Gerardo Amarilla: “La Ley de Minería de Gran Porte fue con nombre, apellido y hasta número de cedula de identidad”
10 Feb '15

Sociedad Uruguaya

Gerardo Amarilla: “La Ley de Minería de Gran Porte fue con nombre, apellido y hasta número de cedula de identidad”

gerardo amarillaCompartimos los argumentos contrarios del diputado nacionalista Gerardo Amarilla a la prórroga en la ley de Minería de Gran Porte.

Frente a esta propuesta de extensión del Plazo establecido en el artículo 24 de la ley 19.126, denominada de Minería de Gran Porte. Debemos decir que esta propuesta de modificación nos confirma nuestra posición inicial de que este proceso está plagado de improvisación, de falta de conocimiento de la realidad minera y – lo que más nos preocupa- la continuación en la falta de garantías ambientales y la sub estimación tanto de los aspectos ambientales como territoriales en las definiciones sobre política minera.

Cabe recordar que la propia sanción de la ley 19.126 (denominada de Minería de Gran Porte o Mega Minería) surge a partir de un duro cuestionamiento planteado en el seno de esta Cámara al proceso de instalación del proyecto de Aratirí, proyecto que se instalaba en el país con un fuerte apoyo y promoción desde el Poder Ejecutivo, sin información pública, sin establecer garantías ambientales y con una predisposición desde el Gobierno a apoyar que nos llamaba y aún nos llama poderosamente la atención. Tal fue el apoyo, padrinazgo y respaldo, inexplicable hacia una empresa en particular y aún antes de realizar los trámites legales, que la imagen que tenemos en nuestra retina del empresario indio (titular de la empresa) es hablando desde la sala de conferencias de la Presidencia de la República.

Queda plenamente confirmada con esta propuesta de prórroga que la Ley de Minería de Gran Porte fue proyectada y votada con Nombre y apellido. En aquella oportunidad se nos decía que no era así, que suponía una ley Marco para toda la actividad. La realidad de los hechos nos dio la razón y despejó – lamentablemente – la incógnita. La Ley de Minería de Gran Porte fue con nombre, apellido y hasta número de cedula de identidad, se hizo por y para una empresa y como no terminó de ajustarse realmente a lo que la empresa necesitaba, caemos en la situación hasta ridícula, que debemos modificar esa ley, extendiendo el plazo para beneficiar directamente al único proyecto que se presentó en ese marco.

Se ha utilizado el argumento de la fuerte inversión que ya habría realizado la empresa donde el Estado habla de 300 millones de dólares cuando la empresa apenas denunció en su comunicación de proyecto apenas 60 millones. Tal vez lo que este generando la posibilidad de un juicio sean las declaraciones irresponsables de jerarcas y no las leyes que vota el parlamento.

Se habla de la necesidad de la prórroga para salvarle la inversión a la empresa y nosotros creemos que esa inversión inicial de investigación es y debería ser a riesgo de la empresa, no existe en el mundo un marco donde los estados deban garantizar la devolución o indemnizar esa inversión de riesgo.

Tenemos información y pruebas que toda esta improvisación, cambio de reglas y especie de reallity show que se ha hecho – fundamentalmente por las declaraciones de jerarcas de gobierno y aún de representantes de esta empresa con procederes totalmente extraños a la habitualidad de la empresas de este ramo y casi de cualquier otro, le han hecho mucho daño a las inversiones en general y a las posibles inversiones serias de la minería en particular.

El Gobierno se ha mostrado poco serio en todo este proceso y esta propuesta de extensión de plazo contribuye aún más a esta percepción.

Consideramos que la imagen internacional respecto al marco jurídico de nuestro país se ve seriamente afectada, ya que nos muestra como un Estado con un marco jurídico especialmente blando, pasible de ser modificado frente a presiones o amenazas y que en un mismo período de gobierno cambiamos tres veces las reglas de juego en un área donde se pueden generar fuertes e importantes inversiones.

Algún observador del sector privado nos ha manifestado que en los hechos, considera que el proyecto siempre fue, es y será inviable, por lo que esta prórroga y las eventuales futuras prorrogas no tendrán ningún efecto práctico.

Pero cuando creíamos que nuestra capacidad de asombro estaba colmada por los cambios de discursos y anuncios, una nueva noticia vuelve a sorprendernos: se presenta una nueva versión de Aratirí, esta vez una MINI Versión, que suponemos, intenta evitar las críticas respecto a sus impactos y su mega dimensión y sobre todo cambiar de status. Y en este último efecto, suponemos que está la verdadera intención del cambio, salirse del marco de la ley de Mega Minería, esquivando los requisitos y condiciones especiales.

Se puede advertir como una maniobra para salirse del marco de la Ley de Minería de Gran Porte y justificar la retención de los títulos mineros de prospección y exploración, sin estar atados por obligaciones que, en el marco de esa ley, significarían la firma del contrato con compromisos de plazos para explotar, garantías económicas por la inversión prometida, etc. A la vez, con esos títulos podrán salir a solicitar créditos y seguir especulando con el negocio sin realizar ninguna inversión.

Por esta vía, Zamín Ferrous retiene los derechos de prospección y exploración que posee sobre 120.000 hectáreas en aquella zona, con los cuales se presiona sobre los precios de los terrenos, que bajo la amenaza de la posible existencia de mineral de hierro, dejarán de ser explotados durante 12 años, de acuerdo con las modificaciones del Código de Minería. Una buena forma de hacer ganancias fáciles comprándolos a bajo precio para revenderlos con buenas dividendos.

Entendemos que no es correcto legislar para una actividad en general, en un aparente marco general pero hacerlo en virtud de un interés particular y al mero influjo de una empresa en concreto.

Pero además de no ser correcto legislar para un interés particular ni mucho menos ir acomodando la legislación en el tiempo a ese interés, deberíamos también advertir los antecedentes y los cuestionamientos que tiene este interés en particular fuera de fronteras: en Londres juicio con sus socios la ERGN, por permisos de dudosa aprobación de la terminal portuaria, varios reclamos ambientales desde la IBAMA brasileña respecto a las prácticas en Bahía y también reclamos desde el punto de vista laboral, según la prensa brasileña.

No Votamos esta modificación por lo que supone como falta de seriedad, de seguridad jurídica, de acumulación en la improvisación demostrada. Porque seguimos con déficit en las normas respecto a la relevancia de las exigencias ambientales y de ordenamiento territorial; porque seguimos legislando al impulso del interés particular (tal vez y sin tal vez afectando a las empresas e inversores serios y responsables que hay en el sector).

Como lo dijimos en el 2011, frente a la explotación de recursos naturales, protección  del medio ambiente y definiciones respecto al modelo de desarrollo, No estamos definiendo soberanamente el modelo que la sociedad uruguaya quiere para su territorio, sino que estamos asistiendo pasivamente a una política de hechos consumados, diseñada a los impulsos particulares de algunos inversores y plasmada por funcionarios complacientes con esos intereses para los que la defensa del ambiente y los recursos naturales no representan una prioridad.

Dr. Gerardo Amarilla.

Fuente Imagen: www.kas.de

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