Cr. Alfredo Asti (Diputado de Asamblea Uruguay)

Ec. Fernando Lorenzo (Ex. Ministro de Economía)

Dr. Alfredo Lamenza (asesor del Plenario de Cooperativas de Ahorro y Crédito)

Sr. Gustavo Pérez (Presidente de AEBU)

SERÁ EL JUEVES 7 DE AGOSTO A LAS 20HS (PUNTUAL) EN LA SEDE DE AU (CARLOS QUIJANO 1271 CASI SAN JOSÉ).

—

Juventud Asamblea Uruguay Montevideo

jota21montevideo@gmail.com

Twitter: @jovenes2121

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“Desde la presentación de los recursos de inconstitucionalidad que fueran azuzados por actores políticos, gremiales, empresariales y rurales, esperábamos con expectativa conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la eventual inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Una vez conocido este, a primera hora de la tarde del lunes 18, hicimos una rápida lectura de la que se desprende que la mayoría de los Ministros entienden que la ley es inconstitucional por el diseño de creación de un nuevo tributo de carácter «departamental» (artículos 1° y 2°), sin embargo, los artículos 10° y 11° sobre la recaudación, administración y uso de los recursos, distorsionan la condición.

También se plantea en el fallo la superposición que, según ellos, existe con otro tributo departamental (Contribución inmobiliaria rural), superposición que está limitada por el artículo 298 de la Constitución.

Por consiguiente queda claro que nada tiene que ver la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ. con los dos objetivos básicos promovidos por el gobierno en la ley en cuestión:

1. Evitar o detener la concentración de la tierra cuando ésta sea perjudicial para el interés social o general.

2. Conseguir fondos para la infraestructura rural básica gravando a los más grandes patrimonios del sector agropecuario que se han beneficiado extraordinariamente por el aumento del valor de sus campos en los últimos años.

Afectada la aplicabilidad de la ley por el fallo actual y seguramente la continuidad de otros fallos siguientes por decisión anticipada, nos deberíamos ocupar políticamente de mantener y obtener los mismos objetivos con un diseño legal que no pueda ser atacado de inconstitucionalidad.

En su momento (en octubre de 2011) ante la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto diseñado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en la discusión interna de la Bancada del FA de Diputados, presentamos nuestras objeciones y planteamos una alternativa basada en propuestas del MEF, del MGAP y de otros asesoramientos. Esa propuesta, entendíamos, cumplía los mismos objetivos que compartimos íntegramente, pero tenía otro diseño que también se ajustaba perfectamente a la profundización de objetivos que tiene el Nuevo Sistema Tributario (vigente desde 2007) y que no implicaba recurrir a un nuevo impuesto departamental (por los riesgos constitucionales que advertimos que esto podría tener) y basarse en modificar o extender los impuestos nacionales ya existentes como el Impuesto al Patrimonio (IP), el Impuesto de Enseñanza Primaria (IEP), el Impuesto de Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) y a la Contribución Inmobiliaria Rural (CIR), mediante Adicionales. En una fraterna y democrática discusión interna no supimos o no pudimos convencer a la mayoría y como es característica de nuestro sector (cuando ganamos y cuando perdemos) fuimos celosos custodios de la unidad de acción dando nuestro apoyo activo a la solución elegida.

• En el Impuesto al Patrimonio (IP) Eliminar la exoneración genérica y gravar la propiedad y explotaciones agropecuarias a través de inclusiones o adicionales (a la concentración de patrimonio rural) limitándolas a determinados extensiones o montos de patrimonio rural que permitan mayor progresionalidad y diferenciación y con tratamiento especifico de valuación e inclusión para mejoras, bienes muebles, montes naturales de protección y semovientes de la explotación agropecuaria, etc. (el impuesto al Patrimonio tiene – para el caso de personas físicas – una progresionalidad de tasas que permite gravar mejor y más justamente la concentración de grandes patrimonios rurales – excluyendo a las superficies menores a las 2000 has).

