Desde la oposición, el senador Sergio Botana (Partido Nacional), afirmó que “aplaude y advierte” sobre este emprendimiento legislativo, pero fue categórico: tendrá “un impacto cero”.

Dijo aplaudir “porque toda iniciativa de rebaja impositiva de baja del precio de los combustibles, es buena medida” pero advirtió sobre “el impacto cero”.

“La reducción y el descuento al 50% hace que el que va a ir a viajar a la frontera para cargar combustible y ya de paso compra otra cosa, va a viajar igual. El impuesto sobre el comercio local de las zonas que se quiere beneficiar, no se va a dar”, consideró.

Para el parlamentario del PN “uno aplaude la tendencia de estas medidas, y digo una cosa más, porque yo hice camino en el gobierno pasado, el nuestro, subiendo escaleras no se cuantas veces, para pedir este tipo de medidas. Aplaudo que el gobierno las concrete ahora, pero que sean efectivas porque si no después no arreglan nada”.

Según Botana “después lo que va a suceder es que a los fronterizos nos van a sacar el incremento, por su fracaso. Tenemos que advertir que esto es discurso nomás”.

“No tiene impacto. El impacto sobre la economía por este tipo de medidas suelen ser muy buenos. Es un impacto positivo y no es una dádiva social. El freno de la pérdida de empleo, y la mejora de la actividad económica, tiene un fuerte impacto positivo. Que el gobierno se anime. Que además en este tema de los combustibles el gobierno está cometiendo un error gravísimo para la economía nacional”, afirmó.

En ese sentido, el legislador de Alianza País recordó que “en la LUC instrumentamos el sistema de precio de paridad de importación para la fijación del precio de los combustibles y el reajuste mensual. Pues el gobierno, sin derogar el artículo, pero con los ajustes bimensuales se reservó la potestad de volver a la misma situación de antes: la sobre recaudación sobre el precio de paridad de importación y volvemos a pagar U$S 100 millones más de sobreprecio de los combustibles”.

Botana indicó que “estos sobrecostos lo que compromete es el funcionamiento de las empresas de nuestra economía que ahora tienen todas las tarifas por encima del nivel de la inflación. Súmele que a los trabajadores más activos (que son los que pagan IRPF), por eso ganan más. A eso se les subió el Fonasa, se los reincorporó a los que no estaban en régimen de aporte al IRPF y súmele la presión fiscal que se les va a venir a partir del año que viene con los cinco  impuestos que votamos en el Presupuesto”.

En ese marco, señaló Botana que “uno ve que cierran fábricas en todo el país y que no abren nuevas en ningún lado”.

“La foto del futuro”

El senador blanco sostuvo que “está llegando a la economía nacional la exposición que permanentemente vivimos en frontera.

Nuestra economía local es la foto del futuro de la economía de ustedes. Nosotros somos la foto del futuro de la economía de ustedes”.

Botana dijo votar “con las dos manos esta medida, pero advierto que esto no va a ayudar nada. El que va a la frontera va a seguir yendo todos los días, el empleo formal va a seguir perdiendo espacio. Ayer (lunes 2 de marzo) el Presidente (Orsi) habló de 26.000 nuevos puestos de trabajo. No terminó la temporada turística y ahora empieza a crecer de nuevo el desempleo”.

Fuente Imagen: Parlamento uruguayo.

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El Ministerio de Defensa Nacional anunció recientemente que el Poder Ejecutivo prevé modificar la Ley de Derribo, aprobada en 2020 bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou como parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La normativa permite la interceptación y eventual neutralización de aeronaves no identificadas en el espacio aéreo uruguayo, pero ha generado resistencias por parte de organismos internacionales y obstaculizado la adquisición de tecnología militar.

La actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó que la ley será modificada “antes de fin de año” por vía de decreto, luego de una reunión mantenida junto al canciller Mario Lubetkin con autoridades del Comando Sur de Estados Unidos. Según Lazo, la medida no responde a motivaciones ideológicas, sino a una “cuestión de legalidad internacional”, ya que la legislación vigente contradice el Protocolo de Montreal, acuerdo que regula la protección de la aviación civil.

