El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra a lo grande cada 15 de marzo, es cuando todo empezó el 15 de marzo del 63, cuando el presidente de los EEUU, John F. Kennedy, pronunció ante el Congreso de ese país un discurso ofreciendo su visión acerca de los derechos de los consumidores, convirtiéndose en la primera vez que un político haya establecido esos principios de manera formal. «Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas… Pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados».

Algunos años más tarde, a partir de 1983, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 15 de marzo (en conmemoración del discurso de JF Kennedy, el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. En el año 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció las directrices necesarias dirigidas a la protección de los consumidores a nivel internacional y demostró que el reconocimiento y la defensa de estos derechos representan un índice de progreso tanto económico como social. Así y desde esa fecha, las organizaciones de consumidores e instituciones ligadas al tema conmemoran este día, tratando asuntos concretos y primordiales para la sociedad, relativos a materias de consumo y al derecho ciudadano, como son el de la libre elección de un bien o servicio y la seguridad en el consumo.

Los derechos de los consumidores abarcan ámbitos tan diversos como las compras, seguridad de productos, la entrega de suministros de gas, agua o luz, o la protección frente a los productos financieros entre otros. Facilitar a las personas consumidoras, el conocimiento de sus derechos.

La transformación digital llegó sobre todo durante la pandemia, no es un fenómeno nuevo, sin embargo, ha tenido un crecimiento cuantitativo exponencial. Todos nos volvimos un poco más consumidores digitales, y esto se representó en diversas cifras que se proyectaron a lo largo de este tiempo. Un poco por la necesidad, un poco por la imposibilidad–de otras formas de contratación- pero el comercio electrónico se se intensificó. Así, la principal problemática giró–y gira- entorno a la idoneidad de los productos, el tiempo de entrega, la seguridad de la transacción, la protección de datos personales, el cumplimiento de las garantías y la reducción del riesgo al fraude; todas estas aristas involucran un compromiso de la autoridad administrativa y los proveedores, al momento de brindar a los consumidores herramientas virtuales que otras eran incipientes o inexistentes, pero que en un contexto actual, se hacen indispensables

El crecimiento económico de nuestro país ha impulsado un mercado cada vez más dinámico y competitivo, donde las transacciones comerciales se multiplican y adquieren mayor complejidad. Este proceso ha generado un entorno en el que los consumidores y proveedores interactúan constantemente, dando lugar a relaciones de consumo que requieren reglas claras y mecanismos efectivos de protección. A medida que estas interacciones se diversifican, también surgen nuevos desafíos, especialmente en la prevención y resolución de conflictos derivados de dichas relaciones.

Por eso decimos que se evidencia la diferenciación social y económica en el acceso a bienes y servicios, esta realidad no solo trajo consigo una serie de desafíos– pocos cumplidos- entorno a la protección de determinados sectores que se consideran vulnerables, y que, si bien ya encontraban protección en la legislación, su particular situación hace pensar en una atención especial.

De alguna u otra manera hacemos alusión a los grandes grupos vulnerables reconocidos internacionalmente como los niños, niñas, mujeres, mayores de 70 años, personas con discapacidad, a las que, por añadidura, y considerando a un país como el nuestro, podríamos mencionar a las personas adultas mayor. Estos grupos en su conjunto, pueden evidenciar mayores dificultades en el acceso al consumo, de ahí que se pueda categorizar a través de un concepto amplio y dinámico.

Siendo el consumo un elemento fundamental que acompaña la vida entera de los individuos, su tutela y cuidado constituye un derecho fundamental que se integra a derechos semejantes como los sociales, culturales, económicos, etc. Así, los consumidores tienen derecho a elegir, a recibir educación que impactará en la futura toma de elecciones de bienes y servicios, derecho a la seguridad, a adquirir productos y servicios competitivos, entre otros. Mediante este día se asume el rol fundamental de los consumidores en la defensa de sus derechos a adquisición de productos y servicios de calidad, que no dañen ni a terceros ni al medio ambiente.

Desde la adquisición de productos esenciales hasta la contratación de servicios especializados, cada transacción debe regirse por principios de responsabilidad, equidad y transparencia. Por ello, es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y que los proveedores cumplan con sus obligaciones, asegurando así relaciones de consumo justas y equilibradas.

La información es un derecho fundamental del consumidor y una obligación ineludible del proveedor. Para que una persona tome una decisión de consumo informada, debe contar con datos claros, suficientes y oportunos sobre los productos o servicios que adquiere.

Si bien se han logrado avances significativos, persiste la necesidad de seguir promoviendo la causa y la innovación.

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor sigue siendo una plataforma crucial para promover la colaboración, impulsar el cambio y empoderar a los consumidores para que puedan navegar por las complejidades del mercado global en constante evolución como consumidores informados y empoderados.

Sirve como un poderoso recordatorio de que la protección del consumidor no es solo un derecho, sino también una responsabilidad compartida. Es un llamado a la acción para que individuos, empresas y gobiernos trabajen juntos por un mercado más equitativo, transparente y seguro para todos.

Al empoderar a los consumidores mediante la educación, la concientización y la defensa, podemos construir un mundo donde se respeten y defiendan sus derechos, lo que conducirá a un futuro más sostenible y ético. Juntos, podemos crear un mundo donde los derechos del consumidor no se celebren solo un día, sino que se protejan y promuevan activamente a diario.

En conclusión, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor nos recuerda que los consumidores informados son consumidores empoderados.

Al comprender nuestros derechos y ejercerlos eficazmente, podemos protegernos y contribuir a un mercado más ético y sostenible Conocer nuestros derechos y exigir su cumplimiento contribuye a construir un mercado más transparente y confiable. Como consumidores, tenemos el poder de tomar decisiones informadas, y como proveedores, la responsabilidad de actuar con ética y respeto.

Por lo demás, el Día mundial de los Derecho del Consumidor, se circunscribe a sus orígenes, la voz de quien es y será el protagonista del mercado, y el reconocimiento y respeto de sus derechos, hoy más que nunca, puestos en tensión por el equilibrio entre las reglas del mercado y la dignidad de la persona humana.

Adriana Besso

Consultora Internacional en Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

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Estaba preparando el artículo para esta nueva edición, cuando vi diciembre, y, fue como un shock: ya pasaron 12 meses. Cuando era chica, para mí había 2 clases de tiempo: el de los juegos que se pasaba muy rápido, y, el del colegio que era mucho más lento.

Pero ahora el tiempo me parece más vertiginoso no importa que este haciendo ni dónde. La vida hoy también te lleva a tomar más recaudos sobre todo con la inseguridad que a diario vivimos.