• Eventual utilización de indicadores de precio de mercado de la tierra a los efectos de cuantificar el monto gravado patrimonial dando sustento legal a los ya utilizados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIGEA) o por el Instituto de Colonización en sustitución del Valor Catastral e Índice CONEAT.

• Crear adicional del IMEBA para infraestructura rural, con tasas diferenciales, discriminando peculiaridades de la actividad permitiendo según los casos su deducción o imputación a otros impuestos para evitar doble imposición.

• Bajar los topes para ejercer la opción IMEBA-IRAE promoviendo la tributación por renta real de explotaciones con rentabilidades superiores al promedio del sector e implementando medidas anti elusivas complementarias.

• Reimplantar el IEP sobre los padrones rurales (recordando que es considerado un adicional nacional del 25% a la contribución inmobiliaria y con destino específico a ANEP – en 1996 se exoneró a los inmuebles rurales pero transfiriendo a Primaria igual importe a cargo de Rentas Generales (RRGG) – por lo que luego de restablecido y percibido por ANEP debería imputarse dentro de la transferencias presupuestales al Organismo)

• Crear un nuevo adicional a la Contribución Inmobiliaria Rural (hasta el 75%), que en conjunto no supere el 100% de la contribución rural del año anterior para los propietarios de predios rurales que concentran una mayor extensión (por ejemplo superior a las 10.000 has., o con adicionales diferenciales según rubros de explotación, tipos de suelos y diferentes tramos superiores a las 2.000 has.).

• Creación de un fondo o fideicomiso para administrar los ingresos obtenidos de la imposición adicional para realizar obras de infraestructura básica rural.

Como podemos apreciar, son un conjunto de modificaciones tributarias que no crean nuevos tributos sino que adecuan o crean adicionales a los existentes y por consiguiente han sido ya testeados con la realidad jurídica, no teniendo las limitaciones constitucionales de los tributos departamentales. Por otra parte, también se adecuan mejor a la realidad de la dinámica y variedad de la función de producción agropecuaria en sus diversos ciclos y subsectores e incluyendo no sólo la propiedad sino la explotación de más de 2.000 Has.

Obviamente le corresponde hoy al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y atendiendo las condiciones políticas y económicas actuales, hacer una nueva formulación que pueda retomar la propuesta original del MEF conjuntamente con los aportes posteriores de otros integrantes del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Confiamos plenamente en la capacidad del equipo económico para continuar desarrollando la política tributaria, como parte de las políticas macroeconómicas, con la consistencia, coherencia, credibilidad y previsibilidad que desde el país y el exterior siempre se le ha reconocido. Todo esto es lo que ha permitido junto a las demás políticas públicas, obtener un excepcional ciclo de crecimiento económico con equidad, pese a haber atravesado dos crisis internacionales (2008-2009 y la actual) con profundas repercusiones negativas en el mundo y la región.

Esta nota fue escrita antes de ser convocado el Concejo de Ministros, hoy, conociendo el resultado de la reunión, hacemos nuestras las palabras del Presidente Mujica expresadas en la conferencia de prensa luego de finalizada la reunión de ayer del consejo de Ministros:

“No hay ningún cambio de rumbo (…) tenemos que lograr que los compañeros vuelvan a funcionar como un equipo y a quererse más”.

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Con la interpelación de ayer (que se suma a la del lunes) queda demostrado que se buscan objetivos de protagonismo personales y generación de alarma pública.

Respecto de la de ayer (jueves 7 de febrero):

1) se denunciaba una presunta violación QUE NO FUE (la Justicia cerró el caso) y se detalló todo el procedimiento administrativo iniciado en marzo de 2012 que implica graves y gravísimas responsabilidades por hechos de conducta.

2) Ola delictiva en Enero en zonas turísticas: Los principales hechos publicitados en la Prensa, luego se desinflaron ante la Justicia retirando las denuncias por implicancias de los entornos de las propias víctimas o por reconocer los descuidos que propiciaron los mismos. Quedó un hecho importante un robo a una joyería. Un suceso similar ocurrió en 2005 (año del mayor número de delitos en la zona) que apenas tuvo una cobertura mínima de pocas líneas en una página interior del mismo diario que aquí dedicó varios titulares. Ese mismo diario titulaba en primera plana y con foto respecto a la elección de la reina de Punta del Este y decía «tan linda y SEGURA» COMO SU BALNEARIO.

