Los integrantes del Movus plantearon su oposición a la forestación para la producción de celulosa, expusieron los graves impactos ambientales de esta actividad sobre el ecosistema característico de Uruguay y la región. También resaltaron los impactos sociales asociados a los monocultivos, los pueblos cercados, afectaciones diversas a los pequeños productores tradicionales, los miedos que producen las grandes masas de árboles entre otros. A ello se suman los privilegios concedidos, con exenciones fiscales y zonas francas, que establecen una competencia desleal con las restantes actividades productivas, sin réditos económicos y laborales significativos para el país, poniendo en riesgo además la soberanía nacional.

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Gustavo Melazzi, Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha especializado en Planificación, trabajó en los gobiernos de México y Nicaragua. Se desempeña como docente, es autor de varios libros y artículos publicados en revistas especializadas y otros medios de comunicación.

William Yohai es médico, productor agropecuario, periodista y analista en temas económicos, editor del blog Resonando (resonandoenfenix.blogspot.com).

Víctor L. Bacchetta es periodista investigador en medio ambiente y desarrollo; con varios libros escritos, actualmente editor del Observatorio Minero del Uruguay y el Observatorio del agua en Uruguay (www.observatoriodelaguaenuruguay.com).

La presentación pública del libro tendrá lugar el 23 de octubre, a las 19 y 30 horas, en el Ateneo de Montevideo, en Plaza Cagancha 1157, como una actividad preparatoria de la Marcha Nacional contra UPM a realizarse el 25 de octubre, desde la Explanada de la Intendencia de Montevideo, iniciando la concentración a las 15 horas.

En este libro se analizan los impactos que puede tener y ya está teniendo en Uruguay la nueva planta de celulosa proyectada por UPM, tanto desde el ángulo económico, social, educativo y cultural, como ambiental, legal e institucional, que hacen que consideremos a este proyecto una amenaza a la soberanía nacional.

En la presentación en el Ateneo, además de los autores, el libro será comentado por Oscar Mañán García, economista, profesor e investigador en la Universidad de la República, Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida; y Georgy Martínez, pro-secretario general de la Unión Ferroviaria.

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El Juzgado en lo Civil de 2do. Turno a cargo del juez Alejandro Martínez de las Heras ordenó, el 22 de diciembre último, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) entregar, en un plazo de 15 días, las informaciones sobre los gastos efectuados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) en la contratación de consultoras, viajes y viáticos relacionados con ese proyecto portuario, dio a conocer el colectivo Uruguay Libre de Megaminería.

El periodista Víctor Bacchetta, en representación del movimiento Uruguay Libre de Megaminería (que promueve un plebiscito con el fin de prohibir la minería metalífera a cielo abierto en nuestro país) requirió en marzo de este año el acceso a dichas informaciones con el fin de conocer y poder analizar los gastos del gobierno relacionados con la implantación de un puerto de aguas profundas (PAP) en la zona de El Palenque, en la costa oceánica de Rocha.

Considerando que podía ser un proyecto potencialmente de gran valor para el país, los senadores votaron en forma unánime la habilitación del PAP en El Palenque, a pesar de las advertencias técnicas y de la ciudadanía sobre sus impactos ambientales, sociales y económicos. Ese proyecto tenía como único sustento económico la inversión de Aratirí, que no se encontraba aprobada y obedecía a una coyuntura especulativa excepcional que solo duró unos pocos años.

La CIPAP no solo ignoró los informes técnicos que calificaban como altamente desfavorables los impactos sobre el medio ambiente, el turismo y la calidad de vida en la zona – y que indicaban la necesidad de estudios físicos reales para tomar una decisión de esa envergadura – sino que también pasó por alto las evaluaciones que indicaban la inviabilidad económica del proyecto por carecer del potencial de cargas requerido, inclusive con el hierro de Aratirí.

Mientras que la Presidencia de la República entregó en abril las informaciones existentes en sus registros, el MTOP y la CND se negaron a hacerlo alegando que un contrato firmado entre ambos le asignó carácter “confidencial”. La pretensión de estos organismos de actuar como juez y parte de sus actos configura una evidente arbitrariedad y obligó a realizar una acción ante la Justicia al amparo de la Ley 18.381 que regula el derecho de acceso a la información pública.