Si bien la Navidad es época de festejos no debemos olvidarnos que también debemos cuidarnos, ser responsables como consumidores que somos. ¿Estás pagando las compras navideñas con la tarjeta? Compra con cabeza para evitar endeudarte en exceso. Aplazar el pago o recurrir siempre al crédito puede convertirse en un arma de doble filo.

Es importante generar una conciencia responsable sobre el consumo. Es por eso que hoy quiero abrir un debate sobre un tema que nos atañe a los uruguayos que somos usuarios de tarjetas de crédito.

Es real que millones de ciudadanos/consumidores enfrentamos un enemigo silencioso en la economía de nuestros hogares. La consecuente pérdida del poder adquisitivo de las familias, el endeudamiento ocupa un lugar central de las economías domésticas, y no solo transitorio sino como problema estructural sostenido en el tiempo.

Las tarjetas de crédito fueron hechas como un “alivio” para solventar los gastos a largo plazo de las familias. Y en un estudio reciente de acuerdo a datos del Observatorio Fiserv vemos que los uruguayos han aumentado este año en un 20% el uso de la tarjeta de crédito ya para compras de supermercados, combustible, salud, y lo realizan en cuotas. Es decir, apuestan a compras domésticas, pesando los gastos esenciales. El uso de las tarjetas de crédito sigue en alza y se afianza como la herramienta financiera más utilizada por los hogares para cubrir los gastos del mes.

Es cierto que los proveedores de servicios financieros buscan atraer a los consumidores mediante estrategias comerciales que incentivan la colocación y el uso de este valioso medio de pago. Promociones, beneficios exclusivos, millas para viajes, el pago a tasa cero o tarjetas asociadas a establecimientos específicos con descuentos, forman parte de una competencia constante por captar nuevos usuarios o incrementar el uso de quienes ya las tienen, incluyendo su círculo cercano.

Sin embargo, lo que empezó como una herramienta se ha convertido en una trampa financiera debido a excesivos intereses y cobros indebidos que muchas veces pasan desapercibidos en los estados de cuenta que llegan mes a mes como puñales digitales a manos de los usuarios crediticios que no comprenden cabalmente la dinámica del uso del plástico.

En un escenario de salarios que corren detrás de la inflación, cada vez más personas recurren al crédito para sostener el consumo, aunque el costo de financiarse continúa siendo alto.

El pago mínimo puede ser un alivio momentáneo, pero su uso prolongado genera una deuda difícil de manejar.

Las tarjetas de crédito suelen aplicar tasas muy altas sobre el saldo financiado, y el pago mínimo es un mecanismo que sirve principalmente para cubrir intereses, prolongando indefinidamente la deuda. Es así que, a pesar de las posibilidades de compra que ofrece este tipo de medio pago, cuando su uso excede la capacidad real de pago de sus titulares, las tarjetas se transforman en un instrumento de endeudamiento que termina afectando la estabilidad financiera y emocional de muchas personas.

Instrumento de endeudamiento

El atraso en los pagos o abonos menores a lo adeudado puede convertirse en una espiral creciente de deuda, -tanto de la deuda principal como de los intereses que deben agregarse-, que genera un círculo de tensión y pérdida de tranquilidad. Sin embargo, a pesar de las posibilidades de compra que ofrece este tipo de medio pago, cuando su uso excede la capacidad real de pago de sus titulares, las tarjetas se transforman en un instrumento de endeudamiento que termina afectando la estabilidad financiera y emocional de muchas personas. Es clave conocer sus riesgos y buscar alternativas para mantener la salud financiera.

Para determinar los costos reales de consumir con tarjeta de crédito conocer los intereses, cargos y comisiones juegan un papel fundamental y es necesario conocerlos. No todos los intereses que debemos afrontar por el uso de las tarjetas son iguales.

Existen tres categorías distintas que debemos conocer bien para no terminar atrapados en una telaraña de gastos mensuales crecientes que pueden llevarnos directamente al clearing. La crisis económica golpea con fuerza a las familias de nuestro país, que cada vez tienen más dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Cada vez es más amplio el porcentaje de consumidores/usuarios del sistema financiero que se encuentra en situación de morosidad, ya que está en «mora simple», es decir, sólo paga el mínimo mensual, o en préstamos incluso abona menos la cuota con todo lo que eso implica. Podemos ver una situación clara abonando el mínimo de la tarjeta es cuando en una casa ya no hay margen para los pequeños placeres: “Si puedo, pago el total; si no, lo financio en cuotas. Pero los gustos se terminaron. Ya no existe salir a comer o al cine o comprar ropa, menos irme a algún lado, solo se puede sostener lo básico” palabras de quien vive esta situación.

Lo que se ve es que la tarjeta de crédito se usa para completar el costo de vida diario. La gente paga servicios con lo que tiene en efectivo y luego recurre a la tarjeta para gastos como el supermercado. Si no se cumple con el total del pago existe la posibilidad de un sobreendeudamiento, que puede dificultar el cumplimiento de la deuda y generar distintos problemas financieros a futuro.

Deterioro adquisitivo

Los datos nos muestran con crudeza el deterioro del poder adquisitivo y la dependencia creciente del financiamiento vía tarjeta, a tasas que superan ampliamente cualquier aumento salarial.

Por eso es que se insiste en que el Estado debe intervenir con medidas concretas de alivio, control de tasas y regulación de las entidades financieras.

La utilización del plástico envuelve ciertos riesgos para el consumidor en la medida en la que se trata de una forma de incentivar el consumo sin una delimitación específica del uso eficiente (o no) a la que puede dar lugar, devengando intereses y justificando el cobro de comisiones por su carácter rotativo. Pero, adicionalmente a ello, su uso puede dar cabida a fenómenos de sobreendeudamiento, que pueden incidir en la vida de los consumidores como una causa de marginación social, y, en el sistema en general, como un factor de la disminución de la demanda interna y la generación de un espiral que puede impactar, incluso, en la estabilidad del sistema financiero.

El crédito es un mecanismo indispensable en la adquisición de bienes y servicios esenciales para la vida, además de permitir la adquisición de bienes de consumo. Una de las causas que favorecen el sobreendeudamiento implica otorgar créditos sin observar las condiciones crediticias, como la capacidad de pago y endeudamiento en otras instituciones financieras. Además de los problemas derivados de la escasa educación financiera y la constante publicidad, no se puede ignorar situaciones imprevistas para el usuario de servicios financieros, como es el caso de quienes inesperadamente pierden su trabajo, sin poder saldar sus deudas, lo que los lleva a formar parte de la lista de personas sobreendeudadas. Es un hecho que las sociedades tienden a vivir en una cultura de endeudamiento, que se ve agravada por el otorgamiento excesivo de créditos. En el caso de nuestro país, tales tácticas desencadenan el sobreendeudamiento, lo que genera serios problemas sociales y, por lo tanto, merecen ser analizadas y tratadas.

