El planteo fue expresado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado por parte de una delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario, integrada por el ingeniero agrónomo Julio Parrachón, ingeniero agrónomo Javier Fernández y Sara Delgado.

En la sesión del viernes 31 de octubre en donde se analiza el Presupuesto, los funcionarios también dieron cuenta de la situación edilicia que se encuentra la sede de Burgues y Bulevar Artigas en Montevideo, la cual “se cae a pedazos”, graficaron.

DELGADO. Buenos días, mi nombre es Sara Delgado; trabajo en la sección administrativa de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario.

FERNÁNDEZ.- Soy Javier Fernández, del departamento de Artigas y representante de AFIPA. En este caso, vinimos tres representantes, dos de los cuales integran el área técnica.

PERRACHÓN.- Buenos día a todos. Mi nombre es Julio Perrachón, soy del departamento de Colonia y vengo como delegado de AFIPA.

FERNÁNDEZ.- Como decía, es un honor estar acá y, antes que nada, quiero decir que agradecemos que nos reciban para que podamos presentar nuestra problemática. Antes que nada, voy a presentar a la institución, porque sabemos que en el Parlamento no son muchos los que saben qué hace el Plan Agropecuario, que es una institución de extensión agropecuaria. Diría que en lo que tiene que ver con bovinos es la única del país que cumple con las funciones que nosotros desempeñamos. Cuenta con 25 o 26 técnicos en todo el país, en un total de 40 funcionarios que desarrollan funciones. Dije que es única en el sector bovino, porque en el sector de ovinos tenemos un compañero de ruta que es del SUL, pero el Plan Agropecuario es el que aborda la extensión en ganadería. Por supuesto que está toda la institucionalidad agropecuaria del país, pero nosotros, al ser una institución muy pequeña, no podemos funcionar sola y tenemos una gran capacidad de articulación prácticamente con todas las organizaciones nacionales y departamentales. Nuestras dos principales líneas de contacto con nuestro público objetivo y dos de las líneas estratégicas son la extensión y la capacitación. En promedio, tenemos una actividad pública por día en los días hábiles del año. Además, cumplimos funciones para el Ministerio de Ganadería, para el Instituto Nacional de Colonización y para INIA. También respondemos a varios pedidos, como, por ejemplo, cuando se nos solicitó repartir los libros para el Ministerio de Educación y Cultura. A su vez, siempre tenemos incidencia en las emergencias agropecuarias y formamos parte de las decisiones políticas, ya que apoyamos mucho al Ministerio de Ganadería en ese sentido. Participamos en el control y detención del capim annoni, una plaga que está invadiendo nuestro país. y también en relación a la garrapata, donde cumplimos funciones clave de extensión. También participamos en el proyecto FPTA y en varios otros.

Programa Procría

En particular, en este período se nos encomendó un trabajo que es una de las 66 líneas propuestas por este Gobierno y la principal del Ministerio de Ganadería: el programa Procría. Este programa pretende llegar a mil productores, contratando a 100 técnicos. Dicho sea de paso, ese dinero de la contratación va a llegar al Plan Agropecuario para que lo administra, porque también cumple funciones de administración, no solo para este sino también para varios proyectos y programas.

PRESIDENTE.- ¿Todo el dinero para Procría va para el Plan Agropecuario?

FERNÁNDEZ.- Va al Plan para administrarla, pero ese dinero se destina exclusivamente al pago de esos 100 técnicos. Quiere decir que no se va a destinar un peso de ese dinero para el funcionamiento del Plan Agropecuario. Acá lo central es el tema del presupuesto del Plan. En el año 1996 se fundó el Instituto Plan Agropecuario como tal; el año que viene va a cumplir treinta años en la cancha. Esta es una entidad de derecho privado con fondos públicos, pero hoy tenemos un problema gravísimo de financiamiento. Tan es así que, si no se ajusta el presupuesto que nos asignaron por la ley de presupuesto para todo este quinquenio, en febrero el Plan Agropecuario enfrentaría un déficit bastante importante que va a comprometer su funcionamiento. O sea que hay que cerrar el Plan Agropecuario o despedir funcionarios.  Nosotros hemos venido funcionando hace varios años con fondos de reserva e, incluso, en cinco o seis años recibimos inyecciones de dinero –que son los refuerzos de créditos presupuestales– por parte del Ministerio de Ganadería para proyectos que hemos llevado adelante. Con eso nos podíamos financiar de alguna manera, pero hoy en día se está prácticamente terminando ese fondo.

Si ajustáramos por inflación nuestro presupuesto desde el primer día que abrió el Plan Agropecuario, en el año 1996, hoy sería aproximadamente de $ 130:000.000. Sin embargo, en este momento se votó un presupuesto para el Plan de $ 97:000.000. Quiere decir que estamos prácticamente $ 40:000.000 debajo de lo que deberíamos estar para poder cumplir nuestras funciones, sobre todo para pagar los salarios, que es el 84 % de los costos; el resto es para funcionamiento.

Dicho sea de paso, tenemos una sede en la calle Burgues y Bulevar que hoy en día, literalmente, se está cayendo a pedazos, porque los vidrios están atados con alambre y con piola. Por un convenio, andamos en vehículos nuevos, pero eso no nos cuesta nada. Parte de todo eso es porque el Plan Agropecuario está incluido en el inciso 21 del presupuesto nacional, que no tiene reajuste por IPC ni por ninguna cláusula. Por ello, año a año, nos vamos quedando cortos. En lo personal –no quiero involucrar a mis compañeros en esto que voy a decir– es irrisorio el presupuesto que tiene el Plan. Para que tengan una idea, esos $ 80:000.000 equivalen a 1.600 novillos a los valores de hoy en día. O sea que estamos en un ambiente con capacidad de financiar el Plan, cuando por semana se matan 40.000 reses. ¡Ni que hablar si nos comparamos con el resto de nuestros compañeros institucionales! ¡Estamos 20, 30 o 40 veces abajo del presupuesto! Particularmente, este es un año importante, porque estamos embarcados en esa misión. Al principio del período nos tenía muy motivados, porque fue la primera vez que una junta directiva del Plan dijo que se iba a poner las pilas con el tema del presupuesto. Además, tuvimos una contundente línea de trabajo, que es el Procría, que es la principal línea del Ministerio de Ganadería hoy en día. Como funcionarios del Plan Agropecuario, nuestra función natural no es la de venir a pelear por un presupuesto: le corresponde a la junta directiva, que lo ha venido haciendo y nos dejó bastante contentos. Pero lo cierto es que, como técnicos y funcionarios del Plan que estamos permanentemente en la calle, en contacto con el interior profundo y con los productores ganaderos pequeños y medianos y de todo tipo –los grandes también–, al principio nos veíamos bastante motivados, pero –como decía el senador Da Silva– ahora nos encontramos peleando por eso. Hace días que andamos en el Parlamento charlando con gente, con conocidos, agotando nuestros medios y esto, por supuesto, influye en nuestro ánimo de trabajo y puede poner en peligro el funcionamiento del Procría. Por lo tanto, el tema por el que vinimos a pelear es bastante serio.

PRESIDENTE.- En síntesis, los $ 40:000.000 es lo que tenemos que buscar en la comisión de forma tal de reforzar el presupuesto del instituto.

FERNÁNDEZ.- Exactamente, señor presidente. Esos $ 40:000.000 serían para el período 2026, de arranque, porque lo que nosotros proyectamos hasta el año 2029 son $ 160:000.000 ajustados por inflación y por el aumento de los salarios.

PERRACHÓN.- Son $ 40.000.000 anuales. A su vez, queremos recordar que esto no es nuevo de este Gobierno. Desde la fundación del nuevo Plan Agropecuario esto ha sido discutido año a año y Gobierno tras Gobierno. Como dijo el ingeniero Fernández, cuando hay una necesidad, una urgencia a nivel agropecuario del país, se llama al Plan Agropecuario. Sin embargo, después no se ve reflejado en el presupuesto que tenemos los funcionarios, que, como dijo muy bien el ingeniero Fernández, más del 80 % es para pagar sueldos. Se ha reducido la movilidad. Un ejemplo de esta situación lo ven si pasan por Bulevar y Burgues. Van a ver que da pena el edificio. Eso es una muestra de lo que pasa dentro del instituto. Reitero, cuando hay una necesidad, tanto por los legisladores como por el ministerio, se pide al Plan Agropecuario, y por algo será. En este Gobierno, cuando se analizó el Procría, como principal eje de la extensión, al que se le fue a hablar fue al instituto.

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En los últimos años “se destina un 0.5 de PBI en inversión en vivienda. Cada vez que llegamos al final de un quinquenio, los números nos dan que hay un déficit habitacional que ronda las 70.000 viviendas. Esto ha sido casi permanente en los últimos veinte o veinticinco años”.

Los conceptos estuvieron sobre la mesa en el planteo de la Federación de Cooperativas, Fecovi, Fucvam, PVS y Covipro, el pasado 31 de octubre en el marco de las delegaciones que concurren al Parlamento para dar su opinión sobre el Presupuesto.

Los dichos corresponden a Sergio Requel, representante de Covipro.

Compartimos el alcance del planteo de la mencionada delegación.

 MONTAÑO. Mi nombre es Hugo Montaño, vicepresidente de Fecovi. También soy el presidente de Cudecoop.

Dentro del marco del presupuesto y de las expectativas que se habían generado –si bien no se afecta al sistema cooperativo de vivienda–, teníamos cifradas esperanzas de que el presupuesto para la vivienda aumentara y ayudara a empezar a combatir el déficit habitacional que tiene la República.

En base a eso y al estudio del presupuesto que hizo la Cooperativa Comuna, comandada por la compañera Mariana García –que nos acompaña–, había una serie de elementos que hubiéramos apostado que se podían resolver en este presupuesto.

Además del tema de aumentar los fondos para vivienda, hay otras inquietudes de movimiento que me gustaría que estuvieran presentes en una discusión que puede encarar el Senado en estos días. Uno de ellos es la exoneración del IVA a las cooperativas de vivienda, en la medida en que eso puede ayudar, fundamentalmente, a que más sectores sociales de los menos favorecidos puedan tener acceso a la vivienda. En la medida en que ese descuento genere una baja en las cuotas, permitiría que otros sectores a los que hoy les cuesta un poco más acceder a la vivienda puedan hacerlo. Eso sería un avance fundamental.

REQUEL. Mi nombre es Sergio Requel y represento a la Federación Covipro.

En la línea de lo que Hugo Montaño venía diciendo, nuestra preocupación central es que este presupuesto no explora algunas cuestiones que nos parecen básicas y que tienen que ver con el incremento presupuestal que el tema vivienda debería tener. Hace muchos años venimos, aproximadamente, con un 0.5 de PBI en inversión en vivienda.

Cada vez que llegamos al final de un quinquenio, los números nos dan que hay un déficit habitacional que ronda las 70.000 viviendas. Esto ha sido casi permanente en los últimos veinte o veinticinco años.

Si bien es cierto que han existido políticas proactivas con el cooperativismo, también entendemos que el cooperativismo, al menos en este presupuesto, no ve reflejada la importancia que tiene no solo la creación de viviendas, sino también todo lo que construye alrededor.

Además, creemos importante resaltar –seguramente, Mariana García podrá ahondar en el tema presupuestal en lo que tiene que ver con el análisis– que nos preocupa oponer, de alguna manera, la emergencia habitacional con otros planes que tienen que ver con el tema vivienda.

Las cuatro federaciones al menos hemos coincidido en que estamos a favor de que se ataque el tema de la emergencia habitacional; creemos que es imprescindible y lo vemos como un paso fundamental.

Lo que sí creemos que no es oportuno –y no porque no haya sido dicho en forma explícita– es distanciar el tema de la emergencia con lo cooperativo.

Sin escriturar

Hay datos que son bastante elocuentes al día de hoy: hay 130 cooperativas que esperan escriturar, que representan entre 4.000 y 4.500 viviendas. Pero no es solo eso; en el mes de diciembre seguramente vamos a tener 2.500 viviendas cooperativas más que van a ingresar a los sorteos de préstamos, con lo que nosotros creemos que ocasiona un tapón y habría que actuar fuertemente para incidir en la escrituración.

¿Qué ha pasado con la escrituración? Se ha enlentecido; se ha enlentecido todo el proceso que tiene el sistema cooperativo, lo que ha provocado que en los últimos cinco años de forma permanente hayamos tenido más de 100 cooperativas esperando para escriturar, y demoran entre dos años y medio y tres, atentando directamente contra la posibilidad que tiene el sistema.

Creemos que es muy importante atacar el tema de la emergencia habitacional; el Estado cuenta con el respaldo de la federación para eso, pero creemos que oponerlo a la realidad que tiene el sistema cooperativo no es oportuno. Además, ese sistema debe tener los rubros necesarios para salir de la situación en la que se encuentra y potenciarlo en el quinquenio.

GARCÍA.- Mi nombre es Mariana García, soy integrante de la cooperativa de trabajo Comuna, una cooperativa que asesora a Fecovi en materia económico financiera hace muchos años.

Como comentaban los compañeros, un ejercicio que hicimos cuando salió el proyecto de ley de presupuesto fue analizar la estructura presupuestal para toda el área de vivienda, en particular, para el cooperativismo. Uno de los elementos que vimos es que el presupuesto presentado ahora esencialmente es muy parecido al que ha venido teniendo la política habitacional en los últimos 10 años, que va a terminar rondando en el medio punto porcentual, quizás un poco menos, lo que genera una alerta en cuanto a no robustecer un área que es tan importante para el país. De hecho, el único refuerzo presupuestal que hay –esos $ 900:000.000– está abocado a la atención a la emergencia y la precariedad habitacional; nos parece una focalización acertada, pero la valoración que hacemos es que ese refuerzo presupuestal es pequeño en relación con las necesidades de toda la política habitacional.

Sin financiamiento

En particular, con relación al cooperativismo, hay algunos elementos que nos preocupan especialmente. Uno es algo conocido: hace como diez años que existe un mecanismo de postulación a los llamados para las cooperativas que viene evidenciando un déficit específico de financiamiento. Esto quiere decir que en cada sorteo son muchas las cooperativas que quedan por fuera. Por ejemplo, en el último sorteo de julio se financiaron unas 776 viviendas, quedando por fuera unas 1500 viviendas. Es decir, solo tuvo financiamiento un 34 % de las viviendas que se postularon, lo que marca un déficit claro, y esto viene siendo así en todos los llamados. De hecho, desde el 2015 al 2024 menos de la mitad de las cooperativas que se postularon a un llamado tuvieron financiamiento; esto habla de una política que está teniendo una demanda por parte de las organizaciones que la oferta pública presupuestal no está logrando cumplir.