En la audiencia del 21 de diciembre, donde los demandados ratificaron su negativa, la CND alegó que el solicitante carecía de un “interés directo, personal y legítimo” para requerir la información. El artículo 3o. de la ley 18.381 establece que “El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.

Públicamente se había informado que la CIPAP dispondría de 700.000 dólares estadounidenses para los estudios que pretendía realizar. La copia del contrato entre el MTOP y la CND presentada en la audiencia judicial permitió saber que el presidente José Mujica elevó esos recursos en 2013 hasta 2 millones de dólares. Los estudios técnicos realizados por científicos uruguayos para la CIPAP insumieron en total unos 120.000 dólares. ¿Adónde fue a parar el resto?

La decisión del juez Martínez de las Heras obliga al MTOP y la CND a entregar las informaciones, aunque aún puede haber una apelación del fallo y esto solo se sabrá después de la feria judicial. Es un derecho básico de los ciudadanos conocer el uso de los dineros públicos, estén bien o mal utilizados. Esperamos que sea posible despejar para todos esa interrogante”.

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La Dirección Nacional de Minería y Geología dependiente del MIEM declaró confidencial toda la información técnica del proyecto de extracción de hierro en los yacimientos de Valentines. A la gravedad de esta decisión, pues cualquier proyecto minero pasaría a ser secreto de estado, se agrega el incumplimiento de la ley 18.381 que regula el acceso a la información pública.

Ante la negativa del MIEM a entregar la información de Aratirí, junto con la acción judicial prevista por la ley, Bacchetta realizó también la denuncia ante la UAIP*. Por el artículo 21 de la ley 18.381, la UAIP es “El órgano de control (que) deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley”.

El dictamen del organismo, dado a conocer el jueves último, ratificó en todos los términos los fundamentos de la denuncia presentada. Textualmente, la UAIP expresó lo siguiente:

«En mérito a lo expuesto, cabe concluir que se ha configurado el silencio positivo regulado en el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. Corresponde además precisar, que para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto al artículo 16 de la Ley antes referida, así como también a la normativa vigente en materia de clasificación de la información».

El artículo 18, relativo al “silencio positivo”, establece que “Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela”.

Y el artículo 16 es el que dice que “El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada”.

El pronunciamiento de la UAIP no tiene carácter imperativo para el MIEM, pero constituye por su origen un elemento de juicio relevante, que se suma a la sentencia emitida en la primera instancia por el Juez Martínez de las Heras en la acción de amparo en curso en la Justicia, que intimó al ministerio a entregar en un plazo de 15 días la información sobre el proyecto de Aratirí.

El MIEM recurrió este fallo y el caso pasó al Tribunal de Apelaciones, cuyo pronunciamiento está pendiente. Uruguay Libre sigue atentamente todas las instancias de este proceso donde se juega una batalla crucial por el derecho de acceso a la información de todos los uruguayos.

(*) Por carecer de un presupuesto propio, la UAIP funciona con recursos de la AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información), en dependencias de la Presidencia de la República, pero es un órgano autónomo que no depende del gobierno nacional.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA.

28 de noviembre de 2014.

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La reunión estuvo presidida por Fabiana Campos y Luis Mario Fros, responsables de la convocatoria realizada a los sectores sociales y políticos, sin distinciones de ninguna naturaleza, interesados en la problemática de la megaminería en el Uruguay.

La intervención inicial estuvo a cargo de los productores rurales Santiago Soárez de Lima, Luis Mario Fros, Martín Echeverría, Cristina Ramírez y José Fernando Larrosa, quienes plantearon la necesidad de conocer los proyectos que implican cambios sustanciales del modelo de desarrollo del país y de participar en las decisiones que los afectan, explicaron los plazos y procedimientos legales que rigen la concesión de títulos de minería y relataron lo ocurrido en sus localidades con las empresas mineras.

