La delegación estuvo conformada por Andrés Gandini, secretario general; el señor Fernando Mederos, miembro de la Comisión Directiva, y la doctora Camila Francia, asesora letrada.

¿Cuáles fueron los planteos efectuados?

FRANCIA (Camila). Nuestro Sindicato nuclea a afiliados de todas las direcciones nacionales, así como también a operadores penitenciarios. En virtud del convenio colectivo de trabajo suscrito y por ser el sindicato con mayor número de afiliados somos el interlocutor válido reconocido por el Ministerio del Interior para las relaciones laborales y las negociaciones. Hoy, comparecemos como representantes de quienes están en la primera línea del Estado: policías, bomberos, funcionarios de Caminera, guardias republicanos, funcionarios administrativos, operadores penitenciarios y funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. Se trata de mujeres y hombres que enfrentan, cada día, una realidad que muchas veces no aparece en los discursos, los titulares ni los planes estratégicos.

Hace pocos días, en esta misma Comisión, las autoridades del Ministerio del Interior hablaron de criminalidad violenta, de estafas, de narcotráfico y del colapso carcelario.

Coincidimos con ese diagnóstico: Uruguay enfrenta una crisis estructural en materia de seguridad.

Como Sindicato Policial Nacional no vemos solución posible a corto ni largo plazos si no se reconoce una verdad esencial: la Policía Nacional es una fuerza humana, con nombre, rostro y límites. Precisamente, hoy, esos límites están siendo llevados al máximo. Parece contradictorio que frente a esa crisis no se haya puesto en el centro de la estrategia al policía como sujeto a proteger y sostener. Desde el Ministerio del Interior se habló de drones, tótems, cámaras, entre otros. Sin embargo, no se mencionaron las condiciones laborales de base del personal, el estrés operativo crónico en las unidades de calle, la sobrecarga horaria en distintas unidades ni el aumento de las ausencias por problemas de salud mental. Tampoco se habló de mejorar el régimen de licencias, de las licencias especiales, de proteger al personal ni de las condiciones precarias de las comisarías del interior del país. Hoy se invierte más en sistemas que en seres humanos. Esta situación tiene consecuencias: policías desmotivados, desgastados y con un sentimiento de abandono por parte del Estado.

La tecnología, las estrategias, las reformas, los drones y las estadísticas son todos elementos valiosos, pero si no se cuida a quienes cuidan, si no se protege a quienes protegen, el sistema no se sostiene.

No venimos a quejamos. Venimos a señalar lo que no se está diciendo y a proponer lo que sí se necesita hacer según quienes conocen la calle y la celda, ponen todas sus fuerzas al servicio de la sociedad y enfrentan la violencia a diario.

Salud mental

Hoy no es un día cualquiera: es el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Sabido es que la Policía Nacional presenta una tasa de suicidios muy por encima del promedio de la población. Lamentablemente, a esta altura del año ya son cinco los compañeros que han decidido quitarse la vida. Esta situación, sin duda, nos preocupa a todos. El Ministerio del Interior entiende que la salud mental se debe tratar de diversas maneras, dependiendo de la condición específica y de las necesidades y tareas de cada policía. Se reconocen los riesgos y las situaciones de estrés que enfrentan los funcionarios, pero ¿qué medidas se toman al respecto? Se pueden escribir ríos de tinta y crear innumerables comisiones, pero, muchas veces, se olvidan de las soluciones más simples y de mejorar aspectos básicos.

Cuidar la salud mental del policía no es solo derivarlo al psicólogo y ofrecerle atención; es trabajar en la prevención al mejorar las condiciones laborales que están al alcance de las autoridades.

La prevención no siempre requiere grandes presupuestos. Sí precisa voluntad política. No se puede hablar de salud mental del policía sin hablar de salarios dignos. Un policía que no puede cubrir sus necesidades básicas, que vive endeudado, que no llega a fin de mes, que no recibe el pago de su salario en tiempo y forma, y que no tiene estabilidad laboral, llega a la calle con la mente cargada y el cuerpo agotado.

