El sistema de radares cumple un rol esencial a la hora de reforzar la vigilancia y control del espacio aéreo del país, de la defensa de la soberanía y de la contribución a la seguridad.

¿En qué situación se encuentra Uruguay en una inversión que supone unos 24 millones de euros?

El tema fue uno de los abordados en la comparecencia del Ministerio de Defensa Nacional en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el pasado martes 28 de octubre en el marco de la deliberación por el Presupuesto Nacional.

En ese sentido, el director general de Recursos Financieros, Luis Lagaxio puntualizó:

“Con respecto a radares, hay cuatro contratos que se refieren a tres radares. En Dinacia, ante la emergencia que hubo en el año 2021, se hizo un contrato de arrendamiento del radar que está hoy funcionando en Carrasco. Se lo arrendó por dos años con opción a que se ampliara por dos años más, por USD 500.000 anuales. La última cuota de ese arrendamiento es de este año y ese es uno de los contratos por USD 500.000 que se pagó este año”.

Sin embargo, -preció- “se realizó una adenda a ese contrato en la que se hizo una opción de compra por el radar, con una actualización. Es un contrato asociado a este, que actualiza características del radar y lo mantiene hasta el 2030. El valor es de € 1:200.000 en el 2025”.

Lagaxio indicó que “en este momento ese expediente está en el Tribunal de Cuentas de la República; se firmó ad referéndum del pasaje por el Tribunal de Cuentas. Ese contrato después tiene pequeños pagos –puedo buscar el monto, pero era aproximadamente de € 200.000 o € 300.000– en el correr de los años que vienen. Por lo tanto, ahí no hay ninguna incorporación de radar, ya que se trata de un radar ya existente que se lo arrendaba y ahora se hizo la opción de compra. Eso es de Dinacia”.

En el caso de la Fuerza Aérea son dos contratos. “Uno es por la actualización de los radares Lanza, que implica la adquisición de hardware, de software y mantenimiento. Uno está en Durazno y sobre el otro hay que definir dónde va a quedar instalado definitivamente”, manifestó.

Asimismo, “el otro contrato es de tres radares móviles Gap Filler que se incorporan. Tienen una conexión determinada porque son móviles. Viene un container que trae también hardware, los sistemas electrógenos y demás para el uso móvil de esos radares. Esos son tres contratos que se incorporan y es el otro contrato con Fuerza Aérea de radares”.

Lo referente a los dos contratos que son con la Fuerza Aérea por los radares Lanza y los móviles GapFiller por los € 8:000.000 restantes, correspondían a compromisos de pago de este año.

Por tanto, “el total de todas las inversiones (en radares aéreos) para los cinco años son los € 24:000.000 que nombraba al principio”.

Fuente Imagen: Ministerio de Defensa Nacional.

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El director general de Servicios Sociales, Alberto Fumero informó en el Parlamento que la empresa UPM donó 44 casas modulares para el Ministerio de Defensa Nacional, las cuales serán destinadas a personal subalterno que hoy vive en situaciones de precariedad y se instalarán en Trinidad (Flores), Durazno, y Paso de los Toros (Tacuarembó).

Al asistir al Parlamento integrando la delegación ministerial en el marco del Presupuesto Nacional, el pasado martes 28 en la comisión senaturial especializada del Senado, Fumero dio cuenta de varias acciones que en materia social se despliegan en dicha cartera.

“Estamos asistiendo a una población que tiene muchísimas carencias, que tiene problemas muy importantes. Es por eso que anteriormente hacía mención a la autocrítica que tenemos que hacernos en términos generales. Debemos tratar de estar lo más cerca posible y reaccionar a tiempo en las situaciones que nos tocan vivir”, indicó.

Expuso como ejemplo que “llevamos más de doce siniestros atendidos este año como, por ejemplo, cuando a la familia del personal subalterno se le prende fuego la casa, se le vuela un techo, se le cae una pared, etcétera, etcétera. Comento estas cosas porque van de la mano de lo que algunos senadores preguntaron también con respecto al tema vivienda que es bastante complejo”.

Asimismo, “tenemos algunos casos bastante complicados donde hay hacinamientos. Hay un porcentaje no menor que vive en asentamientos y algunos llegaron a vivir en la calle. Esto hay que tenerlo bien claro también”.

“En esta lógica estamos tratando de rediseñar algunas cuestiones de vivienda que venían de antes. Algunas no se pudieron cumplir por los plazos. Había algunos compromisos que eran muy alentadores pero, en la realidad, en la dinámica de la burocracia del Estado no se pueden cumplir y hay que tener esa valoración y ser lo más efectivo posible. Lo digo porque mientras nosotros discutimos meses para tratar de generar un nuevo plan de vivienda, hay familias que todavía siguen con la problemática”.

Por lo tanto, dijo Fumero, “estamos tratando de  hacer el rediseño lo más rápido posible para ponernos en campaña. A través del plan Avanzar –había un convenio  del período anterior  que lo vemos con buenos ojos– se han entregado más de  doce viviendas al personal de las fuerzas que tienen un subsidio para poder acceder  a ellas y hay que marcarlo como positivo”.

Informó que “en este momento estamos por implementar una donación de la empresa UPM  de casas modulares. A través de los módulos, crean casas  de dos, tres y hasta cuatro dormitorios. Por esta vía se van a conseguir 44 viviendas. Hoy están en la ciudad de Paso de los Toros. Doce van a ir a Trinidad, en el departamento de Flores; 20 van al departamento de Durazno y el resto se quedan en Paso de los Toros. Las casas destinadas a la ciudad de Trinidad están prontas  para instalarse, el terreno está pronto y todo en orden. En cuanto a las del departamento de Durazno, estuvimos dialogando con la intendencia  para poder resolver algunos problemas técnicos que tiene el terreno y también resolver ciertas habilitaciones para poder poner las viviendas cuanto antes”.

En tanto, “en el caso de las casas a instalar en Paso de los Toros, está un poco más avanzado el trámite que en Durazno porque el terreno está en mejores condiciones. Esas viviendas van a solucionar la vida de 44 familias del  personal subalterno y nos gustaría poder optimizar los tiempos, pero la realidad es que a veces juegan en contra de las intenciones o intereses que debemos tener en estos casos”.