3) Número de homicidios en 2012. Se registró un aumento respecto del 2011, pero tiene distinta composición. Aumentaron más los ajustes de cuentas (nueva modalidad vinculada al delito organizado), muy difícil de prevenir, evitar e investigar por la actitud de las partes tanto víctima como victimarios. También es digno de destacar, por como se manejaron las cifras estadísticas, en Enero 2013 se produjo una disminución del 20% respecto al mismo mes del año anterior por lo que no se puede hablar de una aumento en escalada.

En definitiva lo que importa más allá de las cifras es como se aborda el problema más profundo que es la violencia. Por eso la «Estrategia por la Vida y la Convivencia» que se está instrumentando tiene como centro a las personas y a su capacidad de generar paz social admitiendo la diferencias.

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“Una muestra de politiquería barata. No importa la función de acuerdo o no a los intereses del país sino la pertenencia sectorial para permanecer en un cargo designado por el Presidente de la República con venia de la Cámara de Senadores.

Alianza removió a Rodrigo Goñi de la CND y analiza otras sustituciones

El sector liderado por Jorge Larrañaga sustituyó al jerarca, quien recientemente se desvinculó del Alianza Nacional para acompañar a Javier García, diputado que en las próximas horas suscribirá la precandidatura de Luis Lacalle Pou.

La decisión de AN expresó:

“La primera de las modificaciones ha realizar será la sustitución del Dr. Rodrigo Goñi Reyes, director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, debido a su reciente desvinculación del sector.

La sustitución de referencia obedece a que el cargo actualmente ocupado por Goñi Reyes en cuanto a su designación corresponde a los criterios políticos de Alianza Nacional, y no supone menoscabo del respeto por la idoneidad profesional y técnica del referido profesional.

Asimismo, se encuentra a consideración del Sector, otras modificaciones en la integración de la delegación sectorial en los organismos públicos. Sin prisa pero con seriedad y responsabilidad, buscando el cumplimiento de pautas de contralor y correcta administración”.

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BREVE BALANCE LEGISLATIVO.

Terminó un nuevo año exitoso y se abren más esperanzas aún para el próximo.

El Parlamento y en particular nuestra Cámara de Diputados creemos que ha cumplido su misión; más de 240 proyectos aprobados recorriendo todas las áreas de actividad tanto en temas económicos productivos y administrativos como en sociales y laborales aunque es difícil separarlos por la íntima relación que tienen entre ellas.

Fundamentalmente se han incorporados nuevos derechos y consolidado oportunidades de crecimiento en todos estas áreas que podríamos ejemplificar con proyectos emblemáticos como los siguientes:

1) Reproducción asistida

2) Interrupción voluntaria del embarazo

3) Matrimonio igualitario

4) Reconocimiento a afrodescendientes

5) Ingreso de nuevos colectivos al Seguro Nacional de Salud

6) Exoneraciones y rebajas tributarias

7) Creación de la Universidad tecnológica

8) Servicio Postal Universal

9) Puerto de aguas profundas

10) Software libre

11) Modificaciones al sistema de adopciones

12) Decenas de tratados y convenios internacionales entre el que se destaca por su relevancia internacional para la convergencia global de transparencia el convenio firmado con Argentina sobre intercambio de información y normas para evitar la doble imposición

El Parlamento es solo un eslabón de la actividad gubernamental, importante por ser la expresión de la representación y diversidad de la ciudadanía y caja de resonancia de actores sociales y políticos. Hemos hecho lo que las mayorías consideramos importante y necesario desde la legislación para consolidar y profundizar este proceso continuado de 8 años de crecimiento con equidad y desarrollo y promoción integral de derechos. Conscientes que queda mucho por hacer, ingresamos en un breve periodo de receso por mandato constitucional, pero dispuestos a levantarlo como lo hicimos varias veces en la última quincena aprobando más de 20 proyectos.