La estabilidad emocional es una cuestión no solo clínica, sino también económica.

Los policías no son piezas anónimas de un sistema; son madres y padres de familia, que con su salario mantienen un hogar, crían hijos y enfrentan las mismas dificultades que cualquier trabajador. Se espera de ellos templanza, entrega y valor. Lo cierto es que, muchas veces, vuelven a casa con la angustia de no saber si podrán pagar las cuentas o si podrán darles lo mínimo a sus hijos. No es necesario esperar un aumento presupuestal para empezar a actuar. Hay medidas de bajo o nulo costo que pueden implementarse de inmediato, con voluntad política.

Servicio 222

En especial, hay situaciones que nos preocupan y que abarcan a un gran número de nuestros compañeros. En primer lugar, menciono el pago del servicio por el artículo 222. Como todos sabrán, lo que en la jerga policial se llama «222», es un servicio especial por el cual los funcionarios policiales prestan servicios extraordinarios fuera de su horario habitual, por lo general, para custodiar bienes, edificios o eventos, y reciben un pago adicional por ello. Quienes contratan este servicio son instituciones públicas o privadas como, por ejemplo, bancos, hospitales, ministerios y distintas empresas. No se trata de un trabajo privado directo dado que el Ministerio del Interior administra y controla la prestación de este servicio. Además de su salario regular, el funcionario policial cobra una partida extra por este trabajo, razón principal por la cual lo realiza, ya que en muchas ocasiones -me atrevería a decir en todos los casos- este pago completa o compensa un salario insuficiente. Actualmente, la situación del pago del servicio por artículo 222 ha sido calamitosa. Si bien es cierto que la normativa que rige este servicio no establece una fecha fija de pago, en los hechos, históricamente, se manejaba un día de pago entre el 10 y el 15 de cada mes. Actualmente, la realidad es otra. No solo no hay fecha prevista, sino que cada mes el pago se demora más de la cuenta. Por lo tanto, se vuelve incierto, lo que afecta la economía familiar y, también, genera malestar, frustración y sensación de desprotección de parte del Estado.

Para muchos, el pago por el servicio 222 no es un ingreso extra: es lo que les permite llegar a fin de mes.

Realmente ha sido agotador y desgastante tener que reclamar cada mes por un trabajo ya realizado. Ahora bien, ¿cuál es la causa de este atraso? Los entes contratantes y las empresas privadas no abonan el precio por los servicios brindados, acumulando deudas millonarias. La desidia y el desinterés por brindar una solución o intimar de alguna manera a los deudores generan un impacto directo en la economía de los funcionarios policiales, quienes a pesar de haber cumplido con el servicio pactado, no cobran. Sinceramente, a nadie parece importarle esta situación. ¿Qué sucedería si esta misma ecuación de trabajar sin recibir un pago se diera en cualquier otra actividad laboral, ya sea pública o privada? En cualquier otra actividad, dejar de pagar a un trabajador sería inaceptable y escandaloso. Sin embargo, a los policías se les debe el pago por un servicio ya cumplido, que hicieron fuera de su horario, con uniforme y arma de reglamento, y con la misma responsabilidad institucional. Es más, parece naturalizarse que deban reclamarlo una y otra vez cada fin de mes. Esto no es solo una injusticia laboral; es una señal de que se exige más de lo que se está dispuesto a reconocer.

Desde el Sindicato Policial exigimos una fecha de pago determinada y que se tomen las medidas necesarias a los efectos de requerir que los entes contratantes paguen estas deudas millonarias. Además, de esta manera se evitaría pedir préstamos a Economía por parte del Ministerio del Interior para hacer frente a estos pagos, como se ha hecho habitual.

