El director nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Daniel Gilardoni, destacó que Uruguay dispone, en su normativa, medidas de conservación de la ballena franca austral. Hace más de 20 años que esta normativa impide, entre otras acciones, la caza de los cetáceos en aguas jurisdiccionales. Según destacó, un plan de manejo en la región contribuirá a aumentar los niveles de conservación.

El director nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Daniel Gilardoni, destacó que en la 64 a reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), realizada en el mes de junio en Panamá, se aprobó un plan de manejo para la conservación de la ballena franca austral (Eubalaena australis) en el Océano Atlántico Sudoccidental.

La redacción de este plan para esta parte del Atlántico fue realizada por técnicos de Uruguay, Brasil y Argentina. Por Uruguay participaron el jefe del Departamento de Mamíferos Marinos de la DINARA, Alberto Ponce de León y Alfredo Le Bas, un experto en la sociedad civil y docente de la Universidad de la República.

“El plan de manejo identificó posibles amenazas de estas poblaciones de ballenas, su relevancia y las medidas de mitigación, al tiempo que fijar un plan de acción de desarrollo regional tendiente a cumplir con sus objetivos”, declaró el jerarca a la Secretaría de Comunicación.

En estos momentos los tres países se encuentran abocados a la tarea de seleccionar un coordinador regional, quien, a partir del próximo año, implemente las medidas propuestas.

Amenazas en la región

Gilardoni precisó que, a diferencia de otros países, Uruguay dispone, en su normativa, con medidas de conservación. Está prohibida la caza, la molestia a los ejemplares y fue reglamentada la forma de avistamiento de ballenas en el mar.

En la región fueron identificadas algunas amenazas para estos cetáceos como la retención o captura incidental en pesca de enmalle y las colisiones con embarcaciones, además por la generación de ruidos causados por la exploración de yacimientos minerales o petrolíferos, sonidos de embarcaciones y los derrames de hidrocarburos.

«Es importante que los países dispongan de planes de manejo, porque cuando se evalúan obras de envergadura, estas pueden comenzar a considerar medidas de mitigación que sean introducidas en sus planes de impacto ambiental y así minimizar los efectos ambientales sobre la especie”, consideró el entrevistado.

En Uruguay hace 45 años que no se registra la entrada de buques destinados a la caza comercial de ballenas. «Luego de un período en que la especie estuvo seriamente amenazada su población hoy se está recuperando», aseguró Gilardoni.

El jerarca señaló que la ballena franca austral es relevante para el ecosistema marino, es de interés científico y genera actividades turísticas de avistamiento que, para nuestro país, tienen mayor valor que la caza comercial.

En ese sentido, destacó el trabajo que realizan la Academia y las organizaciones sociales en el marcado y seguimiento de ejemplares, para su identificación, conocimiento de su ruta y avistamientos que se realizan con la colaboración de la Armada Nacional. “Todas estas acciones van a constituir un aporte significativo al plan de manejo porque, además, se prevé incrementar el nivel de sensibilidad de la sociedad sobre el tema”, apuntó.

Área de reserva ballenera

Gilardoni mencionó que en el ámbito de la reunión de la Comisión Ballenera Internacional también se presentó, aunque no prosperó, un proyecto de santuario ballenero en el Atlántico Sur. Al respecto, Uruguay acompañó la propuesta de Argentina, Brasil, Chile y Sudáfrica.

“Para nosotros el término ‘santuario’ no es el más adecuado, creemos que el más apropiado es ‘área de reserva’, que implica un espacio con protección para las ballenas. Como en el país hace más de 20 años que existe la normativa que impide la caza de ballenas en aguas jurisdiccionales, pensar en un santuario con estas características no tiene mayor sentido», precisó el jerarca.

Recordó que determinados decretos del Poder Ejecutivo establecen normativas que apuntan a no molestar a los cetáceos durante la migración, entre los meses de agosto y noviembre, en nuestras aguas, lo que fue reglamentado por DINARA y la Prefectura Nacional Naval. Estas instituciones, junto al esfuerzo de las intendencias y las organizaciones sociales, controlan cómo se realiza el avistamiento de ballenas desde las embarcaciones.

Gilardoni concluyó que el plan de manejo previsto y las normativas implementadas permiten al país posicionarse en un destacado nivel de conservación de la especie.

Fuente Contenido e Imagen: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy