidad y la bondad de la eventual compra de los padrones n.º 597, 6109, 7897, 598, 13513, 13514, 10813, 7138, 7201, 642, 641, 7264, 9065, 10174, 8940, 11093, 6668 y 5743 de la 5ta Sección Judicial del departamento de Florida denominado Estancia María Dolores.

El senador Sebastián Sabini expresó que “como Frente Amplio, compartimos que se trata de un proyecto importante que implica una compra significativa que va a hacer el instituto que merece su análisis y su discusión y estamos absolutamente de acuerdo con que las autoridades den las explicaciones del caso. Repito que de nuestra parte apoyamos la convocatoria y, además, considero que es bueno que el Parlamento discuta qué política quiere para el Instituto Nacional de Colonización”.

El nacionalista Sergio Botana sostuvo que “más allá de la compra en sí, lo que me preocupó fue el hecho de que no pudiéramos conocer al instante las razones de los fundamentos de la compra. Se supone que, si el predio fue ofrecido al Instituto Nacional de Colonización a mediados del mes de abril y la decisión se tomó en los primeros días de mayo, obviamente fue con base en lineamientos políticos preacordados por parte del directorio y en un estudio claro de lo que era el negocio en sí, los fines que se le iba a dar a ese predio y obviamente todo lo vinculado a cuál era el destino, qué sector de la producción se quería favorecer, lo adecuado o no de los montos a pagar”.

“En el caso de que no se dedique a colonia de productores, sino a hacer forrajes para todos los productores y a campo de recría, ¿cómo se va a administrar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Esto se va a hacer a través de alguna gremial o del sector público, propiamente? Esas propuestas tienen que estar, porque no estamos comprando un predio de dos pesos, sino un área importante, en una zona importante, con un precio muy significativo y con un equipamiento muy particular, con parte de tierras inundables, etcétera”, agregó.

Según Botana “si los fundamentos de la decisión estaban antes, ¿por qué automáticamente no se hicieron públicos? Esa la gran pregunta que me queda. Veo que pasan los días y no tenemos ese hilo que es imprescindible. Parecería que recién estuvieran elaborando las respuestas para lo que ya era una predecisión. Esa es la sensación que nos queda”.

Desde el FA, el legislador Eduardo Antonini dijo: “Yo tengo muchas ganas de dar esa discusión porque creo que tenemos razones y fundamentos para hacerlo. Me encantaría, pero no sé si es hoy el ámbito para dar esa discusión de fondo”.

Su correligionario Aníbal Pereyra indicó que “entendemos que estos aspectos muy importantes deben tener un debate público por lo que implican y también consideramos que se debe tratar de aclarar algunas cuestiones que han salido públicamente ‒el tema ha sido instalado‒ como, por ejemplo, los costos excesivos”.

“Este Parlamento en los últimos veinte años ha venido discutiendo leyes que tratan de generar más acciones para que el Instituto Nacional de Colonización tenga más herramientas, sobre todo en la compra de tierras para cría y lechería. Hoy hay más de mil productores en la lista de espera, sobre todo familiares y jóvenes, y allí creo que está el centro del debate que, seguramente, se va a dar a partir de mañana, pero adelanto mi posición diciendo que con respecto al debate público que se ha planteado con relación al exceso de costos, cualquiera puede entrar a Mercado Libre y ver que los campos de la zona están a USD 8.500 la hectárea”, señaló.

Pereyra manifestó que “yo sé que este es un debate más para la tribuna que para adentro, pero todos sabemos que se está dando. Todos hemos visitado colonias de esa zona, como la Treinta y Tres Orientales, que está a 18 kilómetros de San Ramón y a 8 kilómetros de Florida, en el medio de la cuenca lechera. Seguramente, todo ha aumentado en los últimos tres, cuatro años para la Sociedad de Productores de Leche Florida, cuya mayor demanda es saber cómo se puede conseguir más tierra ‒que no la hay en la zona‒ para poder tener más campo de recría y poder producir más leche. Hay una posibilidad ‒supongo que mañana se va a confirmar‒ de producir 21.000.000 de litros de leche, pero quiero que quede constancia en esta instancia de convocatoria que estamos totalmente de acuerdo con que vengan el ministro ‒actualmente no está en el país, se encuentra en China acompañado de una delegación‒ y el Instituto Nacional de Colonización porque esto nos parece que son aspectos medulares para profundizar”.

Por lo tanto, sostuvo el legislador del MPP “reafirmamos este hecho y quiero que quede constancia de ello. Esperamos que se den más situaciones como esta porque el compromiso del gobierno fue alcanzar 25.000 hectáreas en el quinquenio y en estos tres meses se logró 4.404, mire que número presidente, termina en 404”.

A su entender “yo no sé si hay antecedentes, lo digo porque realmente no lo sé. El instituto actuó dentro de los plazos de veinte días corridos que tiene, dentro de los plazos que establece el artículo 35. Dicho sea de paso, este Parlamento tiene debates muy interesantes ‒he estado mirando‒ con relación a modificaciones que se hicieron justamente para poder tener tierra; antes eran mil hectáreas CONEAT, ahora son quinientas y tenemos que reconocer que el hecho fue un acuerdo político importante de este Parlamento, una iniciativa del exsenador Larrañaga en el año 2005; el senador Camy no me va a dejar mentir, estuvimos en el debate y fue muy valioso para el país”.

El presidente de la Comisión, senador Sebastián Da Silva (PN) le aclaró que “no es lo más conveniente buscar en Mercado Libre un campo”.

Presidente en falta

 A su turno, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) indicó que “en términos de derecho civil y accidentes, creo que hubo una suerte de culpa concurrente cuando todos nos vamos equivocando al elegir el momento”.

“Obviamente que dar la discusión en ese momento sobre la citación quizás no fue lo mejor, pero tampoco fue lo mejor hacer el anuncio en ese momento. Entonces, creo que todo esto nos lleva a todos a reflexionar no solamente sobre el momento en que se solicita la comparecencia, sino también sobre el momento en que se hace el anuncio”, dijo.

Asimismo, “por una cuestión de lealtad y creo que también de preparación por parte del ministro y de las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, me gustaría que se ampliara la convocatoria. Algo que siempre sucede es que cuando uno empieza a estudiar los asuntos, saca la lupa y va encontrando cosas colaterales que también es bueno que se aclaren”.

En ese sentido, expresó que “ayer (lunes) surgió que el presidente es colono –cosa que nosotros no sabíamos–, obviamente tiene un préstamo, y tiene un problema porque no le rinde cuentas al instituto de cosas que el instituto le ha reclamado recientemente que tiene que hacer y que tiene que cumplir. En definitiva, está en falta con el instituto. Entonces, nos gustaría ampliar los motivos de convocatoria para que nos explique eso, porque estamos seguros de que debe tener una explicación”.

A su vez, “el senador (Robert) Silva, que hoy nos está acompañando –hablo por él porque no es miembro de la comisión–, nos señaló otro tema que también sería bueno que se aclarara. Me refiero a lo previsto en el artículo 200 de la Constitución, que el presidente del Instituto Nacional de Colonización estaría incumpliendo en este momento. Concretamente, cuando presentó la solicitud de venia el Poder Ejecutivo, adjuntó su currículum y no incluyó que él era colono. No dijo que él era colono”.

Fundamentó que “el artículo 200 de la Constitución es muy claro y no permite ejercer profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenece. Entonces, si sigue siendo colono y sigue ejerciendo simultáneamente su actividad como tal, el presidente del Instituto Nacional de Colonización está desde que fue designado violando la Constitución de la República, y sus actos pueden ser pasibles de nulidad por haber hecho eso”.

Por lo tanto, “dada la gravedad del asunto, nos parece importante que también se incluya en la convocatoria la solicitud de que aclare su situación. Lo digo hoy para que no se vea sorprendido el día en que venga acá y traiga las respuestas, es decir, por una cuestión de lealtad. Y por lealtad con el derecho de autor, reitero que este es un punto que el senador Silva nos señaló hoy cuando estábamos viendo esto”.

 “Ensucia la cancha”

El senador Felipe Carballo (Frente Amplio) manifestó que “en cuanto al tema puntual de la compra de estas tierras, si bien no tengo los detalles –y me parece que está bueno que esta comisión haga las gestiones correspondientes para convocar a las autoridades por este tema–, yo adelanto mi postura. Estoy cien por ciento de acuerdo con que se compren tierras y se destinen a los productores y los asalariados rurales”.

Es más, señaló- “estoy convencidísimo de que el Instituto Nacional de Colonización es un instrumento fundamental y, por lo tanto, el hecho de haber comenzado a transitar ese camino de ir comprando tierras con esos destinos o con esos fines representa una señal más que importante, además de que, como bien se decía, está dentro de los compromisos electorales que hemos asumido”.

Pero “otra cosa tiene que ver con lo que se planteaba hace un momento. Yo voy a acompañar la convocatoria para conocer la información de primera mano en relación a los motivos y a todo lo vinculado a la compra de estas 4404 hectáreas que se mencionaban hace un momento, pero creo que es harina de otro costal si el presidente tiene o no tiene deuda”.

En todo caso, agregó el parlamentario del FA “por este tema debería ser convocado para otra sesión de la comisión, porque de lo contrario desvirtuamos el tema de la discusión. Y otro asunto es lo que se informó en relación al artículo 200 de la Constitución. Obviamente eso está dentro del marco de funcionamiento de la comisión, pero a mi entender entrar en temas que son más personales –por llamarlo de alguna manera– es una clara señal que va en la dirección de golpear sobre decisiones que son más políticas”.

En definitiva, afirmó Carballo “entiendo las discrepancias que se puedan tener en cuanto a las decisiones políticas, pero entreverar una cosa con la otra me parece que no le hace bien a la discusión y de alguna manera ensucia la cancha, hablando en términos futbolísticos. Insisto, tenemos que hacer un esfuerzo importante en levantar la mira para dar una discusión en serio y en profundidad en relación al Instituto Nacional de Colonización y a la compra de tierras”.

Bordaberry salió al cruce: “creo que el Reglamento del Senado dice que no se pueden adjudicar intenciones. Entonces, cuando se dice que la intención es enchastrar o no sé cuánto, se estaría violando el Reglamento del Senado”.

“Cuando uno pide ampliar la convocatoria a esos hechos, no es con otra intención más que la de aclarar. Es decir, nuestra intención es aclarar la situación. Pero, además, desde el punto de vista reglamentario, el Instituto Nacional de Colonización se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la función de esta comisión –y del Senado todo– es controlar al ministerio y a las instituciones, los entes y servicios descentralizados que se vinculan a través del ministerio”, añadió.

En este caso, consideró el senador del PC “el presidente del Instituto Nacional de Colonización estaría violentando el artículo 200 de la Constitución, porque no puede estar ejerciendo actividades vinculadas a la institución que hoy preside. Es obvio que si así fuera tendría la función de controlarse a sí mismo el cumplimiento de las obligaciones que tiene como colono. Entonces, me parece que está dentro de la órbita de esta comisión convocarlo para escucharlo, porque estoy seguro de que debe tener una respuesta. No puedo creer que esté violando la Constitución tan flagrantemente y no esté cumpliendo con las disposiciones claras de la ley”.

En definitiva, para Bordaberry “estamos procediendo de acuerdo al reglamento sin otra intención que aclarar este asunto y adelantando, para no sorprender al presidente del Instituto Nacional de Colonización el día que venga, que en ese momento le vamos a preguntar sobre este tema. Es decir, la idea es que se pueda preparar y darnos una respuesta. Creemos estar actuando dentro de las normas de la convivencia política normales que siempre se aplican en el Parlamento, sin sorprender a nadie ni con otra intención que no sea la de aclarar esta situación”.