Policías eventuales

El segundo punto a considerar es la situación de los policías eventuales. Tal vez para muchos sea desconocido este término o este tipo de contratación. Los policías eventuales son funcionarios contratados por el Ministerio del Interior de forma temporal y en régimen especial, que no gozan de los derechos ni de la estabilidad laboral de un policía efectivo. No son funcionarios de carrera, ya que por la normativa que rige su tipo de vinculación, tienen expresamente impedida la posibilidad de realizar la carrera funcional. Son contratados exclusivamente para tareas específicas como vigilancia de organismos públicos y privados, y custodia de locales, bienes o personas. Reciben la misma formación en la Escuela de Policía, prestan servicio con uniforme y armamento, y están bajo mando policial. Sin embargo, sus condiciones laborales son inferiores y tienen acceso muy limitado a los beneficios sociales. Su contratación es regulada, por lo general, por resoluciones internas del Ministerio del Interior.

Como sindicato hemos denunciado la precariedad de este tipo de contratación, ya que estas personas no tienen estabilidad laboral ni carrera funcional.

Por ley, su contrato debe ser de un año, renovable un año más. Luego de eso, teniendo en cuenta la situación de cada uno, la antigüedad, la lista de prelación y las vacantes que existan, deben ser presupuestados. En los hechos se dan varias irregularidades con este tipo de contrataciones. La más explícita e ilegal por exceder lo establecido en las normas reglamentarias es la permanencia en calidad de eventual luego de pasados los dos años de contratación. Es más: pasan cinco, seis y siete años sin acceder a la presupuestación, sin poder realizar una carrera funcional, sin saber si ese trabajo va a continuar. Esta inestabilidad laboral genera incertidumbre en los funcionarios, quienes no saben a ciencia cierta qué pasará con ellos y hasta cuándo el ente contratante requerirá sus servicios. Digo esto ya que una vez finalizado el contrato sin haber sido presupuestado el destino mas probable es la baja en la función Esto genera desgaste a nivel de los funcionarios. También provoca una mala utilización de los recursos humanos y económicos, ya que en virtud de la necesidad de más personal se realizan nuevos llamados en vez de captar a quienes tienen experiencia en la función. Desconocemos las razones del desorden respecto a estos funcionarios. No existe una lista de prelación ni un criterio de presupuestación; tampoco la seriedad del caso ante compañeros que hace casi diez años que permanecen en esta situación irregular. En la comparecencia de las autoridades del Ministerio del Interior ante esta Comisión se remarcó la necesidad de contar con más funcionarios policiales. Se destacó la necesidad de tener policías ejecutivos y se habló de la existencia de mil vacantes de presupuestados, que hay que llenar en 2025.

Estimamos que, al momento, hay, aproximadamente, ochocientos policías eventuales; aclaro que son menos los que están en condiciones de ser presupuestados. Por tanto, de existir voluntad y un examen serio del asunto, se podrían completar con creces las vacantes existentes y se daría a estos compañeros la seguridad y la certeza de un trabajo estable y sobre todo, la posibilidad de iniciar una carrera policial, que con tanto esmero y vocación decidieron abrazar. No obstante, para la Administración, los policías eventuales no tienen prioridad porque no solo no se realiza un estudio concienzudo para su incorporación a las filas policiales, sino que tampoco tienen prioridad para completar las vacantes existentes. Lo peor es que por parte del Ministerio del Interior se sigue fomentando este tipo de contratos precarios al continuar realizando llamados para policías eventuales. Exigimos, por tanto, que aquellos funcionarios eventuales que han completado los dos años de contratación y se encuentren en condiciones sean presupuestados en virtud de la existencia de mil vacantes para policías ejecutivos, declarada por el propio Ministerio.

Condiciones en INR

El tercer punto que queremos mencionar es la situación de los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR. Me refiero tanto a los policías como a los operadores penitenciarios. Hace un año nos presentamos ante la Comisión de Seguimiento Carcelario para exponer las mismas dificultades y carencias que existen en la actualidad respecto a los funcionarios que allí se desempeñan. Como alguien expresó, una imagen, vale más que mil palabras. Por eso, les solicitamos que se proyecte el video que trajimos. (Se proyecta un video).

