El senador Sergio Botana (Partido Nacional) anunció en el Parlamento que en el marco del estudio del Presupuesto, presentará un aditivo de una norma que el Parlamento votó por unanimidad en el presupuesto pasado y que, “por culpa de un manejo bastante rebuscado y asqueroso en su reglamentación, no se pudo concretar”, en referencia a la publicidad oficial a los medios del interior.

Botana realizó el planteo ante la presencia de la ministra Fernanda Cardona (MIEM), el pasado miércoles 12 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

“Me refiero a otorgar el 20 % de la publicidad pública a los medios del interior y, si el organismo está en competencia, otorgar el 10 %, con una distribución anual de 0,5 % por departamento y 11 % libre, es decir, a cualquier departamento. En el caso de que sea un organismo de competencia, otorgar la mitad. La verdad es que con esto se hizo un rebusque asqueroso”, cuestionó el legislador.

Botana dejó en claro que “no pedimos que se haga una repartija; tiene que ser publicidad y le tiene que servir al medio”.

Entonces, “la exigencia es que sea 0,5 % del total de la publicidad del año –no en cada publicidad, sino el 0,5 % del total– y en los medios que el organismo quiera publicitar. No tiene por qué haber una repartija por la que vayan $ 3 a la FM, $ 2 a la AM o $ 5 a los diarios, ¡no! Si es una feria ganadera la publicidad tendrá que ser en los programas agropecuarios, es decir, que lo que se quiera publicitar se haga en el ámbito que haya que publicitarlo solo que, al pasar la raya al final del año, tiene que haber quedado, del total general, un 0,5 % para cada departamento y otro 11 % –o sea, completando el 20 %– en medios del interior”, agregó.

Botana puntualizó que “esto es con libertad del organismo de contratar en el tipo de medio que sea y que se trate de publicidad. Esto no es una colaboración, es una publicidad. Muy bueno es que las agencias que manejan la publicidad de los organismos públicos se acuerden de que el país existe y que los organismos les exijan a las agencias que las cosas del interés de la gente se publiquen en los lugares en que los pueda escuchar la gente”.

Recordó que “a nosotros nos pasó –acá estamos algunos exintendentes– que el Sucive publicitaba en organismos de Montevideo el cobro de la patente en medios que la gente ni escuchaba. Nos pasó a nosotros, en el Congreso de Intendentes, así que ¡si estará concentrado lo de las agencias en ese sentido! Presentamos el aditivo –y vamos a pedirle, por supuesto, a todo el Senado que lo vote– de una norma que ya existe.

Por tanto, “No queremos ir para atrás, pero queremos dar pie a que las autoridades de la Ursec puedan hacer la reglamentación que tienen que hacer, que es elaborarla con la claridad de la norma. Digo esto porque la reglamentación que hoy existe, de verdad que no refleja, en lo más mínimo, la interpretación debida de la norma. Tiene una interpretación de una interpretación y, entonces, tratamos de simplificar el texto y de clarificarlo para que esto se haga y funcione”.

“No te pueden obligar”

La senadora Liliam Kechichian (Frente Amplio) indicó al respecto:

“Voy a polemizar con el senador Botana, con quien, en general, nos venimos llevando muy bien. Yo estoy en contra de la ley que obliga a darle publicidad a todos los medios del interior, porque tuve que administrar recursos de la promoción del Uruguay y sentía que estaba tirando la plata de los uruguayos cuando me obligaban a hacer una promoción o poner un aviso en un lugar que no redituaba nada. Los ministerios, los gobiernos hoy tienen maneras de medir cómo vuelve eso. A pesar de que muchos compañeros me decían que no estaba bueno que opinara eso con respecto al interior, lo tengo que decir porque fue mi experiencia”.

Desde su punto de vista, Kechichian afirmó: “yo me sentía administrando mucho mejor los recursos si no me obligaban a poner un aviso en un lugar donde jamás iba a tener un retorno vinculado al turismo. Es posible que en otras áreas pueda tener retorno en ese lugar, pero no te pueden obligar”.