Carballo (FA) insistió en que “frente a un tema que está instalado en los medios de comunicación, a mi entender con este nuevo planteamiento se entreveran los temas y se ensucia la cancha. Pero con esto no estoy diciendo que el senador Bordaberry tenga malas intenciones en relación a este tema. Quiero dejar esto en claro, porque no es el objetivo del planteo que he realizado.

Da Silva, presidente del grupo parlamentario indicó que “creo interpretar que si acá hay un problema de forma, todos los actos jurídicos del presidente del Instituto Nacional de Colonización son nulos, entre ellos la compraventa de un inmueble rural. Por eso los temas están atados, el planteo es pertinente, y creo que hay que agradecerle al senador Bordaberry que anticipe su posición. Y las deudas u obligaciones incumplidas de un presidente para consigo mismo, como parte del organismo que preside, también tiene que ver con el asunto. Es decir, a partir de una noticia que salió ayer nos dimos cuenta de que en el currículum que se recibió en el Senado él no expuso su condición de colono, etcétera”.

Por tanto “eso es lo vinculante. Si no fuera tan vinculante, no sería pertinente. Por eso entiendo que es pertinente hacer la convocatoria por la compraventa de los padrones que integran la estancia ‘María Dolores’ y también por la legalidad o no de que el presidente del Instituto de Nacional de Colonización esté ocupando su cargo”.

«Suprema Corte de Justicia»

Por su parte, Sabini (FA) estimó que “me parece bien que se alerte sobre esta situación y sobre el análisis específico sobre una posible inconstitucionalidad. En este caso ya hay una evaluación de un grupo de senadores que entienden que es inconstitucional, pero, hasta donde yo sé, en Uruguay quien determina las inconstitucionalidades es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no le corresponde a esta comisión expedirse sobre ese tema, sino que en su momento habrá que hacer un balance político o jurídico al respecto. De manera que esa evaluación no la compartimos”.

En definitiva, “quiero remarcar que apoyamos la convocatoria en el sentido de que se informe sobre la compra de los campos –eso nos parece bien–, pero no consideramos que en esta instancia tenga que aclarar algo el señor Viera sobre este punto. Obviamente, los legisladores pueden hacer las preguntas que quieran. Eso está bien, y me parece bueno que se diga que se va a hacer”.

No obstante, “quiero señalar que la posición del Frente Amplio refiere al punto que vinimos a tratar y no a agregar nuevos asuntos, porque creo que no ayudaría. En todo caso, si los actos que se hicieron fueron inconstitucionales, no le corresponde al Parlamento establecerlo, sino a la Suprema Corte de Justicia, siempre que alguien se vea afectado y directamente presente un recurso. Todo lo demás son consideraciones puramente políticas”.

Para Bordaberry «esta no es una cuestión de un planteo de inconstitucionalidad. Esto es un planteo de nulidad de la decisión tomada por el directorio respecto a la compra del campo. Aquí no se trata de si es inconstitucional o no una norma. La norma es constitucional. Lo que sucedió es que alguien violó la norma interviniendo, votando en un directorio, cuando no podía hacerlo de acuerdo a la Constitución, y esto ocurrió respecto de la decisión de comprar el campo. Por eso es que estoy trayendo el planteo y adelantándolo. Si es cierto que es colono y que además como colono era incumplidor frente al instituto, él no debió haber participado de esa reunión, de esa sesión, y menos haber votado, porque tiene un interés directo y legítimo que la Constitución expresamente dice que se tiene que tener en cuenta. Lealmente, en vez de decir todo esto el día que venga, les estoy advirtiendo que vamos a ir por ese lado y por eso estoy planteando que se incluya en la convocatoria este asunto, por la evidente vinculación que tiene con el tema de fondo. No es una cuestión de inconstitucionalidad de una ley, que es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia.

El senador Óscar Andrade (FA) señaló que “se entiende que, entre los motivo de la convocatoria, la oposición va a incorporar la cuestión del presidente del Instituto Nacional de Colonización. Estamos avisados”.

“Podemos dar vueltas a la noria, pero, si el debate político de fondo lo vamos a dar con las autoridades, no sé si tiene sentido seguir extendiendo las consideraciones hoy”, expresó.

Para Botana (PN) “es bien sencillo. De acuerdo al comentario que nos hace el señor presidente, yo creo que se puede mantener el tema de la convocatoria, pero va a suceder lo que ha anunciado el senador Bordaberry: en ese marco le van a hacer esas preguntas al señor presidente de Colonización”.

Por otra parte, “todo este debate se pudo haber evitado si hubieran hecho público todo el mamotreto de documentos que fundamenta la decisión. De lo contrario, lo que sucede es que no tienen ningún documento y están tomándose el tiempo para elaborarlo. Eso sería lo complicado de todo esto”.

“Lógica comprensible”

Para el nacionalista Carlos Camy “en primer lugar, me parece procedente el planteo del senador Sabini con respecto a la forma de relacionamiento de la comisión. Casi todos somos veteranos en esta Casa y sabemos que tiene que ser como siempre ha sido. Por lo tanto, si en algún momento se vio amenazado el relacionamiento de la comisión, creo que corresponde encaminarlo, encauzarlo, por la senda que corresponde. Me parece que estamos todos de acuerdo en eso y saludo ese comentario”.

El segundo comentario que quiero hacer “refiere, concretamente, a la razón de una sesión extraordinaria: el planteo de convocatoria a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, a su directorio, y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como sabemos, es a través de esa cartera que se relaciona el instituto con el Poder Legislativo”.