“Vemos esto con mucha preocupación todos los días, porque, como comentaba recién, va de la mano de estos siniestros que recibimos a diario: una o dos veces por mes tenemos este tipo de complicaciones que nos alerta en el sentido de que la situación es realmente complicada”, añadió.

Madres solteras

En ese orden, “estamos trabajando en muy buenos términos con el director del Servicio de Viviendas de las Fuerzas Armadas, coronel Alanís sobre la planificación a futuro de lo que puede ser una alternativa un poco más dinámica a una solución que no puede esperar. Un ejemplo claro que puedo mencionar es que solamente en la Armada tenemos una lista de más de 100 personas en la que la mitad son madres solteras. Tenemos bien claro con esto el rumbo que debemos tomar en el momento que definamos algunas cuestiones de vivienda cuanto antes”.

Niños del personal subalterno

Con respecto a la pregunta del senador (Nicolás) Viera, “quiero señalar que estamos trabajando con la ANEP para fortalecer los centros donde el personal subalterno deja a sus niños en el horario de trabajo. Se está trabajando bien, pero necesitamos mejorar algunas cuestiones y ser eficientes con respecto a los horarios y recursos  para poder contemplar las realidades de los padres de esos niños. Quiero aclarar que los niños están siendo muy bien atendidos, pero en algunos casos tenemos que mejorar la logística y los tiempos, porque se crearon y, en algunos casos, hay mucha distancia entre el lugar donde cumple funciones el padre o la madre y el lugar donde los niños están  alojados durante el día. Esto lo estamos trabajando, reitero, con ANEP y buscamos reforzar esa pata”.

Al respecto, “esperamos poder mejorar no solamente en la zona metropolitana, que es lo básico, sino  hincarle el diente  a la realidad del interior. Ese es el objetivo cercano que tenemos”.

Pasaje interdepartamental

El jerarca también informó que “nos encontramos con un plan piloto que funcionó muy bien que vino unos días antes de que comenzáramos en la tarea que tiene que ver con el pasaje interdepartamental para el personal subalterno. Analizamos este plan y lo vimos con muy buenos ojos  porque no solamente es el pasaje en sí, sino lo que conlleva, ya que va de la mano de la salud mental del personal subalterno en las fuerzas”.

Mujeres del norte

El director general de Servicios Sociales sostuvo que “en la Infantería de Marina, por ejemplo, estamos teniendo récord  histórico de mujeres –más de 160– y la mayoría son de litoral norte, por lo tanto, un pasaje para esa zona no baja de los $ 4.000 aproximadamente. En muchos de los casos, las personas que se iban de  baja argumentaban que elegían viajar o mandar el dinero. Ahí, vemos dos patas: la económica, que rompe los ojos y la de la salud mental de las personas porque es muy importante  para todos estar cerca de la familia  y de los afectos. En este caso,  que soy del interior, tengo muy presente este tema, porque nos toca venir a la capital a estudiar alguna profesión y  debemos hacer ese desarraigo”.

Aludió a que “con el desarraigo que vive el personal subalterno –y por la formación que implica estar en las Fuerzas Armadas, que tiene otro tenor; deben tener otro temple para vivir el día a día–, que puedan estar cerca de la familia por lo menos una vez por mes nos parece vital. Por eso recogimos el guante del proyecto anterior e intentamos –o creemos que lo hicimos– hacer algunas modificaciones positivas”.

También tuvimos un intercambio con el exministro Castaingdebat sobre el tema –fuimos muy respetuosos en ese sentido–, porque nos parecía importante tenerlo, y estamos tratando de ultimar detalles para poder ponerlo a andar a fines de este año –si todo sale bien– y tener esa alternativa, agregó.

El jerarca dio cuenta que “también buscamos mejorar algunos aspectos. A veces sucede que se enferma un familiar o se complica su salud y el personal no tiene herramientas económicas para poder llegar. Entonces, es bueno tener algún pasaje extra para ese tipo de situaciones y para poder achicar las distancias. Realmente, afecta mucho en la vida del personal subalterno la distancia de la familia, de los afectos. Me refiero a las familias enteras, es decir, esposa e hijos o maridos e hijos. Entonces, es importante puntualizar que entendemos que esto es clave para que se siga desarrollando en lo que pueda. Si todo sale bien, a partir de diciembre se podrá estar asistiendo con este plan a todo el personal en ese sentido”.

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Uruguay adquirió seis aviones de ataque ligero A-29 Super Tucano al fabricante brasileño Embraer para la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Esta compra permitirá a Uruguay modernizar su flota, mejorar la capacidad de patrullaje de fronteras y entrenar pilotos, reemplazando técnicamente a aeronaves obsoletas como el IA 58 Pucará, y en particular a los A37B que en estas horas cumplieron 49 años en servicio.

Se espera que las dos primeras aeronaves lleguen a principios de 2026 y complementarán a otros modelos como el Pilatus PC-7 Turbo Trainer.

El asunto estuvo sobre la mesa en la comparecencia del Ministerio de Defensa en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado el pasado martes 28 en oportunidad de analizar el proyecto de Presupuesto.

Durante la misma, el director general de Recursos Financieros del MDN, Luis Lagaxio aludió a ello y dio cuenta en qué están las negociaciones con la empresa Embraer en función de los ajustes de precios que se han registrado.

“En el caso de los Súper Tucano, que es una inversión global de unos USD 100:000.000, se firmó primero un contrato por la compra de un avión; ese contrato estableció la posibilidad de una adenda por la cual se compran los cinco aviones siguientes y el simulador. Eso implicaba compromisos para el 2025 por USD 20:000.000, los cuales se componían de un pago realizado en febrero de USD 12:500.000, que fue gestionado y realizado por el Gobierno saliente, y USD 7:500.000 a pagar en julio con créditos que fueron gestionados en este período de gobierno”.

Explicó que “el calendario de pagos que figuraba en el contrato era conocido y está establecido tanto para el 2026 como para el 2027, de forma mensual muy detallada. Lo que no estaba previsto al detalle en el contrato, en cuanto a la necesidad de refuerzo presupuestal, era la cláusula de ajuste de precio por los aviones”.

