Ambos aspectos fueron reclamados tanto desde organismos internacionales como desde la sociedad civil uruguaya, especialmente la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). En dos comparecencias al Senado, la CCD había advertido que otorgar las tareas de control y aplicación de la ley a un organismo que depende directamente de Presidencia, como lo es la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (URSEC), debilita seriamente el proyecto y no cumple los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto incluyendo un cambio relevante al texto enviado por el Poder Ejecutivo: eliminó el órgano de aplicación independiente y derivó la tarea a este organismo tras considerar la imposibilidad constitucional de crear cargos 12 meses antes de las elecciones nacionales.

Sin embargo, tras propuesta de la sociedad civil, la bancada del FA aceptó crear el organismo y dejar en suspenso los cargos para luego que caiga la prohibición constitucional. Por lo tanto, se restituyen las tareas del Consejo de Comunicación Audiovisual tal como estaban previstas en el proyecto original.

Otro de los cambios refiere al mecanismo aplicable en caso de que los medios incurran en violaciones a la ley y deban aplicarse sanciones graves, que pueden llegar hasta lla revocación de licencia para transmitir.

El proyecto original delegaba a los cinco miembros del órgano de aplicación de la ley la facultad de decidir pero con la nueva redacción será la justicia civil quien se expida en estos casos. La modificación busca otorgar las mayores garantías ante posibles arbitrariedades o presiones a los medios.

Según trascendió en las últimas horas se prevé que el proyecto pase al plenario de la Cámara de Senadores en el mes de junio para su aprobación. Una vez aprobado deberá regresar nuevamente a Diputados y antes de julio podría recibir sanción definitiva.

La CCD celebra esta noticia y confía en que, tal como han señalado los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero, la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se constituya en un gran avance para la democratización del sistema de medios de comunicación en el Uruguay así como una garantía para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

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Comisión del Senado inicia estudio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que podría convertirse en ley durante las sesiones de junio

La Comisión de Industria de la Cámara de Senadores comenzó a discutir el miércoles 12 el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados. En la bancada del Frente Amplio se espera que el debate en la asesora legislativa se prolongue hasta el mes de mayo e ingrese de inmediato al plenario para su aprobación durante el mes de junio.

El jueves 13 una delegación de la Coalición por una Comunicación Democrática se reunió con el senador Daniel Martínez, presidente de la comisión que tratará el proyecto. El legislador del Frente Amplio manifestó que los integrantes de esa comisión acordaron dedicar todos los miércoles venideros al tratamiento del proyecto.

El legislador dijo que espera un trámite ágil del proyecto de ley, aunque todavía no se conoce la cantidad de delegaciones que solicitarán ser recibidas nuevamente por el Senado. La Coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la aprobación de la ley se reunirá en los próximos días para definir una estrategia de incidencia en esta segunda etapa.

Varios integrantes del oficialismo adelantaron que está previsto que el Senado realice modificaciones al texto aprobado por Diputados, por lo que deberá volver a la primera cámara para la sanción definitiva.

Uno de los temas que será nuevamente abordado en el Senado tiene que ver con la autoridad de aplicación de la LSCA, ya que el texto aprobado en primera instancia eliminó al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y dejó la implementación y control de la ley en manos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

Esta fue la “solución” que se encontró para no violentar la prohibición constitucional de crear nuevos cargos en los doce meses previos a la elección nacional. La Coalición por una Comunicación Democrática manifestó públicamente su preocupación por la decisión de retirar del texto de la futura LSCA la figura institucional del Consejo de Comunicación Audiovisual y entregar todas esas competens a la URSEC, un órgano que no cumple con los estándares de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo.

Si bien es cierto que la Constitución de la República, prohíbe al Parlamento crear cargos en los 12 meses anteriores a las elecciones, nada impide que en el marco de una ley integral como la que refiere a los servicios de comunicación, se establezca la creación de un organismo encargado de aplicar la nueva legislación. De hecho, algo similar paso en la anterior legislatura con la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

La bancada del Frente Amplio reafirmó en los últimos días su compromiso de volver a la idea de un CCA como organismo independiente y adecuar la ley que se aprobará en el parlamento a los estándares internacionales en materia de regulación de medios de comunicación.