Cabe señalar que el sobreendeudamiento es una condición en la que se encuentra el consumidor individual, ante la falta de recursos financieros suficientes para pagar sus deudas sin perjuicio de su propia subsistencia o la de su familia. el endeudamiento es la condición financiera de los deudores bajo la cual su endeudamiento es excesivo en términos de sus ingresos y su capacidad de pago, lo cual lo pone en riesgo de afectar su calidad de vida y la de sus familias.

El sobreendeudamiento puede ser definido como la imposibilidad del deudor para pagar sus deudas excluyendo las deudas tributarias, tras pasar por una dificultad que afecte su capacidad de ingresos. Como también afecta considerablemente al consumidor de buena fe, cuyo propósito inicial era pagar sus deudas, pero dejó de hacerlo por una razón imprevista y ajena a su voluntad.

Por eso, en el proyecto actual que se trata en la Comisión de Hacienda de Diputados no puede ser que se esté dejando consumidores/usuarios del sistema financiero afuera porque tengan un inmueble de mayor valor a lo que están estableciendo cuando es posible que sea persona tenga deudas, y ese bien haya sido comprado en otra época, o lo heredo de su familia que si lo tendría que comprar hoy no pudiera. Además, no se ajusta a la realidad actual que vive la sociedad uruguaya la clase media esta también endeudada, no hablen de esa forma que divida, ya que hay que tomar en cuenta quienes no han caído aun fuera del sistema, debido a que están abonando esos mínimos en sus tarjetas que incluso están sacando préstamos para abonarlas, o incluso vivir diariamente. Legisladores tomen en cuenta toda la sociedad, los consumidores/usuarios endeudados en su conjunto. Hago un llamado a las autoridades a revisar las políticas de interés y regular con mayor firmeza los cobros permitidos por las entidades financieras.

Las tarjetas de crédito dan cuenta de un producto financiero extremadamente complejo, en especial, en lo referente a las destrezas que deben asumirse de parte del consumidor para la comprensión, no sólo de sus términos, sino de las consecuencias de su utilización en su economía personal.

“Sociedad de consumo”

El sobreendeudamiento es un resultado previsible en la construcción de una “sociedad del consumo”, por lo que el ordenamiento no puede ignorar que sólo la modulación de los estándares de racionalidad que soportan las reglas generales del Derecho de las obligaciones permite su reconsideración, constatando que nos situamos ante una relación que confronta al consumidor a un concedente profesional del crédito. Ello, sea porque el deudor no ha podido ponderar adecuadamente su propio riesgo de incumplimiento en atención a sus dificultades para la evaluación de su solvencia, sea porque no logra proyectar los efectos de su decisión de consumo (y, por tanto, de financiamiento) en situaciones trágicas que mermarán sus posibilidades de pago. Lo anterior no puede ser ignorado por el emisor de la tarjeta, precisamente porque su deber de profesionalidad, reconocido expresamente en el ámbito de la regulación de protección de los derechos de los consumidores, importa una evaluación de riesgos y la recolección de la información necesaria para poder llevar a cabo tal ponderación. De ahí que un otorgamiento irresponsable de crédito, en casos en los que pudieron preverse dificultades de pago, no justifica todos los extremos de la responsabilidad patrimonial.

Es innegable que el crédito permite resolver el problema del acceso a financiamiento de muchas familias para adquirir bienes e incluso son indispensables para su bienestar. No existe duda respecto a la importancia del crédito para generar crecimiento, puesto que, al proporcionar un mayor consumo, se permite a las empresas producir a una escala más grande y contratar más trabajadores, lo cual aumenta el poder adquisitivo de la población, con una mejora en su nivel de vida. Además de incluir financieramente a las familias, el crédito también puede llevarlos a la exclusión social, dependiendo del modo en que se administren las facilidades crediticias obtenidas y las condiciones crediticias. La sociedad hoy en día depende del crédito, debido a que, en situación de vulnerabilidad económica, es esencial para la subsistencia del individuo.

Lo que actualmente se observa es el inmediatismo por consumir cada vez más, y la negligencia de las instituciones financieras al otorgar el crédito, sin evaluar con cautela y responsabilidad la capacidad crediticia del individuo.

Por eso, lo que se apruebe debe ser justo y de ayuda para todos los consumidores de buena fe. Además de la deuda acumulada y la calificación crediticia desfavorable, el consumidor sobreendeudado debe soportar el estigma del sistema financiero, causado por la inserción de su nombre en centrales de riesgo, donde será considerado un mal pagador. Significa decir qué, a partir de ese momento, cualquier actividad que requiera de una evaluación crediticia será denegada a ese consumidor. Muchos de estos consumidores dependen del crédito para su propia subsistencia y la de sus familias, por lo que el daño causado como resultado del impago es inmensamente superior a los índices de morosidad que representan.

La dignidad del ser humano merece el mismo respeto y consideración por parte del Estado y la comunidad.

Educación Financiera

Llegando a este punto surge una pregunta fundamental: ¿cómo lograr que la interrelación de estos elementos—tarjetas de crédito, endeudamiento, campañas y actividad comercial—, contribuyan al bienestar de los consumidores y no a su detrimento?

La respuesta, radica sin duda, en la educación financiera para ello, es indispensable que los consumidores comprendan el uso adecuado de los medios de pago, conozcan sus límites de endeudamiento y aprendan a distinguir entre necesidad y deseo. Asimismo, deben entender que, si bien la actividad comercial necesita generar ingresos y aprovechar fechas especiales para estimular las compras, el consumo debe realizarse de manera consciente y responsable. De ahí la importancia de insistir, una y otra vez, en el uso responsable de las tarjetas de crédito.

Cuando las tarjetas de crédito se gestionan con criterio y disciplina, pueden ser herramientas útiles y seguras; pero, si se utilizan sin control, pueden convertirse en una fuente de estrés y dificultades económicas que terminan por afectar la calidad de vida de las personas y aumentar los niveles de endeudamiento de la población.

Adriana Besso.

Consultora int en derechos del consumidor.

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India y Pakistán han estado involucrados en cuatro guerras importantes hasta la fecha desde que obtuvieron su independencia de Gran Bretaña en agosto de 1947. También han estado involucrados en docenas de escaramuzas y conflictos demenor intensidad.