A su entender “no me parece que sea una buena manera de administrar los recursos del Estado. Sí estamos obligados a que una parte de los presupuestos de promociones o publicidad del Estado estén en Canal 5 y eso ya nos condicionaba, pero bueno, Canal 5 para el turismo interno era algo interesante. Ahora bien, no me parece que sea una buena manera de administrar los dineros públicos esa obligación, en todos los medios del interior, para todos los ministerios”, dijo Kehichian.

“Repartija sin sentido”

Botana dijo coincidir con la senadora Kechichian, “porque esa obligación de publicitar en todos los medios cada una de las publicidades que se hacen, de verdad es una repartija sinsentido que no le sirve a nadie y es producto de una mala interpretación de la norma –pienso que fue una malintencionada interpretación– que terminó en una reglamentación que es, justamente, lo que queremos cambiar con esta nueva reformulación del artículo”. Prtecisó que “pretendemos que el medio por ciento llegue a cada departamento, pero el medio por ciento de toda la publicidad del organismo en el año. Es el organismo el que decide, de acuerdo con su conveniencia, en qué medios debe invertir y en qué campañas de promoción de qué cosas debe invertir”

Y añadió el legislador de Alianza País: “estoy seguro de que en el caso del Ministerio de Turismo, por ejemplo, si yo le pregunto a la exministra Kechichian por atractivos turísticos de los departamentos, en cualquiera de los departamentos del país me va a nombrar atractivos turísticos a los cuales vale la pena promocionar y en los cuales vale la pena invertir en publicidad”.

Por ello “queremos que la reglamentación le deje libertad al organismo de usar el medio que quiera y de hacer la inversión publicitaria de acuerdo con la conveniencia del organismo. La otra repartija que se había inventado es un desastre, la verdad; lo comparto con la ministra”.

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MIEM-Dinatel abre llamado a inscripción a medios de comunicación del interior del país: radios comerciales AM, radios comerciales FM, radios comunitarias, señales de TV comercial abierta, señales propias de TV para abonados y prensa escrita. Los medios de estas características que estén interesados en acceder a la publicidad oficial, de acuerdo a lo establecido en el art. 774 de la Ley n.º 19.924, deberán realizar su inscripción hasta el 11 de febrero de 2023.

El artículo 774 de la Ley n.º 19.924, del 18 de diciembre de 2020, obliga a los organismos públicos a realizar parte de su publicidad en medios de comunicación del interior del país. Para integrar el listado que estará a disposición de estos organismos, los medios de comunicación del interior deberán registrar su Declaración Jurada a través de un Trámite en línea que será validado por MIEM-Dinatel. El Decreto n.º 392/022 y el Decreto n.º 393/022 reglamentaron su aplicación.

Las declaraciones juradas serán actualizadas anualmente y MIEM-Dinatel las validará para generar y actualizar el listado público de medios de comunicación del interior.

Tanto la solicitud por primera vez como las renovaciones se realizan ingresando en Iniciar Trámite en Línea. En este primer llamado, las inscripciones se recepcionarán hasta el 11 de febrero de 2023. Deberá realizarse un trámite independiente por cada medio o servicio autorizado.

Podrán integrar el registro los siguientes medios: radios comerciales AM, radios comerciales FM, radios comunitarias, señales de TV comercial abierta, señales propias de TV para abonados y prensa escrita (formato papel) del Interior.

Las empresas deberán estar legalmente constituidas en el país, contar con las autorizaciones correspondientes a los efectos de desarrollar su actividad y cumplir con toda la normativa que les sea aplicable.