Quizás lo que más tenemos que corregir es nuestra comunicación con nuestros representados y con la ciudadanía en general explicando mejor los cómo, cuándo, porque y para que, de nuestras acciones o falta de resolución, pero para ello es necesario también vuestro reclamo de explicaciones antes de condenarnos (o aplaudirnos). Adjuntamos aquí un breve resumen de algunas de las normas aprobadas, algunas ya son leyes, otras esperan aprobación del Senado o las más recientes, la promulgación del Poder Ejecutivo. Todas ellas forman parte de un rumbo definido que como dijera el querido General Seregni » Cuando hay un rumbo definido y un pueblo que lo recorre animado de la voluntad de construir su destino, cuando existe conciencia nacional no hay obstáculo que ese pueblo no pueda vencer».

Por lo mucho que se ha hecho y por lo mucho que resta por hacer, sigamos juntos, para asegurar la continuidad del crecimiento con equidad que nos garantice seguir por ese rumbo definido. FELIZ 2013.

PROYECTOS APROBADOS POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes aprobó más de 240 proyectos durante 2012.

Carácter Social y/ cultural:

La Cámara de Diputados aprobó más de 60 proyectos, dentro de los que destacamos:

• Reajuste en UR de las Prestaciones a la Seguridad Social.

• Creación de la Universidad Tecnológica.

• Modificación a la Ley de Faltas y Cuidados, conservación y preservación de de los Espacios Públicos.

• Fondo cesantía y retiro a los trabajadores de la industria de la construcción.

• Normas del tránsito y la seguridad vial.

• Regulación de obtención y utilización de Cédulas de tejido Humano.

• Matrimonio Igualitario.

• Régimen de trabajo de porteros de edificios de propiedad horizontal.

• Creación del Sistema Nacional de Museos.

• Fondo Indemnización víctimas delitos violentos.

• División territorial de centros poblados. Modificación.

• Regulación de las Técnicas de Reproducción Asistida.

• Interrupción voluntaria del Embarazo. Regulación

• Servicio Postal Universal. Regulación

• Cuotificación al acceso al mercado laboral y becas de estudio de los Afrodecendientes.

• Dirección Sanidad FFAA (Nacional). Beneficiario. Contribución. Liquidación.

• Promoción Alimentación Saludable en Centros Educativos.

• Sistema Responsabilidad Penal Adolescente. Designación de Comisión Delegada. Modificación

• Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Régimen y Modificación.

• Modificación al régimen de Adopción.

• Incorporación de Jubilados y Pensionistas al Seguro de Salud

• Modificación al Régimen de Inscripción de Cooperativas. Adaptación de Estatutos.

• Creación de la Fiscalía Letrada especializada en Violencia Doméstica y Protección de Derechos de niños y adolescentes.

• Cometido Fundación Deporte en Uruguay. Contralor Dopaje en Competencias Deportivas.

Carácter Económico o vinculado a la producción o administración.

Más de 36, Dentro de éstos destacamos:

• Puerto de Aguas Profundas

• Información Organismos del Estado.

• Producción Lechera. Incentivo. Fideicomisos financieros, Promoción.

• Funcionarios empresas no estatales o de economía mixta.

• Turismo receptivo. Promoción incentivos fiscales.

• Jubilación Industria y Comercio. Actividad. Compatibilidad. Régimen.

• Rendición de Cuentas 2011.

• Transferencia de la Dirección de Meteorología del MDN a MVOTMA

• Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Exoneración Crédito Fiscal. Plazo Prorroga

• Modificación al Impuesto de los Semovientes. Enajenación.

• Autorización Cancelación de Deuda de Ancap con PDVSA, por préstamo.

• Autorización al Fideicomiso de PLUNA

• Implementación del Sistema de Tarjeta de Crédito

• Creación del Registro de identificación de Titulares de Acciones.

• Normas de prevención y penalización del Lavado de Activos.

• Exclusión del rubro jardinería de las empresas contratistas rurales.

• Régimen de pesca y acuicultura.

• Exoneración de impuestos de las Donaciones realizadas al Plan Juntos.