En 1947, se crearon dos estados separados, lo que constituyó el “divorcio” más violento de la historia: India, con predominio hindú, y Pakistán, con predominio musulmán. La coexistencia entre ambos países se ha visto empañada por la violencia masiva y los movimientos de población, lo que ha causado heridas irreparables y una gran desconfianza mutua.

La Guerra Indo-Paquistaní de 1947-1948, también conocida como la Primera Guerra de Cachemira, fue un conflicto bélico entre India y Pakistán por el estado principesco de Jammu y Cachemira, una región estratégicamente importante en el Himalaya occidental, al norte de India y Pakistán. India ocupaba entonces aproximadamente dos tercios de la región y Pakistán el tercio restante.

Cabe señalar también que China controla parte de Cachemira, Aksai Chin, en la zona oriental, desde la década de 1960.

Cachemira abarca una superficie de 222.200 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 4 millones de personas viven en la Cachemira administrada por Pakistán y 13 millones en Jammu y Cachemira administrada por la India.

La población de la región es mayoritariamente musulmana. Pakistán controla las zonas norte y oeste, concretamente Azad Cachemira, Gilgit y Baltistán, mientras que India controla las zonas sur y sureste, incluyendo el valle de Cachemira y su ciudad más grande, Srinagar, además de Jammu y Ladakh.

Cachemira no solo tiene importancia estratégica, sino también un profundo valor simbólico para India y Pakistán, países que ambos reivindican plenamente.

Pakistán enfatiza que la mayoría de la población de Cachemira es musulmana y, por lo tanto, la considera una extensión natural de sí misma, mientras que India destaca su carácter multirreligioso y, por lo tanto, la considera parte integral de ella.

Cachemira también se ha entrelazado con la narrativa nacional de ambos países, lo que dificulta políticamente cualquier retirada. El término “Cachemira ocupada por la India” domina el discurso mediático pakistaní, mientras que los libros de texto escolares pakistaníes presentan a la India de forma negativa.

Al mismo tiempo, la región es rica en recursos hídricos, vitales para la agricultura del norte de India y Pakistán. Los ríos más grandes de la región, entre otros, nacen o atraviesan Cachemira. En particular, el río Indo nace en el Tíbet, cruza la India desde la Cachemira india y desemboca en Pakistán, constituyendo la principal arteria del sistema hidrológico pakistaní. Más del 90% de la agricultura pakistaní depende directa o indirectamente de sus aguas. Las aguas del río Indo no solo constituyen un recurso natural, sino también un factor geopolítico.

En 1965, estalló de nuevo la guerra entre India y Pakistán, conocida como la Segunda Guerra de Cachemira, y consistió en una serie de escaramuzas entre las fuerzas militares de ambos países, desde agosto de 1965 hasta septiembre del mismo año.

Los combates tuvieron lugar en esta zona territorial, reclamada por ambos países, y fueron una continuación de las batallas libradas allí en 1947. Aunque la guerra duró solo tres semanas, fue particularmente sangrienta.

La Guerra Indo-Paquistaní de 1971 comenzó con la Guerra de Independencia de Bangladesh, entonces conocida como Pakistán Oriental. El apoyo de la India al movimiento independentista bangladesí fue el origen de dicho conflicto, que fue una continuación de la guerra de 1965 entre India y Pakistán.

La Fuerza Aérea de Pakistán, en una maniobra espectacular, lanzó un ataque preventivo contra bases aéreas en el norte de la India el 3 de diciembre de 1971, con el objetivo de destruir la Fuerza Aérea India en tierra. El ataque aéreo involucraría a la India en la guerra entre Pakistán y Bangladesh, que ya había estallado el 26 de marzo de 1971, y que culminaría con la derrota del ejército pakistaní el 16 de diciembre del mismo año y la posterior independencia de Bangladesh.

La Guerra de Kargil tuvo lugar entre mayo y julio de 1999 entre Pakistán e India en la región de Kargil. La guerra se libró a altitudes de unos 5.000 metros y en condiciones extremas, y fue un conflicto de gran magnitud y letalidad. La guerra causó numerosas bajas en ambos bandos, con estimaciones de unas 527 bajas militares indias y entre 400 y 4.000 bajas pakistaníes.

India y Pakistán, que se estima que poseen el mismo número de ojivas nucleares (India posee 172 y Pakistán 170), se han visto involucrados recientemente nuevamente en un conflicto militar, el conflicto más grave entre las dos potencias nucleares en dos décadas.

El nuevo “capítulo” de tensión se abrió en la madrugada del miércoles 7 de mayo de 2025, cuando India bombardeó nueve objetivos dentro de Pakistán y la Cachemira paquistaní, en represalia por la masacre del 22 de abril de 2025, cuando 25 turistas indios y un ciudadano nepalí fueron asesinados por hombres armados en el complejo turístico de Pahalgam en el valle de Baisaram, lo que provocó una ira generalizada en India.

Desde las primeras horas tras la masacre, Nueva Delhi acusó a Islamabad de apoyar al grupo extremista responsable de este ataque asesino, algo que el gobierno pakistaní negó categóricamente.

Tras cuatro días de feroces enfrentamientos en la frontera entre las dos potencias nucleares, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego el 10 de mayo de 2025, tras una intensa presión diplomática de Estados Unidos, que será gratificante si se consolida y no resulta frágil.

Sin embargo, India es mayor en población, economía y poder militar que Pakistán. La población de India es de 1.438 millones, mientras que la de Pakistán es de 247,5 millones.

También se ubica como la cuarta potencia militar más poderosa del mundo, mientras que Pakistán ocupa el duodécimo lugar.

India también ocupa el quinto lugar entre las economías más poderosas del mundo.

Tras el trágico incidente de Pahalgam, India suspendió el Tratado de las Aguas del Indo de 1960, que dividía los seis ríos de la cuenca del Indo entre ambos países. La suspensión del Tratado por parte de India, una medida de represalia tras el violento ataque, no es solo una medida simbólica, sino que también tiene consecuencias materiales.

Para concluir, quisiera subrayar con énfasis que ambos países deben encontrar finalmente una solución a sus diferencias -lo que ciertamente no es fácil- y avanzar por el camino de una paz duradera, dado que son potencias nucleares y una confrontación nuclear entre ellos, que podría resultar de un error fatal, sería absolutamente devastadora.

Isidoros Karderinis nació en Atenas en 1967. Es periodista, corresponsal de prensa extranjera acreditado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, además de economista, novelista y poeta. Sus artículos e reportajes se han publicado en periódicos, revistas y sitios web de 130 países.

Facebook: Karderinis Isidoros.

