El planteo fue efectuado por el Congreso de Intendentes, cuya delegación estuvo integrada por Christian Di Candia, Presidente; Jesús Bentancur, Vicepresidente; Pedro Apesteguía, Consejero, y doctor Ricardo Gorosito, Asesor, al asistir el lunes 22 de junio a la Comisión Especial que trata la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la Cámara de Representantes.

Christian Di Candia (Montevideo): “Finalmente, los dos últimos artículos del proyecto que cuentan con la aprobación de la Cámara de Senadores, los artículos 474 y 475 agregan el acuerdo con los gobiernos departamentales a los efectos de la aplicación del régimen jurídico de incorporación al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Particularmente, nos parece importante la previsión dirigida a la creación de un fondo para cada área protegida destinado a inversiones en la zona. Efectivamente, las áreas protegidas significan oportunidades de desarrollo para los departamentos y, especialmente, para las poblaciones más cercanas, pero también significa responsabilidades que, muchas veces, es difícil de atender como, por ejemplo, la protección del ambiente que la biodiversidad requiere. Sumar los recursos del gobierno nacional a las diecisiete áreas protegidas, cerca de 400.000 hectáreas en once departamentos, resulta imprescindible.

Diputado Gerardo Amarilla (Partido Nacional): “Particularmente, en lo que refiere a las áreas protegidas, los artículos 474 y 475, habida cuenta de que en el Senado fue donde hubo modificaciones sustanciales al texto original del proyecto y que se le agregó un párrafo tercero al artículo 5º de la ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, queríamos consultar sobre el tema de los instrumentos de ordenamiento territorial. Este fue un elemento que se introdujo en el Senado y, por algunas declaraciones que hemos escuchado en estos días, pone en duda el compromiso ambiental de los gobiernos departamentales y la posible contradicción entre el interés general y el interés departamental, como si fueran cuestiones contrapuestas.

Nos gustaría escuchar de boca de los representantes del Congreso de Intendentes, el compromiso ambiental que tienen las Intendencias y, sobre este punto en particular, la creación o ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Di Candia: En primer lugar, la ley no resuelve las posiciones políticas.

Evidentemente, hay posiciones políticas sobre el tema, sobre la mirada ambiental y sobre las perspectivas de desarrollo de los departamentos transversalmente. Específicamente, sobre lo jurídico, sí hay una  perspectiva de este artículo y sus modificaciones, por lo que voy a pedir al señor Gorosito que haga el planteo.

Ricardo Gorosito: Efectivamente, el texto recoge el acuerdo y el debate que dio el Congreso respecto de esos artículos. Además, se agregó la consideración positiva que merece al Congreso la redacción del texto en aquello que va a tener que ver con la necesidad de contar con los recursos presupuestales correspondientes del gobierno nacional.

Si tengo que hacer un análisis jurídico debo concluir que, efectivamente, la modificación introducida por el Senado de la República no puede ser si no vista satisfactoriamente desde el punto de vista de la afirmación del actuar sistémico del Estado en materia de ordenación ambiental y territorial.

Al momento en que se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el derecho ambiental y de ordenamiento territorial uruguayo estaba en un grado no suficientemente desarrollado, como lo está hoy.

La Ley Nº 17.234 es del año 2000. Posteriormente, se dictó la Ley General de Protección del Ambiente, que también es de 2000, pero mientras la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es de febrero de 2000, la Ley General de Protección del Ambiente es de noviembre del mismo año. Luego, se agregó el artículo 47 de la Constitución donde se establece el ordenamiento territorial como una base de necesario cumplimiento para las acciones que tienen que ver con la política de aguas. Es muy difícil que en las diferentes áreas naturales protegidas no esté involucrado, de un modo u otro, el recurso agua. Por supuesto, para poder tener validez constitucional, deberá contar con la ordenación del territorio.