• Modificación al Nuevo Sistema Tributario.

• Fiscalía de corte y procuraduría Nación Modificación. Cargos. Ingreso..

• Modificación de Ley Marco de Defensa Nacional.

Carácter Internacional:

Más de 50, dentro del que destacamos:

• Intercambio de información tributaria entre Argentina y Uruguay.

Carácter de Homenajes y otros:

Más de 60, dentro del que destacamos:

• Creación de la Medalla Delmira Agustini

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Este régimen constituye una política activa de particular importancia para todo este Gobierno Nacional. Es necesario preservar y perfeccionar el instrumento (como lo hace este nuevo decreto) flexibilizando los incentivos, adaptándose a los cambios, operando en forma transparente, simple y no arbitraria e induciendo a resultados en el corto plazo fácilmente controlables.
Por eso celebramos junto a todos los uruguayos este nuevo año 2012 con un nuevo régimen de promoción de inversiones que seguramente consolidará y profundizará los beneficios ya obtenidos para el país y su gente”.

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«El Poder Ejecutivo estará habilitado, no solamente a descontar el IVA de las compras que hagan los usuarios de estas tarjetas, sino también a devolverles este tributo en otras compras que realicen con otros medios de pago electrónico», resaltó por su parte el legislador de Asamblea Uruguay Alfredo Asti, también integrante de ese ámbito de trabajo.

Bernini se mostró conforme con una modificación de la redacción, que deja en claro que los usuarios beneficiarios de la rebaja total del IVA no serán solamente quienes hoy reciben beneficios como las tarjetas Uruguay Social y Afam, sino también todos aquellos que reciben asignaciones familiares comunes. «Esto quiere decir que también beneficiará a los trabajadores que no llegan a determinado nivel de ingreso en su núcleo familiar y que cobran las asignaciones familiares comunes y corrientes que les paga el BPS», aseguró.

El diputado socialista explicó que en total hay unas 306.466 personas que reciben asignaciones familiares y que se verán beneficiados por la propuesta. Según dijo, estas asignaciones repercuten en alrededor de 500.000 personas. «El nivel de formalización aumentará y quedará asegurado con las nuevas compras, por lo que esa renuncia recaudatoria quedará compensada», detalló.

Asti confirmó que durante la reunión de la víspera el Poder Ejecutivo, representado por el director de Asesoría Tributaria del MEF y ex director dela DGI, Nelson Hernández, ratificó que subirá el monto mínimo no imponible del Impuesto de Asistencia ala Seguridad Social(IASS) a través de otro proyecto de ley, para igualarlo con el ajuste al mínimo del IRPF, que se elevará a 17.800 pesos.

Los ajustes al sistema tributario serán aprobados hoy en la comisión de Hacienda, aunque los diputados adelantaron que «lamentablemente» no será posible darle media sanción al proyecto antes de fin de año. No obstante, destacaron la «señal política» que implica que el texto quede aprobado en comisión antes del cierre de la actividad de este año. En ese sentido, estimaron que probablemente el proyecto del MEF -que en un primer momento despertó críticas enla Oficinade Planeamiento y Presupuesto (OPP) y en el Movimiento de Participación Popular- terminaría de votarse en el plenario de la cámara baja en las primeras sesiones del próximo año, y luego se le daría sanción definitiva en el Senado.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, anunció ayer tras la reunión del gabinete social, que su cartera está planteando para 2011 un refuerzo en las asignaciones familiares dirigidas a los hogares con mujeres embarazadas o con hijos de hasta tres años, con el propósito de «priorizar» las políticas que apuntan a beneficiar a la primera infancia.

