“No al Tren de UPM” presentó ante el BID sus objeciones al proyecto ferroviario financiado por esa institución
14 Ago '20

Sociedad Uruguaya

“No al Tren de UPM” presentó ante el BID sus objeciones al proyecto ferroviario financiado por esa institución

Integrantes del grupo de vecinos “No al tren de UPM” concurrieron a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Montevideo a entregar una carta a su representante, el Sr. Matías Bendersky, denunciando la violación de varias Directivas Operacionales del Banco durante la ejecución del proyecto. Una copia de la misiva se le hizo llegar también al representante de Uruguay en la Junta Directiva del Banco en Washington, el Sr. Santiago Cat.

En la misiva se le hace ver al representante que “Este tren no será un tren que brinde un servicio a la ciudadanía uruguaya ni a los sistemas productivos que hay en el país, que la obra contratada no servirá para fortalecer el sistema de ferrocarriles de carga, ni estará conectado a la red de ferrocarriles en ninguna otra parte del país.”

Se puntualiza también que “este tren tendrá las características que la empresa UPM exige que tenga” y se enumera la larga lista de exigencias de la empresa al Estado uruguayo.

En otro punto señalan la dudosa elección de la empresa constructora, el Consorcio V+ia Central, durante la licitación de la obra, que dio lugar a la protesta de otros oferentes. También queda de manifiesto en la misiva la irregularidad de que este proyecto se realice por PPP.

La principal preocupación de los vecinos es en relación a la peligrosidad del pasaje de un tren con productos químicos peligrosos por zonas densamente pobladas y la afectación que ya tienen muchas localidades en la medida que no se toman los cuidados necesarios al realizar una obra de esta magnitud, sin que se hayan tenido en cuenta varias Directrices Operacionales del Banco.

El grupo solicita al Banco “que intervenga a favor de la gente y que haga cumplir esas Directivas para que como dice el BID haya una verdadera mejora del desarrollo social y la calidad de vida en general, que se fortalezca la gobernabilidad mediante la formulación de marcos efectivos de gestión ambiental y mecanismos transparentes de gestión que solidifiquen el desarrollo de capacidades institucionales, la participación de la sociedad civil, el acceso público a la información, el respeto y cumplimiento de la ley y que se mejore la conservación del capital natural y no todo lo contrario”.

La carta textualmente expresa:

Representante en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo

Sr. Matías Bendersky.

Agosto, 2020.

Los y las abajo firmantes en nombre de la organización de vecinos y vecinas No al tren de UPM, queremos hacerle saber nuestra total oposición a la construcción de la vía férrea para la empresa UPM por zonas urbanas de Durazno, Florida, Canelones y Montevideo que está siendo financiada por el BID a través de un préstamo de 500 millones de dólares del que es garantía el contrato firmado por el Estado uruguayo.

Este tren no será un tren que brinde un servicio a la ciudadanía uruguaya ni a los sistemas productivos que hay en el país, la obra contratada no servirá para fortalecer el sistema de ferrocarriles de carga, ni estará conectado a la red de ferrocarriles en ninguna otra parte del país.

Este ferrocarril solo conectará la fábrica de celulosa de la empresa UPM con el puerto de Montevideo y forma parte de las exigencias que la empresa finlandesa UPM impuso al Estado uruguayo para llevar adelante la construcción de una segunda planta de celulosa de su empresa en el país.

Para reafirmar lo que decimos les hacemos saber que este tren tendrá las características que la empresa UPM exige que tenga. La lista de exigencias de UPM es larga y solo a modo de escueto resumen diremos que la empresa exige una vía con durmientes de hormigón y rieles soldados, cambio en el material de soporte de los durmientes, reforzamiento de puentes, aumento de la zona de doble vía hasta Progreso, instalación de un sistema de control de vía automatizado y centralizado y que soporte trenes de 22,5 toneladas por eje a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Los parámetros para la obra fueron fijados por una consultora finlandesa elegida por UPM y pagada por el Estado uruguayo. Consideramos estos acuerdos como una notable renuncia a la soberanía nacional apoyada por el BID.