Pedido de informes anticipó controversia

El debate actual no es nuevo. En 2024, la entonces diputada y actual senadora por el Partido Colorado, Elsa Capillera, presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa, encabezado en ese momento por Armando Castaingdebat, solicitando precisiones sobre la aplicación de la Ley de Derribo, sus consecuencias operativas y su compatibilidad con acuerdos internacionales. El documento también preguntaba si se habían concretado derribos de aeronaves y si existían trabas en negociaciones internacionales como resultado de esta normativa.

Ese informe, divulgado por el semanario Búsqueda, reveló que la ley se había aplicado en 13 oportunidades, pero en ninguno de los casos se llegó a la instancia final de derribo. Se activaron únicamente los protocolos previos de advertencia e interceptación.

Restricciones en compras militares

Uno de los efectos más significativos de esta legislación ha sido el bloqueo por parte de Estados Unidos a la venta de aviones de combate a Uruguay. El propio comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Luis Heber de León, confirmó que la existencia de la ley dificultó la compra de seis aeronaves A-29 Super Tucano de la firma brasileña Embraer, operación valorada en 104 millones de dólares. Según explicó, Washington mantiene reservas desde el incidente ocurrido en Perú en 2001, cuando se derribó por error una avioneta civil con ciudadanos estadounidenses a bordo.

Debate político y nuevas estrategias

Desde filas del Partido Nacional, el senador Javier García, quien era ministro de Defensa en el momento de aprobación y reglamentación de la ley, cuestionó la decisión del actual gobierno. Afirmó que se trata de una “concesión a intereses extranjeros” y sostuvo que la normativa “no viola leyes internacionales”, recordando que países como Brasil, Argentina y Paraguay cuentan con legislaciones similares.

En tanto, la ministra Sandra Lazo subrayó que no se plantea una derogación, sino una corrección legal que permita compatibilizar la normativa nacional con los compromisos internacionales, sin renunciar al control efectivo del espacio aéreo. También adelantó que se evalúan otras herramientas como radares, sistemas de seguimiento y vigilancia, que podrían ser más eficaces que la posibilidad de derribo.

Imagen: Embraer.

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Con la firma del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se aceptó acepta la donación ofrecida por CONAPROLE  consistente en 10.000 kilos de leche en polvo para el Sistema Nacional de Emergencias, en el marco de la situación de emergencia nacional sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19).

La mencionada donación se compone de 400 (cuatrocientas) bolsas de 25 (veinticinco) kilos cada una, que se donan en el marco de la situación de emergencia nacional sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19).

Se entiende pertinente aceptar la donación ofrecida al Sistema Nacional de Emergencias.

Desde el Poder Ejecutivo se agradeció la donación efectuada en la resolución del pasado 15 de abril.

Se designó al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) como administrador de la donación.

Fuente Imagen: sanjoseahora.com.uy

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​Asimismo, se exhorta a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), a suspender los cortes de servicios de telecomunicaciones por falta de pago, exclusivamente para los usuarios residenciales y los servicios de empresas comprendidas en el literal E del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, hasta el 13 de abril de 2020.

UTE

VISTO: el Decreto N° 93/020 del 13 de marzo de 2020;

RESULTANDO: que por el mismo, se declaró el estado de emergencia nacional sanitaria, como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID – 19;

CONSIDERANDO: I) que es necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de un modo razonable y de acuerdo a las posibilidades reales de las finanzas del país;

1. II) que teniendo en cuenta la evolución de la crisis sanitaria se están adoptando medidas excepcionales para contemplar la situación de distintos sectores del país;

III) que resulta esencial mantener el suministro eléctrico a las personas que se encuentren en una situación más vulnerable a las consecuencias de la emergencia sanitaria;

ATENTO: a lo expuesto y a lo previsto en el artículo 168 de la Constitución de la República, en el Decreto Ley N° 14.694 de 1 de setiembre de 1977 y en la Ley N° 16.832 de 17 de junio de 1997;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo I o.- Exhórtase a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), a suspender los cortes de suministro de energía eléctrica que correspondiere disponer por el no pago de servicios, exclusivamente en el caso de los usuarios de planes generales y residenciales, hasta el 13 de abril de 2020.