Asimismo, “el contrato del primer avión es de agosto de 2024 y ahí está establecido el precio por los aviones”.

Hay que tener en cuenta que “los siguientes pagos tienen una cláusula de ajustes de precios que, a grandes rasgos, contiene tres componentes de índices de precios: uno establecido por la inflación brasileña –porque la empresa Embraer es brasileña y se rige por el índice de precios nacional de Brasil–, otro es un índice de materiales y de mano de obra relacionada con la industria aeronáutica de Estados Unidos, y el tercero, de mayor peso, es un índice de precios mayoristas de bienes metálicos relacionados con la aeronáutica. WPU10 es el nombre común con que se encuentra este último índice en las estadísticas de Estados Unidos”.

Según Lagaxio “l pago de USD 12:500.000 realizado en febrero se rige por un índice de ajuste que se compone por el ajuste de ese pago referido al precio inicial, que fue de agosto –o sea, todos esos meses– por este índice de precio. En ese momento, para que se hagan una idea, el valor de ese índice de precio era del orden del 0,07 %, como producto de que los índices se venían comportando de forma normal, por decirlo de alguna manera. Eso indicaba un ajuste de precio al pago de febrero –que no se había realizado– del orden de USD 79.000”.

No obstante, “la cuestión es que, en marzo, al mismo tiempo en que asumíamos nosotros y asumía el nuevo Gobierno norteamericano, como producto de la política de aranceles desarrollada por el Gobierno norteamericano y de las situaciones de guerra en que se encuentra el mundo –pero, sobre todo, por la política de aranceles–, estos índices se dispararon. En particular el WPU10, referido a índice de materiales, tuvo un salto importante. Para el mes de mayo, cuando hubo una negociación para el ajuste de precio con la empresa Embraer, ese índice ya había saltado del 0,07 % que mencioné antes al 4 %”.

Al respecto, “según el último dato cerrado al mes de setiembre –algunos índices están para el mes de agosto– ese índice ya estaba en el orden del 8,8 %. Esto quiere decir que, si hiciéramos un pago hoy, tenemos que ajustarlo al orden del 8 %; por ejemplo, para que lo dimensionen, si hay que hacer un pago de USD 10:000.000, el 8 % es casi USD 1:000.000 que hay que pagar por ajuste de precios”.

Recordó que “en el mes de abril, la empresa Embraer se comunicó con el ministerio por el pago del ajuste en el pago de febrero, del orden de los USD 79.000 y ante cuestiones financieras de la empresa una propuesta fue analizar la posibilidad de adelantar el pago de julio a junio, por cuestiones de cierre del segundo trimestre de la empresa”.

Negociación

“Nos pusimos en contacto con ellos, les planteamos la preocupación por este tema del ajuste de precio, pero el mecanismo de ajuste no tenía cláusulas de negociación para el caso en que se dispararan los índices. Eso no estaba planteado en el escenario y abrimos una negociación donde existiera la posibilidad de adelantar el precio y bajar el ajuste en el caso de junio y, a la vez, hablamos de seguir negociando de cara al futuro puesto que teníamos pagos importantes pendientes en el resto del año. Hubo muy buena disposición de la empresa para negociar”, indicó el jerarca.

Con el Ministerio de Economía y Finanzas -añadió- “trabajamos el tema y para el pago de julio, que lo adelantamos a junio, congelamos el ajuste del precio en USD 350:000, tanto el de febrero como el de junio sumados, y logramos un ahorro del orden de la mitad de lo que tendríamos que haber pagado si hubiéramos mantenido el ajuste normal”.

En este momento, “estamos en proceso de negociación con la empresa –también hay una buena disposición del Ministerio de Economía y Finanzas– en cuanto a analizar posibles movimientos en el calendario de pagos de la mano de fijar a la baja este ajuste de precios.

El jerarca del MDN puntualizó que “si hoy tuviéramos que pagar todo el capital que nos resta, tendríamos que estar pagando unos USD 5:000.000 o USD 6:000.000 más del costo de los aviones.

Probablemente, dado que el comportamiento de estos índices no parece estabilizarse –si bien se estabilizó, parecería tener una tendencia creciente–, seguramente el pago sería mayor.  Por lo tanto, en este momento en la negociación estamos intentando cubrir esto de la mejor manera posible para pagar lo menos posible.”

Fuente Imagen: Telenoche.

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Sus conceptos fueron realizados en la Comisión de Defensa Nacional del pasado lunes 19 en donde, García, puntualizó: “después de haber meditado mucho, creo que fueron sancionados por razones políticas ya que no hay ninguna razón administrativa”.

En ese sentido, “el caso del almirante Wilson, se dice que fue por haberle mentido a la ministra (Sandra Lazo), pero es difícil que el 26 o 27 de febrero –por las fechas que se dijeron públicamente– se le pudiera mentir a alguien que no era ministro. Para mentirle a un ministro, la persona tiene que ser ministro y el Gobierno se transfirió el 1° de marzo. Entonces, si la razón es –como se dijo públicamente– haber faltado a la verdad a la ministra, lo que pasa es que la ministra no era ministra, es decir que el motivo no existía”.

Asimismo, agregó que “como saben, si algo es el sello del funcionamiento de las Fuerzas Armadas es la subordinación al mando político, y el mando político hasta el 1° de marzo pasado lo ejerció, en aquel momento el ministro Castaingdebat y el presidente de la república, Lacalle Pou. Es imposible que haya un comandante que responda a un doble comando, porque hay uno solo, el legal”.

También dejó en claro que “con relación al pedido de informes, me pareció de cortesía parlamentaria hacer conocer el tema en comisión. Obviamente, se trata de una decisión de cada senador ya que se trata de uno de los instrumentos con los que cuenta la oposición”.

Con respecto a lo que mencionaba el senador (Nicolás) Viera, la omisión está vinculada con el hecho de que el ejercicio del mando superior no es optativo, es una obligación. Constitucional y legalmente hablando, la designación de un comandante es una decisión de los mandos superiores. Por tanto, no es algo a lo que el Poder Ejecutivo pueda renunciar. ¡Está obligado a hacerlo!”, señaló.