En ese sentido, las metas que están planteadas en el plan quinquenal de vivienda prevén 15.484 viviendas para las cooperativas, lo que representa un 6 % más de cómo cerró el quinquenio pasado. Sin embargo, no hay un correlato presupuestal de aumento financiero; si se espera un 6 % más de viviendas, deberíamos encontrar en el presupuesto un aumento presupuestal para esta línea de política de ese entorno. No solo no está, sino que presupuestalmente está parejo o un poquito por debajo de cómo se venía financiando hasta ahora. Entonces ahí surge la preocupación de cómo se van a financiar estas metas que están propuestas en el plan quinquenal.

Con relación a una de las demandas históricas de las federaciones, una posibilidad que podría haber en relación con el financiamiento es no aumentar directamente el presupuesto, sino mejorar la capacidad económica del dinero por la vía de la exoneración del IVA a los materiales, que es una respuesta de la federación y sería una manera de hacer rendir mejor los recursos presupuestales.

MONTAÑO. Creo que el cooperativismo ha puesto arriba de la mesa una solución al problema de la vivienda; es parte del esfuerzo que se hace. Ha generado viviendas dignas y adaptadas, y ha contribuido eficazmente a la solución del problema habitacional, para detener, por lo menos por ahora, el avance del déficit.

La academia considera al cooperativismo de vivienda como la solución que tiene la mejor relación entre precio y calidad de toda la vivienda social; o sea, contribuimos con mucho esfuerzo de todos los compañeros que están diariamente trabajando en la construcción de las viviendas, pero también usando los dineros del Estado con la mayor eficiencia posible.

Senador FALERO. Creo que todo el sistema político tiene la misma preocupación. Obviamente sabemos que los recursos son bastante pocos, pero trataremos de buscarlos por otros medios.

Algunos de los que estamos acá, como el senador Pereyra y yo, integramos la Comisión de Vivienda y estamos trabajando en lo que tiene que ver con cartera de tierras y, como ustedes habrán visto, con vacancia urbana. Creo que eso también puede, de alguna manera, ayudar a reducir costos, porque, aunque a veces parezca que no son importantes, sí lo son. Si podemos construir en zonas urbanas, no tenemos que invertir muchas veces en servicios, en calles o en otro tipo de cosas.

En esa línea, algún esfuerzo se hará desde acá, independientemente de lo que se pueda mejorar en el presupuesto, que, obviamente, no les vamos a mentir, no va a ser mucho, y menos acá, en el Senado.

Senadora PRESIDENTA (Blanca Rodríguez). Tengo una consulta para hacerles.

Respecto a esas demoras en las escrituraciones –que ustedes dicen que pueden ser de hasta tres años–, ¿son viviendas que están construidas? ¿Cómo es esto? ¿A qué se debe esa demora?

SEÑOR REQUEL. El sistema cooperativo, desde el año 2008 a esta parte, tiene un sistema de otorgamiento de los préstamos –ha variado el número, primero fueron 500 viviendas, luego 750– en dos sorteos anuales. Durante mucho tiempo fueron las 1.500 viviendas, más la adjudicación de quienes habían pasado por tres sorteos, a los que se consideraba que había que adjudicarles directamente el préstamo. A partir de 2020, ese volumen de viviendas fue incorporado a las 1.500 viviendas anuales, lo que ha ocasionado, a nuestro entender, también cierto retraso en los sorteos.

Ahora bien, ¿qué pasó en el anterior quinquenio, que es a lo que podemos referir respecto a dónde se produce mayor atraso? El financiamiento no fue el adecuado o al menos los dineros que se debieron volcar no estuvieron a la orden en el momento en que las cooperativas necesitaban escriturar.

Antes, hasta el año 2018 más o menos, desde que una cooperativa salía sorteada hasta el momento en que se escrituraba, que se le otorgaba el dinero para comenzar a construir, pasaba año o año y medio; y ya nos preocupaba bastante. Recuerdo haber dicho en varias oportunidades, no solo en la cámara, sino a distintos jerarcas del ministerio, en aquel momento, que era necesario acortar los plazos debido a que la vida de las personas en un año y medio de espera también cambia mucho. No estamos hablando únicamente de la espera desde que se forman hasta que obtienen el préstamo; estamos hablando del momento en que se puede empezar a construir.

Lo que pasó en el período anterior de Gobierno fue que se extendieron los plazos de escritura. Empezó con el tema de la pandemia, pero luego las cooperativas presentaban todos los recaudos del proyecto ejecutivo, que es el momento en que quedan habilitadas para escriturar, y el tiempo se extendía a más del doble.

Vuelvo al tema de la emergencia habitacional porque es importante. Hay mucha gente que integra las cooperativas que está viviendo hacinada, que no tiene cómo pagar el alquiler. Creemos que esa espera de un año y medio es un tiempo bastante extenso y, además, sucedió que hay cooperativas que presentaron la documentación en el 2021 y recién escrituraron a fines del 2024, es decir que pasaron tres años para que pudieran escriturar. Esto produce un movimiento en el padrón social.