Fuente: La diaria. http://ladiaria.com.uy

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Columna en Facebook del diputado Alfredo Asti (Frente Amplio), del Martes, 6 de diciembre de 2011 con el título Asti: “Más equidad tributaria”

Luego de un largo recorrido durante todo el año 2011, con presentaciones y discusiones en los ámbitos internos del F.A. (Bancada de legisladores, Mesa Política, Secretariado, coordinadoras y departamentales),  el equipo económico diseñó la forma de cumplir la propuesta programática y electoral de nuestra fuerza política de profundizar la equidad del Nuevo Sistema Tributario. El proyecto se presentó a consideración del Consejo de Ministros y Presidencia de la República en setiembre de este año. Las bases del mismo fueron presentadas por el Ministro de Economía y por el Vicepresidente Astori a la opinión pública y los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto (durante el trámite de la Rendición de Cuentas).

Sin embargo recién el primer día de Diciembre el proyecto llegó al Parlamento con la firma del Presidente y todos sus ministros.

No es tema de esta nota los motivos de tal demora sino la presentación y comentarios sobre las modificaciones a introducir a los dos  principales impuestos del Nuevo Sistema Tributario y otras modificaciones menores.

La propuesta sobre Rebaja del IVA que el equipo económico plasmó en el proyecto a estudio del Parlamento, tiene como objeto la eliminación de dicho impuesto para los bienes adquiridos con tarjetas de débito sociales financiadas por el Estado (MIDES, Asignaciones familiares, etc.),  mientras que el resto de la población podrá beneficiarse con una rebaja de dos puntos porcentuales de la tasa básica de ese gravamen siempre y cuando las compras fueran realizadas por transacciones electrónicas (pagos por celular, con tarjetas de crédito o débito, etc.). Esta formulación permite asegurar que la totalidad de la rebaja quedará en mano de los consumidores finales o sea aquellos a quien se quiere beneficiar y no se perderá como en otras oportunidades en la cadena de distribución y márgenes de comercialización.  También se prevé que en las compras realizadas en comercios que no discriminan el IVA (literal E y Monotributistas) el importe equivalente también será devuelto según calculo ficto.

La propuesta sobre modificaciones del IRPF consta de los siguientes puntos:

    se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los mínimos no imponibles del IRPF en hasta 12 (doce) Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales (1 BPC= $ 2.226). Se prevé ir aumentando gradualmente el Mínimo No Imponible de acuerdo al incremento del índice medio de salario para evitar que los mayores aumentos del salario real (por encima de la inflación y el valor de la BPC) obtenidos en la negociación colectiva y Consejos de Salarios,  grave con el impuesto a trabajadores que antes estaban excluidos.

    Recíprocamente se crea una categoría adicional en el referido impuesto, pasándose a gravar las rentas anuales de la Categoría Trabajo que superen las 1.380 BPC anuales  (más de 250.000 mil pesos mensuales) a una tasa del 30% (treinta por ciento), para adecuar la escala de tasas se ajusta el tramo anterior modificando el tramo que quedaría gravado a la tasa del 25% (veinticinco por ciento).

    se agregan, acompañando al ya aprobado desde enero de 2011, crédito fiscal del 6%  por los pagos de arrendamiento de casa habitación, deducciones por pagos de créditos hipotecarios o cuotas cooperativas para compra de vivienda única y permanente de los contribuyentes, con determinados límites. De esta forma se incorporan nuevos instrumentos de equidad tributaria considerando la capacidad contributiva no sólo por el ingreso sino también por los egresos vinculados a un tema fundamental en la estructura familiar como lo es la vivienda permanente.

El programa de Gobierno aprobado por el Congreso del Frente Amplio dice: “En el sistema tributario deben profundizarse los cambios manteniendo el objetivo primordial de sustituir gradualmente los impuestos al consuno por impuestos a la renta y a la riqueza. La rebaja del IVA debe  mantenerse como objetivo, que puede estar asociado también a las medidas de contención de la inflación cuando se considere necesario, así como la promoción de la equidad en el IRPF y el aliento a la inversión debe provenir de estímulos fiscales específicos con contrapartida, disminuyendo los de carácter global”.

Creemos que la propuesta presentada no solo respeta el Programa de Gobierno sino que provee las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos ahí expresados.

En conclusión y respondiendo a las críticas que se han planteado queremos decir que es incorrecto sostener que la rebaja del IVA favorezca el consumo de los productos suntuarios. Mantener esa afirmación es desconocer que esos elementos ya están gravados adicionalmente por el Impuesto Específico Interno (IMESI) a tasas muy superiores al IVA.