Antel

VISTO: el Decreto N° 93/020 del 13 de marzo de 2020;

RESULTANDO: que por el mismo, se declaró el estado de emergencia nacional sanitaria, como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID – 19;

CONSIDERANDO: I) que es necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de un modo razonable y de acuerdo a las posibilidades reales de las finanzas del país;

1. II) que teniendo en cuenta la evolución de la crisis sanitaria se están adoptando medidas excepcionales para contemplar la situación de distintos sectores del país;

III) que resulta esencial mantener el servicio de telecomunicaciones a las personas y emprendimientos que se encuentren en una situación más vulnerable a las consecuencias de la emergencia sanitaria;

ATENTO: a lo expuesto y a lo previsto en el artículo 168 de la Constitución de la República y en el Decreto Ley N° 14.235 de 25 de julio de 1974;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo I o.- Exhórtase a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), a suspender los cortes de servicios de telecomunicaciones por falta de pago, exclusivamente para los usuarios residenciales y los servicios de empresas comprendidas en el literal E del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, hasta el 13 de abril de 2020.

Fuente Imagen: delmolinofm.com

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Esta es la Resolución gubernamental:

VISTO: la gestión promovida ante la Secretaría de Comunicación Institucional a efectos de realizar una campaña de bien público al amparo de lo establecido en el literal A) del artículo 95 de la Ley N° 19.307 de 29 de diciembre de 2014;

RESULTANDO: I) que dicha norma prevé que los titulares de servicios de radio, de televisión abierta y de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión cuya programación sea establecida en Uruguay y que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país, deberán permitir el uso gratuito a organismos públicos y personas públicas no estatales para la realización de campañas de bien público;

II) que la Ley establece que las mismas versarán sobre temas como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos, combate a la violencia doméstica y la discriminación;

III) que en el presente caso, la campaña propuesta tiene por objeto difundir a la población información relativa a la campaña denominada “Plan Nacional Coronavirus”;

CONSIDERANDO: I) que el Ministerio de Industria, Energía y Minería ha tomado la intervención que le compete;

II) que conforme a lo establecido en la norma legal aludida y a la materia que refiere la campaña de bien público de que se trata, se considera relevante la difusión pública, por lo que corresponde autorizar la precitada campaña;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley N° 19.307 de 29 de diciembre de 2014;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1o. – Autorízase al Ministerio de Salud Pública, la realización de la campaña de bien público prevista en el literal A) del artículo 95 de la Ley N° 19.307 de 29 de diciembre de 2014, durante los meses de marzo y abril del año 2020, a los efectos de difundir a la población información relativa a la campaña denominada “Plan Nacional Coronavirus”.

2o.- En el presente caso, los 15 minutos diarios de difusión a que refiere la norma legal habilitante se fraccionarán en los espacios, segundos/minutos y horarios según las pautas que se agregan en Anexo adjunto y que se considera parte integrante de la presente Resolución. Los referidos spots no deberán repetirse en una misma tanda.

3°.- Comuniqúese, notifíquese y pase a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, etc.

Fuente Imagen: FocoUy.

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A la misma asistió una delegación de representantes de los peticionarios en función del artículo 93 de la Constitución de la República, que refiere al derecho de petición y se encuentra a estudio de esta Comisión, integrada por el doctor Hoenir Sarthou, el ingeniero Daniel Panario, la doctora Alma Bolón, el doctor Humberto Tartaglia, Edgardo Gutiérrez Lavie y Marcelo Marchese.

Al respecto, Marchese expresó en su ponencia: “trajimos nueve mil seiscientas firmas que avalan nuestra denuncia de inconstitucionalidad del contrato, que se suman a las tres mil cuatrocientas que trajimos previamente.

Antes de ir a lo sustancial, cabe señalar que el diputado Abdala  lamentablemente se retiró de sala  manifestó que si ellos tuvieran la suerte de llegar al gobierno revisarían el contrato, y esto no es posible. No lo es porque en febrero UPM puede tomar su decisión final de inversión y ahí termina la cuestión. Ningún gobierno que venga después, del partido político que fuere, puede modificar algo que ya está establecido. Si lo hiciere, iríamos a un juicio con el Ciadi, con lo que terminaríamos pagando multas multimillonarias.

