19 Jul '12

Sociedad Uruguaya

Diputada Alonso impulsa Bono Taxi Solidario para personas con Discapacidad

La diputada Verónica Alonso (PN) se apresta a conseguir el apoyo político y empresarial para instalar el Bono Taxi Sanitario, el cual brindaría solución al desplazarse en el diario vivir y funcionalidad a los ciudadanos con discapacidad.

Alonso recordó además que el Partido Nacional reclama desde el año pasado que el gobierno no cumple con el porcentaje establecido para que personas con discapacidad puedan ingresar al ámbito laboral.

La ley 18.651 de protección integral de Personas con Discapacidad establece que los organismos del Estado y las PJDPNE (Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatales) “están obligados a ocupar personas con discapacidad que reunan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes o del crédito generado».

BONO TAXI SOLIDARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Exposición escrita presentada en el Parlamento por la Diputada Alonso

El ciudadano con discapacidad, sin lugar a dudas, tiene una seria limitación en su accionar, lo que trae aparejado, en consecuencia, una dependencia en su desarrollo como ser humano.

En nuestro país, en cifras absolutas, los ciudadanos con al menos algún tipo de discapacidad, alcanzan a más de 210.400.

La sociedad como tal y el Estado en particular, deberán velar por la protección integral de los discapacitados.

Tenemos en nuestro ordenamiento jurídico nacional, numerosas Leyes, Decretos del Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Departamentales, Resoluciones, que tienden a proteger a los ciudadanos con discapacidad.

De acuerdo a lo manifestado, se votó y aprobó en la órbita del Parlamento Nacional, la ley 18.561, que establece un sistema de protección integral a las personas con discapacidad.

En mi carácter de Representante Nacional, he visitado y me han visitado infinidad de Asociaciones y Organizaciones, relacionadas con el tema en cuestión.

El conocimiento in situ me aportó un panorama amplio, claro y contundente, de esta trascendente realidad social.

El común denominador que nos convoca, se centra en la promoción universal de sus derechos, la integración y la equiparación de oportunidades.

Todo lo manifestado ut supra, lo podemos catalogar, como la garantía del real ejercicio de los derechos del colectivo.

Cabe constatar que la mayor demanda de colaboración y asistencia que los ciudadanos con discapacidad solicitan para el diario vivir y su funcionalidad es el desplazarse.

Debo expresar, asimismo, que para un discapacitado es de real relevancia su libertad de circulación y traslado, como medio idóneo para el acceso a la educación, la salud y la inserción en el ámbito laboral, para poder obtener igualdad de oportunidades.

En mi carácter de Representante Nacional, he presentado una exposición escrita de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, peticionando la actualización de los valores, en consonancia a lo preceptuado en el Decreto Nº 325/2007, para la importación de vehículos para lisiados, como medio hábil y más seguro para su desplazamiento.

Las Intendencias dentro de sus facultades normativas, otorgan a los ciudadanos con ciertas discapacidades, debidamente acreditadas de acuerdo a la patología, certificada médicamente, carnet de libre acceso para el transporte colectivo.

En consideración al análisis descripto, debemos crear todos los mecanismos viables, para poder suplir en parte, la gran limitante del desplazamiento.

Analizando, el derecho comparado y en torno a esta problemática específica, destacamos en España, la idea del Bono Taxi Sanitario, por el cual se les concede a los ciudadanos con ciertas discapacidades, un beneficio económico especial, para el traslado a los centros médicos hospitalarios, para su asistencia y rehabilitación funcional, precisamente en ese medio de transporte referido.

Tales son los casos de los ayuntamientos de Ansoáin, Barañáin, Berriozar Estepona, Pamplona, Sevilla, Tudela, Villava, Valle de Egués Zizur Mayor, Orkoyen entre otros.

Lo referido, ampara a ciudadanos con graves problemas de movilidad y, por consiguiente, de acceso al transporte colectivo ordinario.

Del estudio minucioso, destacamos en los mencionados ayuntamientos, la exigencia de requisitos a cumplir, en relación a la discapacidad en su movilidad, debidamente acreditada por el cuerpo médico.

En cuanto a la operativa económica, se establecen convenios entre los Municipios y las gremiales de los taximetristas o subsidios por parte de entidades estatales.

Por todo lo expuesto, solicitamos dentro de la normativa vigente, el poder aplicar esta novedosa idea, de extrema sensibilidad social, en la ciudad de Montevideo y extenderla a todo el país, buscando desde ya, los acuerdos viables, entre las autoridades departamentales, nacionales y las gremiales que amparan los derechos de los taximetristas en su conjunto, basándose como objetivo esencial, en el interés supremo del colectivo de discapacitados.

 

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