8 Dic '11

Sociedad Uruguaya

Diputado Bango y su opinión ante el debate por el tema Adicciones

Intervención en Cámara Sobre el Informe de la Comisión de Adicciones (7/12/11) de Julio Bango.

SEÑOR BANGO.- Señor Presidente: no tenía previsto hacer uso de la palabra en esta sesión, pero me motivaron dos razones fundamentales.

En primer lugar, se ha empezado a concretar una suerte de debate porque el tratamiento de las adicciones lamentablemente ha estado muy fragmentado por el tiempo que ha mediado entre la primera y la segunda parte de la discusión.

En segundo término, la compañera Diputada Tourné iba a realizar una exposición que tenía preparada, pero por razones de salud no pudo concurrir hoy; por suerte ya está bien.

Quiero decir que estoy profundamente de acuerdo con el informe del Partido Independiente y del Frente Amplio, así como con los conceptos que hace varias semanas desarrolló el compañero Diputado Sabini, y con la profunda exposición desde el punto de vista conceptual que realizó en el día de hoy el señor Diputado Radío, que comparto en todos sus términos.

Este informe, al igual que los dos en minoría que se han presentado, se centra en un profundo estudio y en un consecuente trabajo que durante un año realizó la Comisión, donde se pudo escuchar a una cantidad de organizaciones públicas y de todo tipo, que nos dieron una perspectiva muy rica. Lamentablemente, se ha querido minimizar el informe que presentaron el Frente Amplio y el Partido Independiente, como si sólo se sustentara en lo planteado por una Comisión internacional. Si el señor Diputado que ha hecho esta afirmación se remite a las versiones taquigráficas ‑seguramente lo habrá hecho‑, se dará cuenta de que el informe del Frente Amplio y del Partido Independiente, muy respetable como los otros dos, se basa en un análisis profundo de la realidad que tenemos por delante.

En esta discusión se ha hablado de paradigmas y efectivamente hay dos. Hay un paradigma que es el prohibicionista y, más allá de los aspectos, detalles o precisiones legales que se puedan establecer, es indudable que existe. También, es indudable ‑no resiste la menor prueba empírica‑ que ese paradigma ha fracasado rotundamente, porque se ha estado aplicando desde hace cuarenta o cincuenta años y el único resultado ha sido el incremento del narcotráfico y de la oferta de drogas legales e ilegales, así como el aumento de la demanda. Por lo tanto, el punto de partida es el absoluto y rotundo fracaso del paradigma que llamamos prohibicionista. Otras Diputadas y otros Diputados podrán ponerle un nombre diferente, pero este ha sido el hegemónico y el que ha estado en boga a nivel internacional.

Nosotros nos afiliamos a otro paradigma que se originó por la realidad nacional y por la evolución de los Gobiernos después de la dictadura; se originó en el Gobierno del doctor Jorge Batlle, cuando el doctor Leonardo Costa presidía la Junta Nacional de Drogas y comenzó a hacer un viraje en la concepción de esta problemática. Los dos Gobiernos del Frente Amplio han profundizado esa línea que, a nuestro juicio, fue correctamente trazada por el último Gobierno colorado que tuvo el país.