El diputado Iturralde nos dijo que quiere saber de qué se trata. Indudablemente, puede haber cosas secretas. Hace poco tiempo nos enteramos de que se había renegociado en secreto lo ya negociado en secreto se renegoció. Donde el contrato establecía un precio que se debería pagar por kilómetro y por tonelada transportada de celulosa por ferrocarril, como daba lugar a dudas, se buscó la opción más benéfica a UPM. Bastante tiempo después, nos enteramos de que eso fue resuelto así.

Puede haber cosas secretas, pero el contrato fue publicado; fue negociado en secreto pero el 7 de noviembre de 2017 no enteramos de que nos vamos a comprometer económicamente, como mínimo, en US$ 4.000.000.000 para beneficio de una empresa extranjera. En esta cifra no menciono los US$ 1.500.000.000 que en 20 años pagaremos por el 100% de la energía eléctrica que produzca UPM, que le compraremos aunque no la precisemos. Aunque frenemos los molinos o tiremos agua sin turbinar, no la necesitamos todo el tiempo.

El problema es que estamos asistiendo a una situación sumamente grave. Creemos que el Parlamento no ha considerado la gravedad de la situación porque, de lo contrario, hubiera actuado en consecuencia.

Como dije, el contrato fue negociado en secreto. No sabemos si el señor presidente, de su viaje a Finlandia, trajo en la maleta el contrato. No se debatió, y un día nos despertamos con la obligación de invertir US$ 4.000.000.000. En pocas palabras, un día nos despertamos con la obligación de que nuestras tarifas posiblemente suban y que el país se endeudará. ¿Es posible que una inversión de US$ 4.000.000.000 se negocie en secreto sin consultarnos a todos nosotros, ni a los contribuyentes o, por lo menos, a los diputados y los senadores? Entiendo que el presidente y sus funcionarios, sus negocios privados los resuelvan en privado, porque refiere al dinero que ellos consiguieron trabajando honestamente, pero este es nuestro dinero, por lo que debería considerarse nuestra opinión, además de la del Parlamento.

Si el país estuviera en guerra, entendería que el Poder Ejecutivo resolviera por sí y ante sí, porque es una situación grave. Cuando la República romana tuvo una situación de grave peligro, estableció una dictadura. ¿Qué significa esto? Que el poder se concentraría en manos de Julio César o de quien fuere porque el país estaba viviendo una situación de riesgo. Pero, guerra, no vemos que haya en el horizonte. La situación de riesgo que estamos viendo es, precisamente, este tipo de contratos que se resuelven en secreto.

En cuanto a las violaciones a la Constitución que expresamos en nuestro escrito, cabe señalar que se establece que las universidades tecnológicas deben seguir los lineamientos de UPM en la educación, en sus planeamientos. Esto es gravísimo. Se pone un río, el agua de todos además esto fue establecido mediante un plebiscito con una alta votación, al servicio de una empresa.

En síntesis, luego de siglos de monarquías, la humanidad  al menos en occidente descubrió que lo más sano es la división de poderes y que no es bueno que Luis XIV, el Estado, decida; no es lo mejor. Lo mejor es un equilibrio de poderes, es decir, que el Poder Judicial tenga su independencia al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Estamos asistiendo a un avasallamiento del Poder Ejecutivo en áreas que no le competen como, por ejemplo, la educación, pues es un ente autónomo, y tampoco le compete UTE ni AFE. Asimismo, no compete al Poder Ejecutivo pasar por encima del Parlamento. En un momento en que las encuestas sobre cuál es el grado de aceptación del sistema democrático republicano en América Latina, muestran que viene perdiendo aceptación, que la gente no tiene una excelente visión de las cosas que están sucediendo. Es decir, la gente no ve que las instituciones estén cumpliendo su función de salvaguarda. Por lo tanto, nuestra solicitud al Poder Legislativo es que esté atento a lo que está sucediendo, pues se lo esquivó en algo muy grave. Estas nueve mil firmas, más las encuestas de hace cuatro meses que dicen que más del 60% de la población cree que fue excesiva la actuación del Poder Ejecutivo con la empresa, ameritan que pongamos un freno a este avasallamiento porque, si el equilibrio de los poderes cae, la República ya no podría llamarse República”.