Las empresas deben presentar, mediante trámite en línea, una  declaración jurada de acuerdo a las especificaciones definidas en el art. 5 del Decreto 392/22:

• Lugar de radicación del medio y área de servicio o de distribución principal.
  • Tipo de modalidad del medio y forma de producción.
  • Listado de productoras de contenidos independientes que se vinculen con el medio declarante, radicadas en la localidad y que realizan productos audiovisuales o gráficos para el medio de comunicación, en caso de corresponder.
  • En caso de ser un medio de comunicación ubicado en la localidad del interior pero que tenga cobertura en el departamento de Montevideo, deberá declarar si sus contenidos están dirigidos clara y principalmente a los residentes de la localidad de origen.
  • Grilla de programación en caso de medios audiovisuales, que especifique tipo de producción y/o tipo de programa, y secciones en caso de la prensa escrita.
  • RUPE en estado activo.
  • Estar al día con DGI y BPS.

Todas las consultas por el trámite deben dirigirse a secretaria.dinatel@miem.gub.uy.

Fuente Imagen: rigorymonerias.lamula.pe

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Sin embargo, sigue pendiente en nuestro país la aprobación de una ley que regule la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial, de forma de utilizarla de manera más eficaz, justa y transparente.

En junio de 2015 el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó una iniciativa ciudadana que contó con el apoyo de legisladores de los cuatro principales partidos políticos del país para darle curso parlamentario. Sin embargo, este amplio respaldo no ha logrado transformarse en una rápida aprobación.

En diciembre de 2016, el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, pero durante 2017 no se votó el articulado en particular.

Tal como fue señalado por los propios legisladores al momento de la presentación del proyecto, la aprobación de una ley de este tipo es fundamental para garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, ya que establece procedimientos claros para la asignación de la pauta, evita el uso discrecional de la publicidad como forma de castigo o premio a los medios de comunicación en función de su línea editorial, favorece mecanismos de contralor ciudadano del gasto, incluye criterios de transparencia activa para las empresas que reciben publicidad oficial, entre otros aspectos.

Más allá del compartible gesto del Presidente respecto al control del gasto público, CAinfo entiende que es necesario seguir avanzando en un proyecto de ley que contemple toda la problemática asociada a la publicidad oficial, que establezca reglas de juego más justas, claras y transparentes, y que por lo tanto redunde en un mejor sistema democrático.

Por eso reclama a todos los partidos políticos que el proyecto sea discutido y votado este año en el Parlamento.

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La actividad contará con la presencia de Guilherme Canela (Consejero de Comunicación e Información para Mercosur y Chile – UNESCO), Roberto Saba (ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina) y varios periodistas de nuestro medio.

La actividad buscará generar aportes a la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial en el marco del proyecto de ley que estudia actualmente la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

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Los legisladores ya se habían mostrado favorables a la iniciativa de CAinfo el pasado mes de julio, cuando se presentó públicamente. El evento del lunes dará trámite formal y la iniciativa se convertirá en proyecto de ley.

Firmarán Alejandro Sánchez, Julio Battistoni, Carlos Varela (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) e Iván Posadas (Partido Independiente). El texto ingresará con una exposición de motivos única.

Allí los legisladores establecen que “en atención a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y buena gobernanza, así como para promover un gasto más eficiente de los recursos públicos, resulta necesario aprobar una legislación específica que regule la distribución y asignación de publicidad oficial”.

La iniciativa de CAinfo se sustenta “en principios de publicidad y transparencia de los actos de gobierno, rendición de cuentas, no discriminación y máximo respeto a la libertad de expresión y de información”, señala la exposición de motivos.

Sobre la iniciativa

El artículo 2 considera que la publicidad oficial es una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan. La información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población.

El artículo 4 establece una serie de prohibiciones, como el uso de la publicidad oficial para presionar y castigar o premiar y privilegiar a comunicadores o medios; el uso para fines propagandísticos de los partidos políticos; o incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos o de particular confianza en las piezas publicitarias de los organismos públicos.

También prohíbe realizar publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo la información emitida por las autoridades electorales en relación a la organización de las elecciones, o en caso de emergencias.

El artículo 6 señala que los organismos públicos tendrán la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web diferente tipo de información, como monto presupuestal total destinado a publicidad en todas sus formas, plan de inversión publicitaria aprobado por el organismo y monto de inversión ejecutada.