Yo no voy a entrar en los detalles teóricos del paradigma porque, conceptualmente, lo han explicado muy adecuadamente y, además, se puede recurrir a la versión taquigráfica de las sesiones de la Comisión, donde consta una muy rica discusión al respecto. Sí quiero decir que las sociedades ‑históricamente‑ han legitimado desde el punto de vista cultural el uso de determinadas drogas y, a partir de ello, las han legalizado, como el alcohol, y también han estigmatizado otras que no han legitimado culturalmente. Esa situación ha variado en Occidente en el correr de los últimos dos mil años. Si ponemos como ejemplo el alcohol, recién hoy se está planteando el tremendo daño que provoca. Todos somos contestes en que la droga que más daña a nuestra sociedad en este momento es el alcohol, pero esa droga es legal y nadie ha planteado aquí su ilegalización. No he escuchado a ningún legislador ni legisladora ‑y seguramente no los voy a escuchar‑ que promueva la prohibición del alcohol en función del tremendo daño que su consumo causa a la sociedad uruguaya. ¿Por qué? Porque está asumido culturalmente ‑y eso luego tiene una traducción legal‑ que si no tomamos en exceso, el alcohol no es malo. Si bien es una droga que genera efectos nocivos en el físico de la persona ‑diferentes especialistas de la Facultad de Medicina y de las Cátedras de Psiquiatría nos alumbraron mucho sobre su efecto fisiológico, al igual que el que causa la marihuana, para hablar de una droga que no está legalizada‑, hay un consumo de alcohol que la sociedad determina que sea aceptable. Nadie lo está poniendo en duda, pero lo que se está diciendo es que hay un consumo excesivo y abusivo de alcohol que produce daño y es el que hay que combatir.

Quienes defendemos el informe del Frente Amplio y del Partido Independiente sostenemos que la misma lógica y la misma filosofía se debe aplicar al consumo de otras drogas que hoy no son legales.

También se ha dicho que no hay ningún legislador en Sala que estigmatice a quienes consumen determinadas drogas ilegales, asociándolos con criminales. Eso es cierto y, seguramente, sucede así, pero también es cierto que a nivel social hay una estigmatización del consumo de determinadas sustancias en la que muchas veces caemos. Por ejemplo, el señor Diputado Amarilla ha hecho una afirmación que no tiene sostén empírico. Ha dicho que el aumento de la delincuencia tiene que ver con el consumo creciente de drogas. No hay ningún dato empírico que pueda esgrimirse para realizar esta afirmación. No hay ninguno. Por lo tanto, quien emite públicamente una opinión respecto a esta cuestión, está haciéndose cargo transmitiendo una imagen, que podrá ser legítima ‑eso no esta en discusión‑, pero que no está probada empíricamente. En todo caso, lo que sí está probado empíricamente es que ‑y voy a citar de memoria‑ alrededor del 18% de los delitos que cometen los menores de edad está relacionado con el consumo de droga; no quiere decir causado, sino que está relacionado. Y no estoy hablando del 95% de los delitos que se cometen en Uruguay por adultos, sino del 5% llevados a cabo por menores de dieciocho años. Si se quiere, puedo redondear en un 20%, porque estoy citando de memoria. Por lo tanto, para el caso de los menores de edad, esa no es una afirmación que pueda ser planteada como verosímil, y eso contribuye con imágenes que todos tenemos. Con esto no pretendo atribuir intenciones ni mucho menos al legislador a quien aludí recién ni a otros que puedan pensar lo mismo; simplemente digo que ese es un dato que no está comprobado por la realidad.

Entonces, debemos discernir que quienes estamos aquí, efectivamente, tenemos distintos puntos de vista, que son filosóficos y culturales, y que también son diferentes frente al fenómeno de las adicciones y, particularmente, de las drogas. No hay duda alguna de ello.

Sin embargo, advierto que las medidas que se están proponiendo en los distintos informes no varían demasiado. Y cuando uno mira el informe del Partido Nacional, analiza el del Partido Colorado y lee el del Frente Amplio y el Partido Independiente, comprueba que no hay grandes variantes entre las cuestiones que se proponen. Por lo tanto, identifico que hay un ancho campo para la coincidencia desde el punto de vista de las medidas que se proponen, una vez creada la Comisión ‑más allá de que se sostengan algunas posturas que, con todo respeto, califico de conservadoras y otras que no lo son‑, por lo que podremos seguir dando ese debate.

Reitero; todos los informes: el del Partido Nacional, el del Partido Colorado, el del Frente Amplio y el del Partido Independiente, hablan de que hay que hacer un combate en términos de reducción de la oferta y de la demanda, y no se debe confundir la prevención con la reducción del daño. Cuando se produce un daño por el consumo abusivo de una droga, sea esta legal o ilegal, se necesitan políticas activas para reducirlo, y creo que nadie debe estar en desacuerdo con esa cuestión. Otra cosa es la prevención, precisamente, para que el daño no ocurra.