Obviamente que hay plazos, precisó García, quien sostuvo que “de acuerdo con lo establecido en el pedido de informes, tres meses de transición y dos meses y medio de asunción, cinco meses y medio, es un tiempo más que prudencial para tomar una decisión. No recuerdo en la vida democrática del país que haya habido una fuerza que no haya tenido designado a un comandante a dos meses y medio de haber asumido”.

Y apeló a los antecedentes: “se imaginan que yo sigo estos temas muy de cerca desde hace muchísimos años; y cuando digo que no recuerdo, me refiero a que no tengo recuerdo de que haya sucedido esto en ningún gobierno de los tres partidos políticos que lo han ejercido. Por eso deben reconocerse las razones institucionales y políticas existentes; así como la decisión de nombrar a un comandante es una decisión política, el hecho de no hacerlo también lo es. Está en la naturaleza de las cosas”.

Por tanto, “ni el senador Botana ni quien habla quisiéramos que de esto se desprendiera alguna presunción, pero da la impresión de que puede ejercerse como una especie de sanción sobre la fuerza ya que, obviamente, tiene un funcionamiento irregular, no por su voluntad, sino porque no tiene comandante. Lo cierto es que, si una fuerza, que es vertical, no tiene la cabeza, el cuerpo no funciona adecuadamente. Requiere la designación del comandante por la estabilidad que otorga por las decisiones que toma, no es meramente la ocupación de un despacho en forma administrativa para sacar las cuestiones cotidianas que no hacen a las políticas y al rumbo que tiene la fuerza”.

En cuanto a las sanciones a que hacía referencia el senador Botana, expresó García que “esto fue vinculado, en términos generales, a un episodio ocurrido en el mes de febrero cuando hacía prácticamente un año que no era ministro. No conozco el detalle final y no puedo opinar por más que tenga un conocimiento general de ese episodio”.

No obstante, “sí puedo hablar de las personas, tanto del almirante Wilson –que fue un comandante designado por el anterior Gobierno, bajo mi responsabilidad y la del presidente de la república durante los cinco años–, de los contralmirantes De Souza y Ruiz, y del capitán de navío Da Silva. Son excelentes profesionales. ¡Excelentes!”.

“Quiero volver a reiterar que los conozco, porque trabajé con ellos y los conoce la Comisión de Defensa Nacional, por lo menos a algunos de ellos, como al almirante Wilson que vino varias veces, y los demás oficiales son excelentes profesionales con los que cuenta el país, cuenta el Gobierno, el Estado, el Parlamento”, añadió.

“Apreciaciones subjetivas”

“Reitero mi disposición de no entrar en el fondo del asunto, aunque me encantaría, porque no me parece que sea el momento ni el lugar. Ahora bien; todas las apreciaciones que el señor presidente hizo son absolutamente subjetivas, entonces, se pude coincidir con ellas o no, pero está claro que el Poder Ejecutivo tiene su tiempo y lo estará procesando a la luz de los acontecimientos públicos que todos conocemos y que el señor presidente muy bien narró”, sostuvo el senador Nicolás Viera (Frente Amplio).

Seguramente, agregó Viera “tampoco el Gobierno que asume se haya encontrado con un clima dentro de la Fuerza como el que se encontró este también; los problemas que han existido y que se han puesto de manifiesto pasaban cuando había un comandante”.

Evidentemente, “es un hecho de la realidad; ahora no hay comandante y el Poder Ejecutivo se tomará el tiempo que corresponda, según su entender, para nombrarlo. Esto es lo que quiero manifestar y comparto con el senador (Felipe) Carballo que nosotros no vamos a votar ningún reclamo, pero me parece de orden que se pueda enviar la versión taquigráfica a la señora ministra, porque este intercambio es saludable para poder entender medianamente cuáles son las partes y cuáles han sido los posicionamientos respecto al tema”.

“Cosas objetivas”

Por su parte, el senador Sergio Botana indicó que “hay algunas cosas objetivas: por un lado, la señora ministra, no era ministra y, por otro, la ministra no estaba en la reunión aludida. Estas dos son cuestiones absolutamente objetivas y la otra cuestión objetiva es que Wilson está retirado”.

Precisó que “el ánimo de esto es, justamente, el de colaboración y ayudar a la solución de los temas. Cuidado con que la desconfianza en algunos se termine constituyendo en desconfianza en la Fuerza. La Armada no debe ser desconfiada para empezar. Es un tema en el que la Armada opina solo técnicamente, pero cuidado porque no tener mando o no designar el mando por esas razones puede estar generando una desconfianza en toda la Fuerza”.

No obstante, señaló Botana, “como sé que ese no es el ánimo de la señora ministra, obviamente, me parece que es bueno que reciba la versión taquigráfica, que la lea y vea el ánimo que tiene esta comisión en cuanto a subsanar los temas. Y ya que va a recibir la versión taquigráfica, sería bueno que todos reiteráramos que estamos a las órdenes para conversar con ella. No la estamos llamando, porque quedamos a lo que sea de su preferencia en este sentido”.

Fuente Imagen: Subrayado.

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Se desarrollará en el período comprendido entre el 6 de abril y el 15 de mayo de 2025.

Este ejercicio se expresa desde las fuerzas de Estados Unidos “está centrado en asistencia humanitaria y la respuesta ante una crisis con foco especial en operaciones terrestres defensivas conjuntas, con las fuerzas especiales de las tres armas. Este evento es similar a los años anteriores, los cuales fueran de gran éxito para ambos países”.

Agregan que “este intercambio de capacitación se centrará en Jos conceptos básicos de la acción directa, tácticas de ruptura de unidades pequeñas, combate cuerpo a cuerpo, atención de bajas en combate táctico, procedimientos con tropas en operaciones marítimas”.