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“En la edición del semanario Búsqueda del 27 de febrero al 6 de marzo 2025, una interesante nota de opinión, titulada ‘Dónde están las feministas’, llama la atención. Realiza un homenaje a los movimientos feministas uruguayos que recuperaron las calles en los últimos diez años. Se marca como punto de inflexión de estos movimientos, la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Seguidamente se menciona que, logrado saldar el tema, es decir, que se aprobara la despenalización del aborto, que fortaleció a los movimientos feministas locales, estos pasaron a poner la energía en otros temas. Ante este relato, es necesario preguntar: ¿Cuáles son las razones que han provocado un cambio dramático en las reivindicaciones reclamadas por estos movimientos, mutando de aquellos iniciales de mujeres que lucharon por el derecho a sufragar, que lucharon por la aprobación de la Ley de la silla, que lucharon por el derecho a educarse, que lucharon por licencias maternales, que lucharon por acceder a los mismos derechos que los hombres, a promover el pseudo derecho a matar a sus pares y a aliarse con los grupos de la diversidad sexual?

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, desde la aprobación de la ley de aborto hasta el 31 de diciembre de 2023, han muerto por aborto 106.631 niños. Si como informa el Censo 2023, el 52% de la población de Uruguay está compuesta por mujeres y el 48% por hombres, significa que en esos años han muerto 55.448 niñas y 51.183 niños.

¿Entonces, estos movimientos feministas son realmente de mujeres a favor de las mujeres? Parecería que en realidad lo que buscan es su extinción: alentando el aborto (que es matar a las gestadas, y la mayoría lo hace en el mejor período para ser madres), o retrasando su reproducción (cada vez más mujeres buscan ser madres al fin de su período reproductivo, lo que produce que algunas no lo logren, sufriendo muchas de ellas abortos espontáneos), o promoviendo la nuliparidad (nunca ser madre).

Ojalá las mujeres uruguayas reaccionemos y honremos la dignidad de todas las vidas, las propias y las de nuestras pares que están en el vientre materno y obviamente también la de los varones concebidos, porque hoy esa es la lucha que necesitamos dar, salvar de la muerte a tantas niñas y niños concebidos.

Las cifras oficiales indican que cada día en Uruguay mueren por aborto 30 concebidos: 16 niñas y 14 niños. He aquí un aspecto relevante, vital, en el que las mujeres debemos involucrarnos sin la más mínima demora”.

Gianella Aloise, Dina Boyadji, Viviana De Luca.

En el Día de la Mujer del año 2025.

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Tan opuesto a lo sucedido con el fallecido jugador, Juan Izquierdo. Un hombre joven, un buen hombre -dicen quienes lo conocieron; un esposo, un padre de niños pequeños; manifiestan quienes lo conocieron, que era un buen padre. Cuántos rogamos por su vida, para que sucediera un milagro!

Fuente Imagen: Club Liverpool.

La sociedad uruguaya se conmovió por su muerte; jugadores, cuerpos técnicos, políticos, no hubo camisetas, ni revanchismo que nos separara, la sociedad toda se dolió con su muerte!
También hubo expresiones similares en el exterior; con ejemplos destacables como el del São Paulo Futebol Clube, las expresiones, las acciones, el viaje de algunos integrantes para estar en el velorio, cuánta calidez y solidaridad demostraron! Pasé a ser una simpatizante de este club brasilero de fútbol!
Entonces, me pregunto: ¿Por qué somos indiferentes a tantas muertes por aborto? ¿Por qué seguimos
permitiendo que más y más uruguayos mueran? ¿Por qué hemos aceptado que este país tenga como una práctica la cultura de la muerte?
No hay justificación que valga, porque hablamos de vidas, como su vida y mi vida. Las cifras oficiales del año 2023 muestran que de los 10.898 abortos, 4 abortos fueron por causa de violación, 2 por riesgo de salud de la madre, 2 por anomalías fetales incompatibles con la vida.
Que 10.890 lo fueron por propia voluntad de la mujer; cada uno de esos niños podría estar entre
nosotros hoy, una sociedad tan necesitada de niños, para amanecer, como canta Viglietti. Los datos también muestran que las mujeres que más abortan siguen siendo las que están viviendo la mejor etapa de su vida reproductiva. Que continúa siendo muy bajo el porcentaje de las mujeres que después de consultar, continúan con el embarazo. En el año 2023, sólo el 5,78% continuó el proceso de gestación.
No hay interrupción sostenible, las 106.631 vidas de niños por nacer y la vida de Juan Izquierdo,
llegaron a su fin, en el primer caso con violencia, en el segundo por un paro cardio- respiratorio;
todos murieron, uno haciéndose público el dolor y los otros en el mayor anonimato. Esto nos deshonra como sociedad, no nos pone a la vanguardia de nada, sino que nos convierte en cómplices y verdugos de indefensos.
Derogar la ley de aborto.

María Gianella Aloise-Pons.
30 de agosto de 2024.

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Provengo de Tranqueras, una pequeña ciudad en el interior del departamento de Rivera, marcada por altos niveles de suicidio en jóvenes, temática que me tocó vivir de cerca ya que en mi entorno cercano, varias personas se quitaron la vida ocultas detrás de un tabú silencioso.

Hace ya varios años atrás me mudé a Montevideo con el propósito de estudiar medicina y cumplir un sueño.

En ese proceso de cambio y la trayectoria que llevo hasta el día de hoy, a un año de recibirme, fui conociendo mucha gente, generando nuevas relaciones que me permitieron ver más de cerca la realidad de los jóvenes universitarios en relación a su salud mental.

La transición fue un proceso duro, acostumbrarse a la gran ciudad, con su ritmo acelerado y su anonimato junto con la presión educativa y la competitividad que te llevan a cuestionar tu posición y capacidad.

La falta de pertenencia que te hace sentir distante de todo y todos los que te rodean se suma a la distancia de la familia y amigos generando un sentimiento de soledad al que es difícil adaptarse.

Desde lo personal, los primeros años de la carrera, comencé a quedarme en las emergencias para ver cómo funcionaban y ayudar en lo que pudiera, lo que en el ambiente médico se conoce como “leuco”.

Hoy, en sexto año, me impresiona la frecuencia y la cantidad de intentos de autoeliminación y consultas por problemas de salud mental que se ven diariamente.

Los jóvenes estamos especialmente expuestos a muchos cambios y desafíos nuevos cada día en esta etapa entre la adolescencia y la vida adulta llena de presiones sobre la actualidad y el futuro que pueden resultar abrumadores e impactar en nuestra salud mental. Entre ellos, problemas como ansiedad, depresión, estrés, trastornos alimentarios y adicción a las drogas o el alcohol.