También se exige transparencia del mercado. Todos los medios de comunicación que reciben publicidad oficial deberán publicar información detallada que dé debida cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida, establece el artículo 7. De la misma forma, las agencias de publicidad y centrales de medios deberán publicar información detallada del destino efectivo de los dineros asignados por los organismos públicos contratantes.

El proyecto incluye los criterios y procedimientos que deben adoptarse para la asignación de la publicidad. El principio general para la asignación de publicidad oficial será el procedimiento de licitación pública (artículo 8), mientras que el artículo 9 establece que los criterios para la selección de los medios para difundir a pauta serán, en primer lugar, la relación entre información o campaña y la población objetivo, luego los medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría (atendiendo especialmente a los medios de exclusiva producción local) y, finalmente, el precio.

El artículo 10 establece que deberá destinarse al menos un 30% del monto total asignado de la publicidad oficial a medios de comunicación que estén radicados en localidades del interior cuando se trate de publicidad destinada al público general. En el artículo 11 se establece un fondo para la realización de encuestas y estudios tanto a nivel nacional como departamental, para contar con información suficiente y adecuada para una correcta asignación de la pauta oficial.

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“La realidad nos señala un dato evidente: se presenta con característica muy notoria la disparidad que se produce en la distribución de la Publicidad Oficial (del Estado) en relación a su difusión en los medios televisivos, radiales y escritos de la capital y del interior del país.

Según datos aportados por la Organización de Prensa del Interior (OPI) el Estado distribuye su Publicidad Oficial en un porcentaje de 98 % a 2 % entre medios de la Capital e Interior respectivamente.

Como puede apreciarse a simple vista, la distribución mencionada no guarda una relación directa con el volumen de población a que llegan los medios del interior (en cuanto en los departamentos del interior se concentra más del 59,8 % de la población del país según datos aportados por el INE – Censo ‘2011).

La explicación natural y lógica a esta heterogénea distribución, puede encontrarse en el hecho de ciertos medios de comunicación capitalinos (sobre todo los televisivos) tienen un alcance nacional a través del servicio de Televisión por Cable; sin embargo es importante tener en cuenta que cierto número de población del interior del país no accede a este tipo de servicio. Asimismo, la misma asimetría se mantiene en relación a la publicidad que se transmite a través de la Prensa Escrita, en tanto que los diarios capitalinos tienen en el interior un tiraje de venta muy por debajo que la de los respectivos diarios locales de cada ciudad.

Importa tener en cuenta también que los costos de minutos de publicidades en radio y/o TV, así como los de espacios en prensa escrita, presentan una diferencia notoria entre Capital e Interior, siendo en esta última zona hasta en 90 % más económicos.

Así presentado este panorama, bueno sería que el Estado contemplara esta situación de disparidad (sin olvidar que los medios de prensa del interior, tributan en igualdad de condiciones que los capitalino; y que sin distinciones, siempre se encuentran proclives a recibir a todo representante y actor político en sus visitas y a transmitir sus mensajes, sin solicitar una contrapartida cambio); por lo que sería de justicia otorgar un volumen más equitativo de su publicidad oficial; y por qué no decirlo, que esta distribución sea regulada en forma legal, aprovechando el instrumento tan próximo de la Ley de Medios.

Es por tal motivo, que esta propuesta la he presentado en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados: Comisión que tiene el cometido de analizar y dar forma definitiva a la Ley de Medios. Incluso seré recibido por la referida Comisión, para plantear la propuesta a sus miembros y considerar la posibilidad de su inclusión en la Ley de Medios”.

Dr. Andrés Lima.

Representante Nacional.