La idea es que el CCA sea un órgano independiente desconcentrado del Ministerio de Industria, Energía y Minería y que sus cinco integrantes sean designados por el parlamento, en un mecanismo similar al utilizado para la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Su función será la de “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar” el cumplimiento de las políticas en la materia.

El diputado frenteamplista Carlos Varela dijo el viernes 14, durante la presentación del informe “Trazando un mapa de los medios digitales: Uruguay”, que “el Senado va a votar en poco tiempo” el proyecto porque “es una señal de hacia dónde queremos ir. Si esta ley se frustrara se frustrarían muchas cosas; se frustrarían intenciones reales de cambiar la forma de cómo el poder está distribuido en la sociedad, del cual los medios de comunicación son un instrumento y una parte sustancial”.

Varela, quien presidió la comisión que trató el proyecto en la Cámara de Representantes, agregó que si se aprueba en el Senado el texto tal como está el trabajo no estará terminado ya que “los plazos legales hicieron que modificáramos algo que no nos dejó conformes, no era la ley que queríamos votar, y fue el órgano regulador. Nosotros comenzamos el trabajo cambiando lo que el Poder Ejecutivo nos había enviado que era un órgano regulador excesivamente ligado al poder político de turno y no nos parecía correcto. En ese sentido hubo una coordinación con el Ejecutivo para modificarlo –y acá hubo ayuda de la Coalición por una Comunicación Democrática– buscando un ámbito que fuera lo más independiente posible al poder político”.

El legislador admitió que el plazo legal que señala la Constitución obligó a la bancada del oficialismo a “retroceder” en la creación del nuevo órgano regulador pero “hay un compromiso del Frente Amplio de que, apenas el marco constitucional lo permita, volver al proyecto que habíamos elaborado. Así que vuelvo a reafirmar el compromiso de que eso se va a modificar para establecer las garantías para todos de que la discrecionalidad no tenga ninguna posibilidad de campear en el campo de los medios de comunicación”.

Otros cambios

A la incertidumbre sobre el destino del órgano de aplicación de la LSCA también se suman otros aspectos de la puesta en vigencia de la ley. Entre ellos se encuentra la forma en que los medios de comunicación se adecuarán a los nuevos parámetros en materia de concentración. El texto que se aprobará establece que las empresas tendrán un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de la ley para tomar las medidas empresariales necesarias para deshacerse de aquellas frecuencias que excedan lo permitido por ley.

Este plazo correrá a pesar de que todavía no esté conformado el CCA, que será integrado recién durante el próximo período de gobierno. De todas formas, los medios podrán iniciar de manera voluntaria el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales aunque no haya en los primeros meses una autoridad de aplicación. Algo similar pasaría con las sanciones que podrían aplicarse a los medios de comunicación por eventuales violaciones a los derechos de distintos grupos vulnerables, ya que no se aplicarían mientras no se conforme el CCA.

Debido al fuerte rechazo que generó la ley entre representantes de la oposición política y empresarios de la comunicación –que insisten en que la LSCA es un intento de afectar la independencia de la prensa en un año electoral– es posible que luego de su aprobación se presenten recursos de inconstitucionalidad que pretendan evitar su aplicación. Por ese motivo en el gobierno también se piensa en incluir en el texto una disposición a fin de que los conflictos en ese sentido sean derivados al Poder Judicial de forma de descartar cualquier sospecha de injerencia del Ejecutivo en el sistema de medios.

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Coalición por una Comunicación Democrática

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Somos una coalición de la sociedad civil creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.

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Se destacará la participación de reconocidos referentes internacionales en regulación de medios audiovisuales venidos especialmente desde Chile, Estados Unidos, España, y la Unión Europea.

