3 Nov '13

Sociedad Uruguaya

Larrañaga: “Hay que animarse a recuperar orden, respeto y autoridad”

En una fuerte nota editorial difundida por las redes sociales, el candidato nacionalista Jorge Larrañaga señala la necesidad de «cambiar la actitud frente al delito» y propone ser inflexible frente al delito y la delincuencia, aplicando mano dura.

En su nota reseña una serie de propuesta, donde destaca que se necesita rejerarquizar a la policía, crear una nueva policía militarizada y ampliar los efectivos de la guardia nacional, entre una batería de propuestas de acción para mejorar la seguridad pública y alcanzar lo que denomina «Paz Ciudadana».

Expresa que el Frente Amplio ha sido «indulgente y tolerante» en materia de seguridad al punto que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez liberó presos.

Le atribuye al Frente Amplio criterios ideológicos en el tratamiento del problema de seguridad, teniendo problemas en ejercer la autoridad.

Postula como cambio de este paradigma, un nuevo enfoque integral donde se asuma la responsabilidad por parte del Estado de defender a las «víctimas inocentes» del delito: «la gente que no tiene la culpa de las causas sociales de la delincuencia».

El texto completo de la nota es el siguiente:

Mano dura contra la delincuencia

Estamos ante un estado general de inseguridad pública, que vulnera los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos, y principalmente de los que menos tienen, que no pueden recurrir a mecanismos privados de defensa. Pero en suma, estamos en una sociedad con miedo; y eso es indiscutible.

El Estado tiene el deber y la responsabilidad de hacer cumplir el artículo 7 de nuestra Constitución, garantizando el goce a la libertad y seguridad. Hoy, eso no se cumple. Lo vemos todos los días.

La propia ley de procedimiento policial 18.315, establece como atribuciones del servicio policial «las actividades de observación, información, prevención y represión» de la comisión de delitos (art 2). Sin embargo hay temor a ejercer el cometido esencial de la seguridad pública.

Para corregir esta situación hace falta un cambio de paradigma frente al delito y la delincuencia.

Se requiere un cambio de actitud.

Mano dura, defender a la gente honesta, siendo inflexible frente al delito. Es lo contrario de lo que ha sido esta experiencia frentista en materia de seguridad: indulgente y tolerante.

El Frente Amplio tiene prejuicios ideológicos que le han impedido el debido ejercicio de la autoridad. Confunden autoridad con autoritarismo. Hay un tema de definiciones. El Frente ha tenido mano blanda, al punto que el primer presidente de la historia del Frente, liberó presos.

No desconocemos las teorías sociológicas de las causas del delito, ni la incidencia que tienen las políticas sociales y educativas para la reversión del problema, pero escudarse sólo en ellas, sin atacar el delito que azota el hoy, es poner la ideología por sobre la gente que es víctima. El Frente no puede resolver el problema de seguridad porque no lo deja esa caprichosa visión de texto, dogmática, arraigada en su matriz ideológica.

Se necesitan respuestas efectivas para la gente que trabaja, la gente honesta que no tiene la culpa de esas «causas sociales del delito». Y soy enfático en esto: la gente no tiene la culpa, porque si aceptáramos eso, no habría víctimas inocentes, y sí las hay. Y las vamos a defender.

Por eso planteamos propuestas de acción que responden a una visión integral de la política de seguridad.

Primero hay que rejerarquizar a la policía. Darle mejores instrumentos, tecnificarla, generar una verdadera policía 2.0, que esté a la avanzada en materia tecnológica y a nivel de armamento y no rezagada frente a la nueva delincuencia.

Queremos que nuestro policía tenga solucionado aspectos básicos de su vida como ser salario y vivienda, para que pueda ocuparse de lleno a su tarea y no depender del famoso servicio «222» o incluso del «223».

Planteamos también una Policía militarizada.

Hay que recurrir a recursos humanos preparados como los militares, sin que esto implique sustitución de la policía.

En Uruguay hay 22 mil “policías ejecutivos” del un total de 31 mil funcionarios del Ministerio del Interior y hay 28 mil funcionarios en el Ministerio del Defensa. Hay que ser pragmáticos. Tenemos que tener una seguridad de primer mundo aunque en otras cosas no seamos de primer mundo, no es posible que los uruguayos vivamos con miedo, por nosotros o por nuestros seres cercanos.

Planteamos ley mediante, trasladar efectivos militares previa etapa de preparación y generar una nueva fuerza policial adicional como existe con éxito en varios países (Chile, España, Italia, Francia). Esa policía dependería operativamente del Ministerio del Interior y funcionalmente del Ministerio de Defensa. Sumarían sus esfuerzos en la lucha contra el delito, control de frontera, lucha contra el abigeato, incluso desde el patrullaje de nuestras calles. No tenemos prejuicios ni tapujos en defender esta propuesta. Porque ponemos en primer lugar el derecho de la gente a estar segura. Presentamos un proyecto de ley en abril del 2009. Estamos dispuestos a dar esa discusión.

También proponemos reforzar en número a la Guardia Republicana, llevándola como objetivo, a 3500 efectivos, ya que hoy su composición es escasa, llegando apenas a unos 700 integrantes.

Otra medida concreta es sustituir a la «policía estacionaria», aquella destinada a custodia de edificios públicos y embajadas por efectivos militares y de esa forma destinar esos policías -unos 600- para patrullaje.

Una política integral de seguridad impone también una reformulación de la política penitenciaria pasando por construir cárceles por medio del mecanismo de los proyectos de participación pública privada.

Supone también aumentar las penas a delitos sobre tráfico de drogas y personas.

Hay que ser más severos contra el delito de abigeato, un delito que afecta a las familias que trabajan el campo.

Una política de minoridad que aumente el tiempo de reclusión de los infractores, llevando el máximo hoy ubicado en 5 años, a 10, para los que cometan infracciones gravísimas, esa es una medida que permitirá una mejor política de resocialización sin tener que mezclar menores con mayores.

Estos son instrumentos de nuestra visión sobre la seguridad ciudadana; nuestra visión sobre la lucha contra la delincuencia.

Que no admite tampoco liberar ni tolerar ningún tipo de drogas, ni marihuana ni cocaína, ni nada que exponga a nuestra sociedad a nuevos y peores problemas. Si una ventaja tenemos, es nuestra escala, con poco más de tres millones de habitantes, no podemos resignarnos y rendirnos ante las drogas y la delincuencia.

Tenemos el imperativo de alcanzar la Paz Ciudadana, que es lo que los uruguayos nos merecemos.

Hay que animarse a recuperar orden, respeto y autoridad.

Jorge Larrañaga.

 

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