Es fundamental tener acceso a terapia, apoyo grupal y programas educativos para enfrentar desafíos de salud mental. También es clave que los jóvenes promovamos el diálogo y desmitifiquemos el estigma en torno a la salud mental.

Según la información recabada por el Ministerio de Salud Pública con motivo del dia nacional para la prevencion del suicidio; la tasa de mortalidad por suicidio en Uruguay al año 2022 correpondiente al grupo etario entre 25 y 29 años es de 31.6 muertes cada 100.000 habitantes. Adicionalmente, el 50% de la población que ha sufrido un intento de autoeliminación son menores de 30 años.

A su vez, tomando en consideración la población adolescente de entre 15 y 19 años, en 2022 se registraron 45 fallecimientos por esta causa siendo la cifra más alta de los últimos años.

En base a estos datos, la relevancia y preocupación que se merece esta temática, en junio del presente año se creó el Plan Integral con Foco en Salud Mental y Adicciones. Este plan es un avance significativo al involucrar a varios entes estatales que colaboran juntos y también el aumentar significativamente los recursos destinados a la salud mental en la Rendición de Cuentas aprobada recientemente en el Parlamento.

Se enfoca en prevenir, tratar y atender problemas de salud mental y adicciones. Incluye la creación de siete centros de salud mental para jóvenes, expandir la cobertura en situaciones de vulnerabilidad, proporcionar antidepresivos gratuitos mediante tickets, financiar dos tercios del copago en tratamientos relacionados con autoeliminación, elevar la edad de acceso a la psicoterapia y establecer controles psicológicos para obtener el carnet de adolescente. También se aumentarán los recursos para tratar adicciones y se fortalecerán las iniciativas de prevención en varias áreas, entre otras medidas.

Las políticas públicas actuales son un paso en la dirección correcta, pero todavía queda mucho por hacer.

La falta de profesionales de la salud mental y largas listas de espera son problemas comunes que afectan la calidad de vida de quienes necesitan ayuda.

Hay que hacer foco en la formación y retención de profesionales, así como en la creación de centros de atención en áreas donde la demanda es alta. Además, es esencial reducir el estigma asociado con los trastornos mentales y promover una mayor conciencia en la sociedad sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental.

En conclusión, la salud mental en Uruguay es un tema importante que requiere atención. Las políticas públicas actuales son un paso en la dirección correcta, pero todavía queda mucho por hacer para garantizar que todos los uruguayos tengan acceso a atención de salud mental de calidad.

Mi experiencia personal, al venir de una ciudad con altos niveles de autoeliminación, y la carrera de medicina me han sensibilizado profundamente ante esta problemática.

Desde mi lugar como militante político (Partido Nacional) me comprometo a ser una voz y trabajar para construir un Uruguay donde la salud mental sea una prioridad para todos.

Si estás luchando con tu salud mental, no estás solo.

Fuente Imagen: https://magazine.medlineplus.gov/

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La transformación educativa comienza con los docentes.

Los estudiantes deben ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. Esa es la certeza que mueve a la docente argentina y finalista del Global Teacher Prize, Mariela Guadagnoli, quien impulsa en su aula la metodología de aprendizaje basado en proyectos, para favorecer espacios de colaboración entre sus alumnos y así desarrollar sus habilidades de resolución de problemas. Con esta metodología, los estudiantes de Mariela desarrollaron el proyecto “Adoquines ecológicos”, una solución para las frecuentes inundaciones en las calles aledañas a la escuela, iniciativa que logró reconocimiento local y nacional.

Historias de maestros líderes como Mariela, que transforman la educación e impactan en miles de estudiantes cada año, están presentes en toda América Latina y el Caribe y evidencian la enorme creatividad y capacidad de innovación y liderazgo que tienen los docentes, aún en contextos tan difíciles como los vividos durante la pandemia.

No obstante su centralidad para el proceso educativo, los datos del estado de la docencia en la región son preocupantes. Según un informe reciente de la Unesco, Unicef y Cepal, aproximadamente el 20% de las y los docentes de la región no cuenta con la formación requerida para ejercer la profesión. Este escenario pone en riesgo no solo el alcance de las metas planteadas por la Agenda 2030 de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, sino que complejiza los esfuerzos para que la educación se recupere y se reinvente de acuerdo a los desafíos actuales.

Por esa razón, en el Día Mundial de los Docentes hacemos un llamado a los países de la región a redoblar los esfuerzos para que nuestros docentes cuenten con el apoyo adecuado, y tengan la independencia, y las oportunidades de desarrollo profesional y remuneraciones acordes. Así, entre formas formas, se podrá avanzar con paso firme hacia la transformación educativa que América Latina y el Caribe necesitan.

Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina (OREALC/ UNESCO Santiago).

Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar.

Agustín Porres, Director regional para LATAM de Fundación Varkey.

Ariel Fiszbein, Director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano.

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Para muchas personas fue bastante llamativo que durante la pandemia por Covid- 19, los principales índices bursátiles del mundo no dejarán de subir. Muestra de ello es el alza que tuvo el S&P 500 (índice de EE. UU. que agrupa las principales 500 empresas que operan en la bolsa de valores de dicho país), el que entre el 22 de marzo de 2020 y el 4 de enero de 2022 subió cerca de un 109%, algo que para la industria fue bastante sorpresivo.

Detrás de esta alza, muchas de las compañías que la impulsaron pertenecen a la industria tecnológica, mismo sector que logró avances antes impensados a nivel mundial y que significaron un cambio radical en la forma de trabajar, dándonos la posibilidad de conectarnos desde cualquier parte del mundo a una reunión y sentirnos más cerca de nuestras familias, a pesar de las distancias impuestas por la pandemia.

En materia de entretenimiento, resaltó el auge de servicios de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV. En comunicación, el uso de Zoom, Teams de Microsoft o Meet de Google; también los gimnasios en línea; los servicios de telemedicina, entre tantos otros sectores que empujaron la renta variable en plena pandemia, algo impensado en años previos.

Otro sector que se fortaleció fue la industria financiera, donde aparecieron nuevas plataformas online o digitales que nos permitieron estar en contacto con bancos, instituciones financieras, sistemas de pagos al extranjero o transferencias de forma más ágil e, incluso, a costos más bajos. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID), estas plataformas en Latinoamérica y el Caribe crecieron desde 2018 cerca de un 112%, donde la mayor concentración de esta alza se registró en Brasil (31%) y México (21%). El mismo estudio señala que en en esta región, el crecimiento de las plataformas entre los años 2020 y 2021 ha sido de un 35%.