En el año 2008, entró a regir la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, en cuyo artículo 4º -creo que en su literal C)-, se establece que es materia del ordenamiento territorial la determinación de áreas de protección ambiental. Por tanto, aquel Sistema Nacional de Áreas Protegidas que estaba un poco flotando en un ambiente indeterminado, luego se incorpora al Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Con esa evolución normativa, diferentes gobiernos departamentales estuvieron poniendo en vigencia instrumentos de ordenamiento territorial y se puede decir que Uruguay, en los últimos años, pasó de tener diecinueve ordenanzas de fraccionamiento, que apenas es un segmento en lo que es el ordenamiento territorial global, a tener una miríada de instrumentos de ordenamiento de todo tipo como, por ejemplo, aquellos que categorizan el suelo en urbano, suburbano o rural y en alguna de las subcategorías rural productivo o rural natural.

De acuerdo con las disposiciones legales, la categorización del suelo supone generarle a quien es titular del mismo, obligaciones y derechos.

Por lo tanto, si se reconoce un suelo como rural productivo podrán establecerse limitaciones, pero en términos generales también se podrán desarrollar las actividades productivas correspondientes, que se integran al derecho de propiedad tal como establece el artículo 35 de la ley de ordenamiento territorial.

Los gobiernos departamentales procedieron a hacer sus categorizaciones de los suelos y va de suyo que eso es una planificación territorial que, obviamente, como dice la ley de ordenamiento, es vinculante para todo el Estado. De modo que podría darse el caso de que esta desconexión entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible pueda generar -como de hecho ha sucedido- conflictos al momento de las planificaciones y categorizaciones. Tal como está prevista la norma, ayuda a que eso se tenga en cuenta en la planificación territorial. Fíjense que puede darse el caso –que efectivamente sucede- de que todos los instrumentos de ordenamiento territorial pasen por un visado que hoy hace el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -que en el futuro será el Ministerio de Ambiente- que debe estudiar todas las categorizaciones y otorgar la autorización ambiental y el informe ambiental de viabilidad. Entonces, puede ocurrir que un gobierno departamental categorice un suelo como rural productivo que adquiere esa categorización, nada más ni nada menos, a través de un decreto de una Junta Departamental que tiene fuerza de ley en su jurisdicción. En cambio, las determinaciones del Poder Ejecutivo se realizan a través de decretos, que no tienen la misma jerarquía jurídica que el instrumento de ordenamiento.

Entonces, contar con el acuerdo sería una forma de ayudar a que los gobiernos departamentales y el gobierno nacional se aproximen, y no que uno esté haciendo una categorización que va en contradicción con lo que el otro quiere proteger. Es una forma de que el Estado actúe en forma coordinada.

El Senado estableció el acuerdo que, seguramente, coadyuvará a que en el momento de analizar la ordenación de los territorios eso tome en  cuenta.

Diputado Martín Sodano (Cabildo Abierto): Quiero hacer una consulta sobre el artículo 474 y las áreas protegidas.

Sabemos que en otras partes del mundo cada área protegida se determina a través de una ley. Tal vez aquí podríamos hacerlo mediante ese sistema, teniendo en cuenta los criterios que merezca cada una de ellas. Es decir, ver el área a proteger a través del SNAP, de la Dirección de Medio Ambiente y estudiar qué tipo de territorio es, qué grado tiene y trabajarla en un proyecto de ley en forma independiente. A su vez, para generar una mejor herramienta de trabajo y logar una mejor paridad a la hora de trabajar en el mercado con el campo de al lado -que de pronto no es un área protegida-, creo que a los dueños de las tierras que se declaran área protegida se les podría exonerar del pago de las cargas impositivas. No son tantas hectáreas y reitero que de esa forma podríamos dar una mano a las personas que les bajamos el precio de sus campos a menos de la mitad cuando se los declara área protegida.

Christian Di Candia: Más allá del planteo político concreto, nosotros estamos mandatados a lo que planteamos específica y concretamente sobre cada uno de los artículos. Seguramente, todos tengamos una opinión sobre el fondo del asunto, pero esta no es la instancia para plantearlo.

Fuente Imagen: Konrad Adenahuer.

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La actividad es organizada por RE.TE.M.A. y se desarrollará en la sede de la Facultad de Información y Comunicación (San Salvador esquina Jackson).

«Derechos humanos como el derecho a la vida, el acceso a servicios de salud, al agua y alimento seguros dependen de la posibilidad de vivir en un ambiente diverso y sostenible», recuerda la convocatoria. «También el derecho a la participación social, el acceso a la información ambiental en un contexto de equidad e igualdad son derechos que deben ser garantizados».

Las jornadas proponen intercambiar sobre la situación actual de estos derechos en Uruguay y reflexionar sobre los aportes de la Universidad en la materia.

Mesas temáticas

– Equidad de Género

– Salud ambiental, comunitaria y perspectiva de riesgo

– Territorios y derechos.

Miércoles 13 de Setiembre.

8:30 Registro.

APERTURA Dr. Roberto Markarian Rector. Universidad de la República (UDELAR).

Sr. John Knox. Relator Especial Derechos Humanos y Medio Ambiente. Organización de Naciones Unidas.

Dr. Juan Faroppa. Consejo Directivo Institución Nacional de Derechos Humanos.

Dr. Felipe Michellini Director Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de UDELAR.

MSc Rocío Guevara Coordinadora Red Temática de Medio Ambiente de UDELAR

MESA TERRITORIOS Y DERECHOS

10:00

Territorio y derechos humanos: Perspectivas desde  la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial.

Mag. Manuel Chabalgoity. Facultad de Arquitectura y Diseño

El habitar como mediación ambiental: el diseño de nuestras prácticas entre el determinismo y la libertad.

Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian. Facultad de Información y Comunicación

El ordenamiento territorial como instrumento de derecho humano. Dr. Ricardo Gorosito. Red de ONG Ambientalistas.

Modera Prof Ing. Carlos Anido

MESA SALUD AMBIENTAL COMUNITARIA  Y PERSPECTIVA DE RIESGO.

14: 00 Enfermería y gestión de riesgos. Prof. Margarita Garay Facultad de Enfermería.

Aportes de la psicología para pensar la identidad y arraigo ambiental. Mag. Graciela Loarche Facultad de Psicología. Enfermedades emergentes y reemergentes zoonóticas y sus impactos en la salud. Mag. Virginia Mosca. Dra. Cristina Ríos. Facultad de Veterinaria.

Salud humana: derechos y perspectivas ambientales, antiguos y nuevos desafíos. Dr. Daniel Da Rosa Instituto de Higiene, Facultad de Medicina.

Moderan Lic. Rossana Rodríguez Mag. Ingrid Gabrielzyk.

MESA GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE.

16: 00 Ecofeminismo: clave para entender la relación entre género y ambiente. Mag. Ps. Alicia Migliaro y Mag. Lorena Rodríguez Lezica. Facultad de Psicología Grupo CLACSO de Ecofeminismo.

Derechos humanos, ambiente y universidad. Dra. Flor de María Meza. Facultad de Derecho. CSEAM.

Resultados del tribunal ético de mujeres en el Foro Panamazónico Sra. Lilián Celiberti Cotidiano Mujer.

Moderan Mag. Daniela Guerra Dr. Javier Taks

18 hs: CONFERENCIA CENTRAL: “Derechos humanos, ambientales y de la naturaleza”. ENRIQUE VIALE

Enrique Viale es abogado especialista en derecho ambiental, político, docente e investigador argentino. Preside la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, desde hace décadas dedica su actividad laboral y política a la lucha contra el modelo de desarrollo y la defensa de los derechos de la naturaleza. Es coautor junto con Maristela Svampa del libro “Maldesarrollo: La Argentina del Extractivismo y el Despojo”.

Jueves 14 de setiembre

MESA USO DE AGROQUÍMICOS: IMPACTOS EN LA SALUD Y EL AMBIENTE

10: 00  Cultivos transgénicos y sus impactos Dra. Mabel Burger. Facultad de Medicina CIAT.

Monitoreo ambiental y de salud en una agro-ciudad Dra. Amalia Laborde Facultad de Medicina CIAT.

Repercusión de los plaguicidas utilizados en horticultura protegida sobre el perfil tiroideo y la colinesterasa plasmática MSc. Alexandra Bozzo CENUR Litoral Norte – Salto.