Para Camy “corresponde esa convocatoria. A mi entender, se ha planteado con una lógica comprensible por distintas razones: porque es una inversión importante que va a hacer el Instituto Nacional de Colonización y porque se plantea en el marco de decisiones de las que esta comisión no tuvo conocimiento. Nos parece que el rol parlamentario y particularmente de la oposición es fiscalizar y tomar conocimiento, y es con ese ánimo que me parece importante que se convoque”.

Por ello “me parece que lo mejor es que venga el directorio, que vengan las autoridades del ministerio y que, mirándonos a la cara, se plantee formalmente lo que corresponde, que es sacar las dudas que distintos legisladores han planteado en este tema.

Yo tengo mucho interés en escuchar a las autoridades y, de hecho, no he brindado opinión –y no lo voy a hacer– hasta que las escuche”.

A su entender “creo que aquí hay un tema de legalidad que hay que analizar y que, a mi juicio, está comprendido en el marco que la Ley n.º 11029 tiene; hay un tema de oportunidad y en ese sentido creo que hay que escuchar la razón política o por qué se priorizó y se determinó esa inversión, y hay temas de forma, que para mí hacen a la sustancia y tienen que ver con planteos que vamos a hacer en tono de interrogante, es decir, si efectivamente se estudió el predio, por qué se priorizó y cómo se canalizó esa decisión”.

Camy indicó que “la Ley n.º 11029, señor presidente, tiene 155 artículos. Yo, como exvicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, me animo a decir que, en la historia de este país, desde el año 1948 –en que rige la ley–, se deben haber aplicado, con suerte, no más de seis o siete artículos. Es un maravilloso instrumento y, por ejemplo, establece más de diez formas de colonización”.

“Para mí, más allá de todas las preguntas que se puedan hacer sobre el valor de la tierra, el estudio que se hizo, la capacidad de colonización, qué tipo de colonización corresponde con el suelo, las características del predio, la oportunidad, etcétera, lo fundamental es conocer el proyecto para el cual se compra, porque está dentro de las potestades de Colonización, de acuerdo con el artículo 35 y otros más”, evaluó.

Por ello “me parece que hay que focalizar el planteo. Para mí lo más importante es saber cuál es el proyecto para estas cuatro mil hectáreas, qué tipo de colonización o qué tipología de las que señala la ley se piensa aplicar, de qué forma se piensa hacer”.

Al respecto “ha habido experiencias negativas y positivas en la historia de Colonización, por ejemplo, para el impulso de la lechería ¿Va a ser un modelo cooperativo, como se ha intentado y fracasó? ¿Va a ser de agrandarles la escala a los productores ya existentes? ¿Va a ser un régimen de tenencia y arrendamiento o de facilitar la propiedad de la tierra?”

Según el parlamentario blanco “la ley permite una amplísima gama de opciones para un proceso colonizador y, para mí, lo más importante de todo es saber por qué y para qué se eligió ese predio y qué se piensa hacer con él”.

Con respecto al tema de la legalidad, “quiero decir claramente que hablo de la legalidad respecto a la aplicación del artículo 35, que es en el que se fundamenta la decisión; me parece que eso no se cuestiona”.

En cuanto al tema del precio de la tierra –agregó Camy- “también creo que hay que consultar –y me gustaría hacerlo– a la división de avalúos de Colonización y a otros organismos del Estado y del mercado, que saben más que nosotros”.

En lo relativo al acceso a la tierra, señalo que “recién el senador Pereyra hizo alusión a la Ley n.º 18187, de repoblamiento de la campaña. Fue el 2 de noviembre del 2007 que se sancionó y la firmamos Larrañaga y yo, pero la anunciamos en esta sala sobre fines del año 2003, en el Gobierno del doctor Jorge Batlle, sentados acá, en la misma línea en la que estamos sentados ahora. Yo era vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización y ahí empezamos a trabajar con un equipo técnico que encabezó el ingeniero agrónomo José Claramunt”.

Por lo tanto, “saludo la iniciativa del presidente de traer este tema. A mi juicio, la convocatoria debe ser planteada con un orden del día claro: primero el tema que nos ocupa, y creo que es muy importante lo que planteaba el senador Bordaberry, que lo tomo como una alerta responsable”, sostuvo Camy.

Puntualizó que “más allá de lo que decía el senador Sabini y de que todos conocemos los artículos 256 al 259 de la Constitución respecto a quién se ocupa de la inconstitucionalidad de las leyes y de quién tiene la legitimidad para solicitarla, creo que es responsabilidad de un senador de la república alertar sobre esto, porque sería muy irresponsable que nosotros promoviéramos actos legislativos que después son inconstitucionales –le han salido muy caros al país– o que los dejemos pasar cuando se trata, como en este caso, de un ente autónomo”.

“Considero que es una alerta responsable. No sé si es competencia de esta comisión o si debe ocuparse la Comisión de Constitución y Legislación, pero me parece responsable y muy leal de parte del senador Bordaberry alertar que, cuando venga convocado por otro tema específico, se va a plantear este, por la vinculación que tiene”, indicó.

Desde el FA, Pereyra afirmó: “Reitero que, a nuestro entender, es un debate más profundo el que hay que seguir dando, porque no hay que desvirtuar el fondo del asunto. Capaz que, por una discusión de este tipo, por una cuestión puntual, se termina cuestionando lo que implica esta formidable herramienta, que es la Ley n.º 11029”.

De todas maneras, “a partir del planteo del senador Bordaberry –al que agradecemos su frontalidad al adelantar una postura y decir que mañana va a incorporar otra pregunta–, quiero dejar la constancia de que ya hay antecedentes en varios directorios anteriores en los que sus integrantes –vicepresidentes, incluso, o más de un director– cumplen con su función de colono, claramente con la fundamentación legal correspondiente para poder ejercer. Es decir, ya hay antecedentes en varios períodos hacia atrás de personas que, en su condición de colonos, asumieron la responsabilidad de integrar el directorio”.