Sin duda, las imágenes son muy difíciles de ver. Esconden lo más duro de nuestra sociedad, lo que nadie quiere ver. La realidad de las cárceles es crítica. El sistema penitenciario es sostenido por funcionarios y operadores que cumplen su labor, aun al borde del colapso físico y mental. En los pasillos que hemos visto trabajan nuestros compañeros.

El sistema penitenciario está colapsado no solo por el número de internos, sino también por las condiciones laborales extremadamente riesgosas que vive a diario el personal a cargo que, además, es escaso y absolutamente insuficiente.

Los lugares de higiene y descanso carecen de una infraestructura adecuada, exponiendo a los funcionarios a riesgos sanitarios. Dada la exposición a la violencia que generan eventos como los acontecidos en el Módulo 11, el personal se encuentra en riesgo permanente. Debe acudir a estas situaciones extremas con poca o nula preparación y elementos de seguridad. No se puede hablar de rehabilitación con operadores agotados ni de seguridad con funcionarios a los que nadie cuida Detrás de cada celda controlada hay un funcionario que arriesga su vida sin reconocimiento, sin respaldo y muchas veces, sin descanso. Realmente esa es una actividad insalubre, riesgosa y poco reconocida.

Les solicitamos a ustedes, que se creen por ley una partida compensatoria y un beneficio a los efectos jubilatorios para quienes desempeñan sus funciones en los establecimientos carcelarios.

Fondo de Vivienda

Un último punto, pero no por eso menos importante, es el destino del 1% descontado a los policías por el Fondo de Vivienda. Como Sindicato Policial Nacional reclamamos la creación de convenios con otros organismos, que permitan al funcionario acceder a prestamos de viviendas para comprar un inmueble digno y que esté lejos de las zonas rojas, donde los funcionarios deben convivir con la criminalidad, poniendo en riesgo su propia integridad y muchas veces, la de su familia. Eso fue lo que sucedió el pasado domingo en el evento de público conocimiento, en el que uno de nuestros compañeros abatió a un delincuente en el marco de una rapiña. 6 No se puede seguir exigiendo a la Policía más eficacia sin más protección. No se puede invisibilizar al policía como sujeto de derechos como trabajador.

Desde el Sindicato no venimos a victimizar al policía; venimos a humanizarlo.

No se puede hablar de estrategia nacional sin contar con los que están en primera línea, al frente del conflicto cada día, cada noche, en cada barrio y en cada zona del país. En su discurso de despedida, quien fuera director de la Policía Nacional, el inspector principal Julio Guarteche, dijo: «La Policía Nacional es una institución fundamental. ¿Creemos esto? ¿Estamos seguros? ¿Podemos defender en cualquier foro esta posición? ¿Estamos conscientes del valor de nuestro trabajo? La Policía Nacional […] es una institución de servicio, cumple un rol fundamental en el orden, la seguridad y la paz pública […] Cuando nos preguntan dónde trabajamos respondemos soy policía. No decimos trabajamos en la Policía. Eso dice mucho de cuán profundo es el sentimiento de un policía. Eso tiene muchas ventajas para la institución y en muchas ocasiones desventajas personales […] Somos espectadores y actores de primera línea de, casi siempre, el acontecer más oscuro de la sociedad […] Somos los que ayudamos a tratar las enfermedades sociales que no provocamos, pero de las que frecuentemente se nos hace únicos responsables. Pero todo esto tiene un costo en salud física, psicológica, emocional; en la calidad de las relaciones familiares, etcétera, etcétera, que cada vez más tenemos la necesidad de entender y atender». Hoy no vinimos a pedir privilegios. Vinimos a exigir, como mínimo, condiciones dignas y compromiso con quienes sostienen la seguridad del país.

Si realmente queremos una política de seguridad duradera y humana, el primer paso es dejar de mirar a la Policía como un gasto y empezar a verla como una prioridad nacional.

