por Marcelo Márquez. Los miramos, generalmente de costado, con lejanía, con rechazo, y hay quienes los consideran la escoria de la sociedad.

Son los reclusos que privados de su libertad, en su inmensa mayoría, están “pagando” por delitos cometidos.

¿Qué hacer con ellos? Constituyen un elemento central de la seguridad humana de un país: la reincidencia en el delito del 65% no es otra cosa que un círculo perverso que nos debilita e interpela como sociedad, máxime, si en los próximos meses, estaremos llegando a los 13.000 presos en Uruguay.

En las administraciones de gobierno del Frente Amplio han existido avances en el otorgamiento de derechos y en mejoras del sistema. Cierto.

Pero la administración encabezada por Luis Lacalle Pou, y su brazo ejecutor a cargo de Jorge Larrañaga y su equipo del Ministerio del Interior trabajan con una visión como norte: otorgar todas las posibilidades para que el recluso tenga la opción de –a pesar de las condiciones difíciles que afronta, pueda ser cada día mejor, de reahabilitarse, con el objetivo que al cumplirse la pena, se puedan reinsertar en la sociedad.

Para ello, por ejemplo, en diciembre se pondrá en funcionamiento el primer centro de Preegreso del centro penintenciario.

Hay una tarea muy importante para desarrollar también desde la Dirección Nacional del Liberado (DINALI).

Pero de la mano de esta apuesta humanista también hay una visión de ser más eficiente como administradores, porque, por ejemplo, si los presos plantan papas, el Estado erogará mucho menos en alimentos, y si construyen ladrillos, no sólo ahorrarán, aún pueden llegar a generar nuevos recursos.

Es el Plan de Dignidad Carcelaria.

Pero dejemos que nos expliquen las acciones el propio ministro Larrañaga y el Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana Santiago González, en la reciente concurrencia al Parlamento el pasado 29 de setiembre en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Larrañaga manifestó: “Otra de nuestras prioridades es abordar lo relativo a la cárcel y la rehabilitación, porque ahí tenemos un lío, un problema grave. Al término de este año vamos a tener más de 13.000 presos. Para los delincuentes no hubo pandemia -con esto siempre discrepé; no rehúyo la polémica en este sentido pero tampoco la quiero potenciar-; tuvieron un período de franquicia entre el 13 de marzo y el 14 de abril en donde estuvieron más apretados pero cambiaron las modalidades criminales. Desde el 1º de marzo hubo más de 5 presos nuevos por día; tenemos 1.034 presos más entre el 1º de marzo y ahora, lo que llevó a que tengamos 12.814 presos en la actualidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cárcel, con los 26 establecimientos penitenciarios del Uruguay, es un importantísimo problema que quiero que se comprenda. A los efectos de abordarlo, hemos implementado el Plan de Unidad Carcelaria 2020-2025, que supone un trabajo coordinado con otros organismos estatales y 12 con organizaciones sociales y familiares, entre otras. La cárcel en el Uruguay -esto no es de un gobierno, sino que se arrastra desde hace muchísimo tiempo- rehabilita como excepción, y eso hay que revertirlo, primero como criterio humanitario, segundo como mandato constitucional y tercero para cortar el circuito de reincidencia delito, cárcel, delito, cárcel, con una reincidencia superior al 65%. Si observamos esta situación por pabellón de algunos centros carcelarios, vemos que cuando hay un número importante de libertades concedidas por obra de la justicia, ese día y los siguientes aumentan las rapiñas. Con claridad vemos a personas que salen de la cárcel recuperando la libertad y se incorporan inmediatamente al delito. Por otro lado, tenemos que reparar plazas que se encuentran destruidas. En la cárcel de Punta de Rieles, construida por PPP, habría por contrato capacidad para 1.950 presos, y hay 1.560. Ustedes me dirán que tenemos 400 plazas más; pero no, porque tenemos 400 plazas vandalizadas. Ustedes dirán que por el contrato no pagamos por esos presos que no ocupan las 400 plazas vandalizadas, pero sí, pagamos; le damos de comer a presos que no están presos, es decir, pagamos como si estuviera la cárcel llena. El proceso de vandalización ha sido importante, la reparación es cuantiosa y está a cargo del Estado. Esta es una realidad que apreciamos ni bien ingresamos: ese centro que fue concebido como una cárcel de media y baja seguridad, debido a la población que ha ingresado, ha terminado con una situación extremadamente compleja. Hoy hay 1.800 personas -esto lo dijimos en la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria- que duermen en el piso. Hemos hecho un esfuerzo en ese sentido; conseguimos madera y estamos haciendo 2.000 camas con el trabajo de los propios presos. Hay módulos carcelarios que yo mismo he visto -esto también lo hemos informado a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria que se encuentran en una situación de precariedad absoluta. Las cuchetas de hormigón se fueron destrozando en la búsqueda del fierro de adentro, para achatarlo, afilarlo en el cemento y hacer los cortes carcelarios, lo que provoca que el preso termine durmiendo en un colchoncito que cada vez se afina más, porque el polyfom se achata en el suelo. Esta es una realidad que hoy tenemos que enfrentar porque el hacinamiento carcelario es evidente, acuciante y verdaderamente preocupante. Estamos reparando los módulos 10 y 11 del Comcar. El Comcar es el monumento -en esto todos tenemos responsabilidad- a lo que no se hace en ninguna parte del mundo: tener una cárcel de 3.500 presos. Con el INR, con Convivencia y Seguridad Ciudadana y con el Hospital Policial hemos tenido que separar las visitas, lo que fue acordado con los propios presos. Puede recibir una visita cada preso, separando los horarios de visita porque, de lo contario, toda esa visita junta al mismo tiempo era realmente impresionante. Ahora estamos próximos a habilitar que el 12 de octubre, con los protocolos correspondientes, se habilite el ingreso de un hijo por persona privada de libertad, porque las personas privadas de libertad no pueden ver a sus hijos desde hace meses. Esta es la realidad que está aconteciendo hoy. Estamos llevando adelante los pasos para que dentro de unos días se pueda concretar esa respuesta y dar una solución al tema.