Además, agrego como dato que, cuando alguien se va de una cooperativa porque sus tiempos de vida no se corresponden con la espera, en realidad, aparecerá en otra oficina del Estado a reclamar dinero. No es que cuente con la posibilidad de acceder a una vivienda sin financiación o un crédito del Estado. Entonces, a través de esa vía también se ha sacado el peso que tiene el sistema cooperativo y es una forma de oponerlo a otros sistemas. Entendemos que esto debería ser analizados con más profundidad por parte de los legisladores y por supuesto por quienes están en el Poder Ejecutivo.

Fuente Imagen: Presidencia de la República.

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Esta ley busca garantizar el acceso a productos de higiene menstrual para personas con capacidad de menstruar que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

En el mensaje de Presupuesto remitido por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se establecen los recursos que se destinarán para su cumplimiento.

Artículo 451.- Asígnanse en el Inciso 15 «Ministerio de Desarrollo Social», programa 401 «Red de asistencia e integración social», unidad ejecutora 002 «Dirección de Desarrollo Social», Proyecto 143 «Transferencias de mitigación de pobreza y vulnerabilidad extrema», Financiación 1.1 «Rentas Generales», objeto del gasto 579.048 «TUS – Canasta higiénica menstrual», con destino a la creación de la canasta higiénica menstrual dirigida a los hogares beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social con personas menstruantes, para el cumplimiento de la Ley Nº 20.375, de 24 de setiembre de 2024, en pesos uruguayos según el siguiente detalle:

2026. $ 96.000.000. (unos U$S 2,35 millones)

2027. $ 98.000.000.

2028. $ 100.000.000.

2029. $ 181.000.000. (unos U$S 4,4 millones)

La norma alcanza a unas 80.000 beneficiarias aproximadamente.

Fuente Imagen: Teledoce.

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A través del proyectado artículo 105 se plantea:

Créase en la órbita de la unidad ejecutora 001 «Secretaría del Ministerio del Interior», del Inciso 04 «Ministerio del Interior», la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial. La referida Dirección tendrá como cometido principal diseñar, impulsar y coordinar políticas, programas y acciones orientadas a promover el bienestar laboral y psicosocial del personal del Ministerio del Interior, considerando de forma integral las dimensiones físicas, psicosociales, sociales y laborales. Créase en el programa 401 «Red de asistencia e integración social», del mismo Inciso y unidad ejecutora, el cargo de Director Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial del Ministerio, con carácter de particular confianza, cuya retribución se regirá por el literal d) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativas. Para la creación dispuesta en el inciso precedente y su financiamiento, suprímese el cargo de particular confianza de Director del Centro de Atención a las Victimas de la Violencia y el Delito, creado por el artículo 142 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, comprendido en el literal d) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativas, al vacar. Derógase el artículo 19 de la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 146 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007.

Fuente Imagen: VTV Noticias.

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Fenapes convoca a rueda de prensa para el miércoles 27 de agosto a partir de las 12.30 horas en el local central de la calle Maldonado 1193 (Maldonado).

Dos temas excluyentes:

– Sistema de cámaras de reconocimiento facial de estudiantes.

– Estancamiento de negociaciones por Presupuesto.

Fuente Imagen: https://zascita.com/

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El planteo fue formulado el pasado viernes 11 en la Comisión parlamentaria que trata el proyecto de Presupuesto, por parte de una delegación del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom-U), integrada por su presidenta, Patricia Rodríguez; el secretario general, Fabricio Ríos; la asesora legal, doctora Flavia Nardone, y los asesores legales, doctores Andrés Ojeda y Daniel Ron.

“Me voy a referir al artículo 134. Como decía la doctora Flavia Nardone, para nosotros se crea un nuevo elemento. En primer lugar, quiero decir que como funcionario policial y como dirigente del sindicato esto no era lo que esperábamos del proyecto de ley de presupuesto en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior”, dijo Ríos.

Agregó que “la verdad es que fue una gran decepción, más allá de no estar de acuerdo con casi su totalidad. Esto es raro porque había aires de apoyar a la institución policial, pero vemos que en realidad de presupuesto no tienen mucho estos artículos, pero sí de devolverle a cierto sector de la policía la discrecionalidad para que hagan y deshagan como ellos entiendan. Fue como una trompada al mentón, y nuestros compañeros así lo expresaron en asamblea”.

Por lo tanto, “queremos dejar constancia en la versión taquigráfica de que estamos totalmente en desacuerdo con la mayoría de los puntos de este proyecto de ley de presupuesto, y vamos a decir por qué. En realidad, en un sistema vertical como el que tenemos nosotros como policías, dar tanto poder de decisión en algunas cuestiones es muy complicado”.

Por ejemplo, agregó Ríos, “el STIP, como decía la doctora, es una reivindicación histórica del sindicato que se aplica en el caso de que algún compañero quede con alguna discapacidad, tanto sea parcial como total”.