El legislador del MPP señaló que “quería dejar este elemento como un antecedente, porque hubo directorios en otros períodos integrados por colonos que compraron mucha tierra, lo que fue favorable para la instalación de colonos y familias colonas a lo largo y ancho del país”.

“Grandes y vacunados”

Durante la deliberación se dio un fuerte dialogado entre el senador Eduardo Antonini (FA) y el presidente de la Comisión, el senador Sebastián Da Silva (PN).

Senador Antonini: En la mañana de hoy se ha repetido la pregunta de cómo se hizo esta intervención, esta compra de hectáreas, sin que la comisión esté informada. Esto ha sido reiterado, pero quiero decir que el Instituto Nacional de Colonización no tiene ninguna obligación de informar. Es al revés: nosotros podemos pedir información.

Por otra parte, con respecto al fondo del asunto, me preocupa un poco cuando se dice que va a terminar en la nulidad, como que se está anunciando una nulidad. Me parece que tenemos que ser responsables, porque a veces en Twitter o en la prensa nos vamos…

PRESIDENTE Da Silva. El grado de responsabilidad es de cada señor mayor de edad. Usted trate de ser responsable y deje que los otros grandes y vacunados sean iguales de responsables que usted.

Senador Antonini. Usted me interrumpió.

SEÑOR PRESIDENTE. Yo soy el presidente.

Senador Antonini. Lo que digo es que ya se está diciendo que se quiere terminar esto, cuando en realidad estamos convocando a las autoridades para que nos expliquen.

Solo quería dejar claro estos dos aspectos. En primer lugar, Colonización no tiene ninguna obligación de consultar con la comisión y, en segundo lugar, nosotros no podemos adelantar resultados.

Fuente Imagen: Parlamento Uruguayo.

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Al comienzo de la Legislatura en el ámbito parlamentario se presentó un proyecto de ley para que la duración mínima del año lectivo sea de 200 días.

Es una iniciativa de los senadores colorados Pedro Bordaberry y Tabaré Viera y pasó para su estudio a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara alta.

En su Artículo 1º se establece: (Duración mínima del año lectivo): Para todos los ciclos educativos comprendidos en el Plan de Educación Básica Integrada (inicial, primaria y media básica) así como el Plan de educación media superior, el calendario escolar deberá garantizar un mínimo de doscientos (200) días de clase efectivo durante el año lectivo.

En su exposición de motivos se señala que “existe consenso a nivel nacional respecto de la necesidad de mejorar la calidad de la educación que se brinda en el país. En particular, dicha necesidad se aprecia con especial énfasis en la educación pública, a la que asiste más del 80% de los niños y jóvenes uruguayos”.

Según Bordaberry y Viera “la educación es la principal herramienta con que los países cuentan para atender los requerimientos de toda la sociedad, y en particular aquellos provenientes de los contextos desfavorables o muy desfavorables”.

Por tanto, “cada vez se torna más necesario fortalecer al sistema educativo a efectos de que sea capaz de brindar una educación de calidad. Concibiendo a esta como el centro de la educación ya que es de importancia fundamental para el bienestar de los niños, jóvenes y adultos en el futuro”.

Como consecuencia “una educación de calidad ha de atender a las necesidades básicas del aprendizaje y enriquecer la existencia del educando y su experiencia general de la vida”.

No obstante, “la realidad imperante en el país hace necesario actuar inmediatamente y adoptar medidas de rápido impacto, sin perjuicio de aquellas acciones de largo aliento, que demandarán mayores esfuerzos y compromisos de todos los involucrados en el sistema educativo”.

Reconocen que “si bien los esfuerzos realizados durante la pandemia permitieron sostener los aprendizajes de nuestros estudiantes, evitando pérdidas en los aprendizajes como sufrieron otros países, todavía debemos observar con preocupación que los niveles de aprendizajes de nuestros alumnos están por debajo de los mínimos que establecen las pruebas internacionales. Así lo han demostrado las recientes evaluaciones internacionales (pruebas PISA), difundidas por la autoridad educativa”.

Ante esta situación, agregan los legisladores del PC, “es necesario, para poder insertarse en la sociedad del conocimiento, que nuestros niños y jóvenes cuenten con las mínimas destrezas y habilidades que les permitan su desarrollo personal y profesional”.

Para ello “resulta de vital importancia considerar la mayor permanencia de los alumnos en los centros educativos, extendiendo el tiempo pedagógico y la actividad curricular de éstos, en especial en los ciclos inicial, primario y medio básico, tal como lo establece la Ley de educación Nº 18.437 en su artículo 7mo”.

¿Cuántos días?

En nuestro país, “según datos de la ANEP, desde el año 2017 al 2024 nunca se alcanzaron los 200 días lectivos, siendo el máximo alcanzado 185 días en el calendario”.

Manifiestan que “algunas actividades que se llevan adelante en los centros educativos, ajenas al dictado de los cursos y sin la presencia de alumnos (ATDs, jornadas de reflexión, capacitaciones, entre otras), así como las medidas de paralización eventualmente adoptadas por los trabajadores, los feriados nacionales y otros imprevistos, hacen que los días de clase no sean los originariamente previstos. A esto debemos sumarle el gran problema que presenta nuestro sistema educativo hoy asociado a los altos niveles de ausentismo de los alumnos, aspectos estos que contribuyen a que los días que efectivamente los estudiantes están expuestos a los aprendizajes sean en el entorno de los 160”.

Urgencia

Para Bordaberry y Viera “esta situación debe ser atendida inmediatamente, ya que resulta imperioso acercar a nuestro sistema educativo a las mejores prácticas probadas garantizando un estándar mínimo de días lectivos”.