Aportes desde la Institución Nacional de Derechos Humanos para el ejercicio de derechos ambientales en el caso de agroquímicos. Dra. Rosana Medina Ciceri Institución Nacional de Derechos Humanos.

Modera MSc. Rocío Guevara.

MESA DIVERSIDAD, CONOCIMIENTO Y PODER.

14: 00  Ing. Quím. Alejandro Nario Director Nacional de Medio Ambiente  DINAMA

Sra. Karin Nansen Presidenta de Redes Amigos de la Tierra Internacional Dr. José Paruelo Universidad de Buenos Aires y PEDECIBA.

Moderan Mag. Carolina Toranza – Dr. Felipe Lezama

16: 00  Reflexiones finales

17:00 Declaración final y cierre.

Fuente Contenido e Imagen: Universidad de la República. www.universidad.edu.uy

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La actividad se desarrollará de 9 a 12.30 en el Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Poder Legislativo.

La apertura estará a cargo del Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Gerardo Amarilla y del Dr. Nicolás Etcheverry, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, quien expondrá sobre “Ética Empresarial y Pública”.

La Mesa de Expositores estará integrada por el Dr. Ricardo Gorosito, y su ponencia “Proceso histórico, evolución y consolidación de la legislación ambiental”.

Seguidamente, el Dr. Marcelo Cousillas sobre “Instrumentos para la protección del Medio Ambiente”, el Dr. Andrés Supervielle en relación a los “Desafíos de Responsabilidad Ambiental”, y el Dr. Gastón Casaux respecto al “Derecho Ambiental & Derecho Alimentario: La incidencia de la Seguridad Alimentaria”.

En la Mesa de Legisladores participarán la senadora Carol Aviaga, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, y el diputado Nicolás Olivera, integrante de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

Posteriormente se abrirá un espacio de preguntas para los asistentes del evento.

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Jueves 7 de marzo, 14 – 18.30 horas.

Sala Paulina Luisi – Anexo del Palacio Legislativo.

PROGRAMA

■ «Filosofía del Código de Minería ante el proyecto de ley de minería de gran porte», Dr. Alfredo Caputo, profesor del Curso de Posgrado sobre Derecho Minero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

■ «Acceso a la información y participación ciudadana en emprendimientos de gran porte», Dr. Edison Lanza, periodista e integrante del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO).

■ «El proyecto de ley desde la mirada del Derecho Ambiental», Dr. Marcelo Cousillas, profesor del Curso de Derecho Ambiental en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo; Director de la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

■ «Inversión extranjera en minería, costos y beneficios», Dr. Julián Alcayaga Olivares, economista y abogado chileno, Presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre de Chile.

■ «Minería de Gran Porte, Estado Ambiental de Derecho, Estado Teatral y Derecho Ambiental de utileria», Dr. Ricardo Gorosito, profesor de Política y Derecho Ambiental en la Universidad Católica; miembro del Panel de Expertos en Derecho Ambiental de la Corte de La Haya; Director de IDEA Uruguay.

■ Representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Preguntas/Comentarios de los asistentes.

Organiza:

Casa Bertolt Brecht (CBB)

Apoya:

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).

Auspicia:

Fundación Rosa Luxemburgo (FRL).

Fuente Imagen: www.mineria.com.uy

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La jornada tuvo una sesión especial de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados con las presentaciones de reflexiones académicas sobre la temática ambiental a cargo del Economista Marcelo Caffera, el periodista Víctor Bacchetta y el Doctor Ricardo Gorosito.

Las reflexiones estuvieron en torno a los desafíos ambientales del país, a la normativa existente y a su cumplimiento, a la institucionalidad ambiental y a las herramientas que desde la economía de pueden utilizar con objetivos ambientales.

El presidente de la Comisión, diputado Gerardo Amarilla, resaltó que “resulta de suma importancia estas instancias de reflexión que generan conciencia en los decisores de políticas públicas”. El legislador nacionalista señaló que “aprovechamos esta oportunidad, en las vísperas de la Cumbre Mundial de Rio+10, para reclamar una Política de Estado que nos permita enfrentar las presiones de actividades contaminantes, defendiendo un desarrollo sustentable y el Uruguay Natural”.