Estamos procurando rearmar módulos y llevar adelante reparaciones en celdas que no son celdas, porque las rejas están rotas y de noche, lamentablemente, los presos salen de esos módulos y tienen una libertad casi ambulatoria, a piacere, y muchas veces van a generar rapiñas a otros módulos carcelarios.

Esta es la realidad que acontece a quince minutos de acá y no es posible controlarla con los operadores carcelarios ni con los policías, debido a los escasos recursos humanos que tenemos. Deberíamos tener a toda la Guardia Republicana metida adentro del Comcar. Ni hablar de los servicios de agua ni de los servicios eléctricos. El otro día tuvimos un corte de luz y, por suerte, una persona privada de libertad nos ayudó, conjuntamente con la UTE, que nos dio una mano y pudimos repararlo, pero imaginen lo que es una cárcel de 3.500 presos sin luz eléctrica. Es una invitación al caos y al motín inminente. También hemos previsto los daños a la propiedad en la Ley Nº 19.889. Han acontecido situaciones de destrucción que ya han tenido intervención de los jueces. Asimismo, tenemos en la institución carcelaria el problema de las adicciones a las drogas. Un porcentaje muy alto de personas privadas de libertad en todo el país es adicto. Y pueden ser adictos a otras cosas, no solamente a drogas, sino también a medicamentos. Muchas veces reciben medicación psiquiátrica y no la consumen. Luego, venden esas pastillas dadas por los propios médicos, que no fueron consumidas de inmediato cuando fueron recibidas. Lamentablemente, es así. Digo esto para que tengan una idea de qué es de lo que hablamos. En el Comcar hay más de 600 privados de libertad que tienen medicación psiquiátrica diaria por parte de ASSE, además de la atención sanitaria brindada por personal del Hospital Policial, con un costo de $ 52.000.000 en traslados, médicos, etcétera. Estamos hablando de un trabajo con ASSE, con el doctor Cipriani. En cuanto a salud mental, también tenemos un plan piloto con el doctor Henry Cohen, quien preside la clínica ECHO, que es un proyecto que tiene base en Estados Unidos y financiamiento BID. Se trata, precisamente, de procurar atender adicciones y salud mental, porque aquí el tema central no es el respeto de la autoridad carcelaria -eso va de suyo y es fundamental-; acá el fin y el objetivo en materia carcelaria es la rehabilitación.

Si no tenemos éxito en el camino de la rehabilitación, es absolutamente imposible tener éxito en política criminal.

También dentro de lo que hace a este tema de cárceles, hemos reabierto hace unos días -lo celebramos muy especialmente y lo agradecemos en forma pública- una oficina del Ministerio de Desarrollo Social dentro del Comcar para que también prepare a la gente para el día después.

Hemos visto que a la salida, prontos para ser liberados, hay muchachos que apenas tienen el dinero del boleto del 127.

Esto es realmente complejo, porque en muchos casos no hay nadie que los espere ni hogares a dónde ir. Por eso, hay muchísimas personas privadas de libertad que, al recuperarla, entran inexorablemente en situación de calle, lo que genera otras 14 complejidades que advertirán los señores diputados. Estamos trabajando en esa línea.