Seguidamente, el periodista Víctor Bacchetta expuso características de las reservas minerales del Uruguay y los motivos de la irrupción de la megaminería en el país, así como la posible explotación de hidrocarburos no-convencionales del subsuelo por la tecnología de fractura hidráulica (conocida a nivel internacional por la expresión en inglés `fracking´).

Luego se sucedieron varias intervenciones de los asistentes relatando experiencias propias, realizando sugerencias de acción o solicitando información sobre los temas planteados. En particular, el escribano Julio Gómez describió la experiencia de los productores de Cerro Chato en la interposición de recursos legales frente a las concesiones mineras.

Desde la mesa se dio lectura a los mensajes enviados por los legisladores Luis Lacalle Pou y Jorge Saravía, manifestando su oposición a la megaminería, y por el senador Pedro Bordaberry, excusándose por no poder concurrir.

El diputado por Rivera, Gerardo Amarilla, solicitó la palabra para manifestar su compromiso personal con los motivos del encuentro, pero aclaró que el movimiento debía mantenerse al margen de partidos para evitar que se lo descalifique atribuyéndole alguna intencionalidad política particular.

La reunión se levantó alrededor de las 19 horas, luego de transcurridas tres horas de intensas deliberaciones. A propuesta de uno de los presentes, se realizó un registro con la firma de los asistentes al encuentro para dar cuenta fehaciente de su magnitud.

Fuente Imagen: notio.com.ar

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La jornada tuvo una sesión especial de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados con las presentaciones de reflexiones académicas sobre la temática ambiental a cargo del Economista Marcelo Caffera, el periodista Víctor Bacchetta y el Doctor Ricardo Gorosito.

Las reflexiones estuvieron en torno a los desafíos ambientales del país, a la normativa existente y a su cumplimiento, a la institucionalidad ambiental y a las herramientas que desde la economía de pueden utilizar con objetivos ambientales.

El presidente de la Comisión, diputado Gerardo Amarilla, resaltó que “resulta de suma importancia estas instancias de reflexión que generan conciencia en los decisores de políticas públicas”. El legislador nacionalista señaló que “aprovechamos esta oportunidad, en las vísperas de la Cumbre Mundial de Rio+10, para reclamar una Política de Estado que nos permita enfrentar las presiones de actividades contaminantes, defendiendo un desarrollo sustentable y el Uruguay Natural”.

La actividad finalizó con la plantación en el entorno del Palacio, de especies de árboles autóctonos: lapacho, timbó, ibirapitá y tarumán.

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El periodista, patrocinado por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo), presentó la acción luego de comprobar que estos organismos no contestaron en los plazos de la ley 18.381, en falta con el derecho de acceso a la información y con el artículo 10 de la Convención de Río, que obligan a los Estados a actuar bajo el principio de máxima divulgación.

El viernes 9, en la audiencia convocada por el magistrado, los abogados de la Presidencia de la República afirmaron que no contaban con ningún expediente relativo a estas megainversiones. Pese a que un decreto del gobierno anterior (2008) estableció que las megainversiones son coordinadas por Presidencia, los abogados argumentaron que Presidencia recibió copias de los expedientes presentados por Aratiri y Corporación Oriental, pero las devolvieron a los ministerios correspondientes.

El MTOP, en cambio, reveló en la audiencia que después de haber recibido el pedido de información, clasificó la información de estos proyectos como confidencial, al amparo del artículo de la ley 17.555 (Ley de Reactivación Económica e Inversiones).

En palabras de CAINFO a las que adherimos, sin transparencia e información ambiental, la sociedad, las comunidades directamente afectadas y los periodistas que investigan estos temas, se ven privados de su libertad de investigar, opinar, informar, y participar en la vida democrática.

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Área de Comunicación.

MOVUS – Movimiento por un Uruguay sustentable.

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El proyecto Aratirí: repercusiones ambientales y socioeconómicas.

Exponen: Víctor Bacchetta (periodista y escritor).

Martín Echevarría (productor rural).

Francisco da Silva (del sindicato de trabajadores de Aratirí).

Fundación Vivián Trías, auspicia Brecha. 19 horas.

En el IMPO, 18 de Julio y Germán Barbato/ Montevideo. (Se entra por Germán Barbato).

Fuente: http://enredense.blogspot.com

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