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No obstante, subsisten otras inequidades y discrecionalidades alarmantes en la asignación de publicidad oficial:

a.- Inexistencia de criterios para distribuir la publicidad (muchas veces no importa el tiraje, no importa la circulación, no importa la audiencia, no importan los contenidos). O bien se deja el reparto a las agencias de publicidad, y estas cobran dos veces, al Estado y al medio, y además ingresan la publicidad oficial en sus»paquetes» de trueque; o bien se asigna la publicidad por amiguismo entre los mandos medios de los medios y del Estado.

b.- Abuso de las ediciones «especiales» de medios de comunicación que son regadas con miles de dólares de publicidad de organismos públicos.

c.- Inequidad en el reparto entre los sectores de la comunicación: la televisión se lleva la parte del león, la radio va en segundo lugar, y la prensa que más periodistas emplea y es la que realmente hace la agenda informativa es relegada al tercer lugar en dinero asignado.

d.- Falta de transparencia: No hay transparencia suficiente en la asignación por parte del Estado (debería estar colgada la información en la web de cada organismo como parte de la transparencia proactiva) y el sistema de medios debería ser mucho más transparente.

El presidente ha hablado en estos días de medidas paliativas para equilibrar la ecuación Montevideo-Interior. Creemos que la respuesta debe ser más amplia e integral. Al comenzar el período GMS entregó ala SEPREDI un proyecto de ley cuyas bases fueron elaboradas desde la sociedad civil con participación de todos los actores involucrados, pero nunca fue enviado al Parlamento.

Creemos firmemente que la solución a este problema es regular. El Estado debe autoregularse a través de una ley en la definición y asignación de publicidad oficial y debe exigir mayor transparencia al sistema de medios.

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Jueves 28 de julio de 2011

Antesala de Cámara de Representantes, Palacio Legislativo (entrada por Gral. Flores)

Hora 10:00

PROGRAMA PRELIMINAR.

Mesa I.- Hora 10.00

Estándares para una regulación democrática de la asignación de publicidad oficial, adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

– Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Principios sobre regulación de la Publicidad Oficial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”

– Eleonora Rabinovich, (Asociación por los Derechos Civiles, Argentina). Panorama regional del uso de la publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta.

– Mariana Fasciolo, Subsecretaria de Transparencia Institucional y Control de Gestión del Municipio de Morón, Argentina. Experiencia de construcción desde el gobierno para autorregular la asignación de Publicidad Oficial

Modera: Edison Lanza (Grupo Medios y Sociedad y CAInfo)

Mesa II.- Hora 10.45

Los actores de la comunicación y la asignación de la Publicidad Oficial

– Raúl Vernengo, Presidente de la Organización de la Prensa del Interior (OPI). Inequidades e ineficiencias en la asignación de la pauta Montevideo-Interior.

-Juan Brañas, Presidente de la Asociación de Radios del Interior (RAMI). La visión de las radios del interior – Belén Itza y David Rabinovich, Asociación Mundial de Radios Comunitarias-Uruguay (AMARC).

Algunos datos sobre la situación actual de la asignación de publicidad oficial. La situación de las radios comunitarias.

– Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). La visión de los trabajadores de la comunicación

Modera: José Imaz

Pausa café

Mesa III.- Hora 11.30

¿Es hora de legislar sobre asignación de publicidad oficial? La visión de los parlamentarios

– Diputado Alvaro Delgado (Partido Nacional)

– Diputado Fitzeral Cantero (Partido Colorado)

– Diputado Julio Bastitoni (Frente Amplio)

Modera: Sebastián Cáceres (Organización de la Prensa Interior)

Mesa IV.- Hora 12:00

Visión y propuesta del actual Poder Ejecutivo

– Director de la Secretaría de Comunicación Institucional, Gonzalo Carámbula. Comentarios acerca de como regular la asignación de publicidad oficial.

– Director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), Gustavo Gómez. Principales características del proyecto de ley de publicidad oficial presentado oportunamente ante el Parlamento.

Modera: Rafael Sanseviero (FESUR)

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Informes:

Edison Lanza, 099 108 230

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El Grupo Medios y Sociedad (GMS), que viene trabajando el tema con diferentes organizaciones de América Latina, considera que la publicación de los estándares constituyen un importante avance para promover la urgente discusión y adopción de normas a nivel nacional y local en los distintos países de la región.