“Siempre reivindicamos que, dependiendo de su estado de salud, pudiera mantener su puesto de trabajo, no en la tarea que hacía, sino en un lugar dentro el Ministerio donde pudiera seguir trabajando y no perdiera la relación laboral que tiene día a día. Pero, nos encontramos con que un jefe de policía o un director nacional tienen la potestad, no solo de decir si la persona está capacitada para seguir trabajando, sino también para sacarla del instituto. Esto lo vemos con malos ojos y como un problema”. Ante esto, añadió, “planteamos una solución, que es tratar de implementar una comisión interdisciplinaria en la que intervenga el servicio de salud ocupacional del Hospital Policial y un miembro del sindicato para trabajar en conjunto, a fin de analizar estas cuestiones”.

“Nosotros ya hemos vivido esta situación y sabemos que esto termina en abuso de los superiores a los funcionarios, en persecuciones laborales y en acosos sexuales. Entonces, para evitar todos estos temas sería bueno que se reviera la forma en la que se toma la decisión de dejar o no a un compañero dentro de la institución policial”.

Por otro lado, “se aumentan los años que hay que estar dentro de la institución policial para poder tener el subsidio transitorio de incapacidad. Esto también lo vemos mal, porque si un policía con cuatro años de servicio llega a tener algún problema o adquirir alguna lesión o incapacidad, debería tener el mismo derecho, porque nosotros tenemos un trabajo especial”.

Sin pensión

A su turno, Nardone realizó “una simple corrección. En realidad, lo que se hace es dejarlo fuera de la posibilidad de retiro. El subsidio transitorio por incapacidad se le otorga, pero no puede tener una pensión por ella”.

“Hemos hablado sobre la discrecionalidad del jefe y de los derechos y las garantías que se pierden. Por lo tanto, proponemos una comisión donde se trabaje en la salud ocupacional y pueda haber un representante del trabajador”, sostuvo.

Por tanto, “como verán, en cada una de las observaciones que hacemos hay una propuesta. Planteamos que se pueda formar una comisión para que todas las partes puedan ser escuchadas como garantía del trabajador, que no venga un jefe a disponer sí o no a un subsidio, o si sigue o no trabajando en la policía por cuestiones de salud. Eso nos parece súper agraviante”.

“Para que vean la dimensión del perjuicio que se le genera al trabajador policial con este proyecto de ley, el porcentaje del subsidio transitorio por incapacidad en algunos casos pasa del 65% al 40%. O sea, el trabajador en algunos casos solo va a cobrar ese porcentaje de su sueldo. Ya de por sí la jubilación hoy en día es muy baja, si encima tiene una incapacidad, va a cobrar el 40%”, puntualizó Nardone.

Para la asesora legal “esto nos parece muy grave, porque estamos hablando de los casos en los que no haya nexo causal con la función. ¿Pero qué es lo que pasa con el trabajador policial? Este muchas veces tiene enfermedades derivadas de la función, que no son producto de un acto directo del servicio, pero sí derivadas de la función especial del trabajador, por ejemplo, los temas psicológicos. Es una función compleja la del policía”.

Como consecuencia “en esos casos que no tengan relación con la función, el trabajador va a cobrar un 40%, y en algunos que tengan nexo causal el retiro va a ser del 50%. La verdad es que nos parece que el perjuicio es demasiado. Se lo deja, vuelvo a repetir, por debajo de los derechos que tienen los demás trabajadores en nuestra legislación. Ningún trabajador se va con 40% del sueldo por un subsidio transitorio por incapacidad”.

En relación a eso, “proponemos hacer un estudio con la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y con el Departamento de Salud Ocupacional, que trabaja en el Hospital de Clínicas, para ver cuáles son las enfermedades profesionales o funcionales y que se las trate de otra manera; es decir, que se dé un marco de mayor seriedad a los temas de salud del trabajador policial y no tan por arriba”.

Como dijimos, -explicó Nardone- “el régimen disciplinario que se establece en este proyecto de ley perjudica al trabajador. No se entiende tampoco con qué fin, porque esto no es un ahorro, ni tiene ninguna implicancia en el presupuesto; se establece un régimen disciplinario más gravoso. Si es necesario un cambio en el régimen disciplinario, que sea trabajado en forma bipartita o tripartita, con el sindicato, para que se puedan ver los perjuicios para el trabajador policial”.

Además, “hay que tener en cuenta que para ellos esto implica descuentos en sus salarios. No es menor el régimen disciplinario, dado que implica a veces meses enteros de descuentos de salarios, como para que lo pueda establecer un jefe”.

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Tarifas que van a subir, eliminación de vacantes, recorte de las inversiones, recorte brutal en los gastos de funcionamiento, etc., el presupuesto de UTE prevé que entre 2020 y 2021 se achiquen más de 250 millones de dólares. Sin duda estos recortes junto a la Ley de Urgente Consideración  terminarán por LIQUIDAR LA UTE.