En Latinoamérica Brasil y México “han establecido los 200 días efectivos de clase, Chile 190 y Argentina 180, desarrollándose campañas nacionales tendientes a que la sociedad cobre conciencia de la importancia del tema y de la importancia de cumplir efectivamente con el calendario fijado (“Menos días de clase es menos futuro”, dice un eslogan). En los restantes países de la región el promedio oscila en los 160 días de clase al año”.

Según los parlamentarios colorados “en otras partes del mundo los días de clase oscilan en los doscientos días, sin perjuicio de superarse esa cifra en algunos casos: 247 en Japón, 221 en Corea del Sur, 220 en España, 216 en Israel, 200 en Dinamarca, Holanda, Canadá y Bélgica, entre otros”.

Por otra parte, puede ser de utilidad repasar los días de clase establecidos en aquellos países mejor ubicados en los resultados académicos que se obtienen en el marco de las prueba PISA:

País | Días anuales de clase | Resultados pruebas PISA 2009
Corea del Sur | 221 | 539 puntos
Finlandia | 200 | 536 puntos
Hong Kong – China | 190/200 | 533 puntos
Canadá | 200 | 524 puntos
Nueva Zelanda | 190 | 521 puntos
Japón | 243 | 520 puntos
Australia | 200 | 515 puntos
Holanda | 200 | 508 puntos

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“El ahorro al recargar este tipo de vehículos es de 20 a 1”, aseguró la Presidenta de UTU, Silvia Emaldi al comparar este sistema con los combustibles fósiles.

Actualmente circulan en el país unos 9.000 vehículos de este tipo, el triple de los que eran en 2020.

Días atrás, con el comienzo de la nueva Legislatura, los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley por el cual se establecen requisitos para establecer la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en la edificación de nuevas construcciones.

En su articulado se establece que “la presente disposición será aplicable a toda edificación de nueva construcción -sea residencial, comercial, industrial o con cualquier otro destino- que cuente con espacios destinados a estacionamiento de vehículos automotores en régimen de propiedad horizontal”.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Representantes.

Movilidad sustentable

En los últimos años, señalan los parlamentarios colorados “la transición hacia una movilidad sustentable ha cobrado una importancia creciente a nivel mundial. Los avances en tecnología vehicular, junto con la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles, han impulsado el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos”.

En este contexto, “la infraestructura de carga se erige como un elemento clave para facilitar la adopción masiva de esta tecnología”.

La presente iniciativa “busca garantizar que los edificios de nueva construcción estén preparados para responder a las necesidades del futuro de la movilidad. La falta de infraestructura de carga en espacios residenciales, comerciales e industriales constituye una de las principales barreras para la expansión del uso de vehículos eléctricos”.

Por ello, indican Bordaberry y Viera, “se propone la obligatoriedad de dotar a cada espacio de estacionamiento con un punto de carga adecuado y un sistema de medición individual del consumo eléctrico. El establecimiento de estos requisitos en el diseño inicial de las edificaciones resulta más eficiente y menos costoso que su posterior adaptación. En muchos casos, las reformas para incluir infraestructura de carga en construcciones ya finalizadas pueden implicar costos elevados y complejidades técnicas que desincentivan su implementación”.

En consecuencia, “la inclusión de estas disposiciones desde la fase de diseño y construcción permitirá una transición ordenada y progresiva hacia una movilidad más sostenible”.

El proyecto de ley “también prevé mecanismos de regulación y supervisión para garantizar el cumplimiento de estos requisitos. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) establecerá las disposiciones técnicas necesarias para asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones”.

Asimismo, “el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en la denegación de la habilitación final de obra y en la aplicación de sanciones administrativas, promoviendo así el acatamiento de la normativa”.

Finalmente, “la iniciativa contempla disposiciones transitorias para no afectar proyectos en curso que hayan obtenido permisos previos a la entrada en vigor de la ley, salvo en casos de modificaciones sustanciales. De este modo, se busca un equilibrio entre la necesidad de avanzar en la transición energética y la seguridad jurídica de los desarrolladores inmobiliarios”.

En suma, “esta propuesta legislativa responde a la necesidad de una planificación urbana moderna y sostenible, alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de movilidad eléctrica. Su implementación contribuirá a la mitigación del cambio climático, la eficiencia energética y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.

Fuente Imagen Principal: https://www.factorenergia.com/

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El senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) presentó un proyecto de ley que “busca el consenso en un tema tan importante como el del final de la vida de los uruguayos”.

En la exposición de motivos expresa que “en el período legislativo pasado existió un fuerte y profundo debate sobre el final de la vida. Se aprobó un proyecto de ley de cuidados paliativos que estableció el derecho de todo ciudadano en situación terminal a ellos para así evitar el sufrimiento”.

También “se presentaron dos proyectos de ley sobre eutanasia y suicidio asistido que no fueron aprobados. Uno recibió media sanción. Estos últimos proyectos de ley provocaron un fuerte intercambio dentro y fuera del Parlamento”.

Recordó que “algunos esgrimían en su contra el derecho a la vida. Otros a su favor el de la libertad. Se generaron debates, artículos de opinión y controversia tanto en la sociedad como en la Academia. Se recibió la opinión de muchos expertos. Algunos se manifestaron a favor, otros en contra. Hubo quienes sugirieron cambios en el texto proyectado. Se realizaron foros y conferencias”.

No obstante, “al final del día, víctimas de las termitas de la reducción del pensamiento al decir de Kundera, las posiciones parecieron cerrarse entre los defensores de la vida, por un lado, y los de la libertad por el otro. No faltaron las alusiones a una pseudo modernidad y el conservadurismo, o a los defensores de una Agenda 2030 y los opositores a lo que aseguran es un dictado de normas desde los grandes centros de poder”.