La elección de la empresa constructora, el Consorcio Via Central, provocó dudas sustanciales. Solo la empresa española Acciona, además de la seleccionada, quedó en carrera en la presentación de ofertas en la licitación y fue desechada, a pesar de tener técnicamente un puntaje mayor y ser un 8% más barata. Acciona ha presentado tres recursos de anulación de dicha licitación y anunció que realizará una demanda al gobierno uruguayo por el Tratado Bilateral de Inversiones con España que el BID debiera por lo menos investigar.

Otra irregularidad sustancial en este proyecto es que el gobierno uruguayo para llevar adelante esta obra elige la opción PPP en vez de obra pública común siendo que no hay casi diferencia de costos.

Si bien se ha dicho que la obra cuesta 877 millones por el contrato PPP el Estado se compromete a pagar más de USD 148 millones anuales durante quince años. Esta obra costará al Estado un total de 2700 millones de dólares, a razón de 10 millones de dólares el kilómetro de vía férrea. No existe una construcción de vías férreas en el mundo con un costo similar. Consideramos que el BID no debiera aceptar un costo de esa naturaleza sin investigarlo.

Pero lo que más preocupa a la ciudadanía es que se haya permitido que este tren de carga que transportará diariamente cientos de toneladas de químicos peligrosos a 80 kilómetros por hora lo haga cruzando zonas densamente pobladas de las ciudades de los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno a pesar de que existen opciones viables para que los trenes no pasen por el medio de las ciudades. Estudios realizados por técnicos contratados de diversas comunidades, especialistas del gobierno de Montevideo y hasta los intendentes de Montevideo y Canelones dijeron que era inaceptable que este tren atravesara esos territorios. A finales del año 2017, las autoridades de estos departamentos presentaron al Presidente de la República proyectos alternativos que fueron desestimados sin estudios técnicos ni explicaciones.

Estación Sarandí GrandeEn el corto período desde el comienzo de las obras se han constatado innumerables afectaciones en los barrios donde se llevan adelante los trabajos. Se vieron afectadas varias viviendas a consecuencia de los movimientos de tierra y la presencia de máquinas de gran porte operando en los barrios. Han sucedido lamentables accidentes a consecuencia de la falta de cuidados y precauciones para los vecinos que transitan por las zonas de las obras, una persona falleció y un joven sufrió quebradura de mandíbula al tropezar con escombros dejados en la noche sin señalización por lugares donde estas personas acostumbraban pasar. Se han destruido estaciones de trenes que habían sido declaradas Patrimonio Nacional al igual que ejemplares centenarios de flora autóctona.

Recientemente, la obstrucción de desagües y hasta de una cañada que inundaría parte importante de la ciudad de Canelones sólo pudo ser evitada por la pronta acción de vecinos y vecinas atentas. En el día de hoy una localidad ha quedado aislada, sin internet y sin teléfono luego de que obreros trabajando para el tren de UPM rompieron el caño de agua de entrada a la ciudad. La ciudadanía se encuentra desprotegida, no tiene a quien recurrir en momento de los accidentes, siendo ignorados por las autoridades que les han respondido en reiteradas ocasiones que son obras privadas y que ellos no pueden intervenir. Como consecuencia de todo esto, varias de las Directivas Operacionales del BID han sido violadas con esta obra.

Por esta razón le solicitamos que intervenga a favor de la gente y que haga cumplir esas Directivas para que como dice el BID haya una verdadera mejora del desarrollo social y la calidad de vida en general, que se fortalezca la gobernabilidad mediante la formulación de marcos efectivos de gestión ambiental y mecanismos transparentes de gestión que solidifiquen el desarrollo de capacidades institucionales, la participación de la sociedad civil, el acceso público a la información, el respeto y cumplimiento de la ley y que se mejore la conservación del capital natural y no todo lo contrario.

Sin más,
Saludan atte.

Roberto Bonello y Raúl E. Viñas.
Fuente Imagen: carve850.com.uy

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