La actividad, que se enmarca en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual actualmente en discusión en el país, promoverá un debate abierto, plural y diverso sobre el sistema de medios, teniendo en cuenta el derecho a la libertad de expresión desde una perspectiva comparada y la experiencia de organismos internacionales y otras democracias.

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El jueves 11 de julio, una delegación de la SUA – PIT- CNT integrada por su Presidente, Sergio Mautone, su Secretaria General, Lila García y el Presidente de SUGAI Oscar Serra, presentó su opinión sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a estudio de la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados y en particular sobre el Título V capítulo II Diversidad y Pluralismo/Promoción de la Producción Audiovisual Nacional.

La representación fue recibida por los diputados Carlos Varela (Frente Amplio) Presidente de la Comisión, Alvaro Delgado (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado), Julio Battistoni (Frente Amplio), Felipe Carballo(Frente Amplio), Belmonte de Souza (Partido Nacional) integrantes de la Comisión, además de Daniel Caggiani (Frente Amplio) y Yerú Pardiñas (Frente Amplio) .

La delegación resaltó la importancia de impulsar este proyecto por entenderlo fundamental para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Como integrante de la Coalición Civil (CCD) hizo propias las observaciones y propuestas presentadas por ésta la semana próximo pasada.

En lo referente a producción nacional, en particular ficción, se valoró la existencia de un capítulo concreto en procura de su fomento y desarrollo ya que la total desregulación en la que nos encontramos ha traído como consecuencia la prácticamente nula producción de ficción propia (59 horas en el año 2012 contra 6000 horas emitidas – un uno por ciento) no sólo cercenando el trabajo nacional, sino también negando a los uruguayos la construcción de espacios simbólicos en los cuales construir metáforas, sentires y formas de ser nuestras.

La delegación entendió prioritario fortalecer el sector a través de la viabilización, fomento y promoción de la calidad de productos nacionales así como también la regulación y contralor del trabajo compartiendo algunas reflexiones y una serie de acciones concretas.

Si bien se resaltó la propuesta de crear un Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual se planteó que el mismo debe, al menos, triplicar sus ingresos para efectivamente permitir el desarrollo de una estrategia real. Esta acción, se fundamentó, debe ser comprendida como una inversión de las empresas -no como una carga impositiva- en tanto este fondo permitirá concretar la producción de nuevos productos audiovisuales los que serán no sólo emitidos sino también comercializados por los canales. Se apuesta a la generación de nuevos esquemas de negocio por parte del empresariado a partir del enorme potencial que se abre ante un mundo demandante de contenidos.

Varios diputados, una vez terminada la reunión, solicitaron a esta delegación continuar trabajando en el tema, manifestando incluso su voluntad de recibir propuestas de redacción concreta a los puntos señalados para su análisis y discusión.

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La Coalición de la sociedad civil por una Comunicación Democrática (CCD) está citada para este miércoles 3 de julio donde planteará su visión del proyecto y presentará un documento con aportes para mejorar los estándares de la futura ley. La CCD acompañó todo el proceso de elaboración del proyecto, participando del Comité Técnico Consultivo que en 2010 elaboró un documento que elaboró las bases del actual proyecto de ley.

La comisión de diputados que analiza el proyecto de más de 180 artículos está presidida por Carlos Varela (Frente Amplio) y ya recibió a algunas delegaciones.

El 13 de Junio la comisión recibió una delegación del Ministerio de Industria Energía y Minería integrada por el ministro Roberto Kreimerman, el subsecretario Edgardo Ortuño y el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, entre otros.

En la sesión Kreimerman hizo hincapié en el rol de la ley de SCA como una regulación que por primera vez abarcará de manera integral a los medios de comunicación audiovisual. Actualmente existe un cúmulo de leyes y decretos (como la ley 14.670 sancionada en dictadura o leyes de rendición de cuentas, entre otras) “que solucionando aspectos parciales, pero nunca contemplaron una visión integral”.

El ministro también sostuvo que la ley se enmarca en una estrategia país respecto a las telecomunicaciones, que tiene cuatro ejes: La digitalización, la promoción de la industria nacional, la inclusión social y la adecuación normativa, para lo cual la ley fue concebida.