Fuente Imagen: Diario El Telégrafo. www.eltelegrafo.com

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De esta forma se pretende cubrir un vacío legal que tenía diferentes interpretaciones en los planes departamentales y locales, existiendo la posibilidad en algunas zonas del país de llevar las mismas adelante, lo que había originado, inclusive, que existiesen personas que se trasladaban desde Argentina para competir con sus perros en Uruguay.

Según informó Presidencia de la República, la exposición de motivos del proyecto señala que las carreras de perros son una actividad que se desarrolla en el marco de la ilegalidad, provocan el sufrimiento de los animales y promueven las apuestas clandestinas, según fue denunciado en reiteradas oportunidades por distintas organizaciones protectoras de todo el país.

El texto también señala que los animales son sometidos a un entrenamiento feroz, que incluye la utilización de drogas y esteroides, y que terminan en el abandono o la muerte cuando los resultados en la competencia no son los esperados por sus tenedores.

Se agrega, además, que la Secretaría Nacional del Deporte determinó que las carreras de perros no son una práctica deportiva, ya que uno de los elementos que determinan que lo sean es que tenga como protagonista al ser humano, aunque sea como conductor de un animal, lo cual, en este caso, no se cumple.

El texto del proyecto

Artículo 1o. Queda expresamente prohibido en todo el territorio nacional, la realización de carreras de perros cualquiera sea su raza. Artículo 2o. Incorpórase al artículo 12 de la Ley N° 18.471 de 27 de marzo de 2009: “L) Utilizar perros para corridas sea en actos públicos o privados.” Artículo 3o. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley N° 18.471 de 27 de marzo de 2009.

Otras voces

Es un tema polémico con miradas disímiles.

En febrero pasado, en Fray Bentos (departamento de Río Negro) se inauguró el primer canódromo del Uruguay, donde se realizan carreras de galgos.

En junio de 2018, según publicó el portal Ecos, la Secretaría Nacional de Deportes respondió a un pedido de información hecha por la Asociación por el Trato Ético Hacia los Animales, en la que se le consultaba la opinión del órgano sobre estas prácticas. La respuesta expresa directamente que existen deportes que tienen la participación de animales, como los deportes ecuestres, en lo que se da un “binomio” (hombre-animal), y en los que el animal adquiere “casi la misma dimensión, cuidado y consideración” que el jinete con el que interactúa. “Las llamadas carreras de galgos, las riñas de gallos o de perros no puede ser consideradas actividades deportivas y las condiciones donde esas actividades se desarrollan son distantes del respeto y cuidado de los animales involucrados”, agrega el texto.

Asociación de Galgueros

Al tiempo que avanza en el Parlamento el estudio de proyectos que prohíben las carreras de perros, quienes están a favor de las competiciones de hacen sentir, y de alguna forma, también desnudan las diferentes visiones que pueden existir sobre el tópico en un mismo departamento.

Ello fue lo que se constató el pasado miércoles 1º de agosto cuando la Asociación Uruguaya de Galgueros Unidos (AUGU) concurrió a la Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes.

“En Cerro Largo, Soriano, Río Negro, San José y Colonia ‑aunque la alcaldesa de Carmelo haya dicho que no está de acuerdo‑ tenemos un canódromo asociado a AUGU en Rosario y tiene su permiso departamental. Después hemos hablado con diferentes alcaldesas y alcaldes de la zona, quienes se han dado por enterados,” expresó la presidenta de la mencionada asociación, Jacqueline dos Santos.

Agregó que “en cuanto al departamento de Rivera, en su momento le mandé un mail al intendente, señor Marne Osorio, quien me contestó que iba a plantear la inquietud en una reunión, y allí hay un canódromo de AUGU.”

Ante los parlamentarios, sostuvo que los galgueros “desde el año 2016 buscamos ser regulados; buscamos intervención del Estado. Llegamos a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, Cotryba ‑esto fue en junio del año 2016‑, y planteamos que queríamos ser regulados, que queríamos intervención del Estado, que no queríamos seguir en ese statu quo, ni tampoco estar en la clandestinidad.”