Refiere a “procedimientos avanzados para equipos tácticos, de manera de tener unidades de operaciones especiales en óptimas condiciones, a efectos de poder brindar protección a la población civil en el marco de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. SOCSOUTH ha realizado ejercicios J-CET con Uruguay todos los años durante los últimos tres años. Las unidades anfitrionas han rotado entre el Batallón de Infantería Nº l4, el Comando de Infantería de Marina, y más recientemente, el Comando de Operaciones Especiales de Ja Fuerza Aérea”.

Para el ejercicio, el mencionado personal traerá armas personales con el efecto de entrenar con las mismas.

Fuente Imagen: Comunicación Presidencial.

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La pregunta que los ciudadanos muchas veces se hacen es: ¿a dónde va ese dinero? ¿en qué se destina?

El ministro de Defensa Nacional, Javier García realizó un pormenorizado informe el pasado 14 de julio ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Aquí un resumen de su ponencia.

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL (Javier García).

El gasto total ejecutado por el Ministerio de Defensa Nacional para el Ejercicio 2021 fue de $ 21.956.000.000, lo que representa un incremento de $ 164.000.000 respecto al año 2020. El Ministerio de Defensa representa el 6,9% del total ejecutado por la Administración Central más los organismos del 220 de la Constitución.

En cuanto a la estructura del gasto, 71% representan las retribuciones, el 13,11% los gastos y el 5,18% las inversiones. Como escucharon recién, la importancia relativa del rubro Retribuciones es que a partir del 2021 se comenzaron a registrar las partidas de naturaleza salarial en el Grupo 0 «Retribuciones Personales», mientras que con anterioridad se registraron integrando los «Gastos de Funcionamiento» del Inciso. Este es un cambio bien significativo en el rubro de «Gastos de Funcionamiento» y en el rubro «Retribuciones Personales». Creo que eso transparenta la ejecución presupuestal y ubica cada partida donde debe ser ubicada; lo que es salario, es salario y lo que es funcionamiento, el mismo y no a partir de cruzamientos que no responden a la realidad. Allí hay una tabla que habla de lo que decíamos recién. Las remuneraciones tuvieron crédito de 20.135 millones, funcionamiento 2.994 millones, inversiones 1.216 millones. Las partidas de alimentación, canasta de fin de año y beneficios sociales, sumados, representan el 40% de los gastos de funcionamiento del Inciso.

Las inversiones

Con respecto a las inversiones en 2021, por concepto: la adquisición, reparación y actualización de aeronaves supuso el 28% de las inversiones. La adquisición, reparación, equipamiento de unidades navales, el 20%; los vehículos, el 10%. Después los porcentajes están más diseminados: sistema de control aéreo, la ampliación y modernización de los sistemas del control aéreo, 6%; recuperación de las plantas motopropulsoras, 4%; adquisición, reparación de sistemas de helicópteros, 4%; inmuebles, 4%; seguridad operacional, 3%; equipo de uso militar, 3%; material técnico de apoyo de actividad aeronáutica, 2%; equipo de instrumentos del servicio de oceanografía, hidrografía y meteorología, 2%; vigilancia y patrulla de frontera, 2% y «Otros» fue el 12%, lo que suma $1.137 millones.

Las principales inversiones del ejercicio se relacionaron con el pago de la segunda cuota de los aviones Hércules por un monto total de € 5.500.000. El anticipo inicial por las tres embarcaciones Marine Protector de US$ 2.500.000 y la tercera cuota de las aeronaves Bell 412 por US$ 2.325.000.

Les informé que el programa Defensa Nacional consumió el 79%; cadena de valor, motores de crecimiento, 1%; formación y capacitación, 1%; infraestructura fluvial y marítima, 1%. Lo relato porque el año pasado se había preguntado específicamente esto, así que me adelanto a detallarlo. Continúo: política e infraestructura aeronáutica, 11%; red de asistencia, integración social, 0,1%; sistema de información territorial, 2%; prevención y represión del delito, 3%; ejecución de política exterior, 1%.

En cuanto a los niveles de inversión, estamos en niveles de inversión superiores a los años inmediatamente previos. El año 2020 fue el 27 y en 2021.

Gestión de recursos

Con respecto a lo que hemos llamado gestión eficiente de los recursos, hemos iniciado en el año 2021 una serie de transformaciones en materia de gestión de los recursos asignados al Ministerio de Defensa Nacional, en la cual -esta es quizás una de las definiciones políticas más importantes- el rol del Estado Mayor de la Defensa toma una importancia significativa en materia de planificación y gestión logística. Como ustedes saben, el Esmade es una creación del 2010, y en esos once o doce años transcurridos desde ese momento ha tenido un proceso, como toda institucionalidad nueva, de sacar cédula de identidad y empezar a tener su propia evolución, maduración y hasta aceptación. Recalco este término que acabo de usar. Nosotros decidimos en este gobierno darle un impulso significativo a la institucionalidad del Estado Mayor de la Defensa, que pasa por diferentes niveles, que en el transcurso de la exposición vamos a ir contando. Como avance, quiero señalar que en la ley de presupuesto de 2020 incluimos una partida, que en aquel momento fue de $ 22.000.000. Fue la primera vez que se incluyó como partida de inversiones en el Estado Mayor de la Defensa; habitualmente, las partidas de inversiones iban destinadas a cada una de las Fuerzas. Aquí se destinó, además de las inversiones a las Fuerzas, por primera vez, una partida para gestionar por el Estado Mayor de la Defensa. La incluimos para la ejecución de inversiones correspondientes a las actividades relacionadas con las patrullas de frontera, en el marco de la Ley Nº 19.677, de 26 de octubre de 2018, con el objetivo de priorizar las adquisiciones en forma centralizada y en procura de trabajar en el marco de la interoperabilidad de las Fuerzas. En el Ejercicio 2021 se registró la primera compra con esta partida. Se compraron, por ejemplo, botes semirrígidos, motores fuera de borda, un camión cisterna, grupos electrógenos, drones, etcétera; todo ello, entre otras cosas, para equipar las patrullas de frontera. En este Ejercicio que pasó se encuentra en proceso la adquisición en forma conjunta de alrededor de dieciocho camionetas tipo pick up, con la partida de los $ 22.000.000 de 2021, que se adecuarían a las necesidades de las operaciones de frontera. En este proceso que lidera el Estado Mayor de la Defensa se conformó una comisión asesora con integrantes de las tres Fuerzas y el Ministerio de Defensa Nacional. Esto para nosotros, sin duda, es un avance para las compras conjuntas que promuevan esta interoperatividad y la racionalización de los recursos presupuestales. En ese proceso de maduración, como ustedes vieron, hicimos un cambio entre la gestión de los recursos de 2020 y la gestión de los recursos de 2021, en la misma partida. En los de 2020, distribuimos la partida entre las Fuerzas. Allí aparecieron cosas variadas. En este Ejercicio 2021 cambiamos y le pedimos a las Fuerzas elegir un suministro, que se pusieran de acuerdo para ser más efectivos en la utilización del recurso. Entonces, las tres Fuerzas concluyeron que lo más necesario eran vehículos; por lo tanto, toda esa partida se va a destinar a vehículos, que después se repartirán entre las Fuerzas.