Cada impuesto integrante de un sistema tributario está diseñado para obtener determinados resultados y para ello tiene determinadas características. El IVA tiene la finalidad de gravar la generalidad del consumo (por eso es tan injusto y debe tenderse a disminuirlo) y por lo tanto es conveniente tener pocas tasas y excepciones. El IMESI por el contrario tiene la finalidad de gravar con tasas diferenciales distintos bienes y distintas categorías o destino de bienes cuyo consumo se quiere estimular o desestimular. Por ejemplo las bebidas alcohólicas tienen una tasa máxima del 85%, el tabaco del 70% y algunos tipos de automotores hasta el 180% (ya se aprobó en el Proyecto de cobro unificado de Patentes la autorización al Poder Ejecutivo de un aumento de un 30% adicional de las tasa máximas para automotores). Como se puede apreciar estas tasas son muy superiores al 2% del IVA que se pretende rebajar y es este IMESI (y no lo es el IVA)  el mecanismo apropiado para diferenciar y gravar bienes o destinos  suntuarios de los mismos.

También se ha criticado que no todos los consumidores tienen tarjetas de crédito o de débito (hay emitidas casi tres millones de ellas). Recordemos que quienes ya cobran salarios y pasividades a través de los cajeros automáticos ya tienen acceso a las tarjetas de débito y esta modificación tributaria precisamente forma parte de un plan de inclusión financiera que a través de la educación financiera (que explicite ventajas y riesgos) y la facilidad de acceso a los servicios financieros se permita ampliar aún más este universo.

Por la otra parte también se critica que no todos los comercios están habilitados para operar de esta forma. Para ello el propio proyecto prevé facilidades para los comercios con el fin de adaptar la tecnología necesaria para recibir tarjetas de crédito y débito.

El uso de pagos electrónicos tiene otras ventajas, además, de limitar el circulante (por motivos de seguridad) asegura la formalización de las operaciones y con ello contribuye a una competencia más sana y a la formalización también del trabajo.

El proyecto también incluye una serie de normas que constituyen ajustes técnicos en las liquidaciones de diferentes impuestos (como otras de los del propio IVA e IRPF, Impuesto a la Renta de No Residentes, IMESI etc.), la eliminación del impuesto a los semovientes (con la correspondiente compensación  a los Gobiernos Departamentales)  y ajustes a la financiación del BPS,  debido al importante incremento de la actividad registrado en los últimos años y por consiguiente tanto de la recaudación de IVA afectado al Banco  como su propia recaudación por la mayor cantidad de puestos cotizantes y mayor eficiencia.

En síntesis el proyecto incluye modificaciones al Nuevo Sistema Tributario fundamentalmente  importantes en los dos principales impuestos de ese Sistema (IVA e IRPF) y otras menores en otros tributos, pero todas ellas encuadradas en el anunciado carácter dinámico del Sistema implementado a partir del 2007 y fundamentalmente manteniendo los equilibrios internos y externos del mismo y sus objetivos de equidad, eficiencia y estímulos a la inversión, innovación y empleo.

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Corresponde que la norma sea tratada ahora por el Senado.

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La problemática a la cual nos vamos a referir y que aspiramos poder darle trámite legislativo, abarca en general a todo el país y a todo tipo de inmuebles abandonados y sus diversos destinos (comercial, industrial, agropecuario, edificios de viviendas, etc.), pero la trascendencia de los problemas de vivienda en el marco de la declaración de Emergencia Habitacional realizada por nuestro Gobierno, hacen necesario centrarla en ésta (sin olvidar el resto).

La situación económica y social que se terminó de configurar a comienzos de la década pasada, trajo consigo un sinfín de situaciones de complejo abordaje desde el punto de vista social. Asimismo, las políticas asistencialistas primero y de red de protección social y protección de derechos que le sucedieron no han logrado revertir, aún, algunas situaciones extremamente complejas que deterioran la convivencia social y vulneran los derechos de las personas.