Piriápolis y otros

En agosto de 2018 el Municipio de Piriápolis (departamento de Maldonado) decidió no permitir las carreras de perros dentro de su jurisdicción.

También en agosto de este año la Junta Departamental aprobó prohibir carreras de perros en Paysandú.

Diferentes organizaciones de bienestar animal han reclamado por esta prohibición, algunas de ellas promoviendo la recolección de firmas.

En el Parlamento ya hay tres proyectos a estudio en esta materia.

Fuente Imagen: miamidiario.com

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Comenzó sus palabras agradeciendo a Pablo Abdala y a toda la agrupación Acción Renovadora, expresó que son “representación de esfuerzo, de sacrificio y de lucha, de trabajo inteligente¨. Destacó la labor del diputado Abdala: «Vaya si tenemos orgullo de que Pablo sea uno de nuestros compañeros con mayor agudeza e inteligencia en la acción parlamentaria y política”.

Larrañaga expresó que hace 8 meses atrás, cuando se  estaba en campaña electoral el gobierno ¨nos pintó la realidad de un país poco menos que exuberante en su crecimiento y con inmejorables respuestas. Hoy, 8 meses después, resulta que tenemos una país con declive en la situación económica, pero fundamentalmente, tenemos un gobierno que esta desprotegiendo al ciudadano en seguridad, en salud y en educación”.

Años perdidos

Larrañaga remarcó que se dilapidaron los recursos cuando hubo crecimiento y que se realizaron “negocios increíbles”.

“10 años de bonanza económica, 10 años de tirar manteca al techo, 10 años de tirar recursos económicos en emprendimientos sin retorno, 10 años muchas veces perdidos en todo lo que refiere a recursos económicos que eran de todos los uruguayos en espantosos negocios, en negocios increíbles… ¡como el de Pluna, del cual ya no se habla más, pero donde el país  perdió más de 350 millones de dólares, la Regasificadora, emprendimientos de Ancap y su déficit, Casinos!”, resaltó en su alocución.

Seguridad

“El gobierno tiene que asegurar la paz y la tranquilidad pública”

El senador y líder nacionalista fue enfático al momento de referirse a la Seguridad Pública, y a las funciones básicas que en esta materia el Gobierno debe asegurar a los ciudadanos.

“Hemos estado preocupamos de la situación de inseguridad, propusimos una Guardia Nacional Republicana con componente militarizado, y nos situaron a la derecha de la derecha, y ahora quieren incorporar a la Guardia Republicana hasta a la Policía Caminera, metiéndola adentro por modificación en el próximo Presupuesto”.

Agregó  se necesita la recuperación de valores a través de la educación, y actuar en materia de seguridad con firmeza: ¨hay que enviar un mensaje claro de lucha contra la delincuencia para defender a la gente honesta que trabaja y quiere vivir en paz, y tiene derecho a poder hacerlo¨.

“El gobierno tiene que asegurar nada más y nada menos que la vida de sus habitantes; el gobierno tiene que asegurar la paz y la tranquilidad pública, el gobierno no puede ser resignante, ni estar resignado, tiene que dar respuestas.

Guardia Nacional Militarizada

Larrañaga recordó que los gobiernos del Frente Amplio han criticado algunas propuestas de Alianza Nacional pero luego las terminó aplicando, como la utilización de predios militares como cárceles, como fue el caso del batallón de Punta Rieles. En este sentido el líder nacionalista señaló: ¨Nosotros más allá de que el gobierno ya va en la línea de nuestras modificaciones, uniendo cuerpos del Ministerio del Interior, reiteraremos un proyecto de ley que presentamos ya hace unos años, mediante el cual se trasladan militares a la policía para ayudar en el Ministerio del Interior a todo lo que significa una tarea de contralor de la paz pública que es imprescindible en una sociedad”.

Resaltó: “Si sigue reinando la violencia nos seguimos fracturando, dividiendo. Tenemos que desterrar la sensación de miedo con la que vivimos. El gobierno confunde represión con gobiernos de derecha, con autoritarismo, entonces no aplica lo que hay que aplicar para tener un clima de seguridad y tranquilidad que proteja a la gente, el estado debe proteger al ciudadano”.