Por supuesto que somos absolutamente conscientes de la realidad nacional y mundial que determina muchísimos condicionamientos para definir los presupuestos públicos, pero seríamos muy irresponsables si no hiciéramos el esfuerzo por advertir las gravísimas consecuencias y perjuicios que estas definiciones traerán sobre UTE, sobre el servicio público de energía eléctrica y sobre el país todo.

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1. La situación de Emergencia Sanitaria ha demandado un gran esfuerzo por parte de maestras, maestros, funcionarias y funcionarios de primaria para sostener la vinculación con niños y niñas, así como mantener la higiene de los locales y los servicios del CEIP.
2. Seremos celosos vigilantes del cumplimiento de los protocolos aprobados por el SINAE y acordados en el ámbito de ANEP para la seguridad de la salud tanto de niños/as, maestras/os y funcionarios/as.
3. La dificultad para mantener las prácticas de enseñanza y el vínculo pedagógico demandan la profundización de políticas de acompañamiento que permitan lograr aprendizajes significativos de niños y niñas. Exigimos a las autoridades el compromiso con los derechos de niños y niñas.
4. Acompañar la plataforma de la Intersocial, especialmente el otorgamiento de una renta básica para enfrentar las consecuencias sociales y los efectos de la política económica del gobierno.
5. La aprobación de la Ley de Urgente Consideración constituye una afrenta a la tradición autonómica de la educación uruguaya, un retroceso en el gobierno de Educación Primaria, disolviendo el CEIP que tiene una tradición de más de cien años, restringe la participación de docentes, estudiantes, la sociedad y constituye una amenaza de avance de la educación privada al desmantelar el Sistema Nacional de Educación Pública.
6. Convocar a maestros, maestras, profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias a conocer y analizar los contenidos de la LUC que fomenta la represión, limita los derechos de las mayorías y vulnera la educación pública. En tal sentido se rechaza el contenido de la Ley 19.889.
7. Por primera vez en quince años discutimos un presupuesto donde se nos ofrece rebaja salarial, cercenamiento de derechos, recortes de programas educativos y en los comedores escolares y con anuncios de políticas educativas sin la participación del magisterio.
8. Mantener el presupuesto educativo sin recortes en cargos docentes y no docentes para sostener una educación pública para todos y todas.
9. Reivindicar el carácter profesional del magisterio y exigir el mantenimiento de los derechos conquistados.
10. Mantener la plataforma reivindicativa aprobada en el XI Congreso.
11. Exigir el mantenimiento de los espacios de negociación para el logro de un convenio colectivo que implique mejoras en el quinquenio, sin pérdida salarial. Es por ello que rechazamos cualquier propuesta que suponga desindexación.
12. Rechazar cualquier intento de privatización de las políticas educativas en la escuela pública.
13. Reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la Educación Pública integral para todos y todas.

Montevideo, 22 de agosto de 2020.

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“Hoy se estuvo analizando algunas de las inversiones más importantes que van a llegar al país, como el caso de UPM, el proceso de descentralización que el país ha llevado adelante -estuvo representado nuestros compañeros en el Congreso de Intendentes por el intendente de Río Negro-, algunas preocupaciones relacionadas con la política exterior”, manifestó Sendic.

“El gran tema que tenemos planteado para la Agrupación Nacional de Gobierno, que se reunirá en febrero, es el inicio de la discusión presupuestal”, reafirmó.

Sobre UPM dijo que “se resumirán los avances con la empresa en un Consejo de Ministros antes de que finalice el año”.

“Han habido avances sustanciales en la ubicación de la planta, en las condiciones que se requieren, en la infraestructura, en las inversiones necesarias”, puntualizó. “Somos optimistas que la inversión se va a concretar”, sentenció.

Al ser consultado por la situación del Mercosur, Sendic sostuvo que “la fuerza política ha respaldado lo actuado por el Gobierno”.

“El presidente de la República ha mantenido una posición de diálogo con Venezuela, eso ha sido muy importante”, afirmó. Agregó que “somos defensores del Mercosur y cuidadosos de que la unidad del bloque no se distorsione”.

Desde su punto de vista “será una solución si Venezuela logra internalizar algunas de las normas que son requerimientos básicos para que pueda seguir dentro del bloque”.

Respecto a la internalización de las normas señaló que “todos los Estados estamos en falta, pero algunas normas son más importantes que otras”.

Miranda enfatizó que “queremos fortalecer el Mercosur sin exclusiones con apertura al diálogo y solución de controversias”.

