30 Abr '13

Sociedad Uruguaya

La Coalición envió a la INDDHH observaciones a las respuestas del Poder Ejecutivo sobre asignación de TV Digital

Algunas de las consideraciones siguen a continuación, adjunto encontrarán el documento completo.

La Coalición por una Comunicación Democrática CCD quiere reconocer la diligencia y celeridad con la que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) asumió la denuncia presentada oportunamente y destaca especialmente que haya considerado el actual proceso de transición de la TV Analógica a la Digital como un asunto fundamentalmente de derechos humanos, que potencialmente puede afectar la plena vigencia de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.

También queremos destacar que el Ministerio de Industria y Energía (MIEM) anuncia en su respuesta a la INDDHH que tiene previsto “reanudar” el concurso para asignar frecuencias para la transición a la televisión digital, suspendido por el Poder Ejecutivo el 23 de enero último.

Al tiempo de reconocer la actitud y disposición de la INDDHH, volvemos a manifestar nuestra preocupación con las dilatorias para realizar el llamado a interesados en operar la televisión digital por parte del Ejecutivo, dado que en el marco de los derechos en juego en este cambio de paradigma tecnológico para la televisión, el transcurso del tiempo juega un papel fundamental. Como el propio Poder Ejecutivo lo reconoce, de no realizarse la asignación de licencias para operar el servicio de televisión digital antes del 26 de octubre próximo, el proceso quedará detenido hasta 2016 por imperio de la ley. Por ello esperamos que se cumpla este nuevo anuncio hecho por el MIEM.

Sobre los cambios al decreto 437/012

La segunda parte de la respuesta refiere a la aprobación del Decreto 437/012 del 31 de diciembre de 2012, que a juicio del MIEM, “tiene como objetivo esclarecer y profundizar algunos aspectos instrumentales del procedimiento, en particular lo referido a la forma de presentación de los actuales titulares del servicio de radiodifusión comercial”.

En este punto no tenemos el honor de compartir el criterio del Poder Ejecutivo que se resume en las siguientes ideas: a) lo que hace es tratar “de forma diferencial a quienes no son iguales”; y b) “el principio de Igualdad implica medidas de acción positiva que posibiliten dar un trato diferencial a situaciones efectivamente distintas, diferenciación que no violenta el citado principio sino que, por el contrario, propende a su aplicación”.

Como seguramente la INDDHH lo podrá explicar con mayor precisión que nosotros, este principio supone la discriminación positiva a las personas o grupos más vulnerables o que han sido discriminados o postergados por distintas razones socio-culturales. Es insólito que el MIEM quiera aplicar este principio a los grupos de comunicación más poderosos del país, que justamente han sido favorecidos históricamente con toda clase de beneficios y privilegios, muchos de los cuales han sido otorgados en forma directa, poco transparente y antidemocrática.

La demorada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por último, nos referimos en el presente escrito al anuncio hecho por el MIEM en su respuesta de un pronto envío del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento. Como es de público conocimiento la CCD promueve e impulsa desde hace cuatro años la adopción de una regulación legal moderna y bajo estándares internacionales para los servicios de comunicación, que hasta la fecha siguen siendo regulados por un marco normativo fragmentario, dominado por la ley 14.670 aprobada durante la dictadura militar.

Con respecto a futura ley SCA, el MIEM asegura que el proyecto de ley se encuentra en etapas finales de elaboración. En respuesta a la INDDHH señaló que “es intención del MIEM elevar el proyecto a consideración de la Presidencia de la República y del consejo de ministros a la brevedad a fin de que una vez aprobado sea remitido al poder legislativo”.

Desde la CCD se quiere volver a insistir en la urgencia de aprobar esta norma, necesaria para sustituir la actual ley de radiodifusión aprobada durante la dictadura, que violenta estándares de libertad de expresión pluralismo y diversidad.

 

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