Educación

“Hoy no hay proyecto educativo en el país”.

El líder de Alianza nacional indicó que en muchos liceos se va a terminar el año con 150 días de clase. “Venimos de una situación de huelga, donde el sindicato le torció el brazo al Gobierno, al Presidente y a la  Ministra, pero lo que es peor es que el Gobierno no sabe hacia dónde va en materia de educación, hoy no hay proyecto educativo en el país”.

Resaltó que durante los pasados 5 años, tiempo en el cual el Lic. Corbo integró el Codicen, se estuvo para aportar, no solamente para criticar, remarcó que se aportaron proyectos como el Promejora y el profesor cargo.

Agregó: “Le aportamos un Proyecto Nacional por la Educación firmado por todos los partidos en el año 2012 y a los 7 meses interpelamos al ministro Erlich por el incumplimiento”.

Indicó: “No han hecho nada, ahora es una lucha por números vacíos, por recursos que no se sabe si van a estar, pero no hay nada que asegure un proyecto que dé respuestas cualitativas y cuantitativas para modificar  una ecuación de injusticia, de rezago, donde la Educación Pública termina siendo residual, para la gente de menos recursos y esa es la peor hipoteca que podemos tener. Desde aquí desde nuestro sector decimos que queremos más y mejor Educación Pública para los hijos de los que menos tienen”.

Larrañaga subrayó que hoy “tenemos un gobierno que no gobierna en educación, que no la dirige. Un gobierno que está paralizado por el corporativismo en materia educativa, que carece de ideas”.

Anunció que próximamente convocará a la Ministra de educación para que explique al senado de la República cuales son las propuestas educativas de este gobierno para cambiar el rezago y la exclusión”.

Venezuela

“Callados, herméticamente callados”

Larrañaga se refirió a la condena que se le dio en las últimas horas a Leopoldo López, dirigente opositor, y condenó enfáticamente el silencio de las autoridades de nuestro país.

“Este gobierno no se anima a criticar a la dictadura de Maduro porque seguro están hasta las manos de pedir y no condenan que a un dirigente de la oposición lo sentenciaron a casi 14 años. ¡Es increíble! Estamos callados porque el preso es de derecha dicen desde la izquierda, pero si fuera un preso de la izquierda en un gobierno de derecha asistiríamos hoy a un escándalo en las calles en todo el país.

Callados, herméticamente callados… el Presidente, el Canciller, el plenario, los legisladores, todos. Principio de no intervención… de que “no intervención” me van a hablar si en Venezuela se han suprimido las libertades públicas, la libertad de prensa¨  recalcó.

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“Frente al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo que en enero firmaría el contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous titular del emprendimiento minero Aratirí señalamos que nos oponemos a ese procedimiento ya que el Gobierno asumirá compromisos antes de tener las autorizaciones ambientales”.

A su entender “esta situación ya la vivimos con ejemplos como el de la regasificadora, donde se apuran los trámites en la Dinama y se ‘presiona’ para la autorización porque sino hay multas para el propio Estado. Creemos que es apresurado y este contrato – deliberadamente – quiere garantizar un monto de inversión para cumplir con metas de inversión extranjera” desestimando “el valor de la autorización y los requisitos ambientales”.

Amarilla sostiene que “lamentablemente parece que la Autorización Ambiental Previa fuera un mero requisito de formalidad y se consigue a cualquier precio ya que se habla incluso de estar exportando a principios de 2015. La última noticia que tuvimos es que la empresa no había aportado aún a la DINAMA los informes necesarios para comenzar los estudios de la Evaluación de Impacto Ambiental”.

Por tanto, “cuestionamos estos anuncios y si el procedimiento sigue adelante sin respetar las garantías ambientales llamaremos al Ministro a responsabilidad ante el Parlamento”.

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La Ministra anunció que se comenzará a trabajar en una memoria y transición d Gobierno, mediante un completo informe de lo realizado y una cuidadosa redacción de los asuntos que están en trámite.  

La Ministra agregó que el tema de violación de la veda por parte de un ministro de la Corte Electoral será abordado por la comisión  encargada de promover el voto epistolar.

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