9 Dic '11

Sociedad Uruguaya

CNFR presentó en el Parlamento su posición con respecto al ICIR

Posición institucional con respecto al proyecto del ICIR.

Comisión de Hacienda de Cámara de Senadores.

8 de diciembre de 2011.

Comisión Nacional de Fomento Rural, desde hace años viene planteando su

preocupación por el proceso de Concentración y Extranjerización de la Tierra y

su impacto en la Agricultura Familiar.

Dicho proceso —que se ha acelerado en los últimos años— no es exclusivo de

nuestro país, ya que es una tendencia generalizada y con un impacto muy

fuerte en la Región, tal cual surge del estudio “Dinámicas en el mercado de la

tierra en América Latina” llevado a cabo por FAO y recientemente publicado.

En este contexto el precio de la tierra en Uruguay se multiplicó por seis en los

últimos tiempos, impulsado por el aumento de precios de los commodities

agrícolas, y también como resguardo de capitales y especulación inmobiliaria.

En razón de ello, el precio de la tierra aumentó bastante más que el de los

productos. A partir de esta situación de concentración, muchos países han

tomado medidas legislativas para enfrentarla.

Tal cual ya lo ha comunicado públicamente desde que se anunció esta

iniciativa, así como en nuestra comparecencia en la Comisión de Hacienda de

la Cámara de Representantes en octubre pasado, CNFR —sin entrar a valorar

el proyecto del ICIR en sí—, se ha manifestado favorablemente, en el sentido

de que ha permitido poner en la mesa de debate nacional el tema de la

Concentración de la Tierra.

La tierra es un recurso natural de toda la sociedad y debe cumplir una función

social. Por ello, no se puede analizar como un activo más o como un factor de

producción, como una herramienta o cualquier insumo. La tierra además de

producir, constituye un modo de vida, forma parte del territorio nacional, son

ecosistemas que cumplen otras funciones y un recurso natural que debemos

cuidar y preservar.

A pesar de que aún no se cuenta con los datos definitivos, un anticipo de los

datos del Censo Agropecuario en ejecución, señala que ya censados el 20% de

la superficie y el 30% de los productores, se confirmaría que existen menos

productores y una tendencia a una mayor concentración de la tierra. Como

elemento adicional, creemos del caso reafirmar que organismos internacionales

como FAO y el propio Banco Mundial alertan sobre la gravedad de este

proceso de concentración.

A partir de esta información, nos resulta incomprensible que haya

manifestaciones de algunos integrantes del sistema político y del propio sector

agropecuario, que pretenden sembrar dudas sobre el evidente proceso de

concentración y extranjerización que se ha venido agudizando en los últimos

años en nuestro país. El 2,5% de las empresas -que son las que tendrían que

pagar el ICIR- explotan el 35% de la tierra, y la franja inferior que abarca el

40% de los productores explota tan solo el 2% de la misma.

¿Eso no constituye un claro síntoma de concentración?

Con respecto a la relación de la concentración con la soberanía, podemos

consignar a modo de ejemplo que hoy en Uruguay hay seis empresas que

explotan 450 mil ha de agricultura. Por otra parte, hay un millón de ha

forestadas —gran parte de ellas con el aporte de todos los uruguayos bajo la

forma de subsidios— de las que solo dos empresas extranjeras son dueñas de

la mitad. Semanas atrás, el país fue testigo de las excepcionalidades que una

de estas empresas le exige a nuestra nación, para llevar adelante un

emprendimiento.

¿Eso no constituye una limitación a la soberanía?

Hoy el país no dispone de ninguna legislación que limite la adquisición de

tierras por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras.

¿Qué pasaría si a algún poderoso empresario privado, fondos de inversión o

fondos previsionales, se les ocurriera comprar toda o gran parte de nuestra

tierra?

Debe quedar claro que cuando hablamos de soberanía, no nos referimos a la

bandera o el himno nacional, nos referimos a la capacidad de decidir sobre el

destino de nuestro territorio y sobre el destino de la renta que genera nuestro

recurso natural más importante.

En la investigación de FAO mencionada, se cita al Director del Centro Peruano

de Estudios Sociales Sr. Fernando Eguren que señala: “que la concentración

de la tierra no es sólo un fenómeno económico, es también una concentración

de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está

ocurriendo. Tiene que ver también con restricciones en la democracia”. “Eso

está creando una serie de problemas e inequidades, de influencia muy grande

sobre la orientación de la modernización de la agricultura, que deja al margen

las preocupaciones por la Seguridad Alimentaria así como por el desarrollo de

la Agricultura Familiar”.

Los defensores de los grandes emprendimientos agrícolas hacen referencia al

crecimiento de la producción, a las toneladas exportadas y a la generación de

empleo. Nosotros consideramos que falta analizar la otra cara de la moneda,

que constituye el sensible deterioro de los suelos, reconocido por la propia

RENARE y un especialista en la materia como el Sr. Decano de la Facultad de

Agronomía. Este deterioro es absolutamente irreversible y en razón de ello es

necesario tenerlo en cuenta a la hora de las valoraciones.

También debe ponerse en la cuenta, el daño en la infraestructura vial

provocado por estos grandes emprendimientos, cuyos titulares son

precisamente quienes hoy reclaman fuertes inversiones del Estado y de la

sociedad para recuperar la misma.

En lo que tiene que ver con la generación de empleo, hay investigaciones que

demuestran que la lechería genera diez veces más empleo por hectárea que la

agricultura. Precisamente, es la lechería uno de los sectores más afectados en

la competencia por la tierra con la agricultura. Hay datos que señalan que 200

mil hectáreas (un 20% de la superficie destinada a la lechería) pasaron a la

agricultura, al no poder competir los productores lecheros con el agronegocio,

por el elevado precio de los arrendamientos. Como consecuencia de esto, más

de mil productores lecheros quedaron excluidos de la cadena agroindustrial.

Es por todo lo señalado, que insistimos en que hay que “mirar las dos caras de

la moneda” y reafirmamos que el tema de la tenencia de la tierra tiene

connotaciones económicas, sociales y culturales.

Con respecto al Proyecto del ICIR en sí, no queremos entrar en aspectos

técnicos tributarios, pero apoyamos eventuales modificaciones al mismo para

evitar una posible afectación a la ganadería de cría. Es más, consideramos que

ese tipo de excepciones podrían instrumentarse en la reglamentación de la ley.

Tampoco visualizamos que la implementación del ICIR se pueda considerar

como un “cambio en las reglas de juego”, por la incidencia que el mismo pueda

tener en la rentabilidad del segmento que abarca. Se trata de cifras simbólicas

en comparación con la renta que estos negocios están obteniendo y que queda

evidenciada en los elevados precios que están ofreciendo para el

arrendamiento de tierras.

Con referencia al destino que se le daría a la recaudación generada,

concordamos con que se atienda la caminería rural, así como también

apoyamos que el destino de los recursos obtenidos por la aplicación de los

arts. 13 y 14 del Proyecto referidos a la enajenación de inmuebles rurales, sea

el Instituto Nacional de Colonización.

En razón de ello y por encima de los efectos que el ICIR podrá tener o no para

limitar la concentración de la tierra –en este sentido coincidimos con el Sr.

Ministro de Economía y Finanzas que en las últimas horas manifestó ante esta

misma Comisión que “no se puede hablar de los efectos de un impuesto, antes

de que se empiece a instrumentar”- insistimos con que el problema de la

concentración de la tierra debe atenderse con la premura necesaria y que a

nuestro entender solo se soluciona con una legislación específica, que limite la

superficie de tenencia por parte de personas físicas o jurídicas, tal cual ya

existe en otros países.

Legislar sobre el uso y tenencia de la tierra no es meramente un tema

económico o tributario, es fundamentalmente un tema político y social. En ese

sentido creemos pertinente citar el Oficial de Políticas de FAO Sr. Fernando

Soto Baquero que recomienda: “Los gobiernos de la región deben encontrar

formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de

tierras, no tengan efectos negativos sobre la Seguridad Alimentaria, el empleo

agrícola y el desarrollo de la Agricultura Familiar”.

En otro orden de cosas, pero muy relacionado con este tema, creemos del

caso reafirmar en este ámbito, nuestra reivindicación institucional sobre la

necesidad impostergable de proceder a una revisión de la política de

promoción de inversiones y exoneraciones tributarias, con las que se

benefician estos grandes emprendimientos. Entendemos que en muchos casos

ya no se justifica el importante sacrificio fiscal que hace toda la sociedad en

beneficio de los mismos. Hay estudios y opiniones de expertos que señalan

que un alto porcentaje de esos emprendimientos igual seguirán adelante sin las

exoneraciones tributarias.

En el día de la fecha, respondiendo a una convocatoria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, una delegación de nuestra Institución presentó nuestra posición con referencia al Proyecto de Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.

Montevideo, 8 de diciembre de 2011.

COMISIÓN NACIONAL

DE FOMENTO RURAL

Dr. Salvador García Pintos 1138

Tel.: 598 – 2200 3519 – 2204 01 33

Fax: 598 – 2208 9526

E.mail: cnfr@cnfr.org.uy

www.cnfr.org.uy

MONTEVIDEO – URUGUAY

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