El combustible

Otros de los recursos que el Estado Mayor de la Defensa está gestionando, que como ustedes se imaginarán es crítico en el Ministerio de Defensa es el combustible. Es así que comenzamos un plan de gestión eficiente de los combustibles en el sector Defensa. El gasto de combustibles y lubricantes del Ministerio en el Ejercicio 2021 es de $ 360.000.000, aproximadamente, US$ 8.000.000; representa el 12% de la ejecución en gastos de funcionamiento. El detalle de ejecución por unidad ejecutora es el siguiente: Dirección General de Secretaría es de 1%; el Esmade, 0,2%; Comando General del Ejército, 35%; Comando General de la Armada, 19%; el Comando General de la Fuerza Aérea, 42%; la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, 1%; la Dirección General de los Servicios, 0,2%, y la Dirección Nacional de Aviación Civil, 2%. Eso conforma la totalidad. En noviembre pasado se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional y Ancap, que permite la instalación del Sisconve en todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional. Se comenzó a principios de 2022 la implantación de dicho sistema en Sanidad Militar, Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas, Dinacia, Esmade y, próximamente, en Fuerza Aérea. En este proceso de implementación pasamos de dieciocho vehículos que tenían este sistema en la Secretaría de Estado -eran los únicos que tenían este sistema Sisconve, incorporado en marzo de 2020- a tener al día de hoy ochenta y un vehículos en varias unidades ejecutoras del Inciso. A modo de ejemplo, está cubierto el 86 % de los vehículos de la Dirección General de Secretaría; el 89 % del Estado Mayor de la Defensa; el 36 % de Sanidad de las Fuerzas Armadas; el 100 % de la Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas, y el 92 % de la Dirección Nacional de Aviación Civil. Este porcentaje disonante del 36% está explicado porque, precisamente, en el momento de la instalación del sistema se estaba en proceso de recambio de vehículos; entonces, esperamos a tenerlos recambiados para incluirnos, pero no incurrir dos veces en un gasto en cuestión de pocas semanas, absolutamente ineficaz. Es importante tener presente que con fecha 27 de abril de este año fuimos notificados por Ancap sobre un inconveniente en líneas de códigos anómalas en el software del sistema, con la correspondiente investigación técnica para determinar el alcance e impacto de las mismas. Esta situación, evidentemente, ha demorado el proceso de implementación del Sisconve en el resto de las unidades ejecutores y, sobre todo, la posibilidad de realizar evaluaciones primarias sobre el impacto de la incorporación de la herramienta. Este fue un tema que tuvo mucho conocimiento público. Nosotros estamos dentro de los Incisos que trabajamos en este sistema; por lo tanto, nos vimos afectados. Según se nos informó, Ancap está desarrollando un programa propio, que va a ser el que esperamos supla esta tecnología, o sea, la que se pueda adoptar o que nos provea Ancap. En otro orden de cosas, pero vinculado con el tema combustible, solicitamos -esto es una novedad que empezamos a final del año pasado- la colaboración de Ancap para elaborar un diagnóstico técnico sobre la logística de abastecimiento en el Ministerio de Defensa Nacional. Consideramos que esto constituye un hito fundamental para dar inicio a un plan de gestión eficiente de combustibles en el sector Defensa, a través de un enfoque multidimensional, que considere temas de gestión ambiental, capacitación de recursos humanos y rediseño de procesos que permitan el diseño de una hoja de ruta en el largo plazo. Se le encomendó esta importante tarea en el marco de sus competencias relacionadas a la logística conjunta al Estado Mayor de la Defensa, que ya viene trabajando con Ancap y las Fuerzas Armadas. El concepto es que el combustible, como insumo sensible, crítico e importante en el Ministerio de Defensa tenga una gestión unificada, transparente, gestionada centralmente, pero ejecutada descentralizadamente. Este proceso se relaciona con los centros de distribución y carga de combustible. Este diagnóstico tomó, desde la compra del insumo hasta el pico distribuidor, pasando por el almacenaje, los surtidores, etcétera, en todas las Fuerzas. Nos enfocamos en la capacitación, el cuidado del medio ambiente y, concomitantemente, en una gestión eficiente de los recursos. Estamos hablando que entre las tres Fuerzas y Dinacia -escuchen el número- existen unos sesenta y tres puntos de distribución combustible en todo el país. Nosotros nos preguntamos: ¿son todos necesarios? ¿Existe la posibilidad de complementar esfuerzos y reservas estratégicas? En eso venimos trabajando. El jueves pasado tuvimos una reunión con los comandos de las Fuerzas y las unidades ejecutoras del Ministerio, precisamente, para establecer un mapa de ruta, un cronograma hacia la concreción de este plan de gestión de combustibles.

Fuente Imagen: Ministerio de Defensa Nacional.

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¿De qué se trata?; ¿cuáles serán sus cometidos?

El gobierno estima que “la actividad espacial se ha convertido en un área de gran importancia para toda la humanidad, ya sea en el campo de la exploración del espacio ultraterrestre como en la utilización del mismo”, y que “el desarrollo de dichas actividades, ha tenido como resultado importantes avances científicos y beneficios que alcanzan a los Estados, en el ámbito público y privado”.