Hoy no es raro ver el alto uso de plataformas digitales y cómo los usuarios no solo miran sus estados de cuenta bancarias de manera virtual, sino que analizan sus portafolios de inversión, hacen transferencias internacionales, piden créditos, mantienen billeteras digitales o efectúan pagos en línea. Otros incluso compran y venden activos financieros, abriéndose al mundo del trading (sector que representa el 6% de estas empresas junto a gestión patrimonial y el mercado de capitales, de acuerdo al mismo informe del BID).

Dentro de los sectores que tienen más representación están los que tienen relación con pagos y remesas, que representan el 25% de las compañías.

La industria financiera y la tecnología se fusionaron, dando mayor accesibilidad, mejorando la transparencia, disminuyendo los costos y entregando agilidad a los procesos, permitiéndole a las personas acceder y utilizar nuevos productos. Es probable que a futuro veamos más plataformas y una mayor competencia en el sector, que a su vez enfrenta grandes desafíos como escalabilidad, financiamiento, regulación y retención de talento, entre otros.

Vemos con buenos ojos algunos proyectos de ley y regulaciones en la región que están fijando las pautas para el desarrollo del ecosistema. El proyecto de ley Fintech que avanza en Chile es un muy buen ejemplo. Entre varios de sus aspectos incluye temáticas de inclusión financiera y, por sobre todas las cosas, la protección de los usuarios.

Es importante que los gobiernos consideren o tengan como ejemplo a la hora de definir las regulaciones, la experiencia de las empresas que tienen trayectoria, reconocimiento y que cuentan con políticas de compliance y onboarding estrictas. Muchas de ellas, además, entregan educación y servicio al cliente de manera personalizada e inmediata, generando una buena experiencia con el cliente final.

En Uruguay un buen ejemplo de una empresa Fintech de éxito es dLocal, compañía que se especializa en ofrecer pagos en línea y que se convirtió el año pasado en el primer unicornio uruguayo en cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Así como dLocal se convirtió en todo un caso de éxito, hay otras startups que podrían seguir el mismo camino y otras en desarrollo que también se posicionan como alternativas válidas de negocio, pero que necesariamente necesitan mayor certidumbre en cuanto a temas regulatorios, ciberseguridad. Esto es clave para que puedan transmitir mayor confianza hacia los consumidores y se pueda generar un ecosistema más propicio para el desarrollo de la industria.

En conclusión, estas nuevas plataformas y todas las que actualmente están desarrollándose y/o creándose llegaron para quedarse. Por ello es importante que los países generen los espacios y cuenten con una regulación pertinente, para así dar tranquilidad a los usuarios y a las compañías de la industria.

La innovación y la tecnología tienen grandes virtudes para las personas, mejoran la accesibilidad y disminuyen la brecha de inclusión financiera, que aún es grande en Uruguay, así como en varios países de Latinoamérica. No dejemos que estos avances queden estancados por la falta de políticas cerrándole la puerta a nuevas innovaciones tecnológicas.

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@WernerGutierrez

“En noviembre del año 2019 hice referencia en mi columna “La agricultura venezolana se reinventa” a la Venezuela maltrecha, que frente a los traspiés de un gobierno irresponsable, insistía desde su ruralidad en mantenerse de pie. Destacaba esa Venezuela que daba muestras de haber aprendido a parchar con esperanzas, sus momentos más difíciles.

Muy a pesar que la posición de “reinventarse” es estigmatizada por cierto sector de la sociedad venezolana, me atreví a señalar ese año que uno de los pocos sectores de la economía nacional que comenzaba a mostrar indicios de atravesar un proceso innovador para buscar su independencia de la inacción a ratos, y de la destrucción a momentos, por parte del gobierno, era el sector agropecuario.

Luego de haber tenido el honor de vivir la experiencia de la Asamblea Anual 2022 de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO) en la ciudad de Mérida, realizada bajo el lema “las bases para el despegue del sector agrícola”, puedo afirmar, con profunda convicción, que la agricultura venezolana ha ingresado sin retorno, a una nueva y positiva etapa.

Los productores venezolanos, movidos por la certeza de saber que actúan de la manera correcta, han dado un gran paso adelante. Liderizan este inédito proceso, productores con verdadero pensamiento empresarial, dispuestos a aceptar los retos de las nuevas formas de organización, del uso de novedosas tecnologías, y mejorando las ya empleadas, con plena consciencia de estar obligados a la diversificación e integración, construyendo una agricultura más eficiente.

Este proceso no sólo se presenta en los rubros tradicionales como maíz, arroz, caña de azúcar y café en los cuales los directores de FEDEAGRO nos comparten la grata noticia de estar logrando recuperación en la superficie de siembra y los rendimientos por unidad de superficie.

Acertadamente, la Junta Directiva de FEDEAGRO bajo el liderazgo de Celso Fantinel, realiza esta asamblea en Mérida. Desde tierras andinas dan un espaldarazo a los productores de hortalizas, rubro del cual se estima igualmente un incremento de 30 % en la superficie de siembra con respecto a los difíciles años recientes.

Desde FEDEAGRO también se impulsa el cultivo de palma aceitera, banano, plátano, cacao y otros frutales, motivando a los productores a organizarse. Para el ciclo norte verano, se anuncia el cultivo de girasol como alternativa. También se trabaja en la consolidación del frijol chino como rubro de exportación.

Necesario es resaltar el indisoluble compromiso del productor primario con las necesidades de nuestro pueblo. Saben que al aumentar la producción y productividad de sus cultivos, mejorará la oferta de alimentos y por tanto su accesibilidad, coadyuvando a mitigar el triste paisaje de subalimentación y desnutrición generado por el “Socialismo del Siglo XXI”.

El sector agrícola privado, junto a las empresas de agrosoportes y agroservicios, demuestran madurez, y aprendizaje. Aun en un escenario desfavorable, la agricultura venezolana construye los senderos hacia su desarrollo sostenible. Tenemos consciencia que avanzar hacia un escenario favorable no depende de líderes mesiánicos, o de protagonismos aislados, ni es responsable dejarlo a la suerte, esperando equivocadamente que aparezcan las condiciones.

Los productores promueven, acompañados por FEDECÁMARAS, estrategias de diálogo con los diferentes sectores del circuito productivo. Se trabaja desde lo individual hacia lo colectivo, compartiendo como norte el objetivo de no dejar a nadie atrás, para cerrar brechas, construir igualdad, generar tejido social y promover la interconexión de los diferentes actores del circuito agroalimentario.