Los inmuebles abandonados son un claro ejemplo de las consecuencias que heredamos de la crisis social. Éste tipo de inmuebles se encuentran hoy en día en una situación de mal mantenimiento en la mayoría de los casos, causando perjuicios a propiedades linderas, pero además, generando una situación de insalubridad e inseguridad en el barrio. Como si esto fuera poco, los propietarios de estos bienes, por diversas razones no están ejerciendo sus derechos y obligaciones como tales y no se afrontan las responsabilidades generadas por el ¨mal uso¨ de los mismos y por lo tanto remediar los perjuicios causados.

Asimismo la situación empeora cuando ese bien abandonado es ocupado irregularmente por terceros. Un bien desocupado es potencialmente un bien “usurpado” por personas en situación de calle y las ocupaciones se realizan en zonas con fácil acceso a lugares de máxima circulación, cerca de lugares comerciales, centros educativos, etc. Pero lo que es más alarmante todavía en las condiciones en que muchas de estas “ocupaciones” se dan. La tugurización, el hacinamiento de diversos grupos familiares con menores, las reglas de convivencia, y muchas veces la falta o conexión de servicios públicos incluyendo saneamiento, hacen de éstos lugares cualquier cosa menos una vivienda digna y segura para quienes la necesitan.

Sobre estos temas a nivel de Montevideo se ha constituido un grupo de trabajo convocado por el Defensor del Vecino que nuclea a diversos actores públicos relacionados con ésta problemática (Poder Judicial, Intendencia, Junta Departamental y Municipios, Ministerios de Vivienda, Desarrollo Social, Interior, Trabajo, INAU, Fiscalía de Corte, Facultad de Derecho, etc.) y el cual está encarando la problemática desde una doble visión: una particular (soluciones a casos concretos) y una general de propuestas legales y normativas (nosotros participamos a título personal en éste último grupo dada nuestra intención previa de legislar sobre el tema).

Aquí tenemos una situación jurídica compleja, la propiedad privada genera derechos, pero también obligaciones como lo establece la Ley 18.308 en su artículo 37 donde se detallan el deber de usar , deber de conservar, deber de proteger el medio ambiente y la diversidad, deber de proteger el patrimonio cultural, deber de cuidar, deber de rehabilitar y restituir, pero al no haber reglamentación especifica es poco lo que se puede avanzar.

El Estado debe ser garante de que las responsabilidades se asuman y procurar una forma ágil de poner al servicio de la sociedad  todos los bienes inmuebles en situación de abandono, buscando evitar los problemas antes mencionados.

En este sentido sabemos que los inmuebles en regímenes sucesorios o propiedad de personas jurídicas extinguidas son los principales causantes de los abandonos de las propiedades. En consecuencia se vuelve menester legislar a la brevedad en la materia permitiendo que se disponga del bien independientemente que se continúe con los procesos judiciales de resolución dominial y exigibilidad de responsabilidades y deudas sobre la propiedad respetando todos los derechos, pero también el interés general.

Si bien se puede decir que ya contamos con instrumentos jurídicos que pueden ayudarnos, en lo personal estamos convencidos que necesitamos legislar en particular sobre el tema del abandono y su tratamiento tipificando por ley el carácter de abandono, las responsabilidades por el mismo, su tratamiento judicial especial y brindar las soluciones para permitir la más rápida y eficiente restitución de esos bienes a los usos socialmente previstos o apropiados en estas circunstancias.

Todo esto teniendo en cuenta el grave problema habitacional que viven muchos uruguayos y a los cuales estamos contemplando con la prioridad y los planes adecuados a sus necesidades votadas en el Presupuesto Nacional, pero a lo que además podríamos agregar el uso directa o indirectamente de estos recursos físicos, hoy inutilizados o mal utilizados.

Todas estas son aristas de un mismo problema que necesitamos resolver en forma urgente para garantizar la seguridad y la salubridad de nuestras ciudades garantizando a su vez el uso social de los inmuebles. Nosotros seguimos comprometidos en una búsqueda participativa y consensuada con visión multidisciplinaria.

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