Fuente Imagen: emaze.com

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«El Ministro ha confirmado lo que le dijimos en aquel momento, la economía no ha evolucionado como se proyectó. El Ministro decía en aquel momento que quien no proyecta bien un presupuesto, quiere decir que no conoce la realidad. Nosotros le preguntamos si no conocía la realidad o no nos pudo decir toda la verdad, porque todos los supuestos macroeconómicos con los que se construyó el presupuesto quinquenal estaban errados: la inflación ha pasado y está lejos del rango meta del 5%; el déficit fiscal está cerca del 4%; el crecimiento no fue 2,5%, está con 1% y las proyecciones tienden a cero; el endeudamiento ha aumentado para tapar esa franja del déficit que supera los U$S 2.000 millones; han tenido que mandar una comunicación a la Asamblea General diciéndonos que van a superar el primer limite del tope de endeudamiento. Es decir que todas las variables están complicadas», detalló el Diputado Gandini al finalizar la reunión con el Ministro Astori.

Agregó que el Ministro «confirmó también todos nuestros datos en materia de empleo y en materia de caída de consumo, que era el motor del sostenimiento del crecimiento.»

Gandini comentó a los representantes de la prensa que si bien Astori destacó las fortalezas que tiene la economía, «no se anima a hacer proyecciones todavía, no las tiene, las va a traer en 60 días cuando empecemos con la Rendición de Cuentas que es la proyección del año que viene. Pero sí presenta perspectivas, y las perspectivas son complejas porque la región está mal, porque Europa y Asia están mal, porque el precio de nuestros productos principales, ha caído y el volumen también, porque la economía no despega».

El legislador convocante enumeró las preguntas que realizó y «que no han sido respondidas: ¿cuál es la ruta de salida?, ¿por donde y con que margen fiscal el país se va a reactivar económicamente? y todo esto sin contar los acontecimientos climáticos que complican un poco más las cosas. Este no ha querido el Ministro que sea el tema de la reunión porque no tiene los datos todavía, si va a ser el tema de la próxima comparecencia», explicó.

«Si no pueden prever cuatro meses es difícil»

Gandini recordó que cuando se discutió el Presupuesto Nacional, «dijimos que era un presupuesto expansivo en el gasto, desfinanciado de origen e irresponsablemente planteado, y estamos a cuatro meses de vigencia del presupuesto y a ocho meses de que el Ministro vino al Parlamento para presentarlo y ya los datos se cayeron todos. Si no pueden prever cuatro meses es difícil. Si le dicen a la gente que la inflación va a estar en el 5% y pasamos el 10% es difícil. La confianza se deteriora y eso es muy importante como señal para los actores económicos.»

Continuó diciendo que «el Ministerio hizo un presupuesto para dos años, pero ya lo tiene que corregir en este próximo. Vamos a ver como viene, obviamente que tiene que corregir y ajustar gastos. ¿Por donde ajusta? No puede ajustar transferencias porque las que van a la seguridad social, a las empresas públicas desfinanciadas o las que van a pagar intereses o deudas, no se puede tocar. Los salarios no se pueden tocar, ¿que queda? Quedan las inversiones, y las inversiones son parte del motor de crecimiento. Si se resienten las inversiones públicas se resiente el empleo, el consumo, el crecimiento.»

Agregó que «la caída de la recaudación se viene produciendo y seguramente se agrave con una caída de la producción y, por lo tanto, de la venta y los ingresos con los problemas climáticos en el sector primario tan fuerte que tenemos, el arroz, la soja, etc. ¿Cómo controla la inflación?, ya no lo puede hacer a través del UTE Premia. No es cierto que haya sido la comercialización de los supermercados que aumentaba la inflación, los alimentos han estado en el entorno del 10%. La inflación ha subido porque subieron las tarifas -y las tuvieron que subir para mejorar las cuentas de las empresas públicas-, el boleto y el IMESI a los cigarrillos; estos fueron los factores fundamentales que hicieron que la inflación pasara del 10%. ¿Cómo lo controlan?, tienen que generar medidas.

El déficit fiscal genera inflación

Gandini afirmó que «el déficit fiscal genera inflación, está demostrado. Era una negación que hacía el equipo en su asesoría macroeconómica, ahora está demostrado porque el consumo cayó, la demanda interna cayó que decían que era lo que generaba la inflación y, sin embargo, la inflación creció. Por lo tanto el déficit fiscal fue un factor que empujó ahí.»

«Esas variables las tienen que arreglar. Pero se toca una punta y se desarma la otra, no es fácil manejar la economía cuando nosotros somos tomadores de condiciones internacionales, pero esto sabíamos que iba a pasar. Y arrancamos con un presupuesto desfinanciado en U$S 2.000 millones, ahora hay que poner más todavía».

Consultado sobre cuanto más, el legislador nacionalista explicó que «a fin de año se nos pidió un tope de endeudamiento. Cada vez que nos endeudamos es porque hay que tapar la brecha entre lo que ingresa y lo que sale, y si el déficit fiscal proyectado estaba en el 3% y ya sabemos que está llegando al 4%, cada punto del PBI son U$S 500 millones, y de algún lado tiene que salir y esa es la brecha que se está abriendo, lamentablemente. El gasto no ha bajado, por el contrario, se ha expandido, ha crecido el gasto público y la recaudación ha caído porque ha caído la actividad y ha caído la exportación. Así es la magia de la economía que, quienes tienen que administrarla, tienen que tomar decisiones para ello.»

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