Según Bordaberry “por momentos pareció como si no fuera posible conciliar ambas posiciones. Como si no se pudiera defender tanto la vida como la libertad, que son valores y derechos supremos contemplados y protegidos en el artículo 7 de la Constitución de la República. Derechos que no pueden ser limitados sino por motivos de interés general. Lo cierto es que finalizado el período parlamentario ninguno de los dos proyectos se aprobó”.

Texto del proyecto

Artículo 1º: Modifícase el artículo 37 del Código Penal (Ley Nº 9.155), que quedará redactado en los siguientes términos: Artículo 37 (Del homicidio y de la ayuda al suicidio piadosos). Los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo a quien, animado por un móvil de piedad, y a inequívoco y reiterado pedido de la víctima, diere muerte a una persona sometida a sufrimientos que considere insoportables, o le ayudara a suicidarse. Quedan exentos de pena los sujetos mencionados en el inciso precedente cuando, como prueba del móvil de piedad, se constate, además del inequívoco y reiterado pedido: 1º) que no existían otros medios a los que pudiera acceder o a los que tuviera derecho la víctima para poder superar el sufrimiento; y 2º) que, en caso de homicidio, no podía matarse a sí misma y, en caso de ayuda al suicidio, no podía matarse sin ayuda del victimario. En casos en que la víctima tenga derecho a la asistencia paliativa integral y oportuna por un equipo interdisciplinario formado y calificado de cuidados paliativos (artículo 1º y 5º A de la Ley Nº 20.179), sólo se considerará que se configura el primer requisito señalado en el inciso precedente cuando, según tal equipo, se esté ante síntomas refractarios que generen sufrimiento, y no se haya podido acceder a la sedación paliativa o esta no fuere suficiente para superar el sufrimiento.

Artículo 2o. Agréguese al Código Penal el siguiente artículo 37 bis: (Procedimiento).- Se entenderá acreditado y prueba del inequívoco pedido de la víctima a que hace referencia el artículo 37 (sin perjuicio de otros medios de prueba posibles) cuando se hayan seguido las etapas del siguiente procedimiento: A) (Iniciativa). La solicitud deberá ser directa y personal. B) (Diálogo). La persona requerida deberá consultar sobre las posibilidades de tratamientos o soluciones para aliviar el sufrimiento y ayudar a superarlo, con profesionales especializados en la atención de situaciones de sufrimiento (sin revelar su eventual intención de acceder a lo peticionado) y, si el solicitante no ha agotado esos recursos, deberá ofrecérselos. C) (Reiteración de la solicitud). En todo caso, habrá de mediar una nueva solicitud, en los mismos términos, luego de transcurrido un plazo suficiente (según el criterio de los profesionales especializados que se debió consultar) para que puedan surtir efecto los medios señalados en el literal precedente y para que el solicitante pueda reflexionar y adoptar una decisión más libre, seria y firme. D) (Prueba fehaciente). Deberá dejarse constancia (por escritos bajo firma del requirente, del requerido y de los profesionales, o por otros medios fehacientes) de la solicitud inicial, de su reiteración, y de los demás requisitos señalados en los literales anteriores.

Artículo 3o. Comuníquese, archívese, etc.

Montevideo, 15 de febrero 2025 Pedro Bordaberry.

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Se trata de la Eutanasia.

La iniciativa fue aprobada en Diputados hace un año, y está previsto que este martes 17 de octubre prosiga la discusión en la Comisión del Senado.

Para aportar al debate y con una mirada profesional, el martes 31 de octubre se presentará el libro «La Eutanasia no es lo que parece» de Miguel Pastorino.

Presentan:

Pedro Bordaberry;

Alfredo García;

Romina Andrioli.

Será el Martes 31 de octubre a la hora 19 en el Edificio José Artigas, Sala Acuña de Figueroa, Anexo del Poder Legislativo.

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Pero qué escribió Acosta y Lara:

EL TIRO EN EL PIE. ASI NO PEDRO.

Hay acciones que no se puede comprender su fundamento. El exsenador Bordaberry, quien se alejó hace unos años voluntariamente de la política -supuestamente para siempre-, hace un giro político inesperado, de ciento ochenta grados, para criticar al gobierno que todos los de su partido apoyamos. La coalición multicolor terminó con quince años de hegemonía del Frente Amplio en el poder, y sin ella hubiera sido imposible gestar el cambio político que está liderando el Presidente Lacalle Pou.

Parece que ese giro político tuviese la intención inicial de defender a la exvicecanciller (por quien ya había expresado su solidaridad), pero puede terminar siendo un tiro en el pie para quien pareciera querer retornar a la política dentro de la coalición que fustiga.

Estas son las acciones que no podemos comprender, que generan incertidumbre a la ciudadanía y a los colorados principalmente, que venimos trabajando fuertemente para dar respaldo y gobernabilidad. También en un momento en el que el partido necesita demostrar otra solidez. Eso no quiere decir no ser autocrítico en la gestión y dejar de condenar cualquier gesto irregular que atente contra la transparencia, pero es un costo muy alto para defender a una persona que no fue respaldada por su sector. La coalición se construyó a partir de una visión de país en común, y es necesario entre todos hacer los mejores oficios para mantenerla, mejorarla y dar certezas de que la misma va a perdurar sin importar qué partido y persona tenga la responsabilidad de conducir la próxima coalición. Para ello es fundamental que los líderes dejen de lado sus egos y no pongan en riesgo un logro tan preciado por hacer notar su presencia a la distancia.

