El 30% de la superficie total del país tiene en sus suelos problemas de erosión. La tierra es un bien social que necesita para su uso la regulación del Estado, sin desconocer los derechos de sus titulares. Con el objetivo de preservar recursos naturales no renovables y acompañar un desarrollo rural sostenido, el MGAP, diseñó un programa permanente que controlará y multará con un máximo de 10.000 UR, las prácticas inadecuadas. En la reunión entre el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi y productores integrantes de la Sociedad de Fomento de Colonia Valdense (SOFOVAL), se trataron temas referentes al uso y manejo sostenible de los recursos naturales, en particular suelos y aguas. El Ministro de Ganadería, recordó que es necesaria la descentralización porque las autoridades públicas del sector agropecuario están muy lejos de las realidades y sus problemas. Los puentes de unión, así como una manera de cambiar estructuras fragmentadas y centralizadas en la capital del país, provienen de la participación de los distintos actores a través de las sociedades rurales y de organizaciones. La intensificación agrícola y el abuso sobre el recurso tierra, constituye una problemática que posee la producción agrícola, así como el uso negativo de las nuevas tecnologías, además de la concentración en pocas manos y la extranjerización. El Ministro, afirmó que es un logro del sector realizar la identificación de problemas, el intercambio de opiniones y el encauzamiento de acciones, situación que es producto de una articulación entre actores privados y públicos como forma de trabajo. En ese sentido, dijo que la idea política fuerza es que el país se construya dialogando, y en este caso, el centro debe ser el bienestar de la familia rural, con base en un desarrollo sostenible. El Jerarca, precisó que la Ley de Suelos tiene 27 años, lo cual da cuenta de que es una herramienta legal que procede de otra época porque actualmente, el Uruguay se encuentra en una etapa de país productivo con justicia social. Por su parte, el titular de Recursos Naturales Renovables (RENARE), Héctor González, expresó que la campaña de uso y manejo responsable del suelo, parte de la idea de que la tierra es un recurso sostenido no renovable. El uso de los suelos, es un recurso clave para la soberanía alimentaria y el desarrollo socioeconómico del país. Esta es la razón fundamental por la cual se considera un bien social donde debe existir una regulación estatal que permita un uso, sin dejar de reconocer el derecho que tienen los titulares, en tomar decisiones de producción. El suelo no es un recurso natural no renovable, ya que su uso promueve tasas de destrucción mayores a la de formación cuando no se aplican técnicas de manejo adecuadas. Por lo tanto, deben aplicarse prácticas de manejo y secuencias de cultivo que eviten o mitiguen su degradación o erosión. Los mapas hidrográficos demuestran que un 30% de la superficie total del país tiene problemas de erosión. Además, un 87% de esa superficie total corresponde a las zonas de agricultura y horticultura en el litoral oeste y en el sur del territorio nacional. La intensificación agrícola vuelve indispensable establecer acciones destinadas a promover la aplicación de prácticas de manejo conservacionistas, no degradadotas, ni erosivas, y el diseño de secuencias de cultivos que promuevan la sostenibilidad del suelo en el mediano y largo plazo. El actual fenómeno de expansión acelerada de la agricultura de secano, especialmente de la soja, causó una intensificación del uso del suelo con el fin principal de alcanzar rentabilidades atractivas en el corto plazo. Las situaciones más dramáticas suceden con agricultura continua, con siembra de cultivos en filas anchas que tienen rastrojos que dejan a la tierra desprotegida, donde en la secuencia de cultivos no se incluyen aquellos que son protectores, además de no aplicarse técnicas de manejo de conservación. Al Estado le corresponde la responsabilidad de establecer medidas, orientaciones y medidas para el manejo responsable y sostenible del suelo que permita balancear adecuadamente el resultado económico de corto plazo con el mantenimiento o recuperación de su capacidad productiva. De esta manera, se pretende preservar los recursos naturales para las futuras generaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Constitución de la República. En ese marco, el MGAP diseñó un programa permanente con componentes de difusión, capacitación y fiscalización a partir de la zafra 2008/09, y enviará al Parlamento Nacional una propuesta de modificación del Decreto Ley 15.239 del 23 de diciembre de 1981. El contenido propuesto expresa que los titulares de explotaciones agropecuarias, cualquiera sea su vinculación jurídica de los mismos con el inmueble que les sirve de asiento, o tenedores de tierra a cualquier título, quedan obligados a aplicar las técnicas que señale el MGAP. Esta acción, tiene como objetivo evitar la erosión y degradación del suelo o lograr su recuperación y asegurar la conservación de las aguas pluviales. En segunda instancia, se propone que en el supuesto de constatarse incumplimiento en la aplicación de las técnicas aludidas, erosión o degradación del suelo, el MGAP, a través de la División de Servicios Jurídicos, aplicará las sanciones establecidas en la normativa vigente, y en todos los casos será solidariamente responsable el propietario del predio. En cuanto a la última propuesta, la División Servicios Jurídicos del MGAP, en el ejercicio de sus potestades sancionatorias desconcentradas, cuando se trate de incumplimiento a las normas que manejan el uso y manejo del suelo y de las aguas, podrá aplicar sanciones como las multas que oscilarán entre 10 y 10.000 unidades reajustables. Así, como la suspensión por hasta un año de habilitaciones, permisos o autorizaciones para la actividad respectiva. El MGAP elevó para su promulgación un Decreto Reglamentario que en su parte resolutiva se centra en establecer las prácticas de manejo de suelo y aguas consideradas inadecuadas y que son pasibles de aplicación de multas para la temporada 2008/09 y siguientes. Por ejemplo, prácticas de laboreo a favor de la pendiente cuando ésta es mayor al 1%; laboreo de desagües, concavidades y cárcavas o dejar el suelo desnudo luego de la cosecha del cultivo. Se considerará suelo desnudo aquel que representa más del 20% de la superficie plantada sin cobertura vegetal viva o muerta. El diseño y construcción de la caminería interna que favorezcan los procesos erosivos. La aplicación de herbicidas en desagües naturales y fuera del área de cultivo. El suelo no debe ser utilizado de forma que exceda su capacidad de resistencia a la degradación. Asimismo, se establece la obligatoriedad de presentar un plan de uso y manejo para todos los cultivos, para la zafra 2009/10 y siguientes. A tales efectos, se conformará un cuerpo inspectivo y una metodología de trabajo que mejore la eficacia de las acciones de control y fiscalización. Se organizará una campaña de difusión y sensibilización y se establecerán acciones de capacitación diseñadas para distintas poblaciones objetivo, incluyendo el sistema forma de educación. Por su parte, el responsable de Desarrollo Rural, Robert Furgón, precisó que el MGAP imprimió a la institucionalidad agropecuaria, un claro sentido de preocupación por la conservación de los principales recursos estratégicos naturales. La no aplicación concreta de la normativa, la falta de comunicación, fiscalización, así como una política no definida durante 42 años significó que el 30% de los suelos nacionales tengan daños de erosión, según estudios de Naciones Unidas, con Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La actualización de las normas existentes es parte de un proceso que se constituirá en un manual de buenas prácticas agrícolas y que posibilitará actuar en forma coordinada, con las posibilidades reales que brindan los diferentes tipos de suelos nacionales. En la reunión, representantes del Consejo Agropecuario Departamental entregaron al Ministro Agazzi, un trabajo realizado por la Junta Departamental de Colonia, en el cual con Catastro, elaboraron una lista de padrones del área rural que son propiedad de distintos Ministerios, y que pueden ser distribuidos para cumplir labores por parte de pequeños productores.