Por su parte, el subsecretario Edgardo Ortuño, entró más en detalle sobre los contenidos de la ley. Dijo que es una ley necesaria para aggiornar el marco normativo que responde a las transformaciones y dinámica tecnológica del sector.

Como principales novedades destacó que la ley mira a los SCA “en su carácter de índole económico, pero también en su carácter de índole cultural”, y que ahora el concepto incluye “los distintos soportes tecnológicos; no sólo los transmitidos por aire con la utilización de espectros radioeléctricos (que son los que regula el actual marco normativo), sino también a través de la plataforma satelital o por medios físicos, como el cable”.

Ortuñó indicó que la ley reconoce “a los servicios de comunicación audiovisual como un soporte técnico para el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas, en tanto debe garantizarse el ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la libertad de información”, advirtiendo que la normativa presentada está en consonancia con diferentes tratados internacionales como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros.

Luego de finalizada la intervención de Ortuño, el diputado Álvaro Delgado (Partido Nacional), señaló que uno de los aspectos que ve conflictivo de la normativa es respecto al re-diseño institucional, en donde a la URSEC la “están vaciando de contenido y competencias”.

Sobre este mismo punto hicieron hincapié los miembros de la comisión el miércoles pasado, cuando recibieron a una delegación de la URSEC. Allí plantearon sus dudas respecto a si la nueva institución creada por la ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), no se superpone en las tareas con la URSEC. Gabriel Lombide, presidente de la institución, señaló que con la nueva ley “las potestades y los recursos de la Unidad fueron mantenidos”, pero que sin embargo hay “alguna redacción que podría haber sido más feliz“. Lombide identificó dos tareas que se le dieron al CCA que se superponen con la URSEC: la defensa de la competencia y la protección de los derechos del consumidor. El presidente de la Unidad se comprometió a hacerle llegar en las próximas semanas un documento que identifique qué artículos concretos son los más conflictivos.

Finalmente, desde la comisión se indicó que si bien van a escuchar a todas las voces, darán un trato ágil al proyecto de manera que se posibilite que para Agosto el articulado esté listo para ser votado en las dos cámaras del parlamento.

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El informe central trata del largo proceso que terminó el pasado 21 de mayo con el envío del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) al parlamento por parte del Poder Ejecutivo, así como las próximas etapas de su discusión y los principales retos que enfrenta la propuesta para su aprobación definitiva.

También se abordan desde la perspectiva de la sociedad civil los recientes decretos presidenciales sobre digitalización de la televisión, la aprobación del primer código de ética periodística, la mirada de los medios de comunicación desde un enfoque de género y de respeto hacia la diversidad y el adelanto de un libro sobre la concentración de medios en el interior.

El material se distribuyó este viernes de forma gratuita con el semanario Brecha y volverá a entregarse el próximo miércoles con el matutino La Diaria. Además, su contenido en formato digital estará disponible a partir del fin de semana en las páginas web de las organizaciones que forman parte de la CCD.

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La Coalición hizo una presentación de los 16 principios para una Comunicación Democrática y un repaso de las distintas acciones impulsadas desde la sociedad civil para democratizar la información y la comunicación. Los integrantes de la INDDHH coincidieron en establecer a la democratización de la comunicación entre las materias pendientes de los derechos humanos en Uruguay y se mostraron receptivos a los planteos de la Coalición.

Entre otros temas, se abordó la situación actual del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Coalición hizo saber su preocupación por la demora en ser enviado al Parlamento y por los estándares que este proyecto incluya en materia de libertad de expresión, pluralismo y diversidad. Se coincidió en que el país no puede regular la comunicación por una ley aprobada por el gobierno militar.

Los integrantes de la INDDHH vieron como muy positivos los procesos de participación para generar políticas públicas de comunicación, entre los que destacaron el Comité Técnico Consultivo sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, así como el anterior Comité Técnico Consultivo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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