Asimismo, que la República Oriental del Uruguay ha seguido atentamente desde los inicios los desarrollos en el campo espacial;

A su vez, el interés y el compromiso de nuestro país con los avances en el área de la ciencia y tecnología espacial, quedaron demostrados a través de la ratificación de todos los Tratados Espaciales Internacionales creados en las Naciones Unidas a partir de 1967, a lo que debe agregarse el ingreso de Uruguay como Miembro a la Comisión de Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNCOPUOS), por la Resolución Nº 35/16, de 3 de noviembre de 1980.

Por ello, considera que “la creación del órgano señalado, permitirá que nuestro país de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los instrumentos espaciales internacionales”;

Deberá dictarse una Política Espacial Nacional, la que permitirá al país lograr un mayor desarrollo en las distintas áreas que puedan resultar beneficiadas con el conocimiento que provee la actividad espacial de forma transversal.

En ese marco, “su existencia permitirá reunir en una única entidad a todos los organismos involucrados en la temática espacial, contribuyendo a la consolidación y elaboración conjunta de planes a largo plazo, teniendo como objetivo la eficiencia dentro de la administración, el desarrollo económico y social”.

Por su intermedio se sentarán las bases para el estímulo de la innovación tecnológica e infraestructura en el sector espacial, alineándolo con los objetivos del desarrollo nacional.

El presente órgano establecerá los requerimientos y sistemas de control del uso del espacio ultraterrestre, de acuerdo a lo establecido en la legislación espacial internacional, de la cual nuestro país es parte;

Paralelamente, Uruguay en la actualidad es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un marco legal interno adecuado en materia espacial, ni con un organismo que gestione y regule dicha actividad.

La Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, por la Dirección de Asuntos Internacionales, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario y por el Departamento Jurídico-Notarial, ambos del Ministerio de Defensa Nacional y a lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.747 (Orgánico de la Fuerza Aérea), de 28 de diciembre de 1977, por el Decreto Nº 607/975, de 5 de agosto de 1975 y por el Decreto Nº 369/991, de 16 de julio de 1991.

Cometidos

ARTÍCULO 1º.- Objeto. Créase la Junta Nacional de Política Espacial que funcionará en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo cometido general será asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo atinente a la Política Espacial de la República.

ARTÍCULO 2º.- Integración. La Junta Nacional de Política Espacial estará integrada de la siguiente forma: a) Miembros Permanentes: un representante titular de los siguientes organismos: Ministerio de Defensa Nacional (quien la presidirá), Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuerza Aérea Uruguaya, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones e Infraestructura de Datos Espaciales. b) Miembros Asesores: un representante titular de los siguientes organismos: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria y Energía, Registro Nacional Espacial (Fuerza Aérea Uruguaya), Administración Nacional de Telecomunicaciones, Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, Instituto Geográfico Militar, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, Sistema Nacional de Emergencias, Instituto Nacional Meteorología, Universidad de la República y Universidad Tecnológica. c) Miembros Eventuales: la Junta podrá convocar a participar de sus sesiones o trabajos, a representantes de otros organismos públicos o privados, o a particulares de reconocida capacitación o experiencia en la materia.

ARTÍCULO 3º.- Cometidos. a) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las cuestiones relacionadas a la fijación de la Política Espacial y su ejecución.

1. b) Evaluar el cumplimiento de las normas que rigen los servicios espaciales por parte de quienes los utilizan y proponer al Poder Ejecutivo la modificación o adopción de las normas legales y reglamentarias pertinentes. c) Expedirse en relación a cuestiones de su materia que le sean planteadas. d) Facilitar y coordinar las actividades de investigación y utilización de la ciencia y tecnología espaciales, de instituciones u organismos públicos y privados. e) Propiciar la celebración de Convenios de Cooperación en materia espacial, multilateral o bilateral, con agencias espaciales u otros organismos similares públicos o privados nacionales o extranjeros. f) Velar por el cumplimiento de los Tratados Internacionales que regulan el espacio ultraterrestre, suscritos y ratificados por el país. g) Fomentar la capacitación de técnicos nacionales para el mejor uso de la tecnología espacial. h) Desarrollar proyectos espaciales. i) Asignar a los organismos competentes el contralor, fiscalización y registro de las actividades espaciales. j) Autorizar la realización de cualquier actividad espacial, entendiéndose por tal, la construcción, procesamiento de datos espaciales, lanzamiento, operación, orientación y reingreso de objetos espaciales dentro y desde el espacio ultraterrestre, así como otras actividades relacionadas. k) Expedirse en todo caso de dispensa, revocación, suspensión o declaración de caducidad de las autorizaciones o concesiones de servicios espaciales. l) Proponer al Poder Ejecutivo, la designación de los representantes y delegaciones nacionales ante las organizaciones internacionales especializadas en la materia. m) Dar instrucciones a los representantes o delegados de la República, que deban concurrir a eventos o reuniones nacionales o internacionales relacionadas con la actividad espacial. n) Efectuar el contralor y eventualmente sancionar todas las contravenciones a las normas que regulen la actividad espacial.

ARTÍCULO 4º.- Relacionamiento. a) La Junta podrá, para el cumplimiento de su cometido, dirigirse directamente a los distintos organismos públicos, así como personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, a fin de recabar información y coordinar actividades. b) Todos los organismos públicos, conforme al artículo 14 del Decreto Nº 500/991, suministrarán la información que la Junta le solicite, en el ámbito de su competencia y dentro del marco regulatorio nacional de materia de protección de datos personales.

ARTÍCULO 5º.- Secretaría Técnica. La Junta tendrá una Secretaría Técnica que será designada por el Ministro de Defensa Nacional, debiendo contar con la conducción de un Oficial Superior de la Fuerza Aérea Uruguaya, cuyas funciones se determinarán en el Reglamento interno de funcionamiento de la Junta.