Dejamos en sus manos, como legisladores, la posibilidad de actuar para crear, modificar y mejorar las normas que puedan causar un impacto positivo y real en la vida de nuestros compañeros de la Policía Nacional. Eso, sin duda, redundará en beneficio de toda la sociedad.

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Asimismo se comunica que, los funcionarios que prestaban el servicio 222 en locales que cesaron a partir del 1º de enero del corriente año, deben presentarse en la oficina del 222 de la Jefatura de Policía de Montevideo o de la Unidad Ejecutora correspondiente, a los efectos de asignarles servicios contratados.

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Comunicado de Prensa.

Como lo habíamos anticipado reventó la olla, ya se comenzó a notificar a los compañeros de la disminución de horas del Art. 222 y recién se están despertando que nos tocaron el bolsillo.

Lamentamos las declaraciones del Jefe de Policía de Montevideo apoyando la rebaja salarial para el personal policial, y más lamentamos lo expuesto que esta cada trabajador a cargo de dicho Jerarca, pareciese que nunca fue policía.

La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales convocara al Ejecutivo de la FENASIP para el día martes 4 de enero a la hora 11:00 en carácter de grave y urgente para tratar temas puntuales como lo son: 1) mal liquidación de aguinaldos y liquidación de irpf, 2) servicios Art. 222, 3) rebaja salarial.

No se descarta por parte de esta Coordinadora realizar movilizaciones en Maldonado y ciudad de la Costa, esperando el apoyo de la FENASIP y todo el conjunto de trabajadores.

Solicitamos a todos los trabajadores organizarse y estar atentos al llamado para efectuar las distintas medidas de lucha que podamos llevar a cabo sin afectar la seguridad.

Saluda atentamente

El Ejecutivo. 30/12/2010.

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A partir del mes de enero del 2011 el salario e ingreso por Art. 222 del trabajador policial se va a ver afectado por el aumento del montepío a un 90%, siendo que nos venían descontado por algunos rubros del salario y Art. 222 el 70%.

Más razones para decir que el Ministerio del Interior esta metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores, no solo por el aumento de hambre asignado, sino por el aumento del Montepío.

Esta Organización hace un llamado a todos los trabajadores policiales para la no concurrencia a los Servicios de Art. 222 en todo el territorio nacional los días 12, 13 y 14 de Noviembre de 2010.

“No a los cargos de confianza, gerenciales y acomodos en Ministerio del Interior, no a gastos innecesarios como helicópteros, autos blindados, tecnología informática que no funciona. SI a la redistribución de los rubros y aumentos reales para el trabajador policial.

Saluda atentamente

El Ejecutivo CONASIP.

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La sesión tendrá lugar a la hora 17 en la Sala “Ministros”.

En ocasión de la visita del ministro Luis Rosadilla, el senador Rodolfo Nin Novoa se refirió al asunto, al consultar sobre la iniciativa de “creación de una equiparación al Servicio 222 de la famosa Ley de Presupuesto de 1964, que se da a la Policía y también cumplen algunas dependencias de las Fuerzas Armadas como, por ejemplo, la Armada Nacional”.

“Veo que el señor Ministro lo tiene en su poder y lo conoce, por lo que pretenderíamos escuchar una opinión -no sé si el tiempo alcanzaría en esta reunión- dado que este tema también está en discusión respecto de la Policía y es algo que se pretende incorporar al sueldo, tal como se ha dicho. Nos gustaría contar con una breve impresión al respecto para ver cómo resolvemos este problema”, inquirió Nin Novoa.

Sobre el proyecto de ley en cuestión, el ministro Rosadilla puntualizó que “se trata de una iniciativa que viene a llenar una necesidad planteada y a compensar, en forma inmediata, al personal que cumple funciones en la Policía Aérea Nacional -aspecto sobre el que no me voy a extender porque es conocido por todos- el cual se encuentra exigido en materia de cumplimiento de horas por fuera de toda norma”.

Con relación a este tema –agregó- “se podrán decir muchas cosas, pero actualmente necesitamos contar con un instrumento que permita que ese personal reciba una compensación por la realización de un esfuerzo extraordinario que realmente es muy difícil de mantener”.

Comentó que en una de las recientes reuniones del Consejo de Ministros “se comentó que en el Diario ‘El País’ había avisos solicitando personal con Secundaria completa y dominio del idioma inglés por un sueldo de $ 5.083 lo que, realmente, es muy difícil de encontrar. Por otra parte, como los senadores comprenderán, hay algunas tareas relativas al turismo y a dar la bienvenida a la gente que necesitan un poco más de capacitación”.

Por tanto, “este proyecto de ley viene a cubrir una situación que no deseamos que sea estructural, pero que actualmente no tenemos forma de atender si no es con una mejora que posibilite la contratación por fuera para fortalecer el salario de este personal”.

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Hasta el día de mañana, se desconoce cuales son las razones del incumplimiento del pago de dicho servicio y lamentamos que ningún integrante del Comando de la Jefatura se preocupara por los compañeros que no tienen ni para comer, ahora los compañeros afectados, como este Ejecutivo se pregunta, los Jerarcas habrán cobrado el 10 % de dicho servicio?, ustedes que opinan compañeros?

La Jerarquía, como los compañeros que trabajan en Contaduría, como todos los Encargados de las Oficinas de Jefatura, encargados de oficinas que no ostentan el Grado Ejecutivo, pero igual controlan y cobran el 10 % de los Servicios que hacen los Policías que hoy no tienen para comer, estos Policías que pasan frió y calor, no tienen baño para hacer sus necesidades, mientras tanto los que cobran el 10 % mes a mes, sin atraso, están todo el año con aire acondicionado, se acordaron de los demás?

Por parte de los Compañeros y este Ejecutivo, no se descarta tomar medidas la semana que viene, las cuales serían: movilización en la Colonia Berro y frente a Jefatura de Canelones (levantamiento de carpa), con el siguiente petitorio:

1)         Poner al día todos los Servicios Art. 222, como es sabido, no es solamente Colonia Berro la que esta atrasada.

2)         El 10 % del Art. 222, el cual cobran los acomodados, y la gente que jamás realizo este servicio, sea destinado a un fondo, para prever atrasos y que los policías cobren en fecha.

3)         Mejorar las condiciones de higiene donde están apostados los Policías en dicha Colonia, a continuación se adjuntan fotos, donde los compañeros hacen sus necesidades.

4)         La remoción del Jefe de Policía, con todo el Comando de Canelones.

Es lamentable, ver a un compañero desesperado, sin saber, si al llegar a su casa, puede darle de comer a su familia, los Jerarcas de Canelones, se preocupan, por quien usa primero la casa de La Floresta para Veranear, sin importarles que hay un compañero que la precisa.

Compañeros, saquen sus propias conclusiones, y hacemos un llamado a la reflexión y principalmente a la unión, cosas como estas no pueden pasar más.

ASPOCA.

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Un ejemplo a destacar, el Servicio de UTE, debe del mes de Noviembre 2009 la suma de $143000, también se adeuda Diciembre mismo año y lo que corre de Enero de este año.

Cabe destacar, que el gremio de UTE, no abrirán sus puertas, plegándose a nuestras medidas.

El ente deudor antes nombrado, es uno de los mayores recaudadores, y si cualquier policía se atrasa con la factura mensual, le cortan el suministro.

Convoca la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (CONASIP).

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El principal deudor de la Jefatura de Policía de Montevideo es la comuna capitalina con US$ 6 millones. Los organismos que tienen atrasos más importantes por este servicio son el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA), OSE, el Ministerio de Salud Pública (MSP), UTE, el Banco de Previsión Social (BPS), el ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP); casinos del Estado y la Dirección General Impositiva (DGI).