En el mes de diciembre seguramente inauguraremos el primer Centro de Pre egreso, que tendrá capacidad para unas ochenta personas privadas de libertad.

La idea es que, al saber que va a recuperar su libertad, esa gente, en determinado tiempo, tenga un período de adaptación de tratamiento y de preparación para ese día después. Tiene que ser un centro de salida de la cárcel, pero de no retorno, porque si no, lamentablemente, la tarea de rehabilitación no se da. Estamos trabajando de muy buena forma con la Secretaría Nacional de Deporte en la práctica de deportes en los establecimientos carcelarios. También el tema del trabajo es fundamental. Voy a citar una pequeña cuestión que revela la realidad. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene un gasto anual de papa de aproximadamente US$ 654.000. Los economistas del Ministerio de Economía y Finanzas preguntaban cómo se llegaba a esa cifra. Si dividimos esa cifra entre la cantidad de presos, da que cada preso consume $ 6 de papa por día en dos comidas. Digo esto, para mostrar la magnitud que significa esto. Y tenemos 1.000 hectáreas de terreno, propiedad del INR, que podríamos usar para el trabajo de aquellas personas privadas de libertad que quieran, a los efectos de poder dotar de mejores condiciones a los centros carcelarios. Inclusive, ahora estamos trabajando en un plan piloto de plantación con la Asociación de Productores de Semilla de Papa del Uruguay, en Libertad, que es la capital nacional de la papa. En esa línea, también tenemos distintos oficios y trabajos a través de una nueva reformulación del polo tecnológico, algo que nos parece absolutamente fundamental. Buscamos determinadas líneas de trabajo que nos permitan nutrirnos de elementos para mejorar la comida de los presos. Además, por la pandemia, al restringirse las visitas y al avanzar la crisis en muchas familias de los presos, aquellas cosas que ingresaban a la cárcel se cortaron; eso afecta mucho. Hemos recibido donaciones de privados. Por ejemplo, la empresa Efice S.A. nos ha donado el equivalente a todo el cloro que se pueda utilizar en todos los establecimientos carcelarios del país. Quiero consignar eso porque estamos en una política de mano extendida. Estamos recurriendo a la sociedad civil y estamos recibiendo una mano importante. Aunque parezca poco verosímil, hay una ayuda importante de la sociedad. Hemos hecho convenios con empresas privadas para instrumentar el peculio previsto en el artículo 188 de este proyecto de ley de presupuesto.

Por primera vez en la historia del INR, se está entregando papel higiénico a los presos.

Ustedes dirán: «¡Este no es un tema para tratar en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Parlamento nacional!». ¿Saben que sí? La ausencia del papel higiénico terminaba con los colchones, que se iban en pedacitos, aunque a ustedes les parezca mentira. Esa es la realidad, con el desastre de la eclosión del sistema sanitario y de cañerías que revientan en muchos de los establecimientos carcelarios. A nivel educativo, celebramos convenios con Inefop para el dictado de cursos. Estamos buscando formas de trabajo de los privados para llevar adelante la ayuda al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y al directorio de Mevir. La idea es hacer convenios de trabajo. Hay mucha gente capacitada y hay que desarrollarles esos oficios. Tenemos un convenio con la Facultad de Medicina y la organización Nada Crece a la Sombra. Por primera vez, para todas las mujeres privadas de libertad -alrededor de setecientas en todo el país-, hemos instrumentado algo que ya comenzó; me refiero al Papanicolau para todas esas personas privadas de libertad. Nos parece algo esencial y lo logramos llevar adelante. Estamos cerca de terminar la Unidad Nº 5, que es la que concentra la mayor cantidad de mujeres privadas de libertad”.

Ministerio del Interior
Trabajo con privados

Santiago González. El artículo 188 está enmarcado dentro del Plan de Dignidad Carcelaria. Como muchos saben, en las cárceles el trabajo es escaso y lo que se realiza, básicamente, son labores de ranchero y de fajinero, que es el deber ser diario. Con este artículo se pretende que el peculio que paga el Estado al día de hoy a los privados de libertad también pueda hacerse por parte de los privados y que para muchas empresas sea tentador ingresar a trabajar a las cárceles para generar mano de obra verdadera y hábitos de trabajo, y nos ayude en la rehabilitación que venimos impulsando en todas las cárceles del país. Creemos que será un impulso muy importante, que nos generará cientos de puestos de trabajo, y que será un ganar-ganar para todos porque al día de hoy esas personas viven gran parte de su día encerradas en una celda.