Los que decidimos jugar en la cancha haremos el máximo esfuerzo para asegurar la continuidad de la coalición y que a partir de la misma se puedan seguir realizando cambios sustanciales que necesita el país. Como por ejemplo, la construcción de viviendas para más de cincuenta mil uruguayos más necesitados que hoy viven en asentamientos; el desarrollo del saneamiento en el interior, mejorando la calidad de vida de las personas que tienen los mismos derechos que los uruguayos que viven en la capital; la inversión en obra pública, que mejore la infraestructura de carreteras, puerto y aeropuertos del país. Una coalición que hoy está encarando las transformaciones y reformas que venían siendo postergadas por quienes pensaban más en la calculadora electoral que en las necesidades de la gente. Dentro de esas cambios se encuentra la transformación educativa que los colorados estamos muy íntimamente comprometidos y hemos puesto foco, como elemento sustancial del cambio que tanto se reclamaba. Otra reforma postergada y que nadie quería hacerse cargo es la reforma de la seguridad social, que siempre era pateada para adelante pensando que en algún momento alguien iba a tener la valentía de poder hacerla.

¿Vamos a hipotecar todo esto? No podemos poner en riesgo todo estos logros y ser omisos a las responsabilidades que tenemos como gobernantes e integrantes de un gobierno, en donde en el ballotage nos comprometimos a trabajar por la sociedad, dando respaldo al gobierno que fuese electo. El hacer lo contrario, tirando tomates desde la propia hinchada, no es otra cosa que pegarse un tiro en el pie y colaborar para que la coalición no pueda continuar y ofrecerle más chances al Frente Amplio.

Siempre codo a codo, en las coincidencias y en las disidencias, seamos coherentes y demostremos a quienes confiaron en ella que esta coalición llegó para quedarse”.

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El PIT-CNT sostiene que “hoy tenemos a uruguayos y uruguayas que ejercen en la medicina en nuestro país luego de haberse graduado en Cuba gracias a su solidaridad. También queremos reconocer la enorme solidaridad de los médicos cubanos, que al día de hoy llevan casi 100 mil operaciones de la vista en nuestro país, realizadas a personas de bajos recursos, quienes de otra manera estarían condenados a perder la vista.”

Asimismo, “en este mundo en el que vivimos, donde el capitalismo habla de la meritocracia, el egoísmo por encima de la solidaridad y de lo material y el capital por encima de humano, Cuba con sus brigadas médicas nos muestra una vez más que el camino de la solidaridad es el camino para avanzar a una mejor sociedad.”

En medio de esta pandemia a nivel global, agregan, “Cuba lejos de refugiarse, salió a ayudar para combatir dicha enfermedad a lo largo y ancho del mundo. Esta Cuba, que vive un bloqueo económico hace décadas, sigue mirando al mundo con ojos solidarios, fraternos y con un gran amor al prójimo.”

Por tanto, “como trabajadores y trabajadoras organizadas levantamos la bandera de la solidaridad en cada una de nuestras acciones, así como la bandera del internacionalismo tal como está dispuesto en nuestros estatutos hace más de 50 años. Nunca vamos a olvidar la solidaridad que el pueblo cubano ha brindado al mundo y en particular en nuestro país por ejemplo salvando la vista de cientos de miles de trabajadores/as y jubilados/as.”

Por estas razones, “como PIT-CNT adherimos a la iniciativa de nominación de las Brigadas Médicas Cubanas “Henry Reeve” para el Premio Nobel de la Paz.”

Denuncia internacional

En la edición del diario El País se señala que Uruguay fue incluido en una denuncia internacional en donde se señala que los profesionales «son explotados económicamente».

En tanto, el ex senador colorado Pedro Bordaberry al referirse a dicha noticia, comentó: «Que se queden con el 80% del salario del trabajador es inaceptable, se denunció en el 2019 y lo negaron desde el FA».

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Larrañaga, Bordaberry y Mieres expondrán su visión en el segundo módulo de la actividad, en el horario de 11:30 a 12:15 horas.

En la previa (9:30 a 11:15 hs), el Mag. Pedro Ravela, en su carácter de experto independiente, presentará la relatoría de los aportes realizados por expertos en educación, seguido de un espacio para la mirada de las autoridades educativas, tal cual el programa que se llevará adelante.

Desde la organización se expresó que “Con la organización de este evento se pretende realizar una actividad académica de jerarquía, con miradas independientes y plurales, que permita avanzar en el camino de consensuar visiones propositivas en un diálogo políticos-expertos. El objetivo sería salir del círculo en que cae el país cuando se presentan los resultados de cada edición de la prueba PISA y, después, no sucede nada con la información disponible. Se pretende trabajar no sobre lo que ya está dado y que revelan los resultados, sino a partir de los insumos que nos proporciona la prueba, plantear con énfasis qué debe hacer el país y el Sistema educativo para transformar positivamente la realidad”.

La actividad, abierta al público, se realizará el en la Sala de Conferencias del Banco Central de Uruguay, ubicado en Diagonal Fabini 777, el próximo lunes 12 de diciembre a partir de las 9:30 horas.

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El asunto está a estudio de la Cámara de Senadores.

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1.- He presentado todas mis declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia desde el primer día en que asumí en el cargo que ocupo. Las mismas se encuentran a disposición de quien quiera consultarlas.

2.- Nunca fui propietario de sociedad alguna constituida en Panamá.

3.- Nunca utilicé una sociedad de ese tipo.

4.- Antes de mi candidatura a cargos electivos en el Parlamento y a la Presidencia de la República trabajé como abogado, en el ejercicio libre de la profesión, en un Estudio Jurídico.

5.- En el mismo, al igual que en cientos de estudios jurídicos en el mundo entero, un cliente era una sociedad de origen panameño (como también había sociedades de origen de una cantidad de países, europeos, norteamericanos y sudamericanos). Dicha sociedad había otorgado, como es de estilo, un poder de representación a nombre de varios abogados de ese Estudio jurídico.

6.- Nunca fui director de dicha sociedad ni la representé en acto alguno ni utilicé poder alguno de la misma.

7.- He solicitado a un especialista un informe independiente de auditoría sobre el tema que una vez elaborado haré público y pondré en conocimiento de quien corresponda.

Saluda atentamente

Senador Pedro Bordaberry.

Fuente Imagen: eltelescopio.com.uy 

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