La actividad finalizó con la plantación en el entorno del Palacio, de especies de árboles autóctonos: lapacho, timbó, ibirapitá y tarumán.

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En la oportunidad la asesora contará con la participación de docentes y especialistas en legislación ambiental, entre los que están confirmados el doctor Ricardo Gorosito (Universidad Católica) y el economista Marcelo Caffera (Universidad de Montevideo).

A ello se sumará la óptica de los distintos partidos políticos y la participación de periodistas especializados en el tema.

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El anteproyecto de ley, que innova en el marco jurídico nacional, continúa con la tendencia mundial a crear organismos especializados en materia ambiental. “Venimos a proponer otra mirada sobre el problema ambiental, una mirada defendiendo al ciudadano”, dijo.

Larrañaga propone un Defensor Nacional Ambiental, con legitimación activa para accionar judicialmente civil e incluso penalmente. Agregó que ya “durante el conflicto conla República Argentinapor la instalación de la planta procesadora de pasta de celulosa, siendo Presidente del Partido Nacional, le planteamos al entonces Presidente Dr. Tabaré Vázquez un proyecto de nuevo estatuto del Río Uruguay que contemplaba la creación de un alto comisionado para la cuenca del río . Más cerca en el tiempo, en los acuerdos multipartidarios firmados a principio de la actual legislatura se establece la participación ciudadana en la gestión ambiental, jerarquizando figuras como el defensor del vecino en el papel intermediador entre la ciudadanía y las instituciones”.

El anteproyecto presentado en el día de hoy, prevé además la creación, dentro del Poder Judicial, de Juzgados con cometidos específicamente ambientales, haciendo avanzar el posicionamiento de nuestro país en términos de desarrollo sustentable.

Por último, destacó “Estamos defendiendo a las generaciones futuras y proponiendo herramientas para la efectiva defensa del medio ambiente”.

Por su parte, el asesor Luis Calabria destacó que se promueve “una herramienta para el ciudadano. Le estamos dando con este Defensor Nacional del Medio Ambiente un defensor que tiene, en el sentido metafórico, la espada de la justicia: podrá él recurrir al Poder Judicial y a los demás poderes públicos, en el sentido de que todo conflicto socioambiental se da entre actores desiguales. Por eso, una suerte de equilibrar estas relaciones nos parece la propuesta de pertinencia”.

Asimismo, el especialista ambiental Ricardo Gorosito señaló que en el caso del Juzgado Nacional de Ambiente y Patrimonio Cultural “estamos llevando al derecho uruguayo y la institucionalidad, a efectivizar la protección ambiental”.

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En tal sentido, el intendente Bertil Bentos y equipo de gobierno se reunieron con representantes de la firma argentina, el vicepresidente de la empresa, Ing. Alejandro Sola; Ricardo Gorosito; y el contador Jorge González, informó la comuna sanducera el Viernes 25 de marzo.

Respecto a la inversión, Bentos manifestó sentirse satisfecho “porque se van concretando en la realidad todos los procesos que hemos pactado con las empresas que se van a instalar en el futuro parque industrial y ‘Corrugados Paysandú’ va a ser el buque insignia de todo ese ciclo de inversiones que van a comenzar a establecerse aquí en Paysandú. Esto permitirá dar respuesta a lo que se había planteado por parte del sector industrial, comercial y empresarial y que, de alguna manera, atiende a abatir algo que nosotros apuntamos a revertir como lo es la desocupación, esto va a traer aparejada una inversión realmente significativa. Para nosotros es todo un desafío porque poner en marcha un parque industrial no es poca cosa y creo que eso va a concretarse en el transcurso de los próximo meses cuando ya comienza a transitar el camino que ‘Corrugados Paysandú’. Estamos realmente en un clima de satisfacción y de orgullo por parte de este gobierno departamental, para lo cual hemos venido trabajando desde la campaña electoral, el poder llevar adelante una potenciación del futuro parque industrial de Paysandú”, precisó.

Fuente: Intendencia de Paysandú. www.paysandu.gub.uy

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