Pre egreso

Se hicieron varias preguntas sobre el centro de preegreso, cárceles, etcétera. Lo que en primer lugar queremos aclarar es que cuando comenzamos nuestra gestión el 1º de marzo, viendo las necesidades infinitas de las cárceles por su pésimo estado, el ministro nos solicitó que hiciéramos convenios con el resto de los organismos del Estado para coordinar. Cuando se habla del costo que tendrá un centro de pre egreso hay que tener en cuenta que a la cárcel ingresará el Mides, como ingresó el viernes pasado en una oficina por primera vez en la historia; hicimos convenio con la Secretaría Nacional del Deporte; hemos hablado con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y cambiamos un poco la lógica: en vez de adquirir bienes como ladrillos, los estamos fabricando nosotros, lo que antes no se hacía. Con respecto al centro de pre egreso que es el primero -el segundo estará frente a los módulos 10 y 11 en la parte de abajo del Comcar-, la idea es que estos setenta y nueve privados de libertad tengan el mismo costo que el resto. Hay personas preparadas para atenderlos. La lógica es básicamente una confianza absoluta: puertas y no rejas; todos cocinan; todos limpian; todos se sientan a comer cuando terminan de cocinar; se ponen de acuerdo en el horario para ver televisión y qué canal ver; todos trabajan; no hay cortes; no hay drogas. Esto va de la mano con el convenio firmado por el ministro con el Ministerio de Salud Pública -particularmente con la clínica ECHO del doctor Henry Cohen- con los centros de adicciones y salud mental. Entonces confluyen muchas áreas del Estado aportando cada uno sus recursos humanos -la parte más cara- y nosotros la mano de obra de los propios privados de libertad de los centros de preegreso. Eso por el lado del primer centro de pre egreso que terminará de construirse en diciembre en el Comcar. Con respecto a las cárceles del interior, quedan cuatro en Jefatura; las encontramos en una situación realmente lamentable, penosa: no tienen patio, están totalmente superpobladas, totalmente rotas, datan del 1800 y tantos. Planteamos cárceles chicas para contener hasta cuatrocientos privados de libertad, de un solo piso. Los proyectos de cárcel de más de un piso salieron todos mal. La idea son cárceles parecidas a la de Florida, Campanero o Rocha que tengan la posibilidad de adecuarse a ese número. También planteamos la posibilidad -quizá lo tenemos que realizar con privados de libertad, con mano de obra nuestra- de la expansión de la cárcel de Salto porque es un departamento con una cantidad muy importante de presos. Y para eso estamos hablando con el director general de Secretaría, doctor Calabria. En cuanto a la forma de erogación de estas cárceles, como bien decía el ministro, el Ministerio tiene una cantidad de patrimonio, títulos de propiedad: iremos viendo cómo nos podemos proceder con eso. Queremos dar cuenta de que se utilizará mucha mano de obra de privados de libertad. Con respecto a la comida, salvo un pequeño puñado de hectáreas de la unidad 2 -chacra del Penal de Libertad-, encontramos 1.000 hectáreas de chircales.

Estamos convencidos de que la comida que tenemos hoy es poca y mala.

El INR compraba mal, nos vendían cualquier cosa; hay que ir a ver lo que se compra: la papa que entregan, por ejemplo. Así como los 600.000 kilos de papas, gastamos US$ 1.500.000 en carne de cerdo y nos dan el peor del Uruguay por lejos. Y lo compramos a una cooperativa porque estamos obligados a ello. Debemos intentar -y en eso el ministro está conversando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- ser autosuficientes y autosustentables con un doble fin: mejor y más cantidad de comida y que los privados de libertad trabajen y aprendan el oficio del área que sea, láctea, carne, oveja, chancho o tierra para cultivar.

«Pelota al Medio a la Esperanza» es un programa de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana que creció y se multiplicó. Tiene tres áreas, cuatro, si se quiere: proyectos Moña, Plaza. Moña ya está en treinta y tres escuelas del área metropolitana y estamos incorporando la tercer plaza de Montevideo. Ingresamos a las cárceles con un equipo más grande, no solamente de rugby, sino también boxeo, fútbol y otros deportes con la Secretaria Nacional del Deporte, y también fútbol universitario sub-19 y sub-23. En particular el programa «Nada Crece a la Sombra» es hasta fin de año. Se viene haciendo el test de salud sexual y reproductiva y papanicolau a todas las privadas de libertad. Luego se verá el desarrollo de ese convenio, pero no pertenece a una unidad del Ministerio del Interior.