Quienes mal dirigen nuestra hermosa Venezuela no entendieron nunca que la agricultura es un acto de fe, de compromiso con la nación, transferido de generación en generación, de infinita perseverancia y constancia, detrás de una mejor cosecha. Se equivocaron en su intento de desprestigiarlos, de señalarlos como terratenientes oligarcas. Hoy la opinión pública nacional está del lado del sector privado productor de alimentos.

El país está claro que para poder expresar el potencial agroproductivo que poseemos, debe consolidarse un estado de derecho pleno, bajo un nuevo modelo político – económico y social que de sustento a la propiedad privada de la tierra y de los bienes de producción, en un escenario de libertades económicas.

Tenemos un largo camino por recorrer, sin embargo, pido a Venezuela, y al mundo entero, seguir de cerca el hermoso fenómeno que se respira en nuestra ruralidad. Desde el sector agropecuario venezolano privado damos el ejemplo de la Venezuela posible, aprendiendo a labrar nuestro propio futuro, nuestro propio destino, sin ataduras a un estado fracasado, anclado a su modelo anacrónico.

Ellos juegan a que no, nosotros apostamos todo a que sí. Hoy lo ratificamos ante el país, no lograrán doblegar jamás al sector agropecuario venezolano. Nos hemos ganado a pulso, y sin permiso, con hechos conquistados a fuerza de tesón e innovación, tener el derecho a  pincelar la Venezuela agrícola distinta. Si se puede!”.

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Compartimos la columna del Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer, 

@WernerGutierrez.

Evito caer en la discusión estéril de si Venezuela se arregló o no. Son suficientes los indicadores que demuestran que el daño causado por el “Socialismo del siglo XXI”, nos mantiene sumergidos en una profunda crisis económica, social y política.

Sin embargo, son innegables los avances logrados por un grupo cada vez más amplio de valientes, quienes desde el sector empresarial agroalimentario privado comienzan a generar cambios importantes en un proceso que lo definí en el año 2019, como “la reinversión de la agricultura venezolana”.

Los tercos del campo venezolano, como se les conoce, son almas comprometidas con los verdaderos intereses nacionales, de profundo arraigo por el trabajo digno de producir alimentos para una sociedad maltrecha, conscientes que más allá del discurso de moda de si se arregló o no Venezuela, nuestra única opción es seguir “con las botas puestas y echando llave”.

El agro nacional ha sorteado los más duros momentos en las últimas dos décadas. Gracias a nuestra empresa privada logró el acceso a agroinsumos de calidad y a repuestos de maquinaria e implementos agrícolas. Mediante alianzas, accedieron a nuevas y eficientes tecnologías para mejorar la productividad de cultivos y rebaños, mitigando así parcialmente el desfavorable ambiente que prevalece en el escenario económico venezolano.

En balance presentado por FEDEAGRO, se estima que la producción de maíz en Venezuela en el presente ciclo, crecerá cerca del 18 % con respecto al 2021. El 2019 fue el último año de caída sostenida en la producción de este cereal, sin embargo para el 2021 la cosecha alcanzó la cifra de 850 mil toneladas, muy lejos aún de las 2.2 millones de toneladas alcanzadas en el año 2008. Similares resultados se presentan en el arroz.

Estoy convencido que sólo bajo un nuevo modelo político, agrícola y económico lograremos construir la nueva Venezuela agroexportadora. No obstante, no debemos minimizar este admirable proceso iniciado desde nuestros campos por pequeño que parezca su efecto frente a la gravedad de la situación actual.

Genera alarma la ausencia de políticas de estado para adecuar nuestro frágil sistema agroalimentario, a la situación del comercio global de alimentos amenazado durante los últimos años por la pandemia, cambio climático, crisis energética, y al que ahora se suman las graves consecuencias del conflicto Rusia – Ucrania. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido sobre “el fantasma de una escasez global de alimentos” que podría durar varios años.

El presidente de la Organización Mundial de Agricultores (WFO por sus siglas en ingles), afirma “no estoy seguro que sea posible evitar una crisis alimentaria… la cuestión es cuán amplia y profunda será”. Muchas señales lo indican, el mundo corre el riesgo de acercarse a lo que algunos especialistas definen como una “catástrofe alimentaria”.

India, segundo país en cultivo de arroz después de China, considera limitar las exportaciones de este grano para evitar enfrentarse a aumento en los precios o escasez. Ya esta nación había prohibido la exportación de trigo y azúcar. Desde el inicio de la guerra, 23 países impusieron “restricciones a sus exportaciones de alimentos”, y “más de una quinta parte de todas las exportaciones de fertilizantes están restringidas”.

Dmitry Patrushev, Ministro de Agricultura de la Federación Rusa, anuncio que esta nación extiende por el resto del 2022 las “restricciones cuantitativas a la exportación de determinados fertilizantes”, lo que sin duda continuará impulsando encarecimiento y escasez de fertilizantes en el mercado global.

El conflicto Rusia – Ucrania está agravando de manera muy acelerada la delicada situación del sistema global de alimentación. En un país vulnerable como Venezuela, por su elevada dependencia de las importaciones, se debería haber convocado a los distintos eslabones del sistema agroalimentario para la planificación de medidas de emergencia.

Urge un cambio en las políticas agrícolas y económicas, garantizando condiciones favorables al sector agro empresarial privado, el único que ha demostrado capacidad para producir, transformar y distribuir alimentos con eficiencia, teniendo presente que “si el comercio mundial se detiene, llegará la hambruna”.

No obstante, frente a la gravedad del escenario externo e interno, el gobierno venezolano parece no inmutarse. Pese al maquillaje de algunas de las recetas del “Socialismo del Siglo XXI”, no terminan de corregirse las distorsiones estructurales que han ocasionado la disminución de la frontera agrícola, merma en los rebaños, disminución marcada en la productividad, y pérdida de competitividad.

No existe ningún impedimento de origen climático, o de suelos, que nos limite el producir la cantidad que necesitamos para autoabastecernos de los alimentos esenciales en la dieta de venezolano. Los empresarios privados del agro han demostrado que prácticamente solos, “a pulmón propio”, innovando, reinventándose, en unidad de esfuerzos, son capaces de dar la respuesta que el país espera de ellos.

Nuestros productores, y la agroindustria, han conquistado pequeños avances hacia la recuperación sostenible de algunos rubros, pero es indispensable que el gobierno genere un ambiente favorable para alcanzar la necesaria soberanía y seguridad agroalimentaria. Se necesita a Venezuela para alimentar a Venezuela. Es nuestra única opción. Sí se puede.

Fuente Imagen: Venezuela Tuya.

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