Desde Uruguay el Grupo Medios y Sociedad (GMS), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, Open Society Justice Initiative (OSJI), Artículo/19 y Fundar (México), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, Colombia), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS, Perú), Fundación Pro Acceso (Chile), Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX, Costa Rica), participaron el año pasado de una audiencia temática ante la CIDH, en la cual alertaron sobre los usos y abusos de la pauta oficial en la región y solicitaron que la CIDH elabore estándares que sirvieran de marco de referencia para que los Estados adopten regulaciones adecuadas en la materia.

La audiencia formó parte del trabajo regional que este grupo de organizaciones viene desarrollando desde hace varios años en materia de censura indirecta y publicidad oficial.

En resumen estos estándares sostienen que:

1. Los Estados deben adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta, en cada uno de sus niveles de gobierno. Dichas normas deberían definir claramente qué se entiende por pauta oficial y establecer sanciones adecuadas para su incumplimiento.

2.  Los avisos oficiales deben incluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios. En particular, la Relatoría enfatiza que “no deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes empleadas por cualquier partido político u organización social”, y  “no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses”.

3. La Relatoría reitera que la publicidad estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.

De acuerdo a la Relatoría, los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberían evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación o audiencia del medio respectivo. Para la Relatoría, la publicidad oficial debe orientarse a la efectividad del mensaje, esto es, a que la pauta sea recibida por el público al que se desea impactar con la campaña.

El informe señala específicamente que las mediciones que se efectúen deben abarcar a todos los tipos de medios (como los medios pequeños, comunitarios y locales) para que su utilización no se convierta en una barrera indirecta que los margine del otorgamiento de publicidad oficial. Para la Relatoría, además, el reparto de pauta no puede discriminar a los medios de comunicación por el modelo bajo el cual operan. “La exclusión de los medios comunitarios o alternativos por el mero hecho de funcionar bajo criterios no comerciales resulta una discriminación inaceptable”.

4. Es necesaria una adecuada planificación de la pauta, que permita el control público.

5.  Los Estados deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre pauta oficial y garantizar ante cada requerimiento por parte del público en general,  el fácil acceso a la información.  El informe detalla una amplia gama de datos que los gobiernos deben poner a disponibilidad del público.

6. Se deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial.

7. La Relatoría también postula que los Estados deberían establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial. La pauta, dice la Relatoría, no debería ser considerada como un mecanismo de sostenimiento de los medios de comunicación.

El Informe Anual 2010 de la Relatoría para la Libertad de Expresión está disponible en este enlace:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf

En base a comunicado de ADC.

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Walter Sena

Grupo Medios y Sociedad [GMS]

wsena@montevideo.com.uy

teléfono +598 94 126 008

Montevideo – Uruguay

grupomediosysociedad@gmail.com

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Es público y notorio que, en las últimas semanas, varios organismos públicos han realizado campañas publicitarias en los medios de comunicación en defensa y divulgación de los planes y programas desarrollados durante el actual período de gobierno. Si bien algunas atienden al debido cumplimiento de rendición de cuentas y el derecho a estar informados de parte de los uruguayos y uruguayas, en otras la campaña se parece, peligrosamente, a una propaganda para incidir en las próximas elecciones.

Esto continuará sucediendo, hasta tanto el Parlamento -integrado por los mismos partidos que disputan la elección- no apruebe el proyecto de Ley de Publicidad Oficial y defina claramente los siguientes elementos que terminen con la discrecionalidad en la asignación de fondos públicos. Entre otros:

a.- Definición y objetivo de la publicidad oficial.

b.- Procedimientos, criterios y oportunidad para contratar la pauta planificada.

c.- Priorizar la relación entre información o campaña y la población objetivo como criterio para la asignación.

d.- Prohibición de realizar campañas con sesgo partidario o de propaganda o en función de la línea editorial del medio.

Montevideo,  06 de octubre de 2009

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Walter Sena

Grupo Medios y Sociedad [GMS].

wsena@montevideo.com.uy

teléfono (598 2) 309 2824.

Montevideo – Uruguay.

grupomediosysociedad@gmail.com

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