La Coalición por una Comunicación Democrática ve con satisfacción la inclusión y aprobación en la rendición de cuentas de los art 135 y 136, referidos a las contrapartidas que se le imponen a los radiodifusores por el uso del espectro radioeléctrico.

La coalición comparte especialmente el establecimiento del pago de un precio por el uso de espectro, que hasta ahora pagaban todos los operadores de telecomunicaciones, menos los radiodifusores. Cabe recordar que los radiodifusores cualquiera fuera su tamaño empresarial y su facturación, gozaron hasta la última reforma tributaria de excepciones impositivas para importar equipos (estos beneficios aún lo conservan los radiodifusores del interior del país), incluso estaban exonerados de gravámenes para la adquisición de automotores.

En casi todo el mundo es común el pago por el uso de el espectro, que al fin y al cabo se trata de un bien público patrimonio común de la humanidad. Este tipo de política no se considera una limitación a la libertad de expresión.

No obstante este avance, queremos expresar nuestra preocupación por la falta de definiciones entorno al monto de ese precio y el destino del mismo. Tampoco esta claro si además de este precio, en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se incluirá un canon calculado en base a la facturación.

Reclamamos que una parte de ese precio por el uso del espectro sea destinado a generar condiciones para el fortalecimiento de sectores comunicacionales nuevos y desatendidos, como el comunitario, que hasta ahora no ha sido objeto de una política pública para favorecer su desarrollo, a pesar de que fortalece la diversidad democrática en el espectro radioeléctrico.

La reserva de un tercio del espectro para los medios comunitarios en todas las bandas de radiodifusión, hace a la democratización formal del espectro, pero si en realidad queremos que esta se haga efectiva, el desarrollo de políticas de fomento son imprescindible.

Por lo tanto postulamos, que parte de los recursos producidos por el cobro del precio y/o canon, sean destinados a generar políticas de fomento del sector comunitario.

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