El BHU adeuda US$ 725.835 solo en Montevideo. El diputado recordó que a fines de 2008 la ministra Daisy Tourné solicitó ante el Parlamento la colaboración del sistema político por los atrasos de organismos públicos en el pago del servicio 222.

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Motiva la medida resuelta, que a la fecha miles de compañeros y compañeras, trabajadores, no han percibido sus haberes por concepto de servicios Especiales de Seguridad (art.222), y otros tantos miles han debido de esperar varios días de retraso en las liquidaciones correspondientes, dinero que los contratantes abonaron al Ministerio del Interior y que se encuentra en sus arcas.

El retraso o no pago de los Servicios especiales afecta particularmente a las familias de los policías, no solo al funcionario en particular. Existen compañeros de otros departamentos que se les adeuda el mes de diciembre del 2008 y/o enero del 2009, y otros tantos miles  hemos visto retrasadas las liquidaciones de haberes del mes de enero del 2009, no solo en materia de servicios especiales sino que en materia presupuestal por falta de previsión por parte de las autoridades, en cuanto a las liquidaciones.

El ministerio del interior no cumplió con remitir a las unidades ejecutoras en tiempo y forma los instructivos por los aportes que debían realizarse, de acuerdo al convenio firmado con la Mesa Intersindical Policial (SUPU, SINPOLUR, etc.), el cual esta Asociación y la CONASIP en su conjunto no refrendo por tanto, hoy cuando los haberes de los policías fueron afectados en una proporción tal, que para pretender ocultarlo se aumento la hora de 222 a la vez que se aplicaron las nuevas retenciones, con lo cual el aumento fue absorbido por los aportes, con lo cual prácticamente nos han congelado el valor de la hora de 222. Igual paso con el sueldo ya que recibimos un promedio del 7,05% de aumento y la famosa partida de 850 pesos tan publicitada fue absorbido por el aumento de las retenciones. Vemos que el condicionante de que no implicaría una disminución de los ingresos de los policías fue un engaño técnico. Quizás sea esa la causa por la cual fue tal el apresuramiento en votar la ley de Retiros policiales, para que no tuviéramos el tiempo necesario para estudiar la norma y descubrir la letra pequeña y exponerla.

Convocamos al dialogo urgente a las autoridades Ministeriales, y a que subsanen la situación inmediatamente, y asuman las responsabilidades que les corresponden ante los compañeros y compañeras afectados.

En lo departamental, las horas corren y las anunciadas medidas, por la situación en el departamento de Canelones, en materia carcelaria y ante nuestro reclamo de remoción del Comando de la jefatura de Canelones no tiene respuesta, mientras que este miércoles 18 de febrero un nuevo túnel ha sido descubierto en el Establecimiento Penitenciario Departamental, que se suma al principio de túnel descubierto a mediados de enero en el patio de visitas del modulo 2, un nuevo hurto de la caja fuerte del mismo centro que aconteció el día domingo 15 de febrero y que algunos medios confundieron con que se trataba de algo relacionado con la histórica fuga de 10 reclusas de la Cárcel de Mujeres de Canelones, pero se trata de hechos diferentes ocurridos en dos establecimientos Penitenciarios distintos.

Por todo los expuestos, convocamos a los compañeros y compañeras policías a sumarse a esta medida de suspensión de la prestación por 72 horas, sabemos que muchos compañeros se debaten entre la acompañar la medida y la necesidad. Debemos de considerar cada uno cuanto nos afecta a nosotros mismos y a nuestros compañeros en su conjunto, si dejamos sentar el precedente, que evitara que estas situaciones se vuelvan a repetir en el futuro.

Para aquellos compañeros que adhieran a esta medida les recordamos que el procedimiento es informar a la unidad donde prestan servicio con 24 horas de antelación a la hora de inicio del servicio, asimismo los instamos a informar a los contratantes del motivo de la medida, ya que ellos también se estarán viendo afectados a consecuencia del incumplimiento del Ministerio del Interior.

Las Piedras 18 de febrero de 2009.

Jorge MOLINA.

Presidente.

094 772 840.

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