ARTÍCULO 6º.- Reglamento Interno. La Junta proyectará su Reglamento Interno de Funcionamiento dentro del plazo de noventa días, a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial, el que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 7º.- Medios materiales y recursos humanos. La Fuerza Aérea Uruguaya dotará a la Junta de la infraestructura y medios materiales, así como de los recursos humanos necesarios para su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO 8º.- Modificaciones Legales y reglamentarias. La Junta propondrá al Poder Ejecutivo cuando lo estime pertinente, las modificaciones a las normas legales y reglamentarias que considere necesarias.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

LACALLE POU LUIS; LUIS ALBERTO HEBER; CAROLINA ACHE; ALEJANDRO IRASTORZA; JAVIER GARCÍA; PABLO DA SILVEIRA; JOSE LUIS FALERO; OMAR PAGANINI; PABLO MIERES; JOSÉ SATDJIAN; FERNANDO MATTOS; REMO MONZEGLIO; IRENE MOREIRA; MARTÍN LEMA; ADRIAN PEÑA.

Fuente Imagen: bnamericas.com

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Se resolvió posponer el pago de las cuotas correspondientes al cierre de los meses de abril y mayo, que se hace efectivo en los meses de  mayo y junio respectivamente, pasándose su cobro al final del préstamo de forma automática y sin intereses. Esta resolución queda vigente para los créditos “Credi-hogar” y “Tu casa como la soñaste”.

Fuente Imagen: Ministerio de Defensa Nacional.

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“A veces, lo que no podemos lograr con salarios, intentamos compensarlo con trabajos desde el punto de vista social, tratando de dotar de lo que, en algunos casos, ha sido una de las grandes carencias de nuestros funcionarios, pero también a nivel de otros Incisos. Me refiero a la vivienda. En el año 2014 firmamos un convenio modificativo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la construcción de noventa núcleos habitacionales, familiares, a través de la creación de una cooperativa de viviendas para funcionarios del Inciso. Prevemos su culminación para el mes de setiembre de este año. Las obras tienen un 97% de avance. Están ubicadas en la zona de intersección de las calles Aparicio Saravia y Chon. Tenemos grandes expectativas puestas en estas familias que están construyendo sus viviendas a través de la modalidad de ayuda mutua, gracias a un plan que, como dijimos anteriormente, acordamos con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Estamos proyectando -y ya está en una etapa avanzada- la construcción de viviendas en nuestro Ministerio de Defensa Nacional en base a recursos propios, recursos de la Unidad Ejecutora 001. Estamos proyectando la construcción de cuarenta viviendas, con el objeto de conformar un barrio de inclusión social en la localidad de Toledo Chico, en Canelones. Hablamos de cuarenta y dos viviendas de servicio del Ministerio de Defensa Nacional, que implicarán una inversión de $ 68.000.000, con economías del año 2017. Esas viviendas se construirán a través de un fideicomiso con República Afisa. Actualmente, estamos en la etapa de llamado a licitación. El plan de vivienda adecuada, junto con los mencionados anteriormente, complementa un conjunto de iniciativas tomadas por el Ministerio de Defensa Nacional para atender las necesidades habitacionales de nuestros funcionarios. Hasta la fecha se han atendido 1.531 familias. Los núcleos prioritarios que se atienden son aquellos que se encuentran atravesando situaciones de hacinamiento, siniestros y demás. La inversión anual es de $ 22.000.000”.

Llamado de interés

En tanto, “en cuanto a la antigua terminal del aeropuerto de Carrasco que quedó en desuso, estamos haciendo un llamado a expresión de interés para su remodelación y explotación, que cerrará el día 23 de agosto. Creemos que es una línea de acción que tendrá que ver con el área en que está implantada y significará un gran desarrollo desde el punto de vista técnico, tecnológico, productivo y social para la zona, para el aeropuerto y para el país”.

Fuente Imagen: Presidencia de la República.

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La concreción del acuerdo, que se llevó a cabo en el Salón de Honor de la sede del MDN, contó con la participación del titular de la secretaría de Estado, Eleuterio Fernández Huidobro y del subsecretario de la cartera Dr. Jorge Menéndez.

En tanto, la empresa estuvo representada por el Licenciado Diego Arrosa, por Puerta del Sur y los Contadores Raúl Galante y Eduardo Acosta, directores de Corporación América en Uruguay, holding al que pertenece la concesionaria de la principal terminal aérea del país.

Como contrapartida a la extensión del plazo, la empresa se comprometió a realizar las inversiones necesarias para mantener la categoría actual del Aeropuerto.

Además, al momento de firmar la prórroga, la compañía entregó US$ 20 millones a Rentas Generales y US$ 3,5 millones al MDN, que eventualmente serán utilizados para la remodelación de la antigua terminal de pasajeros, la cual fue desafectada de la concesión y entregada nuevamente a la cartera que dirige Fernández Huidobro.

También, durante el período de extensión de la concesión, la empresa abonará al Estado un canon adicional, que será destinado al Fondo de Fomento de Turismo, una valiosa herramienta diseñada para promover a Uruguay como destino turístico.

Por otro lado, la empresa tiene previsto destinar más de US$ 30 millones a mejorar la infraestructura y a optimizar los servicios en la terminal de pasajeros así como a su vez, se hará cargo del rediseño del espacio aéreo uruguayo.

Asimismo se realizarán los estudios necesarios para la construcción de una granja solar fotovoltaica que permitirá al Aeropuerto de Carrasco iniciar el camino para convertirse en la primera terminal aérea en autoabastecerse totalmente de energía a partir de fuentes renovables.

El Poder Ejecutivo aceptó ampliar en 10 años más la concesión otorgada a Puerta del Sur S.A. para operar el Aeropuerto Internacional de Carrasco luego de que la empresa hiciera uso de la opción de solicitar una extensión sobre los 20 años otorgados en 2003, prerrogativa que se establecía en el contrato original. Las autoridades resolvieron acceder al planteo después de que el Tribunal de Cuentas evaluara la propuesta sin observaciones.

Desde que comenzó a operar el aeropuerto, Puerta del Sur S.A. ha invertido más de US$ 200 millones. Entre las inversiones realizadas se destaca la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto, inaugurada en diciembre de 2009, que significó un desembolso de US$ 165 millones y que se ha convertido en un ícono de la arquitectura uruguaya y del mundo, obteniendo varias distinciones internacionales.

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