Los tres informes hacen acuerdo en reducir la oferta y la demanda, aumentar los servicios, controlar las organizaciones que brindan atención directa, sean del Estado o de la sociedad civil, en la prevención, en las campañas de sensibilización y en la relevancia de la educación.

Sí hay diferencias, al igual que en la concepción que alumbra las medidas que se proponen, en cuanto a lo que ha sido la eficacia o la eficiencia de las políticas que se han llevado adelante hasta el momento, en particular, las que está aplicando nuestro Gobierno. Me quiero detener aquí, no para alimentar el debate ‑me quedo con esta última sección, por lo menos de la mirada transversal que hago de los informes; me quedo con la probabilidad de que tengamos de confluir en algunos proyectos de ley, una vez creada la Comisión, que vayan a la reducción de la oferta y de la demanda‑, sino porque no puedo dejar de soslayar una referencia que se ha hecho a nuestra fuerza política en el Gobierno y es que, efectivamente, hay tres centros, pero porque antes no había ninguno. Si los tres centros los creó el Gobierno del Frente Amplio es porque antes no había ninguno. Si hay dos mutualistas que ahora atienden este problema es porque antes no había ninguna, porque no había ninguna política que se hiciera cargo. Y aviso que no son solo dos mutualistas; corrijo al compañero Sabini. Se ha dado un plazo de tres meses, que ha comenzado en setiembre de este año, para que las disposiciones que hizo la autoridad sanitaria de nuestro país con respecto a las mutualistas se cumplan finalizado ese período. Por lo tanto, como parlamentarios ‑no solo los de la oposición, sino también los oficialistas‑, tendremos la oportunidad de controlar que, efectivamente, las mutualistas pongan a funcionar estos servicios, que provocarán un aumento muy importante de los servicios gratuitos que se llevarán adelante por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ese es un logro que debemos a la acción de este Gobierno.

En otras cosas, podrá haber eficiencias o más ineficiencias o necesidad de reforzar recursos, y, seguramente, tendremos las rendiciones de cuentas para incrementar ‑en la medida en que lleguemos a acuerdos‑ los fondos destinados a esta temática pero, en todo caso, destaco que lo que hay está porque hubo dos Gobiernos de la izquierda ‑uno que terminó y otro que está en curso‑ que lograron generar una oferta de servicios que era absolutamente insuficiente en el país.

Era todo lo que quería decir.

SEÑOR BANGO.- Señor Presidente: he sido aludido por la señora Diputada Montaner y no es el primer debate en el que acostumbra a plantear, luego de hacer evaluaciones políticas absolutamente legítimas y de recibo ‑aunque no se compartan tiene todo el derecho de hacerlo; para eso estamos en el Parlamento, es decir, para evaluar las políticas que han aplicado diferentes Gobiernos, para estar de acuerdo o discrepar con ellas‑, que cuando alguien hace apreciaciones del mismo tenor rebatiendo o pretendiendo rebatir sus argumentos, incurrimos en cuestiones de negativismo y bajamos el nivel de la discusión. Yo entiendo la labor parlamentaria como la confrontación de ideas. Además, no nos duelen prendas al decir que en el caso de la Junta Nacional de Drogas hicimos expresa referencia ‑parece que la señora Diputada no escuchó‑ a que estamos profundizando un paradigma que fuera creado y pergeñado durante la Administración del doctor Batlle, que es de su Partido. Lo reitero por si la señora Diputada no lo oyó.

Por lo tanto, tratemos de defender nuestras ideas con argumentos lícitos y legítimos y no anatemizar la opinión de los compañeros parlamentarios pretendiendo que cuando se hacen observaciones políticas absolutamente legítimas se quiere bajar el nivel de la discusión o incurrir en cuestiones que rozan